Darán impulso procesal a los juicios de amparo promovidos ante jueces de distrito.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la incompetencia de los órganos jurisdiccionales electorales para conocer asuntos relacionados con la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, un grupo de abogados se abocará a los juicios de amparo para impugnar los nombramientos que consideran irregulares.

Al resolver los juicios de la ciudadanía 35, 36, 44, 58, 59 y 60, promovidos por varias abogadas y abogados -quienes participaron y cuestionaron el proceso de designación de magistraturas vacantes del TSJ- la Sala Superior confirmó el acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Morelos (TEEM) por el que declaró su incompetencia para conocer de la controversia, “porque la designación de las magistraturas integrantes del Tribunal Superior referido no es materia electoral, ya que solo corresponden a la jurisdicción electoral aquellos asuntos relacionados con los derechos político-electorales, situación que no acontece en este caso.  

“En consecuencia, si bien la Constitución General y los tratados internacionales reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance para no atender los presupuestos procesales en los que se encuentra la competencia del órgano jurisdiccional”.   

Pese al resolutivo, el ex presidente de la Barra de Abogados y quien participó en la convocatoria parlamentaria para la designación de diez magistraturas,  Miguel Ángel Rosete Flores, señaló que se abocará a dar impulso procesal a los juicios de amparo promovidos ante jueces de distrito, quienes –en algunos casos- se han convertido en un dique para avanzar por esta vía jurisdiccional.

Detalló que, en su caso, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, Salvador Bravo Hernández, desechó de plano su demanda de amparo debido a que él y el secretario de acuerdos, Abiu Daniel García Fierro, son amigos del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, cuya esposa, María Luisa Sánchez Osorio, fue designada magistrada del TSJ.

Dijo que promovió un recurso de queja ante un tribunal colegiado por el desechamiento de su demanda de garantías y explicó que otros de sus homólogos han enfrentado una situación similar en la tramitación de sus amparos.

“Hay recursos de queja interpuestos por la no admisión (de los juicios de amparo) por jueces de distrito coludidos con las designaciones; por ejemplo, hay un juez de distrito, en lo particular en el mío, que es amigo del fiscal y desechó de plano sin entrar a leer ni siquiera la demanda. En otros asuntos estos jueces se han excusado, pero en este caso específico –que implica a la propia esposa del fiscal- no lo han hecho”, explicó.

Por lo pronto, dijo Rosete Flores, hay dos juicios de amparo promovidos por litigantes que sí han sido admitidos por jueces federales y el Congreso de Morelos promovió sendos recursos de queja para combatir su admisión.

Insistió que se agotarán todas las vías legales posibles para combatir las designaciones irregulares de magistraturas hechas por un grupo de diputados de la LV Legislatura, que benefició a sus familiares, amigos y “asesores”.

Reiteró que será necesario recorrer el largo camino legal para poder denunciar las malas prácticas legislativas ante los organismos internacionales, ante las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente de los justiciables.