Y los ciudadanos carecemos de medios reales para impugnar a la autoridad, excepto aquellos que pueden contratar a un buen abogado, porque no cualquier abogado se pone al tu por tu con las instituciones y tiene posibilidades de ganar o de permanecer en el mismo bando mientras dura un proceso.

Por eso diversos grupos han decidido acciones que sobrepasen a esa indefensión ciudadana. Para bien o para mal.

Como hay un vacío de autoridad, que mejor que se llene con ventajas ese espacio, piensan quienes todo aprovechan, como los que decidieron hace mucho dar servicio de transporte en forma silvestre, con motos adaptadas para llevar gente, pero no garantizarles seguridad.

O para vender artefactos pirotécnicos en Ocotepec, Ahuatepec o Xoxocotla o hacer un sinnúmero de cosas más gracias a la omisión de la autoridad.

El problema es que así se deja de vivir en un régimen en el que las leyes prevalecen, lo que llamados Estado de Derecho, y pasamos a vivir en un lugar donde las excepciones al marco jurídico son la regla. Y a la hora de dirimir los conflictos cuando éstos se tornan graves, pues el arbitro, las leyes, dejan de servir.

“¿Por qué a él sí y a mi no?” es la frase que sintetiza la falta de garantías de una sociedad como la morelense que no debe darse ese lujo, menos cuando tenemos no uno sino dos sistemas de justicia -penal, al menos- y que por lo mismo deberíamos ser ejemplo positivo y no reiteradamente negativo.

Dejar que en cada vez más lugares prevalezcan los llamados “usos y costumbres” sale cada vez más caro. Necesitamos que impere la ley general que en teoría nos rige y no el sistema de excepciones que hoy se aplica.