Maciel Calvo

Maciel Calvo

El gobierno de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad rindieron homenaje al policía caído durante un atentado perpetrado la tarde del martes en el fraccionamiento Burgos, en el municipio de Temixco.

Con aflicción y lágrimas, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, repudió el ataque que cobró la vida del elemento Lázaro Barona Bueno y provocó lesiones a otro agente.

Ofreció a la esposa del policía caído ocupar la plaza de su esposo en un área administrativa y dar todas las facilidades para recibir la indemnización que por ley le corresponde recibir.

Tras expresar sus condolencias a los deudos, pidió a los criminales dejar de hacer daño a la sociedad y de actuar cobardemente, dejando en el desamparo a familias y niños.

“Espero que estos cobardes, espero que esta delincuencia tenga algo de corazón y que deje de hacer tanto mal en Morelos. Que los líderes de esa delincuencia tengan en cuenta esto y que nos permitan estar en paz, en libertad. Y que nuestros hijos, jóvenes, niños, tengan la seguridad y se puedan criar como es debido en un estado democrático y en un estado libre”.

“Yo les pediría que si tienen todavía algo de conciencia y si son creyentes y creen en Dios, que dejen de estar haciendo este mal que están haciendo tan grande a Morelos, a la sociedad y a México. Se los pediría de verdad, de corazón”, expresó. Durante la ceremonia en honor, fue entregada una bandera junto con la foto del policía caído.

Presentaron sendas controversias constitucionales ante la SCJN.

Los municipios de Puente de Ixtla y Axochiapan recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las últimas reformas legales y al presupuesto 2018 realizadas por la anterior legislatura, por las cuales fueron extintos varios fideicomisos y el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Ambos ayuntamientos presentaron ante el máximo tribunal sendas controversias constitucionales en las que alegaron que no fueron tomados en cuenta para realizar las modificaciones a diversas leyes locales, que impactan en las finanzas municipales y violentan el artículo 115 constitucional, que establece las competencias de los ayuntamientos y su derecho a administrar libremente su hacienda.

De acuerdo con las demandas presentadas ante la SCJN, los municipios impugnaron las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2018, así como la abrogación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para solventar la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado y el fortalecimiento de otros tribunales estatales.

Los municipios inconformes argumentaron que las modificaciones legislativas y presupuestales, específicamente la desaparición del Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que se creó por el anterior gobierno restando un 2% adicional a las participaciones de los municipios, “tiene consecuencias, si bien es cierto el fondo a que se hace referencia fue conformado por participaciones del municipio, lo cual se hizo sin tomar en cuenta al gobierno municipal que represento, si bien es cierto cabe destacar que la abrogación no contempla que (sic) fin se le dará a los recursos, lo cual vulnera a todas luces el artículo 115 Constitucional”.

 

Contrario al criterio de Sala Regional del TEPJF, consideró que la asignación de regidurías debía hacerse sin tomar en cuenta a síndico y alcaldes.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) concluyó con la resolución de las impugnaciones por las elecciones municipales y la asignación de regidurías, entre las que destacó la confirmación del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jiutepec y Cuautla, así como la asignación de una regiduría al líder estatal morenista Gerardo Albarrán Cruz en Cuernavaca.

Al resolver 47 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recursos de inconformidad, el Pleno del TEEM confirmó la validez de la elección municipal de Jiutepec y Cuautla, en la que resultaron electos alcaldes por el partido Morena, Rafael Reyes Reyes y Jesús Corona Damián.

En el tema de asignación de regidurías, el TEEM determinó modificar la integración del cabildo de Cuautla al ordenar la revocación de la constancia como regidores por el principio de representación proporcional  a Romel Santiago Galindo y Verónica Adriana Andrew Correa, de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y entregarlas a Mario Salinas Velázquez y Dulce Justo Vergara, ambos emanados de Morena.

En el caso de Cuernavaca, ordenó revocar la constancia a Ulises Vargas Estrada e Israel Rafael Yúdico Herrera, regidores propietario y suplente del Partido Social Demócrata, y entregarla al líder estatal de Morena, Gerardo Ernesto Albarrán Cruz y a Jesús Enríquez Reyes, en calidad de regidores propietario y suplente.

En Jiutepec fue revocada la constancia como regidor por el Partido Verde Ecologista al otrora director del sistema de agua potable, Juan Carlos Beltrán Toto, y se ordenó entregarla a Luis Antonio Ramírez, de Morena.  

En Tetecala, ordenó dejar sin efecto la constancia de Alma Viceira López, de Morena, y entregarla a Lorena Ávila  Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.

En Jantetelco se ordenó retirar la constancia al independiente César Gabriel Rosas Tapia y entregarla a Gerardo Andrew, del Partido Humanista.

En Yecapixtla se ordenó revocar la constancia a Marco Sánchez González, de Movimiento Ciudadano, y Ricardo Gallardo Bandera, de Movimiento Ciudadano y Partido Social Demócrata, y entregarla a Karina López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, del Partido Acción Nacional.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, detalló que para la asignación de regidurías bajo los límites de sub y sobrerrepresentación que prevé la ley, el tribunal determinó como criterio excluir a los alcaldes y síndicos electos por mayoría.

Dijo que si bien parece contrario al criterio adoptado por mayoría por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF (que determinó que, como el caso de los diputados, debe incluirse en la asignación de regidurías a los ediles y síndico), en el máximo tribunal  todavía prevalece en discusión.

Al concluir con el análisis de los asuntos del proceso electoral 2017-2018, señaló que estarán pendientes de las resoluciones provenientes de instancias superiores.

 

 

En un recurso aplicable a Totolapan, la sala regional Ciudad de México ordena que se contabilice al síndico y al alcalde a la hora de calcular los porcentajes de asignación

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que, para la asignación de regidurías respetando los límites de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta a quienes ganaron la presidencia y sindicatura municipal.

Lo anterior confirma el criterio inicial utilizado por el Tribunal Estatal Electoral, que luego fue revocado por una sentencia al grado de que hace apenas unos días se reencausó la asignación de regidurías con otro criterio que no considera al alcalde ni al síndico. La decisión podría modificar el reparto en todos los municipios si los afectados recurren a la justicia.

Al resolver un grupo de juicios promovidos contra la distribución de regidurías en el municipio de Totolapan, la Sala Regional consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) llevó a cabo una incorrecta interpretación de la norma, ya que estimó que las y los integrantes de los ayuntamientos que obtengan los cargos de mayoría relativa, presidencia y sindicatura, no deben ser objeto de consideración para determinar los límites de sobrerrepresentación durante la asignación de regidores.

“Lo anterior, es contrario al artículo del artículo 18 del código local que refiere que, para establecer los límites de permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación. Por tanto, al trasladar esta hipótesis a los ayuntamientos, también debía de considerarse a la totalidad de sus integrantes.

“Esto es, a las personas que fueran electas mediante el principio de mayoría relativa para ocupar la presidencia municipal y la sindicatura, así como quienes ocuparía las regidurías que habría de asignarse mediante el segundo de los principios mencionados”, sentenció.

Estableció que la finalidad de la norma es respetar los límites de sub y sobre, por lo que no es dable que se excluya a parte de sus miembros.

Por ello, ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana  para que dentro de un plazo de cinco días emita una nueva determinación respecto a la asignación de regidurías en el municipio de Totolapan y la entrega de las constancias respectivas. 

El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

 

Viernes, 12 Octubre 2018 05:44

Aprueba SCJN una “herencia” de Graco

Validó los criterios para concesionar el servicio de alumbrado público.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los “Lineamientos generales para regular el proceso de otorgamiento de concesiones de los servicios públicos municipales que por ley, decreto o convenio asuma la administración pública estatal”, expedidos por el gobierno anterior, con miras a concesionar el servicio de alumbrado público.

Por unanimidad, fue aprobado el proyecto propuesto por el ministro Fernando Franco González Salas, para la resolución de las controversias constitucionales 98/2017 y 98/2017, promovidas por municipios de Tlaquiltenango y Miacatlán.

En ambas controversias, los municipios argumentaron que con la expedición de los lineamientos en febrero de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se adjudicó de manera unilateral la obligación de brindar servicios públicos que corresponden a los ayuntamientos, ya que si bien el gobierno estatal sí tiene tales atribuciones, es necesario que medie solicitud del municipio al Congreso local, o se encuentre imposibilitado para ejercerlo y otorgarlo.

Los municipios actores estimaron que el acuerdo constituyó un mecanismo por el cual el gobierno de la entidad pretendió asumir la función de prestar un servicio público, y despojar a los ayuntamientos de una facultad que le está constitucionalmente reservada.

En el proyecto, se explicó que  los lineamientos impugnados fueron emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no con la finalidad de asumir –unilateralmente– la prestación de servicios públicos municipales, sino de fijar los lineamientos a partir de los cuales la administración pública estatal pueda concesionar los servicios públicos a cargo del municipio, una vez agotados los requisitos previstos en la Constitución federal que le permitan asumir la obligación de brindarlos a la colectividad.

“De tal manera que de su contenido no se prevé un mecanismo a través del cual el Gobernador de dicho Estado, motu proprio, desincorpore de la esfera de atribuciones de los Municipios demandantes la prestación de un servicio público, por lo que se considera infundado el concepto de invalidez respectivo”.

En otro disenso, los ayuntamientos actores arguyeron que los lineamientos reclamados contravienen lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, debido a que corresponde a los municipios regular lo concerniente a los servicios públicos a su cargo, por lo que aun tratándose del establecimiento de un procedimiento para concesionar a un particular su prestación, corresponde a los ayuntamientos su regulación, inclusive tratándose de aspectos como su concesión.

Al respecto, el Pleno de la SCJN consideró infundado el argumento, debido a que la aplicación de los lineamientos, únicamente se despliega una vez que se ha culminado con el procedimiento previsto en la Constitución Federal para que un Gobierno Estatal asuma la obligación de prestar un servicio público municipal.

A partir de que el ayuntamiento decline la prestación del servicio por medio de una petición expresa al Congreso o por medio de un convenio con el gobierno estatal, “es que se tornará obligatorio el cumplimiento de su contenido, pero hasta en tanto ello no ocurra, su sola emisión no representa el ejercicio de una facultad reservada al Municipio, al realizarse la transferencia de la obligación relatada a favor del Poder Ejecutivo Estatal, éste puede decidir, por regla general, cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público que se le encargó administrar y ejecutar, incluyendo la posibilidad de establecer un procedimiento para concesionarlo a un particular”.

Bajo estas consideraciones, la SCJN consideró que no existe invasión a la esfera de competencia municipal y declaró la validez de los lineamientos.

 

 

Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

 

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

Jueves, 11 Octubre 2018 05:13

TEE modifica asignación de regidurías

Morena, el partido más beneficiado con el cambio en el esquema para otorgar a partidos esas posiciones; antes llegó a estar en minoría en municipios en los que había ganado arrolladoramente.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos realizó modificaciones a la integración de los Cabildos de siete municipios y confirmó los resultados en dos más.

Al resolver un total de 35 recursos de impugnación relacionados con el resultado de las elecciones municipales y la distribución de las regidurías de representación proporcional, el Pleno del TEEM confirmó los resultados de la elección municipal de Jonacatepec y Axochiapan, así como realizar cambios en la asignación de escaños en los Cabildos de Mazatepec, Tepoztlán, Jojutla, Huitzilac, Temixco, Yautepec y Temoac.

En el caso de Yautepec, el TEEM ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cancelar las constancias como regidores electos por el principio de representación proporcional a Fernando Juárez Ruiz y Evangelina Pallares, del Partido de Trabajo, y a la candidata independiente María Isabel Ramírez Carillo.

En consecuencia, ordenó entregar la constancia a Sergio Vences Avilés y Avelardo Arias Carreño, por el PRD, a Marco Antonio Mora Velázquez y Alfonso Morales Fuentes.

En el caso de Temixco, ordenó cancelar la constancia como regidora a Damiris Romero Hernández, del Partido Encuentro Social, y entregarla a Eustolio Pani Barragán, de Morena.

En Huitzilac, canceló la constancia a Mauro Acosta Rojas y ordenó entregarla a Mario Oliveros García, de Morena. En el caso de Jojutla, ordenó cancelar la constancia de regidor al también excandidato independiente a la alcaldía, Carlos Alberto Brito Ocampo, y entregarla a Ana Lilia Tovar Morales, de Morena.

En Mazatepec, se retiró la constancia como regidores a Norma Toledo Hernández e Iván Orteaga Hernández, de los partidos Encuentro Social y Humanista, respectivamente, y se ordenó su entrega a Roxana Aguilar Mejía y Jonathan Ochoa Limón, del PRI.

En Tepoztlán, canceló las constancias entregadas a Miguel Ángel Villamil y Eduardo Hernández Jacobo, del PRI y el PES, respectivamente, y ordenó entregarlas a César David Rivera Sánchez y Juanita Elizabeth Olamendi Lagunes, ambos de Morena. Mientras que en Temoac, ordenó retirar la constancia a Aarón Aguilar Linares, de Morena, y entregarla a Isauro Ramírez Rosales, del Partido Verde Ecologista.  

 

Las modificaciones legales fueron realizadas hace tres años por el Congreso local; el veto fue aplicado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el veto aplicado por el Poder Ejecutivo de Morelos a las reformas legales realizadas hace tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Primera Sala de la SCJN declararon procedente, pero infundada, la controversia constitucional 14/2016, promovida por la anterior administración, encabezada por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó concluir con el procedimiento legislativo, es decir, con la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las reformas a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.

La disputa legal surgió en diciembre de 2015, con el rechazo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso a las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y, a su vez, promovió ante la SCJN la controversia constitucional a través de la cual se le concedió la suspensión al Poder Ejecutivo para no acatar la orden de publicación del Congreso de las reformas en cuestión.

 

El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

Página 1 de 422
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.