Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos, detalló que “la familia del agresor va a buscar a la mamá de la niña y hay un enfrentamiento. Están sufriendo amenazas no solamente la mamá, el papá y la familia de María, sino también las maestras que estuvieron dándole clases el año pasado a la niña”.

La activista pidió medidas cautelares para la familia y exigió al Ministerio Público que de inmediato concluya las investigaciones y extienda el documento en el cual ordena el aborto legal de la menor, ya que dicho embarazo pone en riesgo su vida. Y es que tras la denuncia pública del caso, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ofreció apoyar a la menor con asistencia legal, para que la pequeña pueda interrumpir la gestación, producto de la agresión sexual.

Díaz Pineda insistió en que “las condiciones físicas en las que se encuentra la menor no son para que lleve a término un embarazo, la desnutrición que asoma es evidente, no podemos decir que es una niña que está ni física, ni mental… Emocionalmente no está apta para un embarazo así”.

No obstante, recalcó la exigencia de protección de la menor y su familia por parte de las autoridades, para evitar que la familia del agresor cumpla con las amenazas realizadas para intentar que la víctima cese su denuncia.