Maciel Calvo

Maciel Calvo

Rechaza que la entidad figure en el tercer lugar nacional en ese rubro.

La fiscal Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, informó que Morelos ocupa el lugar 13 en el ranking nacional de feminicidios y no en el tercero, como lo ubicó el Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Precisó que originalmente se abrieron carpetas de investigación por 17 feminicidios (ya que el protocolo exige que todos los asesinatos de mujeres así sean clasificados hasta que el avance de las investigaciones lo confirmen o reclasifiquen como homicidio), pero sólo 14 de ellos fueron corroborados como tales y tres casos fueron reclasificados.

“En este último año llevamos 17 feminicidios, ya se mandó una aclaración al Secretariado sobre la reclasificación de tres casos que ellos están reportando y que, sin embargo, ya con la investigación que hemos realizado, pues ya se ha hecho esta reclasificación, va (a) aparecer yo creo el próximo mes la aclaración con la reclasificación”, dijo.

Afirmó que, con la corrección de la cifra, Morelos tiene una disminución en la incidencia de este delito pero recalcó que no sólo se trata de reclasificar el ilícito de acuerdo con el avance de las investigaciones, sino también de homologar la clasificación con el resto de las entidades.

“Al hacer la revisión de la estadística nacional pues estamos en el lugar número 13, a mayo estamos en el número 13 junto con otras entidades federativas con las que compartimos la misma situación.

“Pero también es importante decir que el delito de feminicidio no está homologado en todo el país y que cada uno tendrá sus propias hipótesis (en los códigos penales estatales), y lo que para nosotros es feminicidio, tal vez para otros no lo sea”, explicó

Aseguró que la eficiencia en la investigación de este tipo de delitos es alta, lo que ha permitido alcanzar un 80 por ciento de resultados con detenido y con procesos abiertos ante un juez.

Cabe destacar que en los ámbitos nacional y local, existe un debate sobre la certeza de las estadísticas sobre feminicidio, ya que las fiscalías reportan un número inferior a los registrados por organizaciones civiles, que demandan homologar y establecer criterios claros, amplios y transparentes para la tipificación y clasificación de los asesinatos de mujeres, ya que la opacidad y la disparidad en las cifras no sólo ha obstaculizado la valoración de la dimensión del violencia contra la mujeres, sino generar políticas públicas adecuadas, oportunas y certeras.

 

 

Además, la Fiscalía del Estado informó sobre la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación a los tres presuntos  responsables del secuestro de un grupo de migrantes guatemaltecos, y en los próximos días se realizará la audiencia de vinculación a proceso. Además, la fiscalía informó de la detención de un hombre implicado en el homicidio de un ciudadano europeo.

En la sede de la Ciudad Judicial de Cuatla, Telésforo “N”, de 44 años y vecino del municipio de Ocuituco; Javier “N”, de 42 años, y Guadalupe Irma “N”, de 39 años de edad y originarios del municipio de Tepetlixpa, Estado de México, fueron señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables del secuestro agravado de los migrantes guatemaltecos Luis Arturo y Rudy Aroldo González Huite y de sus hijos de 17 y 10 años.

Los imputados fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva hasta que un juez determine si son o no sujetos a proceso penal por el delito imputado.

De acuerdo con la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso la representación social definirá si cuenta con elementos para atribuir a alguno de los tres detenidos el delito de homicidio, en agravio de Rudy Aroldo, quien perdió la vida tras ser degollado y cuyo cuerpo se localizó en un paraje del municipio de Ocuituco, junto con su hijo, que logró sobrevivir.

Por otra parte, la FGE también anunció la detención de José Antonio o Luis “N” por su posible participación en el homicidio de un ciudadano ítalo-español, Alberto Villani Olivares, de 37 años de edad.

El hombre fue privado de la vida con arma de fuego y su cuerpo fue dejado dentro de bolsas plásticas a un costado de la carretera Temilpa Viejo-San Rafael, en Tlaltizapán.

El imputado  fue puesto a disposición de un juez, quien ordenó mantenerlo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó para el 26 de julio la audiencia de vinculación a proceso.

 

El argumento oficial es la falta de recursos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adeuda pagos al menos a tres magistrados en retiro y alega que no cuenta con presupuesto para el pago de las pensiones.

Los magistrados Samuel Sotelo Salgado, actual consejero Jurídico del gobierno del estado, Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar y Wilfrido López Luna, desde junio de 2016 promovieron un juicio de amparo, al no recibir el pago completo de sus pensiones.

Pese a obtener la protección de la justicia federal, recientemente el tribunal informó al Juzgado Primero de Distrito, en el que fue radicado el juicio de amparo 460/2016,  que “se han realizado diversos pagos a los quejosos por concepto de pensión y aguinaldo del periodo comprendido de abril de dos mil quince a mayo de dos mil dieciséis.

“Además, hace del conocimiento que no cuenta con recursos económicos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo” con respecto a los adeudos pendientes. Hasta el momento se desconoce el monto de los adeudos a los magistrados en retiro, pero el TSJ ha insistido en que el Congreso debe etiquetar recursos suficientes para hacer frente a todos los decretos pensionarios que aprueba.

Cabe destacar que está en curso el cumplimiento de 116 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores judiciales jubilados, lo cual tiene en aprietos jurídicos a los tres Poderes del Estado, quienes están obligados a etiquetar y transferir recursos por un monto total de 105 millones pesos para el pago de las pensiones, pues en caso contrario, sus titulares podrían ser destituidos y enjuiciados por desacato judicial.  

 

 

La SCJN establece la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la prohibición del cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios.

La Primera Sala de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 294/2015, sostuvo que los intereses ordinarios constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero prestado, es decir, el precio pagado por el uso del dinero, mientras que los intereses moratorios consisten en la sanción que debe imponerse por la entrega tardía del dinero según lo pactado en el contrato.

En tanto, la usura es entendida como una explotación del hombre por el hombre, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, y se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo.

Con base en lo anterior, la Sala determinó que la usura puede ser configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en los intereses ordinarios como en los intereses moratorios, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada.

 

Miércoles, 24 Julio 2019 05:12

La FGE crea unidad canina

Auxiliará en la localización de cadáveres, restos humanos y narcóticos.

La Fiscalía General del Estado creó su unidad canina, con la finalidad de realizar de manera eficaz sus investigaciones, principalmente en aquellas en las que se requiera la localización de cadáveres, restos humanos y narcóticos.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo 10/2019 por el cual el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, instauró esta nueva unidad, aunque desde el 2011 la FGE incorporó por primera vez la utilización de perros a través de la técnica científica criminal denominada odorología criminalística, para la identificación molecular del olor humano a través del olfato canino.

La fiscalía recordó que la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Cruz Roja se apoyan en binomios caninos para la realización de operativos y acciones de prevención de delitos y para auxiliar a la población en caso de desastres, por lo que la nueva unidad será de gran utilidad para la institución.

El acuerdo estableció que la unidad canina alojará principalmente a canes de la raza pastor belga malinois y su entrenamiento consistirá principalmente en la búsqueda y rescate de personas con vida, cadáveres o restos óseos humanos y narcóticos, sin perjuicio de proporcionar un entrenamiento para la detección de armamento, artefactos explosivos, y papel moneda, cuando las necesidades de las investigaciones lo requieran.

El manejo de los perros estará a cargo de los elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes deberán ser capacitados y certificados previamente por personal calificado.

Además, la PIC estará obligada a proporcionar los cuidados y buen trato a los elementos caninos, y evitar lastimarlos, causarles dolor o cualquier agresión, sufrimiento o trato inhumano.

 

Miércoles, 24 Julio 2019 05:14

CDHEM atenderá queja contra exrector: Maruri

Activista amplió queja por presuntas amenazas contra el actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

La activista y representante de la organización defensora de derechos humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) a ampliar su queja por las amenazas que recibió del ex rector de la UAEM y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

Acompañada por miembros de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado”, acudió a la sede central del organismo estatal, donde fue recibida por Víctor Maruri Alquisira, secretario ejecutivo de la CDHEM, quien explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió al organismo local la queja iniciada por la activista, por tratarse de un funcionario de la administración pública estatal.

Díaz Pineda señaló que realizó una ampliación de la queja ante la comisión estatal, en virtud de que las autoridades estatales toleraron la amenaza y protegieron a Vera Jiménez en lugar de frenar la agresión.

Recordó que en mayo pasado en su cuenta personal de Facebook criticó los “faros de paz” y los diagnósticos de violencia que realiza ex rector de la UAEM sin la inclusión de mujeres, pese a la ola de agresiones contra mujeres y el incremento de los feminicidios en Morelos.

Posteriormente, recibió una llamada telefónica de Alejandro Vera reclamando el “periodicazo”. Afirma que el funcionario le dijo que ella no era nadie en comparación con su trayectoria académica y política y que él también sabía cosas para regresarle el “periodicazo”.

Díaz Pineda lamentó que su derecho a disentir y expresar su opinión a través de una red social haya ocasionado la reacción del servidor público y sostuvo que ni en los peores tiempos de Graco Ramírez, de cuyo gobierno fue una fuerte crítica, recibió una amenaza velada.

También criticó que, siendo Vera Jiménez un funcionario subordinado del Poder Ejecutivo estatal, se le permita asumir este tipo de actitudes, cuando lo único que se le pidió fue la inclusión de mujeres en esa estrategia de pacificación y diagnóstico sobre violencia, porque es justo este sector de la población el que sufre la violencia en todos sus tipos y el número de feminicidios es preocupante.

Hizo un llamado a frenar las amenazas y a respetar el derecho a la libertad de expresión, así como prevenir que en lo sucesivo ocurran más casos como el de ella.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CDHEM señaló que se dará el debido cauce a la queja presentada por la activista y se instará al gobierno de Morelos a establecer el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en virtud de que esperan atención el caso de Susana Díaz y varios más.

 

 

Uno de los detenidos es de Ocuituco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la aprehensión de tres presuntos implicados en el secuestro de cuatro migrantes guatemaltecos y el homicidio de uno de ellos en un paraje del municipio de Ocuituco.

De acuerdo con la fiscalía estatal, agentes de la Policía de Investigación Criminal arrestaron en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero de Cuautla, a Telesforo “N” de 44 años y vecino del municipio de Ocuituco;  a Javier “N” de 42 años y a Guadalupe Irma “N” de 39 años de edad, ambos habitantes del municipio de Tepetlixpa, Estado de México, a quienes se les aseguró un vehículo de la marca Chevrolet tipo Tahoe de color café, con placas de circulación MHV-6301 del Estado de México.

La mujer y los dos hombres fueron ingresados a la cárcel distrital de Cuautla, donde quedaron a disposición del juez de la causa y en las próximas horas se definirá su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado y lo que resulte en agravio de los cuatro migrantes guatemaltecos.

El fiscal de la Región Oriente de la FGE, Alejandro Chávez Carmona, detalló que la investigación del caso se realizó en coordinación con la fiscalía del Estado de México, donde dos de los migrantes fueron hospitalizados tras sufrir un intento de homicidio, mientras que en territorio morelense fue localizado un menor herido junto el cuerpo sin vida de su padre.

Detalló que, tras ingresar a territorio nacional, los migrantes Luis Arturo y Rudy Aroldo González Huite, junto con sus hijos menores de 17 y 10 años, fueron abandonados por el “pollero” en el estado de Jalisco y por sus propios medios se trasladaron al Estado de México, donde el 23 de junio contactaron a Javier, quien prometió llevarlos hasta Estados Unidos para reunirlos con el resto de su familia, pero primero tendrían que hacer una escala en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México.

Ya en territorio mexiquense, Javier, con ayuda de  Telésforo y Guadalupe Irma, los mantuvo secuestrados y exigió a sus familiares en Estados Unidos, con la amenaza de asesinarlos, un rescate de 12 mil dólares, cuya cantidad se desconoce si fue pagada en su totalidad, ya que se hicieron depósitos bancarios en diversas entidades, que fueron cobrados por otros implicados.

El 5 de julio los migrantes fueron sacados de la casa donde estaban retenidos. Luis Arturo y su hijo adolescente fueron llevados a una zona boscosa de Amecameca, en el Estado de México, donde fueron víctimas de un intento de degüello, pero afortunadamente fueron localizados con vida por las autoridades y trasladados a un hospital de la zona. 

Rudy Aroldo y su hijo Cristian Iban fueron trasladados al municipio de Ocuituco, Morelos, donde también sus agresores les cortaron el cuello. Sólo sobrevivió el menor, quien fue localizado el 6 de julio abrazado del cadáver de su padre y fue trasladado de inmediato a un hospital.

El fiscal Chávez Carmona indicó que la fiscalía continúa las investigaciones y por el momento no hay indicios que vinculen a los detenidos en otros casos similares.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Erick Flores, destacó que este fue un caso sui géneris y descartó que Morelos sea paso de migrantes. “Estamos muy atentos al tema migratorio y no es Morelos un estado paso de migrantes que quieran llegar a los Estados Unidos, esto es un caso absolutamente atípico, es un caso único, lo que no quiere decir que no pongamos atención”, dijo.

 

El fiscal general ratifica que la institución a su cargo admite la recomendación emitida por la CNDH para la investigación de la masacre ejecutada por policías de la CES contra una familia en noviembre de 2017.

En un primer momento, la indagatoria se focaliza en los autores materiales de los hechos, dice el titular de la FGE.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, descartó por el momento llamar a declarar ante el Ministerio Público a su antecesor, Javier Pérez Durón, y al extitular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, porque no hay indicios que los impliquen en la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia en el municipio de Temixco, y aseguró que las indagatorias se focalizarán primero en determinar quiénes y con qué armas se perpetró la masacre.

Expresó la aceptación total de la recomendación 21VG/2019, emitida hace unos días por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se confirmó que elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para intentar inculpar a las víctimas.

Sostuvo que hasta ahora no hay indicios que vinculen a los ex titulares de la CES y la FGE en el multihomicidio y la serie de irregularidades documentadas por la CNDH, y sólo si en el transcurso de la investigaciones surge algún elementos jurídicos, serán llamados a declarar sobre el caso.

“Hasta ahorita nada más tenemos los indicios que implican a los policías que materialmente intervinieron en el hecho, pero en el caso de que la investigación arroje que sus mandos tienen responsabilidad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate, incluido el comisionado, (y el ex fiscal estatal) Javier Pérez Durón también, si es que jurídicamente ellos tienen alguna responsabilidad los vamos a citar en la medida de que sea fundado y motivado, no vamos a caer nunca en tema político ni de golpeteo político, no nos vamos a prestar a eso pero, sí vamos a hacer una investigación a fondo en lo que falta y a quien corresponda la responsabilidad, se la vamos a fincar.

“Entonces tengan ustedes de la certeza de que no va (a) haber impunidad en ningún caso, pero en este momento soy muy claro: no tenemos razones para definir ni para decir que vamos a citar  a los anteriores cabezas de estas instituciones, hasta ahorita no estamos en ese punto.

“Ahorita estamos trabajando con los elementos que intervinieron materialmente en los hechos, porque ellos no han referido que hayan recibido una orden superior. Entonces, mientras no tengamos ese dato, no podemos decir que vamos a proceder a la investigación en relación con los mandos que tenían a su cargo las instituciones en la administración pasada”.

Sobre las armas entregadas por la CES a la FGE que no coinciden con las usadas en la ejecución de la familia, el fiscal explicó que eso es “la parte fina de esta investigación, es donde tenemos el problema”, ya que las pruebas periciales efectivamente comprueban que las armas entregadas por la comisión a la fiscalía no corresponde a los indicios balísticos localizados en la escena del crimen.

De acuerdo con la investigación que dio origen a la recomendación de la CNDH, elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

El organismo nacional sostuvo que fueron los elementos de la CES quienes la madruga del 30 de noviembre de 2017 entraron con violencia a la casa que habitaba José Valdez Chapa y su familia en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, y echó abajo la versión oficial del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño se reguardaron.

Además, el análisis químico aplicado a la vestimenta de las víctimas reveló que, al menos de una de ellas, recibió un disparo a quemarropa;  y que en la zona del baño, donde se resguardaron las cuatro mujeres, la bebé y el niño asesinados, por lo menos se utilizaron cuatro armas de fuego calibre nueve milímetros y ninguna correspondió a la supuesta arma encontrada a un costado de una de las mujeres acribilladas, lo que descartó la versión de que haya atacado a los policías.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existió concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; por los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas descartaron que hayan accionado armas de fuego y se corroboró que en el baño, donde se resguardaron del ataque policíaco, las víctimas no podían ver a los policías y mucho menos tenían espacio y ángulo de tiro.

 

Necesaria, la compra de vehículos: FGE

En otro tema, el fiscal estatal detalló que la institución adquirirá 40 autos compactos y 40 camionetas para la movilidad del personal administrativo y operativo, lo que permitirá mejorar el servicio a la ciudadanía, ejercer adecuadamente el presupuesto y evitar subejercicios.

Indicó que no está prevista la compra de unidades de lujo, salvo algunas camionetas blindadas que serán asignadas a las tareas o personal que requiera medidas de seguridad.

Por el momento, dijo, se realizan las proyecciones financieras y definen los procesos de adquisición de las unidades que son necesarias, ya que la mayor parte del parque vehicular de la fiscalía es obsoleto.

Respecto a las investigaciones sobre el atentado a la diputada, Erika García Zaragoza, aseguró que la principal línea de investigación se remite a un asunto personal de la legisladora, pero se negó a dar detalles.

 

 

Plantean desaparecer las cárceles distritales.

El sistema estatal penitenciario retomará el proyecto de la construcción de un nuevo penal en el oriente del estado, con miras a desaparecer las cárceles distritales.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce Bórquez, indicó que está prevista la construcción del nuevo centro penitenciario, cuyo proyecto fue planteado por la administración estatal anterior y exprofeso fue adquirido un predio en el municipio de Yecapixtla.

“Ya se tiene el terreno, ya solamente falta la decisión de la construcción y recursos, que es lo más importante”, señaló.  

Indicó que las cárceles distritales tienen una sobrepoblación aproximada del 26.7 por ciento, cuyo parámetro es mínimo en comparación con otras entidades.

Por lo pronto, sostuvo que para despresurizar los centros penitenciarios se continuará con la gestión ante el gobierno federal para el traslado de los reos peligrosos a centros de alta seguridad, cuyo proceso se realiza cuidadosamente para que los internos susceptibles de reubicación no recurran al juicio de amparo.

 

Colectivos demandan celeridad en la designación de un titular para dicha instancia, así como en la asignación de presupuesto.

Los colectivos Regresando a Casa Morelos y la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos reprocharon al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, la dilación en la emisión de la convocatoria para designar a quien dirigirá la Comisión de Búsqueda de Personas y la obtención de recursos federales para su operación.

En rueda de prensa, Lisbeth Cerón Salinas y Ana Luisa Garduño, representantes de ambos colectivos, explicaron que el decreto de creación estipuló que habría una persona encargada en tanto se designaba a un titular, sin embargo, desde el 18 de junio –en que entró en vigor la creación del nuevo organismo- se desconoce quién está temporalmente a cargo, y exigieron a Ojeda Cárdenas una reunión inmediata “para que se nos informe e incluya en el proceso de preparación de la búsqueda” de personas desaparecidas.

Señalaron que han transcurrido 24 de los 30 días hábiles previstos en el decreto para la emisión de la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda, pero a unos días de fenecer el plazo no hay visos de que la Secretaría de Gobierno aliste el documento.

También reprocharon la opacidad respecto a los recursos federales y estatales que, de acuerdo con la propia Secretaría de Gobierno, se obtendrían con la expedición del decreto de creación de la comisión estatal.

Señalaron que las comisiones estatales de búsqueda de nueve entidades han obtenido 11 millones de pesos -cada una- de fondos federales para su operatividad, mientras que el secretario de Gobierno aseguró que Morelos “estaba en pláticas” para obtener el financiamiento, pero hasta ahora nada se sabe sobre esos fondos.

Por ello, ambos colectivos exigieron una reunión inmediata con el responsable de la política interna, porque el tema no puede ser minimizado cuando las cifras oficiales indican que de 2018 a la fecha hay 450 personas reportadas como desaparecidas, y no han sido identificados los cuerpos localizados en fosas comunes.

 

 

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