Antes del inicio del próximo ciclo escolar estarán reparados los planteles afectados por el sismo de septiembre del 2017: Cornejo Alatorre.

En medio de señalamientos de familiares de víctimas del delito por la falta de resultados y opacidad, la titular de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, Nadxieelii Carranco Lechuga, compareció ante diputados locales. 
“La razón para la cual fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas en el Estado no se ha cumplido, porque son pocas las respuestas que ha podido ofrecer a los familiares de las víctimas en el estado”, manifestó el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención Víctimas, tras haber escuchado el informe que rindió la comisionada estatal.
Carranco Lechuga sólo se defendió de las acusaciones que las víctimas del delito han hecho en su contra por la falta de resultados, y aseguró que si no se ha apoyado a todas las víctimas, es porque los jueces no logran ejecutar los casos o, también, porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no ha cumplido con su responsabilidad de tasar el daño ocasionado a las víctimas. 
Incluso, señaló que la falta de presupuesto ha limitado el actuar de la comisión que, aclaró, no es beneficencia pública. 
Sin embargo, familiares de víctimas que se encontraban en la comparecencia que se desarrolló en el Salón de Comisiones reaccionaron ante las declaraciones de la comisionada y exigieron resultados. 
"Entiendo que hoy no se le ha dado una respuesta exacta ni necesaria a las víctimas, hay cosas que nos toca entender a los servidores públicos y lo digo con mucho respeto, ha faltado mucho que hacer porque el intento no ha sido el suficiente”, sostuvo también el diputado Sotelo Martínez, al concluir la comparecencia que duró más de dos horas. 

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, garantizó que antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, estarán totalmente reparados los 360 planteles educativos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, pese a irregularidades cometidas por la administración que encabezó Graco Ramírez.
Durante su comparecencia ante los legisladores locales que integran la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, el funcionario confirmó que al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo encontraron diversas anomalías administrativas que retrasaron la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas dañadas. Sin embargo, aseguró que se lograron resarcir dichas irregularidades.
Cornejo Alatorre garantizó a los legisladores que para el próximo ciclo escolar todos los estudiantes tendrán sus planteles listos para usar.
Por otro lado, informó que Morelos será "espejo" de la reforma educativa que se trabaja en el Congreso federal, con el fin de validar su efectividad, por lo que pidió el respaldo de los diputados para aprobarla.
Aseguró que dicha reforma no es punitiva, a diferencia de la que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se garantizará la protección de los derechos laborales de los maestros, así como una adecuada capacitación.
Habló también del problema financiero en los Colegios de Bachilleres de Morelos, sin embargo, dijo que se ha negociado con el gobierno federal para que el recorte de más de tres mil millones de pesos no afecte a los maestros.
No obstante, Víctor Nájera Medina, director del Cobaem, refirió que dicho recorte impactó en el presupuesto para el pago a jubilados y pensionados, pues el gobierno federal no contempló una partida, de ahí que el gobierno estatal deberá asumir dicho gasto, por arriba de 77 millones de pesos para más de 315 maestros en retiro.


 

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Domingo, 24 Febrero 2019 05:00

CDH reportó incidentes en tres casillas

El organismo también documentó la suspensión de la consulta en cuatro municipios.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEMorelos) reportó incidentes en tres casillas y la suspensión de la consulta en cuatro municipios, debido a la falta de condiciones de seguridad, durante la primera jornada del ejercicio convocado por el gobierno federal para definir el funcionamiento o no de la termoeléctrica construida por la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla.

Junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el organismo local implementó un plan de observación durante la consulta, en respuesta a la queja promovida por activistas y académicos opositores al proyecto de la central energética y el asesinato del luchador social Samir Flores Soberanes.

De acuerdo con el reporte de la CDHEMorelos, en el municipio de Temoac documentó la quema de las casillas 44 y 46, instaladas en los poblados de Amilcingo y Amayuca, sin que hubiese lesionados ni detenidos durante los incidentes.  

Mientras que en Cuernavaca documentó daños a la casilla 1 instalada en las inmediaciones de la Sedesol, ubicada a unos metros de la Paloma de la Paz, luego de que tres jóvenes lanzaran pintura roja sobre las boletas. Los hombres fueron detenidos y, dos horas más tarde, liberados sin cargos.

También el organismo reportó que seis casillas, de un total de 75, no fueron instaladas por la ausencia de condiciones de seguridad para llevar a cabo el ejercicio. La casilla 45, en la comunidad de Huazulco, en el municipio de Temoac, no fue instalada, y la consulta en ese municipio fue suspendida tras la destrucción de dos casillas. Mientras, en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Jantetelco y Jonacatepec tampoco se pudo realizar la consulta, porque no había condiciones para instalar las casillas 40, 41, 42, 43 y 47.

Ambos organismos se mantendrán como observadores hasta concluir hoy la segunda jornada de la consulta. 

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El próximo 22 de marzo se termina la gestión del actual titular.

El Congreso del estado emitirá la convocatoria para elegir al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), ya que el próximo 22 de marzo se vence el período de Jorge Arturo Olivares Brito.
En sesión de la Junta Política y de Gobierno, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron emitir hoy la convocatoria, para el registro de los aspirantes a presidir el organismo público autónomo por un período de tres años.
En la misma convocatoria se permitirá el registro para los aspirantes a representar el Consejo Consultivo que supervisa el trabajo de la CDHEM, que está integrado por seis abogados y es un cargo honorífico. 
Una vez que se haya concretado el registro, que durará cerca de una semana, la Junta Política y de Gobierno recibirá a los aspirantes y validará si cumplen con los requisitos que marca la Constitución Política del Estado. 
Posteriormente, y una vez que la Junta Política y de Gobierno haya validado la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, se someterá a consideración del Pleno la elección del presidente y los consejeros de la CDHEM, para lo que se requerirá del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que Jorge Arturo Olivares Brito presentó ante el Congreso del estado su solicitud para ser ratificado en dicha representación por un período más de tres años. 

 

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Según el organismo, hay más de 200 personas no localizadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) expuso cifras contrastantes sobre el número de personas desaparecidas en Morelos, pues mientras el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el 80% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, y en la mayor parte se trataron de ausencias voluntarias, el organismo documentó en el año pasado casi un millar de desapariciones y la mitad está sin localizar.

El organismo consideró urgente que la fiscalía investigue y aclare qué pasa con estos casos, porque a nivel nacional un número importante de desapariciones está vinculado a tráfico de órganos y trata de personas, y no se sabe si esto ha ocurrido en Morelos.

“A nivel nacional y en otros estados hemos advertido que atrás del problema de personas desaparecidas se encuentran también ubicados dos fenómenos: el fenómeno de trata y el tráfico de órganos. Quisiéramos nosotros conocer por parte de la autoridad competente si estos han sucedido en algún momento en el estado de Morelos”.

Detalló que en el 2018, la CDHEM documentó 479 desapariciones y sólo 227 personas fueron localizadas, mientras que el resto siguen ausentes. En lo que va de 2019, el organismo tiene el reporte de 38 desapariciones; en 27 casos, las personas han sido localizadas y de las 11 restantes se desconoce su paradero.

Adelantó que se requirió a la fiscalía información sobre el tema, el cual en su momento será motivo de una recomendación.  

 

 

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Falla Fiscalía del Estado en investigación del delito y prevalece impunidad, plantean en firma de convenio.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad llamaron a las autoridades a implementar estrategias para contener la violencia y combatir la impunidad.

Luego de que ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para establecer los mecanismos de participación para el establecimiento de un estado de derecho respetuoso de la seguridad, la cultura de la legalidad, la justicia y los derechos humanos, el representante de la CDHEM expresó su preocupación por el aumento del delito de homicidio doloso y feminicidio.

“La prevención es importante, pero también es importante la investigación del delito. La procuración de la justicia es una tarea todavía desatendida en los diferentes estados; en el caso de Morelos, no es diferente”.

“Vemos día a día que se incrementan las estadísticas de las personas que mueren de manera violenta, lastimosamente muchas mujeres en estados como el nuestro, pero también nos percatamos que poco se hace por investigar y por llevar ante la autoridad competente a los autores de ese delito en el caso de feminicidio”, dijo.

Cristina Rumbo Bonfil, representante del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, también expresó su preocupación por el aumento de los delitos de secuestro y violación, así como pronosticó que Morelos -al cierre del 2018- permanecerá en los primeros lugares del ranking nacional en la incidencia de estos delitos. 

 

 

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Asegura delegada de la Procuraduría de la Defensa del Niño y la Familia que los índices se han incrementado en colonias que se ubican alrededor de la cabecera municipal.

Cuautla.- Derivado de los altos índices de violencia que se han presentado en este municipio durante días reciente, Gisela Casasanero Rey, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña, el Adolescente, el Adulto Mayor y la Familia, del DIF Cuautla, refirió que desde abril –cuando asumió la responsabilidad de dicha procuraduría– se han realizado alrededor de 48 comparecencias que se han levantado por violencia en contra de mujeres y menores de edad, así como 71 convenios relativos a violencia intrafamiliar, los cuales se han presentado en diversas colonias de la ciudad.

Resaltó que los datos mencionados son alarmantes y han encendido las alarmas debido a que los casos de violencia en la ciudad han aumentado de manera considerable.

Por ello, se envió una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) para que a la brevedad designe un psicólogo o abogado con el fin de impartir pláticas a estudiantes de instituciones educativas y concientizarlos acerca del tema. Asimismo, para que conozcan las aristas que presentan la violencia y el maltrato infantil.

Casasanero Rey añadió que en Cuautla, las colonias que presentan mayores índices de vulnerabilidad en cuanto a violencia son Revolución, Narciso Mendoza, Algodonal, 19 de Febrero y 12 de Diciembre, así como el poblado de Tetelcingo, entre otras, las cuales se encuentran alrededor de la cabecera municipal.

Por otra parte, dijo que la falta de educación y la precaria situación económica que se viven en algunas familias son dos factores importantes que fomentan en gran porcentaje que se presenten casos de violencia entre la población.

“Las personas que han venido son personas de muy bajos recursos, que inclusive no tienen para un abogado para que les lleven los trámites de guardia y custodia o pensión alimenticia y recurren a nosotros”, refirió la delegada.

Por último, la funcionaria señaló que de los casos que se han presentado, en su mayoría son por violencia física y psicológica, pero los porcentajes de violencia física contra las mujeres en específico son los que mayormente se presentan y por ende incrementan.

 

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La CES niega el uso excesivo de la fuerza pública en los hechos.

Mientras la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) abrió una queja por probable abuso policíaco en contra de un chofer de la Ruta 10, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró que existen más videos que ofrecen otra versión de los hechos y que permitirán esclarecer si los policías actuaron o no conforme a los protocolos de uso racional y proporcional de la fuerza pública.

A través de un comunicado, el organismo informó que al conocer el caso por medio de redes sociales, de oficio inició la investigación con el número de queja 232/2018-3, a cargo de la tercera visitaduría, y solicitó informes a las autoridades correspondientes para conocer el fondo del asunto y resolver atendiendo a la máxima protección de los derechos humanos.

Y es que de acuerdo con el video viralizado a través de Facebook, tras un incidente de tránsito en el que presuntamente una unidad de la Ruta 10 impactó ligeramente la parte trasera de una patrulla, se observó que uno de los policías que tripulaba el vehículo oficial abrió la puerta del copiloto de la ruta y subió a golpear o empujar al operador, quien finalmente descendió del vehículo para ser jaloneado y golpeado por un segundo policía, y luego sometido con una llave en el cuello y con la colocación de esposas.

Para la CDHEM, “resulta de justa mención, que el actuar de estos elementos contrasta enormemente con el desempeño de policías que cumplen a cabalidad su tarea de hacer cumplir la ley”.

“Contrasta con los esfuerzos del policía Lázaro Barona Bueno, caído recientemente en el cumplimiento de su deber. Por lo que lamentamos que elementos como los hoy señalados como responsables de un abuso a la ciudadanía, empañen el buen desempeño de muchos otros elementos, estigmatizando así la labor de las fuerzas policiacas y acrecentando la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía”.

Por ello, señaló, “consideramos necesario visibilizar, condenar y castigar toda práctica que vulnere el estado de derecho y las prerrogativas de las y los ciudadanos”, y “el asunto policiaco será investigado, como en otros casos, de manera exhaustiva para visibilizar el estado incompleto de formación y capacitación en derechos humanos de elementos policiacos”.

Para el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, el video difundido en Facebook ofrece sólo una versión de los hechos ocurridos la tarde del martes sobre la avenida Río Mayo de Cuernavaca.

Explicó que el caso ya está bajo la jurisdicción de la Comisión de Honor y Justicia de la CES, que analiza otros videos que no se han hecho públicos y que fueron aportados por otro particular, que pidió mantener su identidad en reserva.

El comisionado consideró que “no hubo uso excesivo de la fuerza pública” y que el elemento policíaco “aplicó adecuadamente” la técnica de sometimiento al chofer de la ruta.

“El protocolo del uso de la fuerza (pública) así lo marca, que uno debe de hacer uso razonable de la fuerza y en la proporción, él (el policía) nunca sacó un arma; él usó una técnica de sometimiento que es un uso adecuado.

“El chofer no se quiso bajar voluntariamente. Les repito: hay dos videos que no quiero decir más (de su contenido) porque los está analizando asuntos internos. Esos videos ustedes no los han visto, los proporcionó un particular y el particular no quiere que su nombre salga a la opinión pública”, dijo.

Insistió en que será la Comisión de Honor y Justicia la que determinará si los elementos implicados en el caso actuaron o no debidamente, conforme a los videos, los testimonios y demás pruebas que se aporten para evaluar la actuación policial.

Respecto al caso de otro presunto abuso perpetrado por tres elementos, el pasado 21 de octubre, el titular de la CES indicó que los agentes implicados también comparecerán ante la Comisión de Honor y Justicia por la agresión de un joven comerciante y su perro, además de los cargos penales que enfrentarán, debido a que la CES pidió a la víctima que promoviera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la agresión.

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En dos escuelas de Xoxocotla trabaja en garantizar el respeto de los derechos de los niños.

Zona sur poniente.- La Visitaduría de la zona sur poniente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), con sede en el municipio de Jojutla, mantiene acciones de difusión de información en los 10  municipios de la región, aseguró Cuauhtémoc Magdaleno González, visitador del organismo, tras señalar que a partir del 2019 serán 12 los municipios en los que trabajarán debido a la municipalización de los pueblos indígenas, Coatetelco y Xoxocotla.
El visitador dio a conocer que actualmente brindan información sobre los derechos humanos en Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Miacatlán Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec; sin embargo, el próximo año abarcarán dos más, Coatetelco y Xoxocotla, ambos decretados municipios indígenas. 
Comentó que en Xoxocotla trabajan en dos escuelas donde se han presentado algunas inconformidades. “En el caso de Xoxocotla hay el tema de dos escuelas que se han estado atendiendo; ahí vamos a seguir trabajando eso para lograr garantizar el respeto a los derechos de los niños”, dijo.
Agregó que la Visitaduría también da asesorías de manera gratuita en el ámbito civil, penal, administrativo, penitenciario o cualquier asunto de carácter personal.
Aseguró que en los municipios de la región llevan a cabo talleres de información sobre los derechos humanos y los servicios de esta oficina, cuya principal función es iniciar quejas en contra de servidores públicos; en algunas hay conciliación; sin embargo, existen casos donde no se acreditan los elementos para sancionar a la autoridad.

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El defensor de los derechos humanos determinó que el joven perdió la vida a manos de la corporación y sus familiares deben ser indemnizados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) otorgó el reconocimiento de víctimas a la familia del joven Erwin Altamirano Delgado, quien tras ser detenido por elementos del Mando Único en Cuernavaca, falleció en los separos policíacos, tras presuntamente haber sido golpeado.

Tras el deceso de Erwin, ocurrido la tarde del 28 de febrero de 2017, su familia inició una queja ante el organismo, ante la certeza de que su muerte fue producto de una severa golpiza que le propinaron los elementos policiacos, debido a los moretones que presentaba el cuerpo.

En contraste, la fiscalía, en versiones contradictorias, aseguró que el deceso fue causado por una úlcera, o por un infarto al miocardio, asociado al consumo de marihuana, pese a que las pruebas toxicológicas practicadas al cuerpo resultaron negativas.

Incluso, el pasado mes de junio un juez de control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reabrir la investigación sobre la causa de muerte del joven Erwin Itzael Altamirano Delgado, ya que la actuación de la fiscalía fue deficiente y no había seguridad sobre qué originó la muerte del joven de 28 años.

En su investigación e integración del expediente de queja, la CDHEM detectó más anomalías, ya que en los informes oficiales fueron contradichos con otras informaciones que presumen que Erwin no falleció en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, sino que fue trasladado a las instalaciones policíacas ya sin vida.

Los cinco elementos involucrados directamente en los hechos, se encuentran en libertad, debido a las deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, además de que sigue en duda la causa de la muerte, pues en la necropsia sólo se señaló un infarto al miocardio. 

Ante ello, la CDHEM, con base en las facultades que le otorga la Ley Estatal de Víctimas, emitió la recomendación dirigida al gobierno estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, el alcalde de Cuernavaca y a la Fiscalía General del Estado, para que otorgue la reparación integral del daño a las víctimas indirectas; se otorgue una disculpa pública, mediante la cual se reconozca su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Erwin Altamirano y su familia; se impartan cursos de capacitación en derechos humanos; se integren debidamente los procesos penales y administrativos para fincar responsabilidades; se garantice el buen funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y se proporcione atención médica a las personas privadas de su libertad.

Pero también fijó las cantidades que cada uno de los deudos de Erwin deberán, como mínimo recibir, para la reparación del daño: a su hija menor se le deberá indemnizar por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos, a su concubina por un monto de 2 millones 94 mil 920 pesos, a la madre de Erwin por un monto de 1 millón 309 mil 345 pesos y a la abuela de Erwin por un monto de  1 millón 309 mil 345 pesos

Además, a la menor se le deberá proporcionar la atención médica que requiera con carácter vitalicio; y acceso a servicios de educación acordes a sus necesidades particulares, debiendo otorgarle a la menor una beca para continuar sus estudios, así como preparación para el trabajo y formación profesional. 

Las autoridades implicadas en la recomendación cuentan con plazo de 10 días, a partir de su notificación, para responder por cuanto a la aceptación o no de la presente recomendación y un plazo similar para iniciar con la presentación de pruebas de cumplimiento. 

 

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Denuncian presuntos malos tratos y el suministro de alimentos en mal estado.

Un grupo de internos de la cárcel distrital de Jonacatepec se cosieron los labios en protesta por presuntos malos tratos y restricciones que las autoridades penitenciarias impusieron para obtener la certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) del centro de reclusión.

Las autoridades penitenciarias no hicieron pronunciamiento alguno sobre la protesta, sin embargo, a través de familiares de internos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se confirmó que al menos ocho reos decidieron coser sus labios como medida de presión para cambiar las reglas que les fueron impuestas y denunciar presuntos malos tratos de custodios y el suministro de alimentos en mal estado.

Tras la intervención del personal del organismo, los internos se quejaron de que a partir de la certificación de la ACA, se prohibió a los familiares ingresar alimentos y herramientas de trabajo, así como acusaron que se les sirven alimentos en mal estado.

La CDHEM entrevistó al personal médico, jurídico y administrativo del centro penitenciario, así como supervisó la preparación de alimentos y no encontró ninguna anomalía, pero los reos insistieron en que no siempre es así.

Los internos desistieron de la protesta y fueron atendidos por el personal médico. El acuerdo final fue mejorar la calidad de alimentos, además de que las visitas ingresen alimentos y herramientas.

Además fue relevado el director de la cárcel, Miguel Ángel Calvo Barragán, y en su lugar quedó Hugo Silva Solórzano.

 

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