La titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Patricia Ariana Ariza Cuéllar recurrió a la justicia federal para reclamar la falta presupuesto para realizar sus funciones y contratar personal.
La responsable de vigilar el uso correcto del erario asignado al tribunal y de investigar y sancionar posibles responsabilidades en que pudieran incurrir integrantes del tribunal, promovió el juicio de amparo 818/2023, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, ante “la negativa de asignar presupuesto para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, por cuanto hace a la contratación del personal de la Dirección Jurídica y de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección de Supervisión y Evaluación de la Gestión Financiera”.
En los agravios expuestos en la demanda de amparo, la funcionaria detalló que el pasado 18 de mayo el Pleno del TJA le notificó mediante oficio el rechazo a su petición presupuestal, razón por la cual recurrió a la justicia federal.
Sin embargo, el juzgado de distrito desechó la demanda por considerar que el agravio no le causa daño de manera personal y que no es la vía idónea para hacer tal reclamo.
“De esta forma, se considera que el citado oficio reclamado no afecta el patrimonio de la parte quejosa, como ente público, condición inexcusable para que pueda instar la acción de amparo, en términos del artículo 7° de la ley de la materia, por lo cual la parte promovente carece de legitimación para promover la presente vía.
“Tampoco se advierte, que el citado acuerdo, le vulnere algún derecho humano como persona física, pues el citado acuerdo y oficio, no le causan perjuicio alguno a su esfera personal, como ente privado, pues la resolución fue dirigida a quien representa la figura jurídica de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
“De ahí que la moral quejosa, en su carácter de institución pública dotada de autonomía, que recibe y ejerce recursos públicos, no cuenta con legitimación para la promoción del juicio de amparo que se resuelve, lo que hace patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. [...] Por lo tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Patricia Adriana Ariza Cuéllar, por propio derecho y en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos”, resolvió hace unos días el juzgado de distrito.
Sin embargo, la titular del OIC promovió una queja ante un tribunal colegiado por el desechamiento de la demanda de amparo.
De acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del TJA, el OIC tiene entre sus funciones inspeccionar que las diferentes áreas del tribunal funcionen adecuadamente; presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente por la presunción de actos constitutivos de delito imputables a los servidores públicos; llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de quienes integran el TJA; vigilar el adecuado manejo del presupuesto, del patrimonio y fondos del órgano de justicia.
Para cumplir esas funciones, dice la ley, el Congreso del estado deberá, dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos que apruebe para cada ejercicio fiscal, desglosar en la asignación presupuestal del TJA, la partida que le corresponde al Órgano Interno de Control, que nunca podrá ser inferior a la aprobada en el presupuesto del ejercicio fiscal inmediato anterior.
