El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Iván Arenas Ángeles exhortó al Congreso del estado a realizar, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) una auditoría especial a la gestión de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante las quejas de los trabajadores jubilados sobre el retraso en el pago de sus pensiones, pese a las transferencias realizadas por el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Consideró un error de la representante del Poder Judicial cuestionar ante la SCJN el proceso legislativo realizado por los diputados para cumplir con el fallo del tribunal constitucional, que ordenó dotar al tribunal local de los recursos suficientes para cumplir con el pago de las pensiones de decenas de trabajadores judiciales en retiro.
Y es que, en al menos en diez sentencias de controversias constitucionales, el Poder Judicial denunció ante la SCJN haber “detectado irregularidades en el proceso legislativo”, por el cual se realizaron modificaciones al presupuesto de egresos de 2019 para redireccionar 26 millones de pesos para el pago de la pensiones de trabajadores judiciales y dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales.
Consideró que el Poder Judicial no puede entrometerse en la vida interna de otro poder y, en todo caso, corresponderá a la SCJN determinar si se cumplió o no con la sentencias en cuestión. Además, advirtió que este tipo de decisiones son tomadas de manera personal y con fines políticos por parte de Cuevas López, y no pasan por el consenso y aprobación de quienes integran el Pleno del TSJ.
A cinco meses de que culmine la gestión de la magistrada presidenta, el magistrado consideró necesario que la ESAF revise cómo son administrados los recursos destinados a las pensiones, ya que hay quejas de los trabajadores de que hay retraso de más de un mes en sus pagos, pese a que el Poder Ejecutivo suministró los fondos en cumplimiento del fallo judicial.
Dijo que hay opacidad en el manejo de los recursos y cuestionamientos serios de parte de los trabajadores afectados, por lo que lo ideal sería que se fiscalicen los recursos.
“Ese es el llamado que yo haría, que se practique una auditoría especial por parte de la auditoría de fiscalización del Congreso del estado para que se transparente este proceso que va a empezar a vivir el tribunal, por lo que estamos esperando que haya un cambio de administración en el tribunal, en el que se tenga que dejar muy claro y de manera transparente qué se estuvo haciendo con todo este dinero, porqué se ha tardado en entregar el dinero a la gente y bueno, de alguna manera se puedan entregar cuentas claras. Y esto es sólo un rubro, de un tema, porque hay otras cuestiones que se tienen que revisar”, señaló.
Recordó que hay un juicio de amparo, a través del cual se dio vista al agente del Ministerio Público, sobre el caso de una trabajadora del tribunal, cuya diferencia adeudada de su salario fue de aproximadamente 40 mil pesos y el TSJ solicitó 700 mil para cubrirlo, lo que sugiere una anomalía.
Por ello, insistió en que el tema de los recursos destinados a las pensiones y otros temas financieros deben ser revisados por el órgano fiscalizador.
