Foro Morelense de Abogados llama a reflexión y debate abierto sobre designación de jueces.

JUFED declara suspensión de labores y exige mesa de diálogo.

Más de mil trabajadores judiciales y 37 jueces y magistrados del Decimoctavo Circuito continuarán hoy con el tercer día de paro nacional convocado en protesta contra la propuesta del Ejecutivo federal para reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Desde el lunes, el PJF en Morelos permanece cerrado y únicamente operan las guardias para atender asuntos urgentes en los que estén en riesgo la libertad, la integridad física o la vida, o bien, en los que por la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias –especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad- requieran ser atendidos prioritariamente.

Sin embargo, el paro trajo consigo algunas complicaciones para los tribunales Superior de Justicia (TSJ), de Justicia Administrativa (TJA) y de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), ya que ante la suspensión de actividad jurisdiccional en el PJF, se dificultaron las ejecutorias o cumplimientos de amparo, rendición de informes, notificaciones, entre otros trámites vinculados a la justicia federal.
Pese a ello, el TSJ informó a los abogados y la ciudadanía en general que la institución continúa trabajando con normalidad, en todas sus sedes, y en los horarios habituales. El resto de los tribunales locales también labora de forma cotidiana.

Sobre el paro laboral en el PJF, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró que los trabajadores y personas juzgadoras están en su derecho de manifestarse, sin embargo, también están obligados a reflexionar sobre lo que hoy es el Poder Judicial y si responde a las expectativas de los justiciables.
“El Poder Judicial de la Federación ya no es lo que otrora fue, se decía que el PJF era el fiel de la balanza entre los otros Poderes Ejecutivo y Legislativo. Desde hace mucho tiempo dejó de ser el fiel de la balanza y el equilibrio entre aquellos poderes que se exceden”, dijo.

Pero también sostuvo que, en contraste, la reforma planteada por el Ejecutivo federal sobre cómo designar a las personas juzgadoras a partir de un filtro a través del Congreso federal, y luego por voto popular, tampoco es la mejor opción, y por ello debe abrirse el debate puntualmente sobre qué mecanismo sería verdaderamente idóneo para realizar estas designaciones.
“Nosotros estamos conscientes de que la propuesta del proyecto de reforma del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se va a llevar a cabo, me parece que ya es un mero trámite, sin embargo, en donde no estamos de acuerdo es en la forma de designar a los jueces.

“Esta no puede ser por elección popular, y menos a propuesta del Legislativo. El Legislativo es uno de los Poderes más corruptos del Estado Mexicano, entonces, en ese sentido, instamos al partido en el poder, a Morena, a que abra el debate y la discusión respecto de la forma de designar a los jueces en este proyecto de reforma que está impulsando”, afirmó.   

La noche de este martes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) emitió una declaración de suspensión de labores en el PJF, con excepción de la Suprema Corte de Justicia la Nacional y el Tribunal Electoral federal.

En tal declaratoria, establece el paro laboral general indefinido a partir de las primeras horas de este miércoles en todos los órganos jurisdiccionales del país, haciendo énfasis en la atención sólo de los casos urgentes, y hasta que se cumpla con demanda de diálogo y freno a la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
En el documento, la asociación recalcó que “la suspensión de actividades jurisdiccionales constituye el medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que detengan el proceso de reforma, dadas la imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia”.

Para ello, exigieron la instalación de una mesa de diálogo con los diputados de todos los grupos políticos, pero que estén facultados para tomar decisiones, celebrar y ejecutar los acuerdos legales que sean necesarios.

Recalcó que el paro no es una acción ilegal –como lo afirmó el Ejecutivo federal- y que tiene un amplio sustento jurídico nacional e internacional, por lo que por ningún motivo puede configurarse una causa de juicio político, delito o responsabilidad administrativa.