Amacuzac y Jonacatepec impugnaron ante la SCJN la reforma realizada a la Ley Orgánica del Congreso de Morelos para garantizar la permanencia en el cargo de Uriel Carmona Gándara.

El gobierno federal y los municipios de Amacuzac y Jonacatepec impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma realizada a la Ley Orgánica del Congreso de Morelos para garantizar la permanencia en el cargo del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, luego de que durante 42 días estuvo en prisión preventiva y gracias a las suspensiones otorgadas por tribunales federales fue excarcelado el pasado 14 de septiembre para enfrentar en libertad y desde su cargo cuatro procesos penales.

Ambos ayuntamientos, a través de sus sindicaturas, promovieron las controversias constitucionales 485/2023 y 486/2023 en contra del Poder Legislativo y de la Fiscalía General de Morelos, mientras que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal promovió la acción de inconstitucionalidad 207/2023.

Los tres recursos de control constitucional fueron turnados a la ministra instructora Loretta Ortiz Ahlf, para que determine sobre la admisión o no y, en su caso, su acumulación por su conexidad.
Esencialmente el gobierno federal y los ayuntamientos alegaron la inconstitucionalidad de decretó 1324, publicado el pasado 19 de septiembre en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el que los diputados del llamado grupo del G-15 adicionaron diversas disposiciones a la ley interior del Congreso para reglamentar  las ausencias de las personas titulares de los órganos autónomos, como la FGE.

Según el decreto, fue adicionado el Título Décimo Tercero, denominado “De las ausencias de los titulares de los órganos constitucionales autónomos capítulo único de los supuestos de ausencia”,  para establecer que, cuando la legislación interna de cada órgano autónomo no prevea lo relativo a las ausencias temporales o definitivas de sus titulares, como ocurrió con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se recurra a los previsto en los artículos 150, 151 y 152  recién incorporados en la Ley Orgánica del Congreso.

Esta reforma se dio justo cuando el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara fue detenido y estuvo 42 días en prisión preventiva, acusado de la presunta comisión de cuatro delitos relacionados con la muerte de la joven Ariadna Fernanda y la supuesta tortura a un detenido identificado como “El Diablo”.

Tras rebasar los 30 días de ausencia temporal en el cargo, el Congreso de Morelos realizó una reforma exprés para garantizar la permanencia de Carmona Gándara, ante las lagunas evidentes en la ley interior de la fiscalía estatal y la eminente presentación de una terna por parte del Poder Ejecutivo para la sustitución del fiscal.  

También el gobierno federal y los municipios impugnaron las modificaciones que fueron realizadas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y que fueron publicadas en órgano oficial de difusión el pasado 23 de septiembre, con el fin de empatarla con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

Ahora suman ya cuatro recursos promovidos ante la SCJN, ya que el Poder Ejecutivo de Morelos en octubre pasado presentó la primera controversia constitucional en contra de la reforma legislativa confeccionada expresamente para el fiscal de Morelos.