Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, manifestó que el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Congreso del estado en cuanto a la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz.

Cuestionado sobre los señalamientos que se han hecho hacia el ombudsman por su presunta cercanía con el exgobernador Graco Ramírez y por el presunto proceso administrativo por ilícitos cometidos desde la administración pública, Ojeda Cárdenas dijo que seguramente el Poder Legislativo revisó los perfiles y evaluó a las y los candidatos antes de tomar la decisión. “Si existe algún tema legal pendiente él lo tendrá que aclarar”, apuntó.

El encargado de la política interna también apuntó que el trato de Hernández Cruz con la actual gestión ha sido sólo como notario público. “La relación que yo tengo con él en la parte profesional es en su calidad de notario donde se desempeñó de forma debida, y lo que recibirá de la Secretaría de Gobierno es todo nuestro apoyo”.

Refirió que el mismo jueves presentó su solicitud de licencia a la notaría, a la que se le dará curso inmediato para que pueda desempeñar sus funciones; la persona que lo sustituirá en esa tarea de manera temporal será designada conforme a la ley del notariado.

Sobre la presunta relación del ahora presidente de la comisión de derechos humanos, el responsable de la política interna en el estado expuso que hasta donde tiene conocimiento, Hernández Cruz estuvo al frente de un área jurídica en la administración anterior, pero reiteró: “otra vez la relación que tenemos en esta administración solo es la de notario y no tenemos ninguna objeción, respetamos la decisión del Congreso local”.

Añadió que la agenda de derechos humanos en el estado es muy larga, por lo que el gobierno estatal tendrá que trabajar en coordinación con el organismo protector en la materia, en temas importantes como la atención de la alerta de violencia de género, entre otros.

Varios diputados locales defendieron su determinación  de nombrar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a Israel Hernández Cruz, excolaborador de Graco Ramírez. Afirmaron que “por su trayectoria”–que carece de relación con el tema de la defensa de los derechos humanos- se consideró el mejor perfil para ocupar el cargo. 
En entrevistas por separado, los legisladores rechazaron la intromisión del exmandatario perredista en su decisión y afirmaron que su determinación se tomó con base en una revisión del perfil de cada uno de los 22 aspirantes.
El diputado de Morena Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que la votación del Pleno fue unánime porque de entre los 22 perfiles se consideró que el de Israel Hernández era el idóneo para estar al frente de la CDHEM para realizar el trabajo que se necesita para la defensa de los derechos humanos de los morelenses. 
"A mí no me preocupa ese tema, no lo ponderé como una situación; yo lo que pondero de él es que tiene que desligarse de su pasado y tiene que marcar una agenda de derechos humanos contundente. Él no tiene excusa para no dar resultados; tiene la fuerza y la confianza de todos", manifestó Zapotitla Becerro. 
Por su lado, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval también justificó su decisión al señalar que se debió a una revisión de perfiles. 
"Acción Nacional tomó una decisión en base a una curricular (sic) que tuvimos a la mano, en base a la información que tuvimos y así fue la decisión tomada… En lo particular habla de una experiencia, de una experiencia como profesionista, en temas que llevan una situación de derechos humanos, incluso temas de capacitación en ese sentido", manifestó. 
Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, admitió que el nombramiento de Hernández Cruz sí se debió a un asunto de consensos y no con base en la experiencia del abogado en materia de derechos humanos. 
"Le vamos a dar el beneficio de la duda, sé que lo va a hacer bien", añadió la legisladora.

El visitador de la región oriente de esa dependencia llamó a las autoridades a evitar que en las escuelas se pida la “cuota escolar”, en vísperas del final del ciclo 2018-2019.

Cuautla.- Ante la proximidad del final del ciclo escolar 2018-2019 y debido a que en repetidas ocasiones se ha dado a conocer que en diversas escuelas se ha condicionado la entrega de documentos oficiales o inscripciones a alumnos a cambio de una “cuota escolar” al término o inicio del ciclo escolar, Osmany Licona Quiterio, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la región oriente, hizo un llamado a las autoridades educativas a evitar este tipo de acciones, ya que dichas aportaciones se deben dar de manera voluntaria.

Ante esto, señaló que tanto los directivos como integrantes de los comités de padres de familia de las diversas escuelas deben evitar a toda costa aplicar este tipo de condicionamientos a los estudiantes y padres a cambio de la entrega de documentación o inscripción de los estudiantes.

Además, refirió que en caso de que se presente este tipo de situaciones en alguna institución educativa, los padres de familia afectados pueden acudir a las visitadurías de la CDHEM existentes en la entidad para que emitan sus inconformidades y de esta manera se puedan atender a la brevedad.

“El realizar este tipo de acciones violenta los derechos de la niñez y el derecho a la educación gratuita, por lo que no se debe de condicionar la entrega de documentos ni la inscripción de ningún menor”, refirió el visitador.

Licona Quiteiro agregó que en caso de que se presenten este tipo de situaciones, de manera inmediata se atenderán las quejas de los padres de familia, acudiendo a las instituciones educativas para conciliar la situación, en busca de dar una atención oportuna a las situaciones que se presenten y en donde se considere que hay violación a los derechos humanos de las personas, concluyó.

Raúl Israel Hernández Cruz obtuvo 17 votos.

Raúl Israel Hernández Cruz, hasta este jueves notario público número 13 y ex colaborador de Graco Ramírez, fue designado por el Congreso del estado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
Después de tres meses de revisar 22 de los currículums de los aspirantes que se registraron en la convocatoria para ocupar la titularidad del organismo defensor de los derechos humanos, los legisladores locales decidieron colocar a quien recibió una notaría pública en el gobierno de Graco Ramírez.
Hernández Cruz recibió el respaldo de 17 de los 18 legisladores que ayer se encontraban en la sesión ordinaria, para cumplir con el nombramiento que se postergó desde el 22 de marzo pasado, cuando se venció el periodo en el cargo de Jorge Arturo Olivares Brito. 
El nuevo ombudsman morelense fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno cuando estaba al frente Matías Quiroz Medina, hoy dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Raúl Israel Hernández Cruz, sin embargo, pidió que no lo juzgaran por su relación con el gobierno de Graco Ramírez y el PRD.
"Yo pediría que se me juzgue, y ustedes lo harán, con lo que haga o deje de hacer más allá de las afinidades o cercanías o cosas que me parecen irrelevantes para dar buenos resultados", declaró.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue cuestionado sobre su experiencia en la defensa de los derechos humanos y sólo expuso que trabajó en el Instituto Federal de Defensoría Pública, como secretario de juzgado de Distrito y colegiado y que realizó una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.
Además, refirió que se enfocará en temas prioritarios como seguridad pública y paridad de género, pero no expuso más sobre su proyecto.
Tras su designación, en redes sociales se ventiló una ficha sobre supuestas investigaciones sobre tráfico de influencias y otros delitos.
En tanto, los legisladores dejaron pendientes los nombramientos de los seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por lo que declararon un receso a la sesión ordinaria, ya que tenían como plazo para cumplir con esos nombramientos hasta este jueves 20 de junio. 

Si no se cumple la medida, hay riesgo de que se judicialice el proceso: abogado.

El Congreso del estado deberá designar a más tardar este jueves 20 de junio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), confirmó la diputada panista Dalila Morales Sandoval. 
En entrevista, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) admitió que aún siguen sin concretar acuerdos de mayoría entre las fuerzas políticas. Sin embargo, dijo que ayer se reunirían en sesión de la Junta Política y de Gobierno para que las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias tomaran una determinación y llevarla al pleno este jueves. 
Adelantó que durante la sesión ordinaria de mañana, se someterán a consideración del Pleno los 22 nombres de los aspirantes a ocupar la presidencia de la CDHEM, y no una ternan como lo marca la ley, a fin de garantizar el derecho de todos los participantes de la convocatoria que emitió el Congreso del estado. 
La panista señaló que no se nombrará al ombudsman morelense bajo el principio de equidad, como lo pidieron algunas mujeres aspirantes, pues existen buenos perfiles tanto de féminas como de hombres para ocupar la presidencia del organismo defensor de los derechos humanos. 
En tanto, Carlos Puig Hernández, uno de los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos, dijo que si el Congreso del estado no designa este jueves al ombudsman, se corre el riesgo de que el proceso se judicialice, ya que desde el 22 de marzo existe un encargado de despacho al frente del organismo.
En rueda de prensa, el abogado se dijo respetuoso de la posturas de otras contendientes que pidieron sea una mujer la que ocupe el cargo, y sostuvo que será el Congreso del estado el que tome la decisión final. 

Instan a diputados a considerar en la designación de ombudsman la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género.

Las aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamaron al Congreso local a considerar la aplicación de la reciente reforma a la Constitución federal en materia de paridad de género, para que el nombramiento de ombusdman estatal recaiga en una mujer.

María Ampudia González, Rosario Cazares Campos, Yolanda Gutiérrez Neri, Kenia Lugo Delgado y Clara Soto Castor realizaron un pronunciamiento conjunto basado en la sororidad y apoyo mutuo, en el sentido de que cualquiera de ellas cubre el perfil para presidir la CDHEM.

Recordaron que en Morelos, sólo el 30% de los organismos autónomos son dirigidos por mujeres, pero de acuerdo con la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución federal en materia de paridad de género, es necesario que este principio se aplique de inmediato en la designación de ombudsman.

“En el caso de Morelos, la paridad horizontal adeuda espacios a las mujeres, ya que menos del 30% de los organismos autónomos son presididos por mujeres, y por paridad histórica, de las seis personas que han ocupado ese cargo, sólo una ha sido mujer”, dijeron.

Clara Soto Castor, una de las aspirantes a la CDHEM, afirmó que la reciente reforma federal no se trata de caprichos o de gustos, se trata de dar cumplimiento a la Constitución.  

“Esta reforma se hace con el objetivo de empoderar a las mujeres y crear nuevas condiciones de desarrollo. Está demostrado a nivel mundial de que en la medida en que no se sumen las capacidades, atributos y aptitudes de las mujeres al trabajo político y ejecutivo, es que no habrá un verdadero desarrollo, que además sea justo y con visos humanitarios”, dijo.

Kenia Lugo Delgado, otra de las aspirantes, apeló a la solidaridad y sostuvo que cada una de las mujeres aspirantes a presidenta de la CDHEM tiene el perfil intelectual, académico, político y el conocimiento en la defensa de los derechos humanos, por lo que insistió en que en esta ocasión la designación debe recaer sobre una mujer. 

Nombramiento en CDHEM, sin fecha: Rodríguez Ruiz.

El Congreso del estado designará hasta el 11 de julio al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), así lo confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) informó que por acuerdo de la Comisión Calificadora, que se integró por las tres principales fuerzas políticas en el Congreso para llevar a cabo el proceso de elección del auditor estatal, este miércoles se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes. 
Posteriormente, explicó que la citada comisión procederá a la revisión de los perfiles de cada uno de los aspirantes y a más tardar el 11 de julio el Pleno del Congreso nombrará al titular de la ESAF. 
La legisladora petista rechazó que los tres grupos parlamentarios hayan tomado como rehén al Congreso del estado y sean los responsables de que no se avance en el nombramiento de los titulares de la ESAF, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 
"Al contrario, los grupos parlamentarios estamos dando una vida democrática republicana al Congreso del estado. Antes se hacía en las juntas políticas y a puerta cerrada y se designaba a dedazo, ahora es pública y todos los ciudadanos pueden participar", manifestó Rodríguez Ruiz. 
Explicó que para el nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no se han logrado acuerdos, por lo que aún no hay fecha para su definición, así como tampoco para elegir al comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) que sustituirá a Víctor Manuel Díaz, que la semana pasada terminó su encargo. 

La falta de acuerdos impide avanzar en rezago legislativo, admite Ana Cristina Guevara.

El Congreso del estado es rehén de los grupos parlamentarios, afirmó la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ana Cristina Guevara Ramírez, quien lamentó que hasta este martes no haya acuerdos para concretar los nombramientos públicos pendientes.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que como fracciones parlamentarias poco han podido intervenir para destrabar los asuntos pendientes en el Poder Legislativo, como es la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), que deberá aprobarse antes del 22 de junio.
De igual forma, dijo desconocer por qué no se ha emitido la convocatoria para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), a pesar que desde hace dos semanas se instaló la Comisión Calificadora, integrada por las tres coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
"Lamento mucho que no se haya llegado a un acuerdo, yo creo que gente con perfil, gente capacitada, se ha inscrito en esta convocatoria, pero lamentablemente estamos siendo rehenes de los grupos, porque nosotros ya pudimos haber avanzado, analizando las propuestas, porque hay gente muy capaz... Yo soy un voto, pero mi voto no define o mi voto no va a poner en la mesa la propuesta. Me queda claro que esto es de consensos, de fuerzas políticas", manifestó la legisladora. 
Es que el viernes pasado, el Congreso del estado también dejó pasar el nombramiento de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), ya que venció el cargo de Víctor Manuel Díaz Vázquez.
La diputada dijo que pese a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios, el Congreso del estado ya debe avanzar en estos temas pendientes antes de que concluya el período ordinario de sesiones el próximo 15 de julio. 
Sin embargo, y pese a los temas pendientes, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, señaló que en la LIV Legislatura sí se han podido poner de acuerdo en el trabajo legislativo. 
"Estamos poniendo el ejemplo de que sí podemos ponernos de acuerdo, de que somos fuertes. Ha sido difícil. A las mujeres no nos ha temblado el tacón de las zapatillas para sacar los temas pendientes", dijo la diputada morenista. 

También se ha recomendado la instalación de cámaras en los separos de los ayuntamientos.

Cuautla.- A pesar de la baja calificación obtenida durante el diagnóstico realizado en 2018, continúan vigentes las irregularidades en los seis centros penitenciarios de la entidad, aseguró Víctor Antonio Maruri Alquicira, secretario ejecutivo en funciones de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Al señalar que las cárceles de Morelos se encuentran entre las peor calificadas, indicó que la sobrepoblación es el principal problema que enfrentan, sin que haya sido resuelto el problema de hacinamiento, ni garantizado la rehabilitación de los internos que permitan una reinserción positiva en la sociedad.

“De este diagnóstico se obtuvo una calificación estatal de 6.8; es una calificación baja. De la misma manera, la Comisión Nacional hace un diagnóstico; en éste, le dio a los centros penitenciarios una calificación de 7.2 y uno de los puntos era la sobrepoblación y un ejemplo de ello es Atlacholoaya, que está hecho aproximadamente para dos mil personas y cuenta con 300 personas más”, indicó.

Entre las irregularidades figuran también la falta de insumos de salud, atención médica, de talleres para la prevención de adicciones y para alguna actividad laboral, así como la higiene en algunos dormitorios.

Maruri Alquicira manifestó que el diagnóstico también incluyó los denominados separos de los ayuntamientos, donde mantienen a las personas que han incurrido en alguna infracción, los cuales carecen de condiciones que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos.

“Este diagnóstico no sólo son centros penitenciarios, sino algunos centros de detención de los ayuntamientos para las infracciones, faltas administrativas: los separos de  los ayuntamientos. También realizamos un diagnostico en ellos para saber qué es lo que requieren y las condiciones en las que están”, apuntó.

Destacó que es en los municipios de la zona sur donde más observaciones se han emitido por deficiencias en dichos centros de detención, por lo que también se ha recomendado la instalación de cámaras de videovigilancia para evitar acontecimientos fatales.

“De este diagnóstico hemos solicitado que se instalen cámaras de seguridad a través de una recomendación en los 36 municipios del estado con la intención de monitorear de manera permanente los separos, así como alguien que esté revisándolos, esto debido a que tuvimos algunos casos de suicidio en estos separos”, enfatizó.

Ciudadanos se deben trasladar a Jojutla o a Cuernavaca para denunciar abusos de autoridad o maltrato por parte de servidores públicos, asegura Evangelina Pallarés.

Miacatlán.- Ante la distancia en que se ofrecen los servicios de la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) en la zona surponiente, los ciudadanos prefieren no denunciar cualquier abuso de autoridad o maltrato por parte de servidores públicos, ya que para ello deben trasladarse al municipio de Jojutla o a la capital del estado, reconoció Evangelina Pallarés Santana, regidora de la comisión de Derechos Humanos en la comuna.

Agregó que hasta el momento, la comisión a su cargo no ha tenido algún acercamiento con la CDHEM, pero sí se han presentado algunos casos que han sido canalizados para su atención, como es el tema de despojo de propiedad a adultos mayores.

En el caso de los abusos de autoridad o quejas en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Miacatlán, dijo que seguramente existen, sin embargo no se tiene un enlace o una oficina cercana para poder proceder con la queja correspondiente.
“No tenemos el acercamiento ni con la Comisión de Derechos Humanos, ni la visitaduría; sí hay algunos detalles con algunos servidores públicos, pero no se realiza la queja correspondiente porque la gente no acude a otros lugares para hacer el trámite correspondiente”, dijo la concejal.

Pallarés Santana señaló que los casos que se han atendido de manera directa han sido situaciones que tienen que ver con los adultos mayores. “Anteriormente había una oficina aquí, pero la cerraron; ahora no hay presencia como se quisiera, así que no podemos tener un panorama real del tema de abusos de los derechos humanos. Porque si cuando estaban cerca no denunciaban, lejos, mucho menos”, insistió.