Maciel Calvo

Maciel Calvo

No había presupuesto para reactivar la exhumación y reinhumación de cuerpos, dice el fiscal general, Uriel Carmona   

Domingo, 28 Abril 2019 04:42

Continúan operativos en bares

Una pareja fue detenida la noche del viernes en posesión de una pistola; la revisión se extiende a los municipios conurbados de Cuernavaca.

Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia de la Comisión Transitoria del TSJ para sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar.

Nuevamente un juzgado federal declaró la incompetencia de la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a los jueces y funcionarios judiciales, porque la instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, desde hace un año se niega a instaurar con el argumento de que el Congreso no realizó la modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

El Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a la Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Martha Renata Flores Contreras, a quien la Comisión Transitoria en diciembre de 2018 le impuso una sanción económica de 10 unidades de medida y actualización (806 pesos) y ordenó anotarlo en su expediente en la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora recurrió la sanción y se le concedió la protección de la justicia federal, debido a que la Comisión Transitoria carece de facultades para iniciar procedimientos y aplicar sanciones a los funcionarios judiciales.

El Juzgado Segundo de Distrito, quien hace unas semanas concedió un amparo a la juez mixto, Xochiquetzalli Puebla Peralta, reiteró su criterio sobre la incompetencia de la Comisión Transitoria y la nulidad de las sanciones impuestas, pues si bien es cierto que el Congreso no realizó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial – como se fijó en las reformas constitucionales en vigor desde hace un año- no existe impedimento para la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que debe sustituir al extinto Consejo de la Judicatura.

“En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto  del artículo 92 A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios  que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades.

“Además la disposición quinta transitoria  del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina  del Poder Judicial  o a sus integrantes”.

El 4 de abril de 2018 entró en vigor la reforma constitución por la cual se creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pero la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López, mantiene hasta hoy en funcionamiento a la Comisión Transitoria, integrada por ella y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón.

El argumento de Cuevas López y un grupo de magistrados afines es que debe operar dicha comisión hasta en tanto el Congreso no realice las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instaurar la junta. En el caso del primer amparo, la titular del TSJ anunció hace días que recurriría la resolución ante un tribunal colegiado.

Sin embargo, un grupo de magistrados disidentes han insistido en que es ilegal la operación de la Comisión Transitoria y han llamado reiteradamente a instalar la Junta, la cual debe ser integrada por el titular el turno del TSJ, así como un magistrado y un juez, los cuales serán electos por el Pleno del tribunal a partir de una terna que proponga el presidente del TSJ.

 

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del estado lamenta que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, alegue imposibilidades materiales y económicas para no cumplir con la investigación de delitos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) lamentó que la Fiscalía General del Estado alegue imposibilidades materiales y económicas para no cumplir el derecho al acceso a la justicia y haga investigación de delitos de manera selectiva.  

Mediante un comunicado, el organismo informó que de acuerdo con sus propias estadísticas, en lo que va del año han ocurrido 332 homicidios, de los cuales en 39 las víctimas fueron mujeres y hay al menos siete menores de edad.

Señaló que “nos encontramos preocupados por las condiciones de inseguridad y el estado de indefensión en el que nos encontramos al atravesar por un proceso de adaptación de nuestro modelo de seguridad”, y “estas cifras, recabadas por la propia CDHM, evidencian la vulneración a los derechos a la seguridad e integridad personales, a la vida, a un juicio justo, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, entre otros”.

Hizo un llamado a las autoridades a reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas; a dotar de las herramientas y capacitación necesarias para realizar su trabajo con apego a la normatividad jurídica mexicana; y no revictimizar a través del discurso de las autoridades encargadas de la seguridad, procuración e impartición de justicia, ni estigmatizar sectores sociales y mucho menos minimizar el estado de violencia en el que nos encontramos.

Tras las declaraciones del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, quien reconoció que se hace investigación selectiva de los homicidios que se consideran “importantes”, la CDHEM también llamó a esa institución a no poner pretextos para cumplir con su misión.

“En ese sentido, es importante recalcar que ninguna situación política, económica o personal es justificante para excusarse del cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan, por lo que conminamos a la Fiscalía General del Estado a integrar e investigar, sin distinción alguna, todas y cada una de las situaciones que llegan a esa institución, debiendo conducirse bajo los principios de igualdad y no discriminación en las actuaciones que emanen del ejercicio de sus facultades y obligaciones.

“De igual manera, hacemos un llamado a la ciudadanía para hacer un esfuerzo y confiar en las instituciones haciendo las denuncias correspondientes y ante cualquier acción u omisión de las instituciones, y acercarse a la CDHMorelos para iniciar las investigaciones por las violaciones a los Derechos Humanos que éstas pudieran llegar a representar”.

 

Jueves, 25 Abril 2019 05:10

Aplican multas por no sanear el Apatlaco

Los alcaldes de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Tlaltizapán deberán pagar 42 mil pesos por incumplir orden de juzgado a favor de la limpieza del río.

El Juzgado Cuarto de Distrito multó a tres presidentes municipales por incumplir con la primera medida cautelar ordenada para frenar la contaminación progresiva de la cuenca del río Apatlaco, dentro de la acción colectiva promovida por ciudadanos y ambientalistas del estado de Morelos.

Tras vencer el plazo de 15 días otorgado por la autoridad federal a 10 ayuntamientos para aplicar la primera medida precautoria ordenada, que consiste en identificar con precisión los puntos donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el río Apatlaco o sus afluentes, el juez de distrito impuso una sanción económica de 500 unidades de medida de actualización, equivalentes a 42 mil 245 pesos, a los funcionarios municipales que no acataron la orden judicial.

Los alcaldes sancionados son Fernando Aguilar Palma, de Emiliano Zapata; Mario Ocampo Ocampo, de Puente de Ixtla, y Alfredo Domínguez Mandujano, de Tlaltizapán. La misma sanción fue impuesta a los titulares del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata y el Organismo Operador Municipal de Conservación de Agua y Saneamiento de Puente de Ixtla.

“Por tanto, toda vez que de autos se advierte que no acreditan haber dado cumplimiento al auto referido ni manifiestan la imposibilidad que tuvieren para ello, aunado a que ya ha transcurrido el término en él concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de catorce de marzo de la anualidad actual y se impone a los codemandados precisados en el párrafo anterior, una multa por la cantidad equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN”, decretó el juzgado federal y apercibió con aplicar otra multa en caso de reiterar el incumplimiento de la medida cautelar.

A petición de los ayuntamientos de Cuernavaca, Zacatepec y Jiutepec, el juzgado federal otorgó una prórroga de 30 días hábiles para cumplir con la identificación de los puntos de descargas de aguas negras o residuales a la cuenta del Río Apatlaco.

Al municipio de Jojutla, que manifestó haber cumplido el mandato judicial, le dio un plazo de cinco días para presentar el plano o mapa de la identificación de las descargas; de lo contrario, no se dará por cumplida la medida.

En el caso de Xochitepec, que también afirmó haber cumplido, el juzgado federal solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) apoyar al órgano jurisdiccional en la certificación del acatamiento de la medida.

Además, solicitó a este ayuntamiento informar en un plazo de cinco días hábiles la capacidad de las plantas tratadoras de aguas residuales de la demarcación.

En el caso de Huitzilac, que también forma parte de los 10 municipios que atraviesa el río Apatlaco, aún no se le vence el plazo fijado por el juzgado.

En una acción inédita e histórica, a mediados de marzo, la juez Cuarto de Distrito, Griselda Sáenz Horta, decretó la aplicación de medidas cautelares dentro de la acción colectiva 17/2016, promovida por la colectividad “Habitantes del Estado de Morelos”, en las que ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como desde donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

La juez federal dio un plazo de 15 días para identificar los puntos de descarga y, concluido este plazo, fijó otros 30 días “para realizar las acciones necesarias para efecto de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje o alcantarillado, a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas”.

En caso contrario, apercibió con imponer a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

 

 

Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.

A través de un breve comunicado, la dependencia rechazó la postura del Congreso local, que exigió a la fiscalía especializada y a su titular, Juan Salazar Núñez, “conducirse con secrecía en todas las investigaciones y ponerse a trabajar”, “más cuando se trata de asuntos tan delicados donde se ha dañado tanto al erario público y donde la sociedad morelense exige justicia, ya que a tres años de la creación de esta Fiscalía no ha dado resultados”.

La fiscalía anticorrupción afirmó que nunca reveló datos sensibles y que la institución continuará su trabajo respetando la legalidad y el debido proceso.

“En relación al comunicado emitido por el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción aclara que en ningún momento se ha puesto en riesgo el proceso derivado de la denuncia iniciada por dicha instancia, en virtud de que los pormenores y detalles de la investigación son reservados y estos datos serán revelados hasta la audiencia respectiva.

“Esta institución siempre actúa y seguirá haciéndolo respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo, con total apego a la legalidad y de manera transparente, honesta e imparcial”, estableció en su comunicado.

La postura del Congreso surgió a raíz de que el martes la fiscalía dio a conocer que retiró la formulación de imputación contra las exlegisladoras y robustecerá la investigación con nueva información aportada por la exsecretaria de Administración del Congreso, Patricia Bandera Flores, quien inicialmente sería imputada junto con Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, pero la fiscalía retiró los cargos y ahora será su testigo.

 

 

En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

 

Al igual que la CIDH, la organización de litigantes critica que la fiscalía no investigue todos los delitos que se denuncian.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos coincidieron en que es grave que la Fiscalía General del Estado (FGE) procure justicia de manera selectiva, porque evidencia que la fiscalía permanece anquilosada y que persiste la impunidad que fomenta la violencia, al permitir que criminales delincan una y otras vez.

Luego de que el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aceptó que la FGE “prioriza” e investiga de manera selectiva los homicidios, el líder de los abogados barristas, Iván Velasco Alcocer, dijo que si bien es cierto que la institución sólo cuenta con 300 elementos de la Policía Investigación Criminal (PIC), el número no puede ser justificación de la ineficiencia e ineficacia, porque hasta podría ser menor la cantidad de agentes pero si fueran efectivos se verían los resultados.

Afirmó que pese a las reformas legislativas, la conversión a una fiscalía autónoma y el reciente incremento de presupuesto, la institución sigue anquilosada con sus viejos vicios.

Sostuvo que prevalece la corrupción y para que avancen los casos los ciudadanos tienen que dar dádivas, pero lo peor es que la estructura de la fiscalía permanece intocada y no hay un reingeniería que permita hacer operativas las áreas y desterrar las malas prácticas.

Lamentó las declaraciones del fiscal sobre la incapacidad de la institución para esclarecer los delitos, particularmente la investigación selectiva de homicidios, y que no tenga el control sobre la FGE, pues no sólo mantiene como colaboradores a gente de la cuestionada administración graquista sino que la estructura permanece intocada, a pesar de que no hay resultados significativos en el combate y persecución del delito.

Afirmó que el fiscal está obligado a realizar cambios estructurales y dar resultados, de lo contrario, él mismo debería fijarse un plazo y si no puede con las expectativas, que renuncie al cargo.

Agregó que mientras prevalezcan los altos índices de impunidad, se mantendrá el nivel de violencia en la entidad, porque los criminales saben que nadie los investigará ni los perseguirá para hacer frente a la justicia.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, también fue crítico con la postura del fiscal y afirmó que se expuso la grave situación en la que se encuentra la procuración de justicia.

“Es grave no sólo por lo que afirma el fiscal, sino porque hay una falta de procuración de justicia y los delitos siguen en impunidad. Entonces ante qué problema estamos, estamos en estado de indefensión, hay un problema estructural profundo”, expresó.

Resaltó que es preocupante que la fiscalía seleccione qué casos investiga, porque entonces su actuación se ciñe sólo a los casos que se considera “importantes” y deja en indefensión y sin justicia a muchas familias que han perdido a un ser querido.

Coincidió en que la FGE debe ser sometida a una reingeniería, pero igualmente las instituciones responsables de la prevención del delito y sanción delito.

Además, agregó, existen una serie de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre cómo reestructurar las fiscalías y ayudar a cumplir con su misión.

 

 

Miércoles, 24 Abril 2019 05:12

Retiran acusación contra exdiputadas

La Fiscalía dice que es para fortalecer la investigación; ahora, la exfuncionaria del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores –implicada inicialmente en la denuncia por peculado contra Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste- será testigo del caso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos retiró la formulación de imputación ante un juez contra las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, debido a que –aseguró- replanteará la investigación y las imputaciones contra la ex legisladoras, a partir del testimonio y nueva información aportada por la ex secretaria de administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora es testigo de la fiscalía.

A través de un comunicado, la fiscalía anticorrupción informó que, a petición del Congreso del Estado de Morelos, solicitó a la juez de control de primera instancia, Teresa Soto Martínez, cancelar la  audiencia de formulación de imputación, cuya petición fue autorizada por la juzgadora.

“Lo anterior -dice el comunicado- derivado también del criterio de oportunidad que le fue concedido a Patricia “N” la ex secretaria de Finanzas y Administración del H. Congreso de Morelos, quien ha proporcionado información relevante para la teoría del caso que servirá para acreditar el delito materia de la investigación. 

“Por esta situación, de nueva cuenta y a la brevedad se formulará imputación por los delitos que se configuren con los nuevos datos de prueba recabados”.

El pasado 29 de marzo, la fiscalía anticorrupción solicitó diferir la audiencia de formulación de imputación contra las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, a quienes se pretendía acusar por el presunto delito de peculado por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

La petición fue porque a las imputadas y sus abogados, al no fijar un domicilio para hacer notificaciones, no se les había entregado copia de la carpeta de investigación.

La vicefiscal anticorrupción Guadalupe Flores Servín explicó que tuvo que solicitar el diferimiento porque los abogados de las imputadas pretendieron “chicanear” el caso y provocar un error técnico, para después irse a juicio de amparo y alegar que se violó el debido proceso por no haber tenido, previó a la audiencia de formulación de imputación, acceso al expediente.

La audiencia se reprogramó para este martes 23 de abril, pero la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora tendrá calidad de testigo, por sus aportes a la investigación y que permitirán robustecer las carpeta de investigación, y en su momento reformular la imputación contra las ex legisladoras perredistas.

 

    

 

 

Continúan en calidad de detenidos en el Hospital General de Cuautla.

Isae “N” y Modesto “N” fueron vinculados a proceso como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por su probable participación en el ataque fue perpetrado en el restaurante “Los Estanques”, en el municipio de Cuautla, en el que fallecieron seis personas, tres de ellas, menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos imputados fueron reconocidos por testigos como parte del grupo criminal que ingresó al restaurante y disparó en contra de las víctimas, además de que dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, con lo que se comprobó que accionaron armas de fuego.

Los indiciados quedaron en calidad de detenidos en el Hospital General “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” de Cuautla, bajo el resguardo de personal de seguridad y custodia de Reinserción Social, en tanto que el juez de la causa dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

En torno a este caso, fue aproximadamente a las 17:30 horas del sábado 13 de abril, un grupo de personas (integrado por los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, sus familias y un residente) llegó al restaurante con razón social “Los Estanques”, que está ubicado en el poblado de Ex Hacienda El Hospital del municipio de Cuautla.

Los clientes pidieron un área privada, por lo que fueron ubicadas en la parte posterior del restaurante, que se encontraba apenas con la mitad de las mesas ocupadas por comensales.

Una de las hipótesis que investiga la FGE es que los médicos presuntamente convivían con Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, líder criminal en la región oriente, cuando el grupo armado ingresó al restaurante con el objetivo de asesinar a dicha persona.

El hombre habría logrado escapar de la refriega, que dejó a su paso la muerte de tres niños y tres adultos que acompañaban a los galenos, así como varios heridos.

 

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