Maciel Calvo

Maciel Calvo

La CDHEM reclama por el nombramiento por nueve años del titular de la Fiscalía General del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el que resuelva la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), luego de que la Segunda Sala turnara el asunto al máximo órgano de justicia.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN consideraron relevante el caso, relativo a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por ello el proyecto amerita ser debatido y resuelto en el Pleno del Tribunal Constitucional.

“Agréguese al expediente para que surta efectos legales, el oficio del actuario judicial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a través del cual envía el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración que mediante proveído de 16 de enero del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó enviar dicho asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución”, estableció el acuerdo expedido por los ministros integrantes de dicha sala.

En la acción de inconstitucionalidad, el ex ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, a petición de más de 20 organizaciones civiles y de abogados, impugnó las reformas a los artículos 32, párrafo primero, 100 y 101 de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5611 de fecha 11 de julio 2018, que facultaban al fiscal general -y no al Congreso- designar y ratificar al fiscal anticorrupción y otorgar pensiones vitalicias al titular de la FGE y a los fiscales especializados.

A la postre, la actual legislatura realizó una contrarreforma para establecer que el presupuesto de la FGE no será menor al del año pasado y eliminar la pensión vitalicia a los fiscales.  

 

El comisionado de seguridad reconoce que la falta de comunicación fue uno de los factores que influyeron en la pérdida de la vida del policía que intentó frustrar un asalto.

El comisionado estatal de seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que la falta de comunicación fue uno de los factores que influyeron en la pérdida de la vida del policía de tránsito municipal de Cuernavaca, quien fue abatido y despojado de su arma de cargo al intentar frustrar un asalto la noche del 17 de enero en un comercio en la avenida Morelos del centro de la ciudad.

Describió que el elemento portaba el chaleco antibalas, pero sin las placas que sirven para detener los impactos, y consideró que la falta de una comunicación adecuada y oportuna, así como la precipitación del agente para enfrentar a los criminales solo, desembocó en la lamentable pérdida de la vida.

“Faltó comunicación, faltó comunicación entre el tiempo que él ve que estos ladrones entran al negocio y luego, pues, el no esperar; él quiso actuar solo. Fue muy valiente, pero perdió la vida”, dijo, al señalar que a través del 911 se comunicó el asalto en progreso y en menos de 10 minutos llegaron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Reconoció que la detención de dos de cuatro presuntos asaltantes obedeció a la intervención fortuita de elementos del Ejército Mexicano, ya que en ese momento circulaba sobre la avenida Morelos un convoy de músicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con una escolta militar, la que al percatarse del atraco y el ataque al policía, emprendió la persecución para lograr el aseguramiento.

Indicó que los dos sujetos fueron detenidos con dos armas, una que portaban para cometer el asalto y el arma de cargo que le arrebataron al oficial de tránsito para después asesinarlo.

El titular de la CES afirmó que existe la posibilidad que los presuntos asaltantes sean parte una banda que opera en el Centro Histórico de la capital morelense, sin embargo, las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Sobre la designación de quién será el titular de Policía de Cuernavaca, tras el homicidio en diciembre pasado del jefe de la Policía capitalina, Juan David Juárez López, señaló que está a la espera de que el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, presente su propuesta.

Consideró urgente que se defina quién ocupará este cargo, pues no debe permanecer acéfalo por mucho tiempo.

 

 

Martes, 21 Enero 2020 05:20

Exigen auditoría al Poder Judicial

Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

Los pequeños comercios tienen de plazo dos años para cambiar a materiales reciclables.

De 12 a 24 meses tendrán los pequeños comercios, ambulantes y establecimientos comerciales de cualquier giro, como plazo de  transición para la sustitución de plásticos de un solo uso por materiales reutilizables.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” desde esta sábado entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, que prohíben a los establecimientos mercantiles, pequeños comercios y a comerciantes ambulantes proporcionar de manera gratuita u onerosa (venta) el uso de plásticos desechables (como bolsas, popotes y unicel) para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos o bebidas.

Esto incluye a los plásticos de un solo uso para el acarreo de los productos comercializados o artículos que hayan recibido un servicio suministrado dentro de un establecimiento.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, sólo se podrán utilizar bolsas reutilizables elaboradas de materiales no derivados del petróleo, que para tal efecto establezca la Secretaría de Desarrollo Ambiental.

Los establecimientos mercantiles, tiendas departamentales, centros comerciales y comercios ambulantes deberán presentar a la autoridad competente, según el tipo de generador, un plan de sustitución de los plásticos de un solo uso, y no se sancionará a aquellas unidades económicas que proporcionen para el acarreo de los productos bolsas reutilizables.

A partir de la vigencia de las nuevas disposiciones, los pequeños y medianos comercios, tiendas, abarrotes, fruterías, verdulerías, fondas de comida, loncherías, cafeterías, cocinas económicas y taquerías, así como el comercio ambulante y en general todo el comercio de menudeo que por su actividad otorgue plástico de un solo uso, para el acarreo o empacado de productos, ya sea de manera gratuita o a la venta, tendrán un plazo de 24 meses para transitar hacia el uso de materiales reusables.

Los establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias, tendrán un plazo de 12 meses para adaptarse a las nuevas normas.

Quienes incumplan con estas disposiciones, podrán ser acreedores a sanciones que van desde las cinco a las 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que oscila entre 436.4 pesos y 2 millones 172 mil pesos.

El Ejecutivo estatal y cada uno de los ayuntamientos tendrán  90 días para realizar adecuaciones en los reglamentos y para realizar campañas permanentes de difusión para que toda la población conozca de la importancia en la migración de hábitos y costumbres para combatir el cambio climático.

Una vez que fenezcan los plazos de transición, los municipios deberán inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones e impondrán las sanciones administrativas y pecuniarias a quienes no cumplan con la reglamentación en la materia.

 

Protección Civil del estado conmina a los municipios a cumplir con la entrega del programa preventivo de carnavales

Autoridades municipales deben resguardar puntos como venta de comida, juegos mecánicos, bailes y conciertos 

El Ayuntamiento debe pagar prestaciones adeudadas a exfuncionaria.

La sanción impuesta al ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, y el ex tesorero municipal, Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo, por incurrir en violencia política en contra de la ex síndico municipal, Paola Cruz Torres, quedó firme, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso de reconsideración promovido por el ex edil.

El pasado 2 de enero, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF confirmó, por unanimidad de votos la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos  (TEEM) en la que ordenó al Ayuntamiento de Cuautla el pago de más de 400 mil pesos por concepto de remuneraciones adeudadas a la ex síndico durante el trienio 2016-2018 y mantuvo la sanción, consistente en una amonestación pública, impuesta al expresidente municipal y al ex tesorero por violencia política en razón de género.

Además, ordenó dar vista a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen si existió alguna conducta sancionable, así como la Fiscalía General del Estado de Morelos, para el caso específico de violencia política de género perpetrada por Raúl Tadeo Nava y Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo en contra de María Paola Cruz Torres.

Pese a que el ex edil promovió un recurso de reconsideración ante la Sala Superior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral resolvió desechar la demanda de Tadeo Nava, porque la presentó de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de tres días hábiles -contados a partir del día siguiente de la notificación- que la normatividad electoral fija para realizar la impugnación.

Al agotarse la cadena de impugnación, quedó firme la sentencia en contra de los ex funcionarios, y la actual administración del Ayuntamiento de Cuautla deberá de pagar las prestaciones adeudadas por la gestión anterior a la ex síndica.  

 

 

Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

 

 

No ha convocado a sesión del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Miércoles, 15 Enero 2020 05:13

Confirman investigación a casi 200 policías

No pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) confirmó que casi dos centenas de policías estatales y municipales son investigados por sospechas de protección a células criminales. Sin embargo, no pueden ser removidos porque promovieron juicios y amparos.

“Hay indicios que tenemos nosotros, en la Comisión Estatal de Seguridad, de que varios elementos de la Policía, tanto municipal como estatal, han estado dando protección a algunos grupos delictivos, sin tener la evidencia fehaciente que nos permita ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros.

Informó que la mayoría de esos elementos bajo investigación no lograron acreditar los exámenes de control de confianza, pero debido a que los policías promovieron recursos legales  no fue posible darlos de baja.

“Hay muchísimos policías de bastantes años que no necesariamente se dedican a hacer su trabajo, algunos, y dentro de esos 180, la mayoría son los que no han pasado sus exámenes de control y confianza y, que por ese simple hecho, deberían de haber estado ya de baja, que no se han ido de baja porque se ampararon”, dijo y señaló que existe la necesidad de incrementar la matrícula en la Academia de Policía Estatal para tener nuevos elementos.

“Es un trabajo de investigación que le presenté al señor gobernador y le dije mi preocupación de incrementar la matrícula en la academia para producir nuevos policías, dada la cantidad de policías que yo estoy viendo que están involucrados en actividades de protección a la delincuencia”, expresó.

 

 

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