Pedirán al Congreso del estado no aprobar leyes de coordinación fiscal que incluyen el cobro de conceptos y servicios que deben ser gratuitos.

Líderes de cámaras de comercio, empresariales y de prestación de servicios adelantaron que pedirán al Congreso local, a través de un posicionamiento por escrito, no aprobar las leyes de coordinación fiscal de los ayuntamientos porque violan normas en la prestación de diversos servicios que deben ser gratuitos.

Durante un encuentro de líderes al que concurrieron, entre otros, Antonio Sánchez Purón, de la Cámara Nacional de Comercio (Canacope); Harry Nielsen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac); así como de la Canacope, José Salgado, decidieron ir en un frente común, a fin de defender los intereses del gremio.

Nielsen destacó que a la reunión estuvieron convocados también los representantes de la Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de Coparmex, sin embargo, no llegaron. Luego expusieron parte de sus inconformidades en lo que se refiere a la Ley de Coordinación Fiscal, que contempla servicios gratuitos como los que presta la Dirección General de Protección Civil de los ayuntamientos.

Los tres dirigentes coincidieron en que sin respaldo legal alguno, esas instancias aplican cobros por revisión a los negocios, que oscilan entre 800 y mil 100 pesos, haciendo hincapié en que Cuernavaca exige mil 80 pesos por ese concepto.

Para el correcto funcionamiento de los establecimientos expendedores de alimentos, se tiene que solicitar a las alcaldías la tarjeta de salud, pues es otro concepto que es igualmente gravado con un costo. Y en lo que se refiere a Desarrollo Sustentable, hay que hacer una serie de trámites, en negocios que pudieran generar algún inconveniente en materia; todo eso tiene un precio.

El representante de la Canirac aclaró que no se trata de buscar privilegios o favores, lo que se exige es que se respete la ley, ya que todos esos conceptos y muchos otros más, que al paso de los años se comenzaron a cobrar, son obligaciones de las dependencias gubernamentales referidas y es el recinto legislativo el que debe hacer las precisiones respectivas, a fin de que se acabe con esos abusos.

Y acusaron al Poder Legislativo de haberse prestado a todas esas acciones con conocimiento de causa en el pasado. Desde luego que se dieron complicidades, poniendo en riesgo las inversiones, porque para poder levantar la cortina de algún establecimiento, hay que entrar en una larga pesadilla de requisitos, destacaron.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, abundaron, las direcciones de gobernación, mediante sus inspectores, son otra plaga que operan a partir de extorsiones y atracos de toda naturaleza y por cualquier pretexto. Por lo tanto, anticiparon de la entrega del documento al Congreso, de no existir respuesta, recurrirán a los amparos colectivos y sobre ello, uno de los asesores de las cámaras, Enrique Paredes Sotelo, comentó que sí es procedente interponer esas medidas de defensa, sólo hay que hacerlo a partir de afiliados a algunos de esos organismos.