Maciel Calvo

Maciel Calvo

Dicho organismo pide que no se politice el caso de la estudiante asesinada.

En medio de la polémica por la detención y el proceso penal iniciado a dos estudiantes como presuntos responsables del feminicidio de la joven Mariana Valladares Castañeda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó a no politizar el caso y desmintió que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, haya iniciado una queja ante el organismo por presunta violación la autonomía universitaria.

A través de un comunicado, el encargado de despacho de la CDHEM y catedrático de la UAEM, Víctor Maruri Alquisira, dio a conocer que la comisión inició una queja de oficio por el feminicidio de la joven universitaria y abrió dos más.

La primera fue iniciada a petición de un estudiante que fue detenido por error por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. Y, la segunda, por los tutores del adolescente de 17 años identificado con las iniciales L.A.B.B., estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM e imputado como uno de los dos supuestos responsables de ultrajar y privar de la vida a Mariana.

El encargado de la CDHEM enfatizó que en ninguna de las quejas iniciadas está implicada como agraviada la UAEM, y desmintió la versión de que el rector, Gustavo Urquiza, habría presentado un recurso ante la comisión por violación a la autonomía universitaria, luego de que fue difundido el video del momento en que uno de los estudiantes es detenido en las instalaciones de la Preparatoria 1.

Ante la polémica por la incursión de agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) en instalaciones de la UAEM para detener a uno de los presuntos responsables del feminicidio, subrayó que “es importante señalar que la autonomía universitaria se resume en libertad de cátedra, libertad de ejercicio presupuestal y libertad para organizarse y elegir a sus autoridades, más no hace referencia a una extraterritorialidad o a un supra-poder que vuelva a la Universidad un espacio fuera de la jurisdicción de la ley en el Estado de Morelos. 

“Sin embargo -acotó- todas las detenciones de la Fiscalía General del Estado requieren el estricto apego a los Protocolos de Actuación, más al tratarse de alumnos de una Preparatoria de la Máxima Casa de Estudios del Estado, en la que se encuentran menores de edad y requieren ser notificados sus tutores. Lo anterior con el objeto de evitar cualquier violación a Derechos Humanos que pudiera entorpecer el debido proceso de los imputados, quienes de resultar responsables de dichos actos delictivos, deberán asumir las consecuencias”.  

Frente a las opiniones divididas, llamó a no politizar el feminicidio de Mariana y afirmó que los procesos de procuración e impartición de justicia deben desarrollarse sin especulaciones y diferencias de terceros, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las víctimas y personas involucradas, y evitar que la polarización de la sociedad retrase la pacificación del estado Morelos.

Agregó que realizará las diligencias para la investigación y resolución de las quejas, e instó a las autoridades a colaborar con la CDHEM con la oportuna entrega de informes para la correcta investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la noche del 9 de mayo, Mariana habría sido privada de la vida por los jóvenes imputados, tras negarse a sostener relaciones sexuales con ellos. Su cuerpo fue localizado un día después, desnudo y ultrajado, sobre el circuito Santa Fe, en el municipio de Xochitepec. 

 

      

Anuncian movilizaciones para exigir justicia por el crimen 

Lunes, 27 Mayo 2019 06:20

Terminan privilegios de fiscales

Entró en vigor la contrarreforma que acaba con pensiones, seguridad y otras prebendas; también regresa al DIF la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

La noche del miércoles se registró una fuerte movilización policiaca y militar en las inmediaciones de ese centro de reclusión.

La intoxicación de dos internos y la detención de diez personas en posesión de armas y droga cerca de la entrada al penal de Atlacholoaya, fueron las razones de la fuerte movilización policiaca y militar en las inmediaciones del centro de reclusión registrada la noche del miércoles.

El secretario técnico de la Comisión Estatal de Seguridad, Mario Isaac Vargas Santomé, desmintió los rumores sobre una riña colectiva al interior del penal y explicó que mientras se realizaba el mantenimiento al sistema de drenaje en el área de vinculados a proceso, uno de los internos cayó en una coladera y otro intentó rescatarlo, pero al aspirar los gases acumulados en el desagüe se desmayó.

El personal de custodia los sacó de inmediato y recibieron los primeros auxilios del médico del penal, para luego ser trasladados al Hospital General de Cuernavaca “José G. Parres” y atendidos por la intoxicación.

Además del accidente al interior del penal, las autoridades también confirmaron dos incidentes más que culminaron con la detención de diez personas que se encontraban en el exterior del centro de reclusión (cerca de la garita de revisión) en posesión de armas y droga, lo que motivó también la movilización para el aseguramiento de los sospechosos.

En el primer incidente, registrado cerca de las 8 de la noche, el personal de seguridad y custodia del penal tuvo conocimiento de una riña protagonizada por dos hombres justo en la primera garita de revisión.

Al intervenir los uniformados, ambos hombres intentaron huir, pero fueron asegurados. Al ser auscultados, al sujeto identificado como Alejandro “N”, de 38 años de edad, se le encontró un arma Glock, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido de 14 cartuchos útiles, mientras que al sujeto identificado como José de Jesús “N”, de 28 años de edad, le fue asegurada una pistola calibre 38 súper, abastecida de 9 cartuchos útiles, además de dos cargadores abastecidos con 9 cartuchos cada uno. 

En un segundo incidente, la Policía detectó que sobre la avenida Alta Tensión (que es la calle para llegar al penal de Atlacholoaya) se encontraban estacionados tres vehículos y un grupo de hombres discutiendo.

Al percatarse de la presencia policiaca, los hombres se subieron a dos de los autos (un Mercedes Benz y un Tsuru) para intentar huir, pero finalmente fueron interceptados y asegurados por los elementos.

Al revisar el vehículo Mercedes Benz se encontró un paquete envuelto con cinta canela con vegetal verde (marihuana) y una bolsa con enervante.

Por tal razón, los sujetos identificados como Gabriel “N”, de 30 años; Asiel “N”, de 20 años; Fernando “N”, de 22 años; Jonathan “N”, de 25 años; Lucio “N”, de 46 años; Fernando “N”, de 28 años; y Obed “N”, de 30 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Al respecto, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda señaló que es preocupante que haya personas armadas y en posesión de droga en la zona circundante del penal de Atlacholoaya, por lo que ya se abrió una investigación al respecto y se tendrá prioridad en la vigilancia del centro de reclusión, el cual –insistió el funcionario estatal- está bajo el control de la autoridad. 

 

 

El encargado de la seguridad pública en Quintana Roo asegura que las autoridades de Morelos violaron sus derechos humanos.

El organismo que defiende los derechos humanos en el país pide investigar y aplicar la ley a quien haga justicia por propia mano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el aumento de los linchamientos en el país y llamó a las autoridades no sólo prevenirlos sino investigar y aplicar la ley a quienes hacen justicia por su propia mano.

Al presentar el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el organismo señaló que la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia social, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.

Puntualizó que el aumento de los linchamientos, ilustra la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, el control sobre el territorio, y para garantizar la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad.

El titular la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los linchamientos son un problema vigente en el país, que se debe atender y prevenir, porque por sí mismos son conductas ilícitas, que no constituyen una vía para alcanzar la verdad ni la justicia, por lo que es indispensable que los casos que se presenten se registren, investiguen debidamente y, con base en ello, se impongan las sanciones procedentes.

Recalcó que la seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de particulares, porque esa no sólo es responsabilidad sino obligación de las autoridades garantizarla.

Pretender lo contrario, dijo, abre la puerta a que los ilícitos se combatan con otros ilícitos y la violencia se pretenda abatir con más violencia, al margen de la ley y de las instituciones.

De acuerdo con el informe especial, los linchamientos muestran tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.

En total, del 2015 al 2018 la CNDH registró 336 casos en 188 municipios del país. Al menos seis de ellos ocurrieron en algún municipio de Morelos. Los datos que se registran en 2019 confirman esa tendencia, ya que en los 5 primeros meses se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas, presentado durante todo 2018.

El Informe Especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, incluyó 10 propuestas que se formularon de manera temática y están dirigidas a autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del citado fenómeno, las cuales están dirigidas al Consejo de Seguridad Pública, Congreso de la Unión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejos Estatales y Consejos Regionales de Coordinación.

 

Linchamientos en Morelos

En julio de 2018, dio la vuelta al mundo la noticia de que en el municipio de Tetela del Volcán, ubicado en los Altos de Morelos, una turba linchó a un ciudadano colombiano, quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes.

Pese a que fue noticia internacional, la Fiscalía General del Estado no avanzó en la investigación sobre quiénes golpearon hasta la muerte al hombre, ni se esclareció si la víctima era inocente o si realmente estaba implicado en algún delito.

De acuerdo con investigaciones revisadas por la CNDH (Guillén & Veloz) entre 2010 y 2014 ocurrieron en Morelos, por lo menos 33 casos de linchamiento. Pero según las estadísticas recientes del organismo nacional, entre 2015 y 2018 documentó seis casos de linchamiento en Morelos, perpetrados en los municipios de Cuernavaca, Axochiapan, Tetela del Volcán y Tlayacapan.  

El robo o asalto fue la principal causa de linchamiento y se reportó que un 30% de los casos fue iniciado por transeúntes, un 25% por líderes comunitarios y un 20% por presuntas víctimas del linchado. El número de personas que participaron en el linchamiento fue de 10 a 50 aproximadamente. 

 

 

La Suprema Corte admite el recurso pero niega suspensión provisional.

El Ayuntamiento de Jojutla promovió una controversia constitucional contra el gobierno federal por su exclusión del Subsidio del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso de control constitucional 177/2019, pero negó la suspensión a la comuna de la región sur, que había solicitado la medida cautelar para efecto de que se frenara la entrega y aplicación de los recursos a los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Yautepec, que sí fueron seleccionados para ser beneficiarios del subsidio Fortaseg.

“En razón de lo anterior, atento a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede negar la suspensión, en razón de que no es dable conceder la medida cautelar en los términos pretendidos por el accionante, ya que la inclusión de los municipios referidos al otorgamiento del subsidio y la aplicación de los recursos que de él emanan, constituyen actos consumados que, bajo ninguna circunstancia, pueden dejar de ministrarse o suspenderse a través de esta vía incidental”, atendió la SCJN.

La ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, será quien analice el reclamo del Ayuntamiento de Jojutla y elabore el proyecto de resolución. 

 

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) adoptó un nuevo protocolo de actuación para la investigación de los crímenes relacionados con la orientación sexual de las víctimas.  

A través del acuerdo 03/2019, expedido por el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, se estableció la adopción y aplicación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

De esta manera, los servidores públicos de la fiscalía morelense están obligados a conocer y seguir las reglas de actuación establecidas en el protocolo para casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género en la investigación de hechos y la persecución de los responsables de aquellos, en casos que involucren a personas LGBTTTI, a fin de poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con perspectiva de género y no discriminación.

Para ello, la Coordinación General de Administración gestionará la capacitación de los servidores públicos de la institución para llevar a cabo la adopción y aplicación del protocolo. 

 

Un juez no vinculó a proceso al exalcalde de Cuautla, acusado de peculado.

Miércoles, 22 Mayo 2019 05:11

Exhortan a denunciar delitos de “El Ray”

El comisionado estatal de seguridad pide a transportistas de la región oriente no dejar de denunciar ilícitos como el robo de vehículos y la extorsión.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, llamó a los ciudadanos a ayudar a la Fiscalía General del Estado para robustecer la indagatoria que se le sigue a Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, y otrora líder criminal en la región oriente de Morelos, quien actualmente se encuentra bajo proceso por secuestro exprés y sujeto a investigación por diversos delitos.

Tras reunirse con un grupo de transportistas de la zona oriente, reconoció que el robo de vehículo se incrementó en un 30% en esa región, pero también pidió la colaboración de los concesionarios para prevenir y combatir el delito a través de la denuncia.

“Se les hizo ver que si no hay denuncia pronta, cuando ya nos avisan, ya sacaron el vehículo del estado y yo más allá del estado no puedo salir. Ya quedamos que aunque sea a través de una denuncia anónima, porque otra vez está el problema del miedo a denunciar, pues aunque sea con una denuncia anónima, en el momento en que sucede el robo nosotros nos activamos y tenemos ahorita filtros en varios puntos del estado para poder recuperar el vehículo de ellos”, dijo.

Expresó que los transportistas se quejaron de que son blanco de extorsión, pero es indispensable que ellos y el resto de los ciudadanos que han sido víctimas presenten sus denuncias, sobre todo porque “El Ray”, a quien se le atribuye la ola de violencia y delitos en la región, se encuentra preso y bajo proceso en el penal de Atlacholoaya.

“Que denuncien, por supuesto, porque ellos se quejan que toda su vida han estado extorsionados; entonces, es el momento que se sumen a la denuncia que se hizo; una persona hizo una denuncia y por eso está ahorita preso ‘El Ray’ y la fiscalía tiene dos meses para reunir las pruebas suficientes que se pueden ir sumando”, expresó.

Afirmó que tras la detención del capo, se vive en la región un impasse y bajaron tanto la violencia como los homicidios, porque los criminales están a la espera del destino de “El Ray” para después reactivar las disputas.

“Ha bajado un poco. Yo creo que ellos están esperado qué es lo que pasa con ‘El Ray’, si sale o no sale, y yo creo que después de eso ya vendrá la lucha por quien va a ser el próximo. Recuerden ustedes lo que pasó en la administración federal pasada, 120, 120 y tantos blancos prioritarios que puso el presidente Peña se aseguraron, pero la delincuencia no bajó, se empieza a dividirse más y entonces debemos de estar preparados para eso”, sostuvo.  

 

   

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