Actualmente, Saraí “N” se encuentra bajo la medida de resguardo domiciliario por un primer proceso en su contra.

Un juez de control vinculó a proceso por segunda ocasión a la exjueza Saraí “N”, por el presunto robo de un expediente cuando se desempeñó como secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el 12 de marzo de 2017, el juzgado civil recibió, admitió y registró con el número de expediente 99/2017, una demanda de divorcio incausado.

Dos meses después, tras un acuerdo entre las partes, se emitió la resolución correspondiente, quedando Saraí obligada a conservar el expediente y, posteriormente, remitirlo al archivo general del Tribunal Superior de Justicia.

El 22 de agosto de 2018 fue notificada de su cambio de adscripción al Juzgado Cuarto de lo Civil del mismo distrito judicial, pero presuntamente no realizó la entrega-recepción del cargo ni reportó los expedientes bajo su resguardo, llevándose consigo el expediente 99/2017 sin autorización.

Tras una denuncia relacionada con el robo de diversos expedientes judiciales, el 27 de noviembre de 2024, personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó un cateo en un domicilio ubicado en Jiutepec, propiedad de Saraí, donde fueron localizados varios documentos oficiales, entre ellos el expediente 99/2017.
Con base en las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público —entrevistas, oficios e investigaciones— se reveló además que, aunque el expediente fue publicado en el Boletín Judicial, no existía constancia de su envío al archivo del TSJ.

Por tal razón, fue sujeta a un segundo proceso penal y actualmente se encuentra bajo la medida de resguardo domiciliario, por un primer proceso penal en su contra.
De acuerdo con fiscalía anticorrupción, el 10 de octubre de 2024 concluyó el nombramiento temporal de Saraí como jueza interina del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del TSJ, pero días antes autorizó la firma de un convenio –que de inmediato elevó a rango de sentencia- por 955 millones de pesos entre una empresa y un particular, donde se establecía la transmisión de predio rústico en Acapulco, Guerrero.

Dicho convenio adolecía de elementos fundamentales como la legitimación de las partes, acreditación de la titularidad del inmueble, la existencia de una escritura pública, medidas, colindancias, entre otros requisitos legales que la jueza –según los testimonios de su exsubordinados- instruyó que se omitieran.

Por este caso, fue detenida –siendo secretaria de acuerdos adscrita a la ponencia de la magistrada María Luisa Sánchez Osorio, esposa del fiscal depuesto, Uriel Carmona Gándara-, y procesada por presunta comisión de los delitos de fraude procesal, tráfico de influencias, delitos cometidos por servidores públicos y robo calificado.