Maciel Calvo

Maciel Calvo

La justicia federal admitió la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a dicha cuenca.

Ciudadanos y organizaciones civiles celebraron que al fin la justicia federal haya dado entrada a la acción colectiva promovida para reclamar a una decena de ayuntamientos por el daño ambiental ocasionado a la cuenca del río Apatlaco.

Luego de que en mayo de 2016 la demanda colectiva difusa 17/2016 fue desechada por el Juzgado Cuarto de Distrito, a principios del pasado mes de noviembre un tribunal colegiado ordenó su admisión para dirimir el reclamo de un grupo de ciudadanos y permitirá a otros interesados adherirse a la acción legal.

Para ciudadanos y agrupaciones como Guardianes de los Árboles y la Federación de Asociaciones de Colonos (FACEM), es grave la contaminación de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean, por lo que a través de la vía jurídica se busca que se declare el daño ambiental, se finquen responsabilidades y se ordene la reparación del daño.

De acuerdo con los demandantes, la contaminación de la cuenca, que abarca 10 municipios de Morelos, es preocupante porque el agua es un recurso limitado que se deteriora y escasea, causando daños a la biodiversidad de la zona y afectaciones a la salud por su consumo, ya sea de forma directa o indirecta.

El despacho jurídico Mexican Consulting & Development S.C., que patrocina y apoya la causa ciudadana, precisó que existen estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) que prueban que la calidad del agua del río Apatlaco no es apta para actividades agrícolas y causa daños a los productores y diversos sectores de la población, que podrían detonar en problemas de salud, ya que al ser agua contaminada puede crear mosquitos que producen reacciones más severas a sus picaduras o transmisión de enfermedades.

Mediante la acción colectiva difusa, el grupo de ciudadanos y organizaciones civiles  pretende que la justicia federal declare el grado de responsabilidad en la contaminación del río Apatlaco que tienen los municipios y los organismos operadores de agua y saneamiento de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla.

Además, que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas y se ordene a las autoridades demandadas que reparen el daño causado implementando las acciones necesarias para ello.

En este contexto, quienes forman ya parte de la demanda, convocaron a los ciudadanos comprometidos con un medio ambiente sano y digno, a que se sumen a esta acción colectiva por medio de la página web www.mexicanconsulting.com o el teléfono de contacto 3177500.

 

 

Miércoles, 12 Diciembre 2018 05:36

Marchan para exigir el cese de fiscales

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez no tienen la confianza de la ciudadanía por haber sido impuestos por el exgobernador Graco Ramírez, expresan organismos civiles.

Poco más de una centena de representantes e integrantes de organizaciones sociales encabezados por el director del Observatorio Nacional Penitenciario, Cristian Montero Montero, exigieron el cese de los fiscales estatal y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

Los inconformes marcharon desde el distribuidor vial norte para protestar frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluir la manifestación en la nueva sede del Congreso local, en franco reclamo a los legisladores por empantanar la discusión relacionada con la remoción de los llamados “fiscales carnales”, designados durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, por la anterior legislatura.

Cristian Montero, quien se ha postulado para dirigir la CES, afirmó que ambos fiscales no representan los intereses de los morelenses y ocupan los cargos por imposición el exgobernador, además de que no gozan de la confianza social.

“Esta manifestación es para solicitar –fundamentalmente- la remoción de los fiscales de Graco, porque no tenemos confianza en ellos, porque no representan imparcialidad en la administración de justicia, porque no tienen los perfiles, no cumplen con la ley, no tienen los exámenes de control y confianza, pero -sobre todo- porque defienden todas las aberraciones que hizo Graco en su gobierno, no son de confianza para los morelenses”, afirmó.

“También solicitamos que los diputados dejen de defender a Graco. Recordemos que Graco nos trató con un desprecio total y que la asamblea legislativa pasada fue una aberración al deber ser de las instituciones…”.

Insistió en que todo indica que “los diputados protegen intereses mezquinos” y los instó a permitir el debate sobre el cese de los fiscales estatal y anticorrupción.

 

Existe un vacío de información de la Fiscalía en torno al tema, denuncian activistas.

Las activistas Amalia y María Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado no realizar ninguna inhumación de los cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que se garantice que se cumple con los protocolos, se especifique el número de cadáveres no identificados o, incluso, identificados, y se explique porqué permanecen en las morgues.

Ante la presunción de que decenas de cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense pudieran en breve ser sepultados en el panteón ministerial instaurado en Jardines del Recuerdo, en el municipio de Cuautla, señalaron que existe un vacío de información de la fiscalía sobre el tema y su hermetismo hace suponer muchas cosas.

Recordó que hasta marzo pasado, según la información que les proporcionó la institución, había aproximadamente 350 cuerpos acumulados en las instalaciones del Semefo de las tres regiones de la FGE en espera de ser inhumados, pero -desde entonces- se desconoce cuántos cuerpos más permanecen acopiados, si en todos los casos se iniciaron las carpetas de investigación, si se preservaron las evidencias y si se les tomaron muestras biológicas para su posterior identificación genética.

“El ánimo de denunciar esto es que no se está siguiendo con el protocolo, puesto que no han dado respuesta de cuántos cuerpos pretenden inhumar y los que no inhumarían, por qué condiciones o por qué razones no se estarían inhumando”, dijo.

Destacó que existen elementos para iniciar un proceso administrativo al actual coordinador central de Servicios Periciales de la FGE, Samuel Nava Vázquez, por este tema.

Recordó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016 estableció con claridad los requisitos legales y los protocolos que se deben seguir para la inhumación de cuerpos, además de las consideraciones adicionales que incluyó el organismo nacional para dar un trato digno a los cuerpos y ayudar a las familias de desaparecidos.

Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado y asesinado y luego inhumado ilegalmente por la FGE en las fosas de Tetelcingo, recalcó que si bien un visitador de la CNDH ha dado seguimiento a la recomendación, no ha constatado las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Semefo, ni cómo se encuentran resguardados los cuerpos que permanecen acumulados.  

 

Brindarán apoyo vial a los grupos de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Morelos implementó el “Operativo Peregrino”, para garantizar seguridad de las caravanas de feligreses católicos que pasan por la entidad, con destino a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El comisario Jorge Alberto Plascencia Gutiérrez informó que los elementos de la PF brindarán apoyo vial y seguridad a los grupos de peregrinos que pasan por el estado de Morelos, e implementarán medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan en camionetas, en bicicletas o a pie con rumbo a la capital del país.

Para evitar percances, recomendó especialmente a los automovilistas disminuir la velocidad de su unidad al observar la peregrinación, mantener una distancia apropiada entre las peregrinaciones para evitar accidentes, respetar las indicaciones de la Policía Federal y los señalamientos en las vialidades, extremar precauciones al rebasar una peregrinación de ciclistas o caminantes, y evitar en todo momento los distractores, como hablar por teléfono, mientras se conduce.

Los agentes federales vigilarán las rutas habituales de las caravanas guadalupanas y harán recomendaciones a los automovilistas para mantener mayor fluidez al paso de los peregrinos y prevenir percances.

Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.  

 

Así lo determinó la SCJN al resolver un juicio ordinario civil

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los daños generados por la prestación de un servicio público deficiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualiza responsabilidad patrimonial del Estado.

La resolución tuvo su origen en un juicio ordinario civil, en el que un particular demandó a la empresa una indemnización con motivo de la incapacidad que le provocó una descarga eléctrica proveniente de cables de alta tensión.

El juez de distrito llamó a juicio a la aseguradora con quien la demandada contrató una póliza de seguro, la que planteó la excepción de incompetencia que se determinó improcedente. Inconforme, la aseguradora interpuso recurso de apelación, en el que se resolvió  revocar la resolución y declarar la incompetencia del juzgador.

El actor promovió juicio de amparo directo, que fue concedido para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución y, en su lugar, emitiera otra en la que considerara que el quejoso planteó una acción por responsabilidad civil objetiva fundada en la creación de un riesgo con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica a cargo de la CFE y, en vía de consecuencia, determinara que la competencia corresponde a los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Federación en materia civil.

La Primera Sala analizó la naturaleza, objeto y finalidad de la CFE como empresa productiva del Estado y determinó que los daños que se generen con motivo la prestación de un servicio público deficiente, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, actualizan la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al margen de que el artículo 1913 del Código Civil Federal contemple la acción por responsabilidad civil objetiva que procede cuando una persona hace uso de un mecanismo peligroso por sí mismo, lo cierto es que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución federal es determinante al señalar que la responsabilidad objetiva procede por los daños que cause, no cualquier persona, sino el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual abarca la prestación deficiente del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal. 

Por ello, la Primera Sala determinó que en la vía administrativa deben reclamarse los daños que se generen con motivo de la transmisión y distribución de energía eléctrica. Consecuentemente se revocó la resolución materia de la revisión.

Se oponen a la ley que pone límites a los salarios de los funcionarios públicos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Morelos organizan una protesta para reclamar respeto a la independencia y autonomía judicial, así como manifestar su inconformidad con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), que fijó un tope máximo salarial a funcionarios y estableció que ninguno de ellos podrá ganar más que el presidente de la república. 

A través de redes sociales circula la convocatoria dirigida a integrantes del Poder Judicial Federal que laboran en  juzgados de distrito y tribunales colegiados con sede en la Ciudad Judicial de Morelos y otras sedes alternas.

El acto, denominada “Marcha Pro-Respeto a la Independencia Judicial”, está convocado para las 15:30 (posterior al horario laboral oficial) del 14 de diciembre,  y el punto de reunión será a las afueras del edificio sede del PJF en Morelos.

Los organizadores han pedido llevar vestimenta blanca y, como distintivo, un listón rojo colocado en el brazo izquierdo.

          El tema del tope salarial y las medidas de austeridad ha causado furor en el Poder Judicial de la Federación, pues existen dudas sobre el impacto que tendrá no sólo en las percepciones de ministros y jueces, sino en funcionarios de medio y alto nivel. 

A 22 días de que concluya su periodo como alcalde de Cuautla, el monto que debe pagar duplica los 70 mil pesos que el Ayuntamiento adeuda a un exregidor.  

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) multó -de nuevo- al presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, y lo exhortó a dar ejemplo de institucionalidad y respeto a las sentencias judiciales, a 22 días de que concluya su periodo.

Al emitir un nuevo acuerdo plenario, el TEEM impuso al edil otra multa por dos mil unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a 161 mil 200 pesos, por incumplir con la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEM/JDC/05/2016, en el que el exregidor Mauro Juan Aragón Machorro exigió el pago de dietas adeudadas desde diciembre de 2015.

Por reincidir en incumplimiento, el TEEM le impuso la sanción económica y apercibió que -de continuar en contumacia- le impondría otra multa, pero esta vez por cuatro mil (UMA), que sería equivalente a más de 320 mil pesos.

El magistrado electoral Francisco Hurtado Delgado recalcó que la resistencia del edil provocó que las medidas de apremio impuestas por el tribunal se convirtieran en “una bola de nieve”, pues comenzó con una amonestación pública que luego escaló a una primera multa de 80 mil 60 pesos, y así sucesivamente hasta alcanzar a las dos mil UMA.

Consideró paradójico que el monto de las multas que tiene que pagar Tadeo Nava supere por mucho a los 70 mil pesos que el ayuntamiento de Cuautla adeuda al exregidor.  

Expresó que el todavía alcalde está obligado a demostrar el respeto y cumplimiento de las sentencias jurisdiccionales, y lo conminó a que antes de concluir su mandato cumpla y acate el mandamiento judicial o, debido a la crisis financiera del municipio, alcance un acuerdo con la parte actora.

“Considero que en la cultura democrática y la responsabilidad que debemos de tener todos los ciudadanos y, en este caso, la representatividad que tiene el ciudadano Tadeo Nava como presidente municipal de Cuautla, es demostrar que como autoridades debe dar cumplimiento a las órdenes jurisdiccionales, en concreto, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, toda vez que ya sólo restan unos días para que concluya su mandato como presidente municipal constitucional”, exhortó. 

 

 

Viernes, 07 Diciembre 2018 05:31

El Fiscal General se niega a irse

Uriel Carmona Gándara afirma que no hay causal legal para su remoción y acusa al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

Mientras un grupo de organizaciones de abogados insistieron en la remoción o dimisión de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez como fiscal estatal y fiscal anticorrupción, el titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que no hay causal legal para su remoción y acusó al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

En un pronunciamiento conjunto, 12 organizaciones civiles y de abogados pidieron la salida de ambos fiscales, por considerar que además de carecer de la evaluación de control y confianza como requisito indispensable para su permanencia en el cargo,  su trabajo es deficiente y no cumple con las expectativas de la sociedad.

Señalaron que tanto el fiscal general Uriel Carmona, como tampoco el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no han dado resultado alguno en la importante función que les fue encomendada, pues durante el ejercicio de sus respetivos cargos, sólo ha habido impunidad y corrupción, por lo que de manera voluntaria y por dignidad deberían renunciar.

Recalcaron que Carmona Gándara no puede ser fiscal y notario con licencia a la vez y que es conocido que el ex gobernador Graco Ramírez, lo favoreció con la conservación de la patente para que mientras dirige la FGE, su esposa se haga cargo de la notaria.  

Las críticas se incrementaron con el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pues no sólo lo señalaron por haber sido colaborador de Graco Ramírez, sino por los nulos resultados y los conflictos de intereses que lo envuelven. Por ello, insistieron en que debería proceder su remoción del cargo de Uriel Carmona y Juan Salazar. 

 

No hay causal de remoción: fiscal

A través de un comunicado, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara se defendió de sus detractores y aseguró que no existe causal legal para que proceda su cese.

En el documento, estableció que los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado, 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen que la remoción de los fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales sólo podrá realizarse por 11 casuales graves.

Es decir, por incurrir en los delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato u obstrucción de la justicia.

“Derivado de lo anterior, y de la simple lectura de las causas graves establecidas en la normativa aplicable, se desprende que el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza no está contemplado en dichas causales, por lo que, tanto la solicitud del Gobernador del Estado, así como cualquier determinación del Congreso del Estado, devienen inconstitucionales”, respondió a quienes solicitan su relevo en el cargo.

Respecto a la polémica generada por el diputado del Partido del trabajo, José Casas González, quien afirmó que el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción no cuentan con los exámenes de control y confianza, que es un requisito obligatorio para el ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Carmona Gándara no precisó si cuenta o no con la certificación, sólo acusó al legislador de difundir información falsa e ilegal.

“De la misma manera y en atención a los cuestionamientos sobre las evaluaciones de certificación y control de confianza, es indispensable hacer del conocimiento de la ciudadanía, que con base en el artículo 56, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los expedientes de los mismos son estrictamente confidenciales, por ello, la Comisión Estatal de Seguridad no tiene acceso a los mismos, por lo que la documentación presentada por el legislador José Casas González es, además de falsa, ilegal; toda vez que el divulgar cualquier tipo de información clasificada se sanciona con una pena de 2 a 8 años de prisión, con base en lo dispuesto por el artículo 139 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Aunado a lo anterior, es importante señalar que con base en lo dispuesto por los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5, fracción III y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gobernador del Estado, carece de toda competencia para solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal Anticorrupción, lo que vicia aún más el procedimiento multicitado”, dijo y llamó al Congreso a conducirse con apego a la legalidad y a trabajar de manera coordinada en beneficio de los morelenses.

 

El presidente de la organización señala que la falta de exámenes de control de confianza puede subsanarse.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, afirmó que el fiscal general Uriel Carmona Gándara podría subsanar el requisito del examen de control de confianza, pero el fiscal anticorrupción, por honor, debería renunciar al cargo no sólo porque carece de evaluación sino porque en tres años su desempeño ha sido vergonzoso.

Luego de que el Poder Ejecutivo estatal solicitó la remoción de ambos fiscales al Congreso local, el jurista afirmó que efectivamente la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, en su artículo 65, establece que las personas que ingresen a las instituciones de procuración de justicia, deberán contar con el certificado y registro correspondientes, y nadie podrá ingresar o permanecer en el cargo sin contar con el certificado y registro vigentes.

Dijo que en el caso del fiscal estatal –a quien diputados del Partido del Trabajo acusan de no contar con tal certificación al no haber sido sometido al examen de control y confianza-, podría subsanar el requisito de permanencia en el cargo, que ocupa desde hace más de nueve meses.

Pero en el caso del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, la situación es insostenible ante su desempeño vergonzoso y carente de resultados, pues no sólo carece de la certificación, sino que hasta ahora no hay un solo ex servidor público condenado y sancionado.

“De manera moral y por honor el fiscal anticorrupción debería renunciar ya, no ha dado resultados y la prueba es que ningún imputado está cumpliendo una condena, producto de que no hay una buena integración de las carpetas de investigación. Por vergüenza, debería dejar el cargo, antes que la exhibición de su incompetencia sea mayor”, afirmó.

Observó que aun cuando Salazar Núñez tiene tres años en el cargo (ya que fue designado en agosto de 2015 por la LII Legislatura), el fiscal general, en su calidad de superior jerárquico, debió exigirles cumplir con el requisito de certificación.

En caso de prosperar la remoción, dijo, ambos fiscales podrían recurrir al juicio de amparo para defender su encargo y entonces sería del Poder Judicial de la Federación quien definiría y sentaría precedente sobre si la carencia o la caducidad de la certificación, a través de los exámenes de control y confianza, es causal para cese, ya que en la legislación existen lagunas jurídicas.  

 

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