La transición de las facultades de las juntas laborales locales al Poder Judicial costará recursos que Morelos no tiene, dice el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Es necesario que el gobierno del estado comience a establecer contactos con el gremio de abogados laboralistas para ir preparando el camino hacia la transferencia de las juntas locales en la materia hacia el Poder Judicial, indicó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Sostuvo que “nosotros continuamos insistiendo en que el nuevo sistema de justicia adversarial ha sido un verdadero fracaso; más aun, todavía no acaba  de concluirse ese proceso y nos encontramos en medio de dos sistemas que no resuelven las demandas de justicia y tenemos elementos para advertir que lo mismo pasará en materia laboral”.

Recordó que “hace unas semanas, asistimos a una reunión con el titular nacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), y el señor decía que para poder iniciar el nuevo sistema a través de los diversos Tribunales Superiores de Justicia se requerirá de un capital mínimo de 380 millones de pesos por estado”.

Y destacó que “¿de dónde se va a sacar, en el caso de nuestra entidad? porque a nivel local, el TSJ enfrenta de sí, serios problemas presupuestales para el desempeño de sus actuales responsabilidades, pero pronto deberá hacerse cargo de la justicia laboral”.

Incluso, calculó que el presupuesto requerido pudiera alcanzar los 500 millones de pesos, ya que se tiene que construir  un espacio como Centro de Conciliación que deberá ser el corazón y espíritu del nuevo sistema.

Pero hizo hincapié en que el gobierno estatal debe iniciar un acercamiento con los abogados laboralistas a fin de empujar un trabajo conjunto y buscar tomar decisiones de manera colegiada si es que se desea comenzar con el pie derecho.

“Lo que tenemos entendido –abundó- es que en el estado no hay mucho presupuesto del cual echar mano, habría que ver si la Federación está dispuesta a hacer algunas aportaciones a las entidades federativas, lo cual sería lo más lógico si se desea acelerar el proceso, pero aún así, la transición llevaría dos o tres años, no es cosa de semanas o meses”.

Y abundó en el sentido de que “lo que a nosotros nos preocupa es que la titular del Tribunal Superior  de Justicia no tiene ni idea de lo que es la justicia laboral y será la encargada de darle forma al nuevo modelo; ojalá se deje ayudar”.