Maciel Calvo

Maciel Calvo

Instan a diputados a considerar en la designación de ombudsman la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género.

Las aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamaron al Congreso local a considerar la aplicación de la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género, para que el nombramiento de ombusdman estatal recaiga en una mujer.

María Ampudia González, Rosario Cazares Campos, Yolanda Gutiérrez Neri, Kenia Lugo Delgado y Clara Soto Castor realizaron un pronunciamiento conjunto basado en la sororidad y apoyo mutuo, en el sentido de que cualquiera de ellas cubre el perfil para presidir la CDHEM.

Recordaron que en Morelos, sólo el 30% de los organismos autónomos son dirigidos por mujeres, pero de acuerdo con la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución federal en materia de paridad de género, es necesario que este principio se aplique de inmediato en la designación de ombudsman.

“En el caso de Morelos, la paridad horizontal adeuda espacios a las mujeres, ya que menos del 30% de los organismos autónomos son presididos por mujeres, y por paridad histórica, de las seis personas que han ocupado ese cargo, sólo una ha sido mujer”, dijeron.

Clara Soto Castor, una de las aspirantes a la CDHEM, afirmó que la reciente reforma federal no se trata de caprichos o de gustos, se trata de dar cumplimiento a la Constitución.  

“Esta reforma se hace con el objetivo de empoderar a las mujeres y crear nuevas condiciones de desarrollo. Está demostrado a nivel mundial de que en la medida en que no se sumen las capacidades, atributos y aptitudes de las mujeres al trabajo político y ejecutivo, es que no habrá un verdadero desarrollo, que además sea justo y con visos humanitarios”, dijo.

Kenia Lugo Delgado, otra de las aspirantes, apeló a la solidaridad y sostuvo que cada una de las mujeres aspirantes a presidenta de la CDHEM tiene el perfil intelectual, académico, político y el conocimiento en la defensa de los derechos humanos, por lo que insistió en que en esta ocasión la designación debe recaer sobre una mujer. 

 

 

Martes, 18 Junio 2019 05:24

Exigen a FGE reanudar apertura de fosas

La Fiscalía del Estado ya no tiene pretextos para postergar diligencias e investigaciones: Hernández Hernández.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, y la activista Amalia Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivar de inmediato las diligencias en la fosa de Jojutla y dar a conocer cuántas fosas comunes más fueron utilizadas para la inhumación de cuerpos.

Frente a las instalaciones de la FGE, ambos señalaron que el pretexto de la fiscalía para truncar las diligencias e investigaciones fue la carencia de presupuesto, pero finalmente este año le fueron asignados los recursos suficientes para atender lo que es un tema prioritario para el gobierno federal y los colectivos de víctimas que buscan a decenas de desaparecidos.

Señaló que si no hay respuesta inmediata a esta exigencia, se hará una convocatoria nacional para que todas las organizaciones ejerzan presión.

“Hay un compromiso y no lo pueden traicionar, sobre todo por los niveles de violencia y de desapariciones que estamos teniendo todavía, y las deudas que hay todavía con el pasado. Hay que entender que los muertos y los desaparecidos no son una deuda de gobierno, son una deuda de Estado”, dijo, y señaló que no se puede dar carpetazo al caso.

Además, recalcó, no sólo está pendiente concluir con las diligencias de la fosa de Jojutla, sino cumplir con uno de los puntos torales de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016: identificar y entregar el mapa de todas las fosas comunes de la fiscalía -u otrora procuraduría de Morelos- donde se inhumaron cuerpos, lo que hasta ahora es la gran incógnita.

Amalia Hernández Hernández, activista y tía del joven asesinado Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado de manera irregular en la fosa de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, señaló que ya no hay pretexto para postergar el tema.

“Lo que argumentaba el fiscal general era la cuestión económica, entonces, el recurso ya lo tiene, ya no hay ningún pretexto para no continuar con el tema de las inhumaciones”, dijo, y señaló que seguirá en la lucha para evitar que la autoridad pretenda dar carpetazo.

Ambos activistas coincidieron en que existen las condiciones y la cooperación interinstitucional para reactivar las diligencias en la fosa de Jojutla, siguiendo el modelo aplicado en la fosa de Tetelcingo, pero sólo falta voluntad de la fiscalía de Morelos.

 

Fiscalía opera a favor de imputados

Por otra parte, Amalia Hernández expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, otrora responsables general y regional de servicios periciales, por la ilegal inhumación de los restos de Oliver y 118 cuerpos más en la fosa de Tetelcingo.

Señaló que los agentes del Ministerio Público, José Roberto Cuevas Conde y Eduard Balderas Guerrero, no sólo han violentado la secrecía de las investigaciones, sino que están más preocupados por la situación de los ex funcionarios públicos imputados, que por la defensa de las víctimas.

“El 29 de mayo acudí a la fiscalía a donde está adscrita la carpeta de investigación a recoger un oficio, y antes de entrar a la oficina escuché una conversación del Ministerio Público (José Roberto Cuevas Conde), en la que estaba más preocupado por la condición de uno de los imputados, que por la condición de las propias víctimas. Esto se lo hice del conocimiento inmediato de la fiscal de desaparición forzada, Zaira Janet Lulo, pero en todo momento trató de minimizar el tema”, explicó.

Expresó que hoy es la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los exfuncionarios, pero hay temor fundado de que desde los altos niveles se obstruya la justicia y se pretenda favorecer a los imputados.

Pidió la creación de una fiscalía especializada para el tema de las fosas, pero que esté a cargo una persona confiable y capaz de defender a las víctimas y realizar las investigaciones posibles sin interferencia de la fiscalía o de interesados en obstruir el proceso. 

 

    

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas.

Al analizar contradicción de tesis 54/2018, suscitada entre la Primera y la Segunda Sala de la SCJN en los amparos en revisión 1359/2015 y 1221/2016, el Pleno resolvió que en un amparo en revisión, la Primera Sala, en su momento, determinó que el amparo indirecto procede en contra de las omisiones legislativas, es decir, la inactividad de un congreso para expedir un ordenamiento, en desacato a un mandato de la Constitución Federal.

Ello, al considerar que la Constitución Federal y la Ley de Amparo no excluyen o impiden que el amparo pueda ser promovido en estos casos, además de que no afecta el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en virtud del cual, las sentencias dictadas en estos juicios sólo protegen a quien los promueve.

Por su parte, la Segunda Sala había establecido un criterio en sentido opuesto, determinando que es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, siendo procedente únicamente contra omisiones de las autoridades administrativas, además de que se afectaba el mencionado principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Sin embargo, en asuntos posteriores, la Segunda Sala abandonó ese criterio y adoptó uno nuevo, en igual sentido que el de la Primera Sala.

Por tal motivo, al sostener ambas salas el mismo criterio, el Pleno resolvió que era inexistente la contradicción de tesis planteada.

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un imputado y su defensor deben tener acceso a la carpeta de investigación para conocer su contenido.

Al resolver la contradicción de tesis 149/2019, la Primera Sala de la SCJN estableció que cuando un imputado se encuentre en algunos de los supuestos que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, podrán tener junto con su defensa acceso a los registros de la investigación.

Además, para el goce efectivo del derecho a una defensa adecuada, debe permitírsele que pueda obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o impresión fotográfica, lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes.

Lo anterior, pese a que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva de que sólo a partir de ese momento procesal puedan obtener copias.

En efecto, recalcó la sala, de la redacción de dicho precepto se desprende la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada e igualdad entre las partes, de manera que no prohíbe que esa copia se obtenga con anterioridad, porque lo que se privilegia es que durante la etapa de investigación inicial, quien habrá de ser imputado en la audiencia inicial, cuente ya con los datos y registros necesarios para su adecuada defensa.

La juez que impugnó el proceso logró la suspensión definitiva.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a la juez Mireya Díaz Cerón, quien impugnó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

El juez séptimo de distrito José Martínez Hidalgo confirmó la medida cautelar a favor de la juez, quien reclamó por la vía del juicio de amparo su exclusión de la terna que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, propuso ante el Pleno para designar al representante de los juzgadores ante la dicha junta.

Al conceder la suspensión definitiva, Alejandro Becerra Arroyo queda impedido para ejercer funciones como representante de los jueces ante la junta, hasta que la justicia federal resuelva de fondo el litigio.

Por el momento, la Junta –que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura- está integrada por la titular del TSJ, Carmen Cuevas, y la magistrada Elda Flores León, cuyo nombramiento también podría ser impugnado por un grupo de sus homólogos.

 

Hay más implicados en el caso del homicidio de líderes sindicales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, prometió que en tres años revertirá la percepción que la ciudadanía tiene de la institución y el rezago acumulado en carpetas de investigación. Además, informó que hay más implicados en el caso de los homicidios de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, perpetrados el pasado 8 de mayo.

Luego de la presentación de la nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señaló que el gobierno de Morelos anunció que está por entregar las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, y poco a poco se han logrado mejoras.

Afirmó que su proyecto prevé como meta en un plazo de tres años cambiar la percepción ciudadana respecto al desempeño de la fiscalía.

“No es fácil mejorar de un día para otro. Este es un proyecto de nueve años y esperamos que por ahí del tercer año ya sea tangible y la percepción social se haya modificado, pero ese es un esfuerzo que estamos haciendo día con día los que trabajamos en la fiscalía”.

Afirmó que no habrá resultados mágicos, pero existe motivación, el compromiso y la obligación institucional, tanto del fiscal como del personal, para mejorar la atención a los ciudadanos y terminar con el rezago histórico que, si bien no se desaparecerá de un plumazo, se hará lo posible para que así sea.

Expresó que se lograron mejoras salariales a los trabajadores. “Hay quien está ganando prácticamente el triple. Ese es un gran aliciente para el personal de la fiscalía, dignifica nuestra labor. Y, bueno, ahora que el gobierno está por entregarnos la nueva instalación, eso hará que la fiscalía crezca, que haya un gran sentido de identidad en el personal y eso es traducible en beneficio social”.

Agregó que el edificio que actualmente ocupa la FGE será convertido en el Instituto de Procuración de Justicia e instalaciones deportivas, para mejorar el rendimiento del personal.

 

Otros copartícipes de homicidio de líderes sindicales

Respecto a los avances de la investigación de los homicidios de los líderes sindicales de la CTM, Roberto Castrejón Calderón y Jesús García Rodríguez, el fiscal estatal informó que no fueron dos, sino cinco los sujetos que asistieron al autor material del crimen.

“¿Se acuerdan que yo había manifestado que cuando menos dos? ahorita tenemos identificada la probable participación de cuando menos cinco personas que estuvieron actuando en el zócalo”, señaló.

Indicó que en el análisis videográfico de los hechos, se ubicó que estos sujetos habrían facilitado la logística a Maximiliano “N”, el joven de 22 años que perpetró el tiroteo y, hasta ahora, el único detenido.

Indicó que la fiscalía investiga la identidad de los sujetos para poder solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión.

Recalcó que todo indica que el único imputado no actuó solo, sin embargo, todavía la FGE no tiene acreditado que el autor material haya recibido una cantidad de dinero para cometer el asesinato, ni tampoco queda claro cuál fue el móvil, pero no ha sido descartada ninguna línea de investigación. 

 

 

El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.

El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.

En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

 

El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

 

   

Miércoles, 12 Junio 2019 05:00

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

 

 

Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial. 

 

 

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