América López Rodríguez goza de una suspensión por parte de un juez federal.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, informó que América López Rodríguez, suspendida por el Congreso desde hace tres meses de su cargo como titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), no puede ser aprehendida o sujeta a ninguna medida cautelar privativa de la libertad hasta que un juez de distrito determine si prevalece la suspensión que le fue concedida.

Luego de que el miércoles López Rodríguez no se presentó a la audiencia de formulación de imputación –presuntamente por razones médicas- y que el juez de control la declaró sustraída de la justicia a petición la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), señaló que debido a que la servidora pública goza de una suspensión por parte de un juez federal, no es posible por el momento que el juzgador local gire una orden de detención.

“La imputada América tenía un requerimiento por parte de juez de control para comparecer a una audiencia en donde se iba a verificar si era procedente la formulación de imputación a solicitud de la fiscalía estatal de combate a la corrupción.  

“Ella cuenta con una suspensión  en donde el juez de distrito está ordenando que no se inicie con la formulación de imputación, más no así que no comparezca ante un juez a su requerimiento.
“Entonces ante la ausencia en diversos llamados a esta audiencia, el día de ayer (miércoles) se verificó esa misma audiencia, en donde se ha declarado sustraída de la justicia, pero como ella cuenta con una suspensión, en este momento no es posible que se le gire ninguna orden de aprehensión o medida cautelar donde logre la comparecencia de ella hasta en tanto se resuelve esa suspensión”, explicó.

Indicó que el juez de la causa tiene que esperar a que el juzgado de distrito determine si prevale o revoca la medida cautelar, para determinar qué medida procede a efecto de que la funcionaria comparezca a la audiencia a la que ha sido requerida.

Desde el mes de diciembre se ha postergado por lo menos en cuatro ocasiones la audiencia de formulación de imputación y la auditora en suspenso ha promovido diversos juicios de amparo contra su intento de remoción del cargo y el inicio de un procedimiento administrativo por “pérdida de confianza” por parte del Congreso de Morelos, así  como contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra, en medio de un proceso de golpeteo político en el Poder Legislativo.