Maciel Calvo

Maciel Calvo

Tienen hasta el 30 de septiembre para realizar el trámite.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) amplió el plazo para que las unidades del transporte público con y sin itinerario fijo cumplan con el cambio de identificación cromática, ya que en el proceso se detectaron algunas dificultades.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fueron publicados dos acuerdos expedidos por el titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, por los que autorizó extender el plazo dos meses más, para que los transportistas puedan cumplir con el requisito obligatorio para prestar el servicio.

“En virtud de que el canje de placas para el servicio público de transporte inició el 15 de mayo y estará vigente hasta el 28 de junio de 2019, se presenta el problema de que los vehículos que cumplen con la identidad cromática, deben rotular su número de placa en el toldo de la unidad.

“Sin embargo, al llevar a cabo el canje de placas de servicio público, están obteniendo un número de placas diferente, lo que obliga a ampliar el plazo para el cumplimiento de la identidad cromática hasta el 30 de septiembre, con el objeto de no generar mayor gasto a los transportistas y que tengan el tiempo suficiente para llevar a cabo el canje de placas; y ya con el nuevo número que les sea asignado, cumplir con la rotulación de la identidad cromática”.

Ambos acuerdos entrarán en vigor a partir de este 29 de junio, y la Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular, y la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, deberán de llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones.

 

  

José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad, reconoció que permanece la disputa entre criminales que buscan ocupar el liderazgo que dejó vacante el capo Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, quien se encuentra recluido en el penal de Atlacholoaya y bajo proceso penal por el delito de secuestro exprés y es investigado por su presunta participación en otros ilícitos.

Sostuvo que los homicidios dolosos se incrementaron en un veinte por ciento por las rivalidades entre delincuentes, pues mientras el “El Ray” enfrenta a la justicia, su segundo, identificado como “El Gato” o “El Profe”, busca mantenerse al frente del grupo criminal que operaba principalmente en la zona oriente de Morelos.

“El Ray está en prisión, y están viendo ahorita quién va a llevar el liderazgo de esa área, sabemos que hay un segundo de él,  “El Gato” o “El Profe” y que esto tiene que ver con el aumento de homicidios dolosos”, explicó.

Señaló que abril fue el más violento, con casi cien homicidios dolosos, y en lo que va del mes de junio se han registrado alrededor de 54 asesinatos, la mayoría de ellos relacionados con las disputas entre criminales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), en los primero cinco meses del año Morelos rebasó los 400 homicidios dolosos, crímenes que son perpetrados en su mayoría con arma de fuego.

Necesaria, coordinación interinstitucional para reanudar diligencias, señala.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, rechazó que pretenda dar carpetazo al caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y aseguró que cuenta con el presupuesto para dar continuidad a las diligencias en cuanto se reactive la coordinación interinstitucional para darle seguimiento.

Respondió a los reclamos de las activistas María y Amalia Hernández Hernández, quienes han denunciado que hay desinterés de la fiscalía para avanzar en los casos de la fosas, tanto en los pendientes relacionadas con la identificación genética de decenas de cuerpos, como en el deslinde de responsabilidades de exfuncionarios o funcionarios que permitieron la inhumación ilegal de cadáveres.

“A eso no se le ha dado carpetazo, sin embargo, para continuar con esos trabajos tenemos que coordinarnos con otras autoridades. Teníamos un tema de un presupuesto limitado, ese problema está resuelto ya, entonces, vamos a coordinar con las demás autoridades para avanzar en los trabajos de identificación de ese material (genético) que se encuentra ahí.

“No tenemos una fecha definida, pero en conjunto con las demás autoridades participantes los vamos a difundir, para que la sociedad se dé cuenta de que no hay carpetazo ni estamos ocultando nada”, sostuvo, tras participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, realizada en el Congreso de Morelos.  

Dijo que cuando asumió la titularidad de la fiscalía estatal recibió un juicio en trámite de dos presuntos responsables de la inhumación ilegal de los cuerpos, y sostuvo que se dará continuidad al proceso penal.

 

   

Jueves, 27 Junio 2019 05:12

Ombudsman defiende su designación

Israel Hernández Cruz se deslinda del exgobernador Graco Ramírez.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, pidió ser juzgado por sus actos y omisiones como ombudsman, y expresó su respeto a quienes cuestionan su nombramiento.

Al realizar el acto protocolario de entrega-recepción del organismo, rechazó haber sido impulsado por el exgobernador Graco Ramírez, y aseguró que cumplió con todos los requisitos legales para ocupar al cargo, a pesar de que no acreditó experiencia en el tema.

Cuestionado sobre los amparos que presentarán al menos cinco de los 22 aspirantes que compitieron por la presidencia de la comisión, afirmó que respetará las acciones legales que emprendan quienes disientan de la decisión del Congreso del estado sobre su designación, y acatará las resoluciones judiciales que se pronuncien al respecto en el momento oportuno,

Se desmarcó del exmandatario perredista y aseguró que no sólo ejerció como notario, sino que durante su trayectoria profesional laboró en los tres Poderes del Estado, incluso, durante la gestión del gobernador panista Marco Adame, y conoció la actividad administrativa de la entidad, incluyendo –dijo- la defensa de los derechos humanos.

Insistió en que respeta las opiniones que descalifican o desestiman su trayectoria, pero pidió ser juzgado por sus actos y omisiones al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“Respeto todas las posiciones, lo único que pido es que se me juzgue con lo que haga o deje de hacer durante mi trayectoria y en mi paso en esta comisión, y no por apreciaciones subjetivas que se tendrán que demostrar”, recalcó.

Aclaró que es falsa la ficha y orden de aprehensión con el formato de Plataforma México que circula en redes sociales, pues aseguró que fue “fabricada” y difundida hace tres años por una persona que pretendió afectarlo.

Señaló que cubrió los requisitos legales para ser ombudsman y que entre la documentación presentada al Congreso local están las constancias de antecedentes no penales y de no inhabilitación tanto a nivel local como federal.   

Agregó que al tomar las riendas del organismo dará continuidad a lo que ha funcionado, trabajará con las organizaciones civiles e impulsará iniciativas de ley para que haya un buen andamiaje legal para la defensa de los derechos humanos.

 

 

El afluente conocido como Rivetex es afectado presuntamente por el vertido de aguas residuales de una fábrica textil.

Nuevamente, ciudadanos denunciaron la contaminación de la barranca de Rivetex, en Cuernavaca, la cual en las últimas semanas cambió de coloración de gris a azul, y hasta un rojo intenso, presuntamente por el vertido de aguas residuales de una fábrica textil.

Jorge Arturo Díaz de Sandi, presidente de la Asociación de Colonos de Delicias Cuernavaca, explicó que detectaron que desde el 30 de mayo la barranca conocida como Rivetex comenzó a tener distintas coloraciones, y destacó la grave contaminación de este afluente que atraviesa una parte importante de la ciudad.

Señaló que -de por sí- la barranca está contaminada  por las aguas residuales y la basura que arrojan vecinos de colonias como la Antonio Barona, pero a pesar de las afectaciones y los riesgos que representa, ninguna autoridad ha querido tomar cartas en el caso.

Mostró fotos tomadas el 31 de mayo y el 6 de junio, en las que se ve claramente el cambio de coloración del agua que corre por la barranca.

Además, mostró cómo con las lluvias de las últimas horas se formaron tapones de basura sobre el afluente, pero parece que a ninguna autoridad le interesa atender debidamente este problema que afecta a todos.

Incluso, señaló que pidieron la intervención de la Comisión Nacional del Agua, pero ésta refirió que el tema es competencia del Ayuntamiento capitalino y del Sistema de Agua Potable y de Cuernavaca (SAPAC).

Ante ello, hizo un llamado urgente para que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan para detectar la fuente de contaminación de la barranca y remediar el daño ocasionado.

 

No se cumplieron requisitos legales en el proceso de designación, afirman.

La reciente designación como ombudsman estatal del notario Israel Hernández Cruz será impugnada por al menos cinco de los aspirantes a ocupar el cargo, por considerar que el Congreso local no respetó la ley ni Hernández Cruz cumplió con los requisitos para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Clara Soto Castor, una de las aspirante inconformes, lamentó que el Congreso haya designado como ombudsman “a una persona que no reunió los requisitos constitucionales, los requisitos legales, y los requisitos de la convocatoria, y desde luego se vulneró los procedimientos que debieron observarse”.

Recordó que Hernández Cruz no cumplió con el requisito de contar con experiencia en la defensa de los derechos humanos, ya que en los últimos años se desempeñó como burócrata en la administración de Graco Ramírez y, aparentemente hasta su designación y toma de protesta, seguía en funciones de notario.

Recalcó que  tampoco cubrió el requisito de gozar de buena fama pública, porque trascendió que cuenta con una orden de aprehensión con registro en Plataforma México, es señalado de haber sido presuntamente participe en fraudes en verificentros y cuenta con una inhabilitación para ocupar cargos públicos, “así que buena fama entre los morelense no tiene”.

Afirmó que el procedimiento de designación estuvo viciado y “es una afrenta y una burla para quienes sí tenemos trabajo en derechos humanos y para quienes participamos de buena fe, creyendo que habría seriedad de los legisladores, aspecto que no se cumplió”.

María Ampudia González, otra de las aspirantes inconformes y que expresó su intención de recurrir la designación a través del juicio de amparo, señaló que era público que Hernández Cruz era candidato del fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien también fungía como notario antes de ocupar el cargo, y eso resulta preocupante porque los garantes de la ley pasan sobre ella.

“Me pone en alerta y sobre todo me preocupa, porque se supone que los notarios, al igual que los jueces, son gente que debe tener una auténtica vocación de servicio, pero sobre todo una auténtica vocación de legalidad. Si llegamos al grado de que los notarios están dentro de la corrupción, pues como pueblo ya acabamos”, afirmó.

Sostuvo que no se trata de defender un puesto, sino que cinco personas decidieron levantar la voz y expresar que no están de acuerdo con la decisión legislativa, “y lo único que quiero decir a los diputados es que ellos son responsables y garantes de los derechos humanos y hoy nos fallaron”.

Lucio Alfonso Rubio Anteliz, miembro de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Morelos y aspirante a ombudsman, afirmó que no hubo un proceso transparente de evaluación para conocer tanto el cumplimiento de los requisitos legales como los méritos de cada uno de los candidatos, y así determinar quién era merecedor de cargo.

Afirmó que se violó sistemáticamente la ley con el nombramiento del notario número 13  y por ello el caso no sólo quedará en los tribunales federales sino se buscará que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es necesario, al haber preceptos que requieren de interpretación constitucional.

Dijo que recurrir ante los tribunales la designación de Hernández Cruz también es “para llamar a los legisladores al orden, a la legalidad y que generemos un ambiente de paz de tranquilidad, de seguridad y que las personas que nos están representando si están trabajando correctamente”.

 

Miércoles, 26 Junio 2019 05:12

Ignorarán magistrados acuerdo del Congreso

El TSJ considera que carece de validez la decisión de abrogar el periodo de 20 años en el cargo.

El Poder Judicial desconoció el acuerdo aprobado por el Congreso local para abrogar la extensión del periodo de los magistrados a 20 años y anunció medidas legales para contrarrestar la decisión legislativa.

A través de un breve comunicado, el Tribunal Superior de Justicia recalcó que el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, legalmente solo tiene un alcance de pronunciamiento, exhorto o recomendación, y de ningún modo está por encima de lo que establece la Constitución del Estado de Morelos.  

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el Congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la lógica jurídica”, recalcó y advirtió que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”.

Agregó que  TSJ respeta la división de poderes, pero está comprometido con la defensa de la autonomía e independencia, el estado de derecho y principalmente la Constitución.

La legislatura anterior realizó una reforma constitucional para extender de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados, lo cual fue criticado por diversos sectores sociales.

Incluso, a petición de organizaciones de abogados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma.

 

  

Su salario promedio es de siete mil pesos desde hace siete años; afirman.

Un grupo de elementos de la Policía Industrial Bancaria (Piba) protestó en el Zócalo de Cuernavaca para exigir aumento salarial y mejoras laborales, después de siete años de recibir las mismas remuneraciones, pese a que la Comisión de Estatal de Seguridad (CES) cobra por el servicio a las empresas y la corporación es autofinanciable.

“Nuestra manifestación es por la falta de aumento salarial, a la cual llevamos entre siete y ocho años que no nos han dado ningún aumento, nos han estado diciendo que pa’ la otra quincena y que pá la otra quincena y no sé para cuál quincena”, dijo uno de los inconformes.

La comisión de elementos señaló que la Piba es una corporación autofinanciable, de la que la CES anualmente obtiene ingresos de entre 78 y 80 millones de pesos, cuya cantidad es suficientes para costear tanto la operación como ingresos dignos para los más de 700 elementos que prestan el servicio de seguridad a empresas.

Aseguró que mientras la CES presume que los integrantes de la Piba ganan alrededor de 12 mil pesos mensuales, la realidad es que el salario promedio de los miembros de esta corporación es de siete mil pesos.

Por ello, la comisión de elementos lanzó un llamado al gobierno del estado y particularmente a la CES, para que se respeten sus garantías laborales y mejoren sus ingresos.

Tras la protesta, por medio de un comunicado, la CES informó que desde noviembre de 2018 los 529 oficiales que forman parte de la PIBA recibieron uniformes y chalecos antibalas como parte del proceso de dignificación de la corporación.

El director de la PIBA, Juan Pablo Roldán Minero, atendió a una comisión de oficiales inconformes, con el propósito de darle seguimiento a sus peticiones, señaló el mismo comunicado.

 

 

Activistas iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Uriel Carmona pretende dar carpetazo al asunto, señalan denunciantes.

Las activistas María y Amalia Hernández Hernández iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, por omisión y obstaculizar las investigaciones y el proceso penal contra los ex servidores público implicados en la violación de derechos humanos e inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosa de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Acompañadas de su abogado David Marroquín Ojeda, las denunciantes acudieron a la sede de la fiscalía anticorrupción para abrir la carpeta de investigación y buscar que se finque responsabilidad al titular de la Fiscalía General del Estado, porque pretende –dijeron- dar carpetazo al tema de las fosas.

“Llevamos dos años de supuesta investigación, en la que no se ha llevado por parte del agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o identificar la identidad de los probables responsables.

“Independientemente de esto se retiró una formulación de imputación en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira (ex coordinadora general de Servicios Periciales de la otrora procuraduría estatal) sin justificación alguna, esto fue en marzo de 2018 y hasta la fecha no tenemos ningún información, acuerdo o  resolución del motivo por el cual el fiscal general ordenó ese retiro de acusación al licenciado Pablo Casales (otro presunto implicado en el caso)”, explicó el abogado de María y Amalia, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, joven secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue mandado a la fosa  común de Tetelcingo, a pesar de que la familia lo identificó y reclamó la entrega para darle sepultura.

El litigante señaló que hasta el momento sólo hay un proceso penal abierto en contra de dos ex funcionarios de la otrora procuraduría – el cual después de cuatro años avanza lentamente- y la FGE omite cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 48/2016, en la que se estableció que al menos 42 funcionarios incurrieron en alguna responsabilidad, al inhumar ilegalmente y sin protocolo alguno 118 cuerpos en la fosa de Tetelcingo.

Amalia Hernández expresó sus reservas respecto a que la fiscalía anticorrupción proceda contra el fiscal general, sin embargo, señaló que es un paso necesario para exigir que no se dé carpetazo al tema de fosas, en el que todavía hay mucho por investigar.

 

Es beneficiaria de una de las “pensiones doradas”.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y excandidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso, tras ser una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la imputada fuese sujeta a proceso penal.

A solicitud de la representación social y la defensa de la imputada, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal JC/698/2019. 

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista, Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

El decreto pensionario de la exfuncionaria, al igual que 70 más, fue sometido a revisión por la actual legislatura, quien determinó revocar dicho decreto y ordenó a la dirección jurídica del órgano legislativo iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón, por la presentación de documentación dudosa o falsa y por no acreditarse que efectivamente laboró al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión por jubilación que le fue concedida. 

 

 

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