Maciel Calvo

Maciel Calvo

Tiene la instrucción de encaminar las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de la república.

La medida ayudaría a inhibir los homicidios dolosos: Ortiz Guarneros.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, propuso reformas legales para restringir el uso de motocicletas a un solo tripulante, como medida para frenar los homicidios dolosos.

Explicó que la propuesta fue planteada a la Secretaría de Gobierno para su análisis y, en su caso, para la elaboración y presentación de una iniciativa de reforma a la legislación estatal en materia de tránsito y transporte, para que no se permita que dos o más personas viajen a bordo de una motocicleta.

Cuando fue cuestionado sobre si los delincuentes usan la “violencia terrorista”, como afirmó el Jefe de la Oficina de Gobierno, José Manuel Sanz Rivera, dijo no coincidir con ese punto de vista, pero reconoció que hay un problema de violencia e inseguridad, en el que las autoridades buscan opciones para combatirla, y una de ellas es la propuesta de restringir a un tripulante por motocicleta.

 “Sí es cierto lo que está pasando, ya lo hemos manifestado, por eso seguimos con el acto de molestia de revisar motocicletas. Yo voy más allá, que podemos hacer algo en subirle al Congreso la petición de que no haya más de dos gentes en una moto, o una, cuando ya haya dos, que se detenga forzosamente, porque es el modus operandi de la delincuencia”, afirmó.

Consideró que limitar a un tripulante por moto, “con eso, o maneja o asesina, eso sería un remedio eficaz para combatir el homicidio en motocicleta”.

De acuerdo con la CES, en el último trimestre del 2018 se estimaba que el 80% de los homicidios dolosos se perpetraban por sicarios a bordo de este tipo de vehículos, que les permiten darse a la fuga fácilmente; tras la implementación de los operativos de revisión, la incidencia disminuyó a 50%, y actualmente se estima en 30%.

Por último, lamentó el deceso de un policía al volcarse su patrulla en un camino de terracería, en el municipio de Temoac, durante una persecución de un vehículo sospechoso. Detalló que el oficial no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado por la ventana y la patrulla le cayó encima, provocándole la muerte al instante.

Por el momento se tiene identificado al vehículo tipo Tsuru que llevaba sobrepuestas unas placas, que pertenecen a otro auto, y se realiza la búsqueda de la unidad. 

 

 

Miércoles, 03 Abril 2019 05:10

Nuevas denuncias contra Graco y su familia

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

La FECAP critica el uso de propaganda sucia en redes sociales contra varios aspirantes.

En medio de un ambiente tenso creado por ataques en las redes sociales, diversas organizaciones civiles -por separado- expresaron su apoyo a dos de los candidatos a presidir la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), Clara Soto Castor y Tomás de las Casas Vega, así como hicieron una llamado al Congreso para evaluar con objetividad los perfiles y méritos de cada uno de los aspirantes.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (FCAP) manifestó su apoyo a Tomás de las Casas Vega, actual presidente de la Asociación de Abogados Postulantes en Materia Civil del Estado de Morelos, y lamentó los ataques orquestados contra él, justo cuando hizo pública su aspiración.

El presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, reprobó la campaña de desprestigio contra el abogado De las Casas, sobre todo en redes sociales, “orquestada por uno de los candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, misma que se originó derivado de las manifestaciones realizadas por la Segunda Visitadora (Isela Chávez Cardoso)”.

Y es que Chávez Cardoso, quien fue pareja de Tomás de la Casas, el pasado de 8 de marzo fue galardonada por el Congreso con la Presea Xochiquetzalli, y en su discurso aseguró haber sido víctima de violencia doméstica.

Entonces, los reflectores se pusieron sobre el aspirante a ombudsman, Tomás de las Casas, exesposo de la también visitadora de la CDHEM y creadora de la fundación “Mujer nunca permitas”. A partir de entonces, en redes sociales, al igual que otros aspirantes, es blanco de ataques.

Espina Pérez reprobó los ataques hacia Tomás de las Casas, provenientes del interior de la propia Comisión de Derechos Humanos, “toda vez que el objetivo radica en descalificar a un profesionista honorable para que se reduzcan sus posibilidades de presidir la Comisión de Derechos Humanos y propiciar las condiciones para la ratificación al frente del organismo del actual ombudsman (Jorge Arturo Olivarez Brito)”.

A pregunta expresa sobre si se pone en entredicho el testimonio de la visitadora –quien no mencionó en su discurso el nombre de su agresor-, el titular de la FCAP aclaró que lo que parece extraño es que la polémica haya surgido justo cuando el abogado presentó su candidatura a la CDHEM.

“No es porque sea mujer, no es un descrédito (hacia ella), sino que lo creemos de esa manera por la forma en que viene y de donde viene el ataque. El ataque viene de una persona que trabaja en la comisión de derechos humanos, de una persona que está a lado del expresidente (que aspira a ser ratificado), y, entonces, lo que nosotros estamos considerando es que fueron declaraciones armadas u obligadas”, dijo.

Alejandro Smith, expresidente de la Barra de Abogados y miembro de la FCAP, sostuvo que hasta el momento la visitadora de la CDHEM no ha revelado el nombre de su agresor, y lamentó que, sin que haya pruebas o una denuncia de por medio, haya permitido que se violentaran los derechos fundamentales de Tomás de las Casas.

“Me parece pésimo que haya manifestado, siendo abogada, en una tribuna pública el descrédito hacia alguien, quien quiera que sea, aunque no la haya nombrado, sin aportar ninguna prueba, ningún elemento de convicción, y solamente generar una calumnia, y eso no puede ser el respeto a los derechos humanos, y no se puede hablar de respeto a los derechos humanos si no se prueba de manera fehaciente una afirmación que daña el prestigio y la honra de una persona”, subrayó.

Las organizaciones integrantes de la FCAP consideraron que el Congreso sabe de la guerra sucia en este proceso de sucesión de la CDHEM, y pidieron a los diputados a evaluar objetivamente la trayectoria de cada aspirante, así como considerar a Tomás de las Casas para ocupar la presidencia del organismo estatal.

 

Yo respondo por mis actos, no por la familia política que no elegí: Clara Soto

También este lunes, diversas agrupaciones de civiles y de mujeres expresaron su apoyo a la candidatura de Clara Soto Castor a la presidencia de la CDHEM, por considerar que tiene el perfil y la sensibilidad para dirigir el organismo.

Pero las preguntas obligadas para la aspirante fueron sobre los ataques que recibe por ser cuñada de la exdiputada perredista y cercana colaboradora del exgobernador Graco Ramírez, Hortencia Figueroa Peralta, a quien la fiscalía anticorrupción pretende imputarle el presunto delito de peculado.

“Todos los que hemos participado políticamente en alguna contienda sabemos que muchos de los ataques vienen de nuestros contrincantes, y lo cierto es que los contrincantes no han encontrado en mi vida hecha en Cuernavaca de 49 años, una causa suficiente para poder denostarme, y por eso han buscado en la familia política, que yo no decidí, que yo no elegí, un medio para atacarme”, subrayó.

Se desmarcó totalmente de la administración graquista, y aseguró que aspirar a presidir la CDHEM no genera ningún conflicto de interés relacionado con el caso de su cuñada, porque nunca existió un vínculo ni compromiso, ni muchos menos un beneficio proveniente de ellos.

“Yo nunca tuve una relación con ellos, igualmente con la legislatura, de que me dieran un empleo, un beneficio, una prebenda, un contrato de prestación de  servicios, una distinción;  ni mi esposo, con quien sí elegí como pareja de vida, ni yo, hemos estado hemos estado vinculados a ellos, ni recibido nada de ellos.

“Como estudiosa de derecho, debo manifestar muy en conciencia que no hay conflicto de intereses porque la Comisión de Derechos Humanos no es la encargada de someter a proceso, ni de investigar, o responsabilidad, si la hubiera, de la licenciada Hortencia Figueroa; eso lo hará el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que son dos esferas que escapan a la competencia de la Comisión de Derechos Humanos.

“Así que no hay que tener temor. Yo creo que esos ataques han sido un intento de discriminación hacia mi persona, que -por supuesto- rechazo contundentemente y no doy cabida. Yo me hago responsable de mis actos”, remarcó, al tiempo de recibir el apoyo de las diversas agrupaciones.  

 

 

Pide a la ciudadanía participar con denuncias de hechos delictivos.

El Jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, llamó a los ciudadanos a colaborar con su denuncia para combatir la delincuencia y afirmó que las autoridades se mantienen fuertes para hacer frente a los criminales, que han recurrido a la “violencia terrorista” para intentar amedrentar al Estado.

Condenó los asesinatos ocurridos el fin de de semana y el ataque en el que perdió la vida del delegado electo de la comunidad de Tejalpa del municipio de Jiutepec, Delfino Sánchez Estrada,  así como expresó su preocupación por la falta de colaboración ciudadana para identificar a los delincuentes.

Dijo que tanto en Morelos, con el resto de país, se viven situaciones violentas debido a la escisión de los grupos criminales, pero aseguró que en ningún momento la autoridad ha sido rebasada y el aparato de inteligencia contra el crimen constantemente realiza acciones de prevención y combate a los delitos.

Sin embargo, consideró que hace falta apoyo de la población para denunciar a los criminales, quienes no sólo comenten sus fechorías sin ocultar su rostro sino que ha recurrido a la violencia terrorista.

“Vuelvo a hacer un llamado a la población de lo que es la denuncia, aunque sea denuncia anónima. No puede ser que maten a una persona públicamente y a rostro descubierto y que no tengamos ningún informe, ni un retrato hablado y no tengamos nada por parte de nadie. Hay que denunciar, aunque sea de forma anónima, para evitar que estos delincuentes sigan cometiendo sus actos”, dijo.

Afirmó que “el trabajo de inteligencia nos arroja no tres o cuatro grupos delictivos. El problema que tiene el estado de Morelos, igual que toda la república, es que ya son bandas delictivas en muchos sitios de dos, tres personas, de cuatro personas, y entonces no se puede ir, confrontar directamente a ese grupo delictivo si lo hubiese, o a esos tres grupos delictivos si lo hubiese, porque están diseminados por todo el estado de Morelos y por toda la república. Entonces es prácticamente una violencia terrorista, vamos a decirlo así.”

“Podemos estar en un restaurante y de buenas a primeras se levanta una persona a disparar y no hay forma de poder evitarlo, definitivamente, no hay forma de poder evitarlos. La única forma de poder evitarlos, es con esa denuncia para dar con esos delincuentes porque no puede haber un policía en casa restaurante, no puede haber un policía en cada esquina, definitivamente. Nuestro servicio de inteligencia está funcionando”.

Insistió en que las autoridades se mantienen fuertes en la lucha contra la delincuencia y que el apoyo ciudadano es indispensable, para que la autoridad pueda identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes cometen actos violentos y transgreden la ley.

 

 

En todos los casos, los policías deberán contar con equipo adecuado y mantener la comunicación con autoridades locales, la FGE y los servicios médicos de emergencia

Regulará la expedición de constancias sobre la existencia o inexistencia de sanciones impuestas a servidores públicos

No hacerlo sería incurrir en la misma omisión en que lo hace la FGE: Morales Quiroz.

Ante la omisión y el desinterés de la Fiscalía General del Estado (FGE) para concluir el proceso de validación e identificación de los cadáveres exhumados de las fosas de Jojutla, la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregará a la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a 84 cuerpos.

Abimelec Morales Quiroz, miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que la semana próxima serán entregados los perfiles genéticos de cadáveres y fragmentos cadavéricos de la fosa de Jojutla a la Comisión Nacional de Búsqueda –en virtud de que aún no está instalada la comisión estatal- para que se dé seguimiento al caso.

Dijo que por la situación de crisis financiera y la reestructuración en la que se encuentra la universidad estatal, no ha sido posible que la comisión pueda empujar al proceso, pues es la FGE la autoridad responsable de convocar a las instituciones involucradas a realizar el cruce y validación de las pruebas genéticas e, incluso, reabrir las fosas de Jojutla para continuar los trabajos.

“Tiene que continuar con el proceso de exhumación de Jojutla porque está parcialmente cerrada la fosa, tiene que continuar. ¿Cuándo? no lo sé, ni siquiera existe la convocatoria para la validación de estos perfiles, entonces, no hay una fecha para continuar con el proceso de exhumación”, dijo.

Expresó que dependerá de los grupos de familias de desaparecidos decidir si quieren que esta comisión siga siendo parte de los peritos independientes; pero, por lo pronto, “no podemos nosotros continuar manteniendo estos perfiles porque se estaría haciendo lo mismo que la autoridad, y esta es una de las razones por la cual debemos de entregar estos perfiles, porque se estaría haciendo lo mismo que hace la autoridad, que es guardar en un cajón los electroferogramas (nombre técnico de las pruebas de genéticas) y no siendo ingresados” al Codis, programa informático que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles de ADN.

“Nosotros no queremos ser parte de la omisión institucional. Desde nuestro punto de vista, es omisión, son dos años literalmente de letargo, de retraso, en los procesos de validación de las muestras”, insistió Morales Quiroz.

Precisó que la comisión científica trabajó con 84 cuerpos exhumados y 10 restos o fragmentos cadavéricos, de los cuales se obtuvieron 38 perfiles genéticos completos, 18 perfiles obtenidos de manera parcial y 25 perfiles completamente degradados y que no permitirán su plena identificación; y 19 muestras genéticas no fueron brindadas a la UAEM para su análisis.   

Además, recalcó, por las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, no se podrá concluir con certeza la causa de muerte.

Recalcó que probablemente, la ahora Fiscalía General de la República tenga ya sus propios resultados de las pruebas y los haya ingresado al programa Codis; pero lo que no es entendible, es por qué la FGE no ha convocado a las instituciones implicadas en el caso para dar continuidad al proceso y hacer los esfuerzos necesarios para la identificación del mayor número de cuerpos, porque hay familias que tienen esperanza de localizar a sus seres queridos ausentes o desaparecidos.

Como en el caso de las fosas de Tetelcingo, donde la otrora Procuraduría General de Justicia depositó de manera irregular y en condiciones inhumanas más de una centena de cadáveres de personas no identificadas, en las fosas de Jojutla fueron extraídos 84 cuerpos y bolsas con fragmentos cadavéricos.

La otrora Procuraduría General de la República y Policía Federal, así como la fiscalía local y la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron pruebas genéticas, pero el proceso quedó trunco desde junio de 2017, y desde entonces la FGE no ha convocado a las instituciones a continuar con las diligencias pendientes. 

 

Aún se desconoce el paradero del profesor jubilado.

El abogado Juan Carlos “N” fue declarado como responsable del delito de secuestro agravado en agravio del profesor Albino Quiroz Sandoval, cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el 16 de marzo del año 2017, el profesor Albino se reunió con el imputado en un inmueble ubicado en la calle Galeana, esquina Reyna Xóchitl, donde el mentor fue visto por última vez.

La familia de la víctima presentó la denuncia y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas ejecutó tres cateos y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, en cuyo despacho, ubicado en el Barrio La Santísima, del municipio de Tepoztlán, fueron localizadas una credencial de elector y dos tarjetas bancarias a nombre de Albino Quiroz, así como se hallaron diversas huellas digitales del profesor.
Con base en estas evidencias, la fiscalía imputó y llevó a juicio al litigante, quien fue declarado por un tribunal oral como responsable del delito de secuestro agravado. El próximo miércoles 3 de abril se llevará a cabo la audiencia para la individualización de la sanción.  

Las investigaciones continuarán, debido a que aún se desconoce el paradero del profesor Albino.

 

 

El titular del organismo dice que espera lograr buenos resultados contra funcionarios del gobierno anterior.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, aseguró que está listo el equipo jurídico conformado con la Consejería Jurídica del gobierno del estado para arrancar los procesos penales contra ex funcionarios graquistas acusados de haber  cometido delitos en detrimento del patrimonio y la hacienda pública.

Señaló que la fiscalía como representación social y la consejería estatal como representante de la víctima, que es el Poder Ejecutivo, integraron un equipo para trabajar en la preparación de pruebas y la estrategia de litigación a la víspera de las audiencias de formulación de imputación de diversos ex servidores públicos y ex legisladores.

“En este tema te puedo decir que la fiscalía es quien lleva la voz, porque es quien hace la formulación de imputación, pero de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales está el asesor jurídico de la víctima, que en este caso, al ser la víctima el Poder Ejecutivo, está representado por sus asesores jurídicos que son los integrantes de la Consejería jurídica, y ellos participan y hay una corresponsabilidad en este sentido”.

“Y estaremos juntos en las audiencias, te puedo decir que es un buen equipo, irán a las audiencias la vicefiscal Guadalupe Flores Servín, quien es ex juez; y por parte de la Consejería Jurídica Guadalupe Arredondo, que también es ex juez. Entonces, ellas van a ser quienes encabezarán este equipo integrado por gente de la fiscalía y la consejería jurídica, es un trabajo coordinado, nos estamos corresponsabilizando y es un equipo integrado por gente muy capaz, con mucha experiencia”.

“Y además, quiero decirte, que llevamos las pruebas que acreditan los delitos por los que se les va a formular imputación. Entonces, no tenemos temor de que vayamos a tener un mal resultado, porque tenemos todo para, en un primer momento, lograr vincular a proceso a quienes se les formule imputación y, finalmente, al terminar el proceso y la audiencia de juicio oral, tener sentencia condenatoria”, afirmó Salazar Núñez.

Unas de las audiencias que ya generó expectación es la que se llevará a cabo hoy viernes, en la que la Fiscalía Anticorrupción formulará imputación a las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así como la ex secretaria de Administración del Congreso local Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes judiciales, la juez de control que estará a cargo de la audiencia de formulación de las ex diputadas será Teresa Soto Martínez, quien fue proyectista y sigue siendo colaboradora cercana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López.

 

 

 

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