Maciel Calvo

Maciel Calvo

La Corte determina que dicho principio constitucional no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales, por lo que las entidades federativas se encuentran obligadas a adoptar medidas tendientes a la paridad en la integración de las listas de candidaturas de representación proporcional, aunque éstas se definan después de la jornada electoral.

Lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 275/2015, suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumulados y, por la otra, los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados.

El Pleno determinó que si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa, el principio de paridad de género debe respetarse en las listas definitivas de candidaturas con que los partidos políticos finalmente participen en la asignación de diputaciones.

En esta resolución, la SCJN estableció que garantizar a través de la acción del Estado que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, no es optativo para las entidades federativas.

 

Entró en vigor el reglamento del Órgano Interno de Control de la FGE, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

Es deber de la dependencia dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control, para que pueda cumplir con su misión, dice el reglamento.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Reglamento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en las unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

El órgano interno, cuyo coordinador general es Ever Felipe Velarde Corrales, tiene a su cargo la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, así como la realización de auditorías y la resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y de inconformidades derivadas de procesos de licitación.

El nuevo reglamento interno contempla todos los procedimientos y las atribuciones para el adecuado funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que a su vez está vinculado al sistema anticorrupción.

De acuerdo con la nueva normatividad, el órgano de control será competente para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos propios, estatales y participaciones federales; y presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos o, en su caso, ante las instancias federales correspondientes.

De acuerdo con los artículos del reglamento, es deber de la FGE dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control interno, con la finalidad de cumplir con su misión.

 

 

Ocurrió el jueves de la semana pasada en Tetela del Volcán; video en redes sociales reveló el incidente.

Conceden a una juez del TSJ suspensión provisional.

Un juez federal concedió a una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una suspensión provisional, la que impide a Alejandro Becerra Arroyo entrar en funciones como representante de los jueces ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

De acuerdo con el juicio de amparo 742/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la medida cautelar a la juez de primera instancia, Mireya Díaz Cerón, para efecto de “abstenerse de expedir el nombramiento correspondiente, tomar protesta de ley, darle posesión y que entre en funciones el juez que en su caso se haya aprobado y designado para integrar la junta designada, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.

Si bien Becerra Arroyo, otrora coordinador de asesores del TSJ y juzgador con licencia, tomó protesta la misma noche del 3 de junio como representante de los jueces ante la Junta de Administración, el juez federal ordenó que no entre en funciones, en tanto resuelve si mantiene o no la suspensión hasta la resolución de fondo del juicio de garantías.

La designación fue recurrida por la juez Mireya Díaz Cerón, debido a que el 28 de mayo solicitó por escrito a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, que fuera contemplada para integrar la terna para la designación del represente de los jueces ante la Junta.

La juez consideró cumplir con los requisitos para aspirar al cargo, porque cuenta con una larga carrera judicial y ejercido sus funciones con total responsabilidad.

“Que en virtud del contenido de la circular número 38, emitida por este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que Usted preside, solicito respetuosamente que se me tome en consideración para integrar la terna correspondiente a la designación de Juez Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la cual deberá de proponer Usted ante el Pleno de esta institución, pues considero reunir los requisitos a que hace referencia el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el sentido de que debe considerarse en la terna a aquellos funcionarios que se distingan por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

“No omito hacer de su conocimiento que la suscrita tengo laborando en esta institución más de treinta años y me he desempeñado como Oficial Judicial, Actuaria, Secretaria de Acuerdos, Proyectista y Juez, realizando las actividades inherentes a cada encargo con absoluta responsabilidad”, explicó la juez, cuya petición fue ignorada por Cuevas López, quien ha sido severamente cuestionada por un grupo de magistrados y organizaciones de abogados por fomentar malas prácticas como el nepotismo y abuso de autoridad.

 

 

 

 

No hay denuncias formales por la presunta usura a la que se dedicarían ciudadanos de esa nacionalidad en la entidad, refiere la CES.

Unas 20 personas de ese país han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración en este año por irregularidades en su documentación.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tiene bajo la lupa a medio millar de ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio morelense, ante la sospecha de que algunos de ellos pudieran estar implicados en actividades ilícitas, como la usura por goteo.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que hay denuncias públicas, pero no formales, de ciudadanos que se quejan ser víctimas de células criminales integradas por extranjeros (generalmente de nacionalidad colombiana), que se dedican a prestar dinero a intereses altos y luego exigen el pago mediante métodos violentos.

Detalló que de acuerdo con información de inteligencia, en Morelos pudieran radicar al menos 500 ciudadanos colombianos y, en lo que va del año, unas 20 personas de esa nacionalidad han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración por irregularidades en su documentación, pero ninguna de ellas ha sido denunciada por delitos de extorsión y la usura, a través del llamado “goteo”.

El titular de la CES afirmó que ante la sospecha de la participación de algunos extranjeros en actividades ilícitas, dio la instrucción para que haya revisiones y atiendan las denuncias contra ciudadanos colombianos.

“Nosotros tenemos la consigna de, cuando vemos a alguien con las características colombianos (sic) y que nos llegue alguna denuncia, lo detenemos, y si no trae su pasaporte, los llevamos a migración”, explicó.

Expresó que si bien “no está prohibido el que presten dinero y aquellos que caen con ellos es su responsabilidad, el problema son los métodos para cobrar, porque si no les pagas, ellos después violentamente van a cobrar, que es donde dañan”.

Precisó que algunos portan visas de turista, y aunque realicen comercio lícito, su estancia en el país está restringida como visitante y no para realizar actividades económicas.  

Cabe recordar que el 31 de julio de 2018, en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, un ciudadano colombiano perdió la vida tras ser linchado por los pobladores, quienes acusaban que el hombre se dedicaba a la extorsión y el “goteo”, que consiste en dar préstamos sin aval ni garantías, que se pagan en cuotas pequeñas pero con altos intereses, y ante la imposibilidad de las víctimas de continuar con los pagos, son amedrentadas, golpeadas y hasta asesinadas.

Tras reunirse con empresarios, Ortiz Guarneros confirmó que fue deshabilitada la aplicación para celular del número de denuncia 911, debido a que su antecesor dejó una deuda de cuatro millones de pesos con la persona responsable y creadora de la app.

Indicó que se hacen las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que se cubra la deuda de la gestión anterior y continuar el trabajo con otra aplicación denominada “Halcón Seguro”, que en este momento está en fase piloto. 

 

 

Un grupo de magistrados señala presuntas irregularidades en la integración del órgano colegiado.

Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la sesión del lunes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entró en una nueva crisis por la forzada y cuestionada integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dejó una vez más en entredicho al ente responsable de impartir justicia y, al menos la mitad de los magistrados, amenaza con denunciar por la vía legal y política a la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró delicado que Cuevas López, junto con un grupo de magistrados, haya realizado una arbitraria e ilegal designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo, como representantes de los magistrados y jueces ante la junta.

Sostuvo que es muy grave que sin cumplir con el quórum legal (con al menos 10 magistrados presentes) y con sólo ocho magistrados de número apoyados por la magistrada supernumeraria Leticia Taboada, se hayan consumado las designaciones.

Además, dijo, es reprobable que Alejandro Becerra Arroyo, quien hasta el lunes se desempeñaba como coordinador de asesores y “apoderado” legal del Poder Judicial en diversos litigios, haya sido seleccionado como representante de los jueces.

Y es que si bien fue designado juez de primera instancia, no ejercía la función jurisdiccional por estar de licencia y realizando funciones distintas como colaborador cercano de la magistrada presidenta.

Lamentó el ejemplo de ilegalidad que da el TSJ a la sociedad, porque no existen argumentos jurídicos para justificar el atropello al estado de derecho y el mensaje es muy preocupante, ya que quienes violentaron la Constitución y su ley orgánica son los responsables de impartir justicia.

Ante la gravedad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hizo un llamado a los magistrados inconformes con la integración de la Junta de Vigilancia, a hacer uso de su legitimidad jurídica y moral para las iniciar las acciones legales necesarias para denunciar y combatir el acto ilegal.

“Exigimos a los magistrados disidentes a emprender acciones legales desde recurrir al amparo hasta el Congreso del Estado, porque la designación que hicieron Cuevas en complicidad con un grupo de magistrados está fuera de la ley”, dijo y señaló que los jueces inconformes con la designación de sus representantes ante la junta de administración pueden también recurrir a la vía del amparo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ y quien ha sido crítico de la gestión de Cuevas López, lamentó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura) haya nacido viciada y en medio de graves irregularidades como la falta de quórum para designar a Flores León y Becerra Arroyo, y que éste último, hasta antes de su designación, estuviera fuera del ejercicio de la administración de justicia y en funciones de coordinador de asesores de Cuevas López.

Dijo que la grave violación de la ley debe tener consecuencia, por lo que -en su opinión personal- es necesario plantear la posibilidad no sólo de recurrir al juicio de amparo para combatir la irregular integración de la junta, sino de generar denuncias ante la fiscalía estatal ante la probable comisión de un delito, hasta de recurrir al Congreso del Estado, donde está en trámite un juicio político promovido por un litigante contra la magistrada presidenta.

Expresó que por el momento no hay una definición de la ruta legal que se seguirá por este acontecimiento, pero aseguró que no debe quedar impune la violación al estado de derecho. 

 

 

El magistrado pidió auditoría “profunda” a la administración del Poder Judicial y reconoció que hay juzgadores corruptos, pero que la mayoría son honestos y entregan su vida por la institución

Su familia sólo recibe un apoyo económico por parte de la CEAV.

Los padres de Alan Israel Cerón, secuestrado y asesinado en 2011, exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que concrete la reparación integral del daño, después de cumplir con todos los trámites para acceder a una indemnización.

Rosa María Moreno, madre de Alan, acudió a la ofrenda dedicada a las víctimas de la violencia y la delincuencia, instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, y lamentó que después de tantos años, su hijo no sólo no tenga justicia, sino que la familia no hay podido acceder a la protección legal que prevé la Ley General de Víctimas.

Expresó que intermitentemente recibe un apoyo económico de la CEAV, pero lo que busca es que su caso sea debidamente atendido y que, después de ocho años de la muerte de su hijo, finalmente -como padres- puedan recibir del Estado Mexicano la reparación del daño.

“Me ponen trabas, que está, que no está (el dictamen de la CEAV) y por eso decidí hacer esto (protestar). No voy a negarlo, sí me dan una ayuda económica, pero ya quiero que esto se termine y haya una resolución”, explicó.

Expresó estar cansada y haber perdonado a los verdugos de su hijo de apenas 20 años, así como dijo tener poca esperanza de que los responsables sean juzgados y castigados.

Alan fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011 en Cuernavaca, y dos días después, apareció maniatado junto con otra persona del sexo femenino en Chilpancingo, Guerrero. Policías municipales de la capital guerrerense lo auxiliaron y trasladaron a una agencia del Ministerio Público para que pudiera iniciar su denuncia, pero tras apersonarse ante el agente del MP, el joven desapareció.

El 16 de mayo de 2012, en las inmediaciones del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizado el cuerpo de Alan, el cual fue identificado a través de pruebas de ADN.

 

La medida favorece el reemplacamiento: Hacienda.

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, extendió la vigencia del subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, los derechos por servicios de control vehicular y sus accesorios.

Según los motivos del acuerdo expedido por el gobierno del Morelos, la medida amerita debido a que está en curso el proceso de reemplacamiento de más de 800 mil unidades y los contribuyentes requieren mantener el subsidio.

“En virtud de que en el ejercicio fiscal del año 2019, se está realizando el canje total de placas en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana número NOM-001-SCT-2-2016, denominada: ‘Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físicomecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y Entidad Federativa o Dependencia de Gobierno, especificaciones y método de prueba’; se requiere establecer una medida compensatoria de carácter fiscal, para apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Con base en este argumento, las autoridades estatales decidieron extender la vigencia de subsidio fiscal hasta el próximo 30 de septiembre. 

 

 

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