Para evitar remoción como magistrado presidente.

Un juzgado de distrito apercibió a los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia ((TSJ) para que respeten la suspensión concedida a Luis Jorge Gamboa Olea para evitar su remoción como magistrado presidente, o de lo contrario, advirtió de sanciones.

Al conceder la suspensión provisional respecto de la ampliación de la demanda que hizo Gamboa Olea dentro del juicio de amparo 1102/2023, el Juzgado Segundo de Distrito instó a la autoridad responsable, es decir, a las y los magistrados del Pleno del TSJ, para respetar a cabalidad la medida cautelar concedida al representante del Poder Judicial.

“Comuníquese a las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal –esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, advirtió.

En la sesión extraordinaria de Pleno del TSJ del 7 de agosto pasado, un grupo de magistrados solicitó agregar a la orden del día la propuesta de remoción de Gamboa Olea como magistrado presidente y la elección de un nuevo titular del tribunal.

La sesión fue suspendida y reanudada dos días después, cuando el magistrado presidente ya había promovido un juicio de amparo y obtenido la suspensión provisional para evitar su destitución como representante del Poder Judicial, incluida en el punto 3 de la orden del día de la sesión extraordinaria del 7 de agosto.

Sin embargo, Gamboa Olea realizó una ampliación de demanda respecto de los puntos cuatro y cinco de la esa misma orden del día, en los que se propuso la designación de un nuevo presidente del TSJ.
Por esta razón la autoridad federal concedió la suspensión provisional y apercibió a las y los magistrados para acatar la medida cautelar, con la advertencia de que el incumplimiento tendría consecuencias legales.

El juzgado de distrito recalcó que “la medida cautelar tiene como objetivo satisfacer necesidades colectivas, por lo que esta juzgadora pondera que de ejecutarse el acto reclamado se generaría una desestabilización al interior del Pleno del TSJ que podría reflejarse negativamente en la pronta y adecuada administración de justicia y de la seguridad jurídica que debe prevalecer en los actos emitidos por el TSJ”.

“Además se estima que la sociedad está interesada en la debida integración y funcionamiento constante de uno de los órganos del Estado, como es precisamente el encargado de la impartición de justicia; esto, pues es uno de los entes del poder público constituido para satisfacer necesidades de carácter colectivo y social, como es la resolución de controversias que inciden en la vida cotidiana de la ciudadanía”, sostuvo.