El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Antonio Tallabs Ortega, sostuvo que desde la jubilación de ex magistrado por edad avanzada, insistió en que el consejo debía pagar la pensión conforme al decreto aprobado por el Congreso en octubre de 2008.

Sin embargo, sostuvo que por razones políticas y no jurídicas, sus homólogos se empeñaron en negar el pago y optaron por litigar el asunto en los tribunales federales, que recientemente ratificaron que no tenían razón y que el consejo debe liquidar lo que se le adeuda a Arcíbar Lazo desde 2008 y pagar mensualmente la pensión, equivalente al 55% del salario que en funciones percibía el ex magistrado.

Indicó que debido a restricciones normativas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el Consejo de la Judicatura no puede disponer de los intereses generados para enfrentar esta obligación y por ello tendrá que solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación o transferencia de recursos para cumplir con la orden federal.

Expresó que en el caso de los magistrados que optaron por el retiro voluntario y cuyas pensiones tampoco han sido pagadas el Poder Judicial por falta de recursos, posiblemente también el consejo tendrá que pedir presupuesto al gobierno estatal.

Cabe destacar que de los cinco magistrados que optaron por el retiro voluntario ofrecido por el Congreso, tres han promovido juicios de amparo contra el Consejo de la Judicatura por adeudos de algunos conceptos de sus pensiones correspondientes al 2009. Sin embargo, algunos de ellos han solicitado al TSJ el pago de telefonía celular y viáticos, a pesar de que no desempeñar ninguna función como juzgadores.