Santiago Pérez Ayala, director jurídico del Ayuntamiento de Jojutla, dio a conocer que luego de las medidas de apremio que aplicara el tribunal estatal hacia el Ayuntamiento, incluida una multa, la semana anterior el cabildo aprobó pagar cerca de 700 mil pesos al ex trabajador Antonio Morales, despedido en el año 2004.

“Recibimos varios laudos de las administraciones pasadas, muchos de ellos ya firmes, en etapa de ejecución. Se han hecho las negociaciones con los abogados, para avanzar en el cubrimiento de esos laudos, pero debido a que estamos limitados en la capacidad presupuestaria, no se han cubierto en su totalidad”, dijo.

Reconoció que los abogados de los trabajadores demandantes “hacen su hacen su trabajo y presionan de manera jurídica para que se aperciba y se apremie al ayuntamiento, que a la larga, tiene que pagar y de eso está consciente”.

Dijo no tener “el dato preciso” de cuántas demandas perdidas existen y cuánto hay que pagar, pero aseguró que por lo menos la semana pasada, ya se aprobó pagar la cantidad mencionada al ex trabajador, porque llegó a la ultima instancia y el juez federal apremió al TECA para que cumpliera con el requerimiento.

“Hablamos de cerca de 700 mil pesos, el acuerdo del cabildo salió y se ordenó al tesorero que diera al cumplimiento al mismo; ya se verá, de a acuerdo con la capacidad del Ayuntamiento, cómo se pagará.”

Destacó que todavía existen por pagar aproximadamente 20 laudos que están pendientes. “Dos o tres ya agotaron todas las instancias, entre ellos, el de Baltazar Islas. Ya tenemos el requerimiento en forma; estamos viendo cómo cubrirlo, toda vez que los abogados son los mismos que llevan otros laudos.”

Refirió que hace poco, el municipio recibió dos millones de pesos para el pago de situaciones semejantes, que sólo alcanzó para pagar a cuatro o cinco ex trabajadores.

Ante la versión de que de no pagar, tanto el alcalde Enrique Retiguín, como la síndico Alejandra Rodríguez Salazar, serían separados de sus respectivos cargos, el jurídico aseguró que no existe tal riesgo.

“No lo hay, porque cuando un juez emite una resolución ejecutoria de amparo, va en contra la autoridad responsable, es decir, quien emitió el acto, y aquí, el acto lo emitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en razón del laudo. La parte afectada (el ex trabajador) presentó un amparo, una vez agotado el procedimiento de amparo, le concedió el amparo y en consecuencia, la autoridad federal está requiriendo al tribunal estatal, no al edil ni síndico, sino a la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación, que cumpla, so pena de ser destituida o separada del cargo.”

Añadió que el TECA a su vez, aplica medidas de apremio, como son multa primero y después destitución. “La multa ya fue realizada, y se dialogó con la titular del tribunal, que estamos limitados, pero que vamos a ir sacando esta situación.”

El lunes pasado se hizo el acuerdo de cabildo para cubrirlo “para no poner en riesgo a la presidente del tribunal, como que no haya cuestionamientos, ni políticos ni jurídicos, para la síndica ni el presidente”.

Vale la pena señalar que hace poco, el regidor de Hacienda, Gerardo Barrios, manifestó que integrantes del cabildo desconocen los alcances de los compromisos que debe solventar y externó sus sospechas de que no se estén atendiendo bien las demandas, que el director jurídico rechazó.