En sesión ordinaria, en el Congreso local, fue aprobada la declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana.

Dicha reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en la entidad.

En la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, una para crear la ley de asociaciones público privadas y otra para que le autoricen a firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Por su parte, la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, impulsó un acuerdo para modificar la integración de la Mesa Directiva del Congreso local y quitar de la secretaría al diputado Marcos Zapotitla Becerro; tras ser aprobado, sustituyó a Zapotitla Becerro la legisladora Ariadna Barrera Vázquez.

Durante la sesión también se aprobó una Ley del Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional.

 

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*Dijo estar dispuesto a mediar entre diputada Maricela Jiménez y Hugo Flores*

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo estar en disposición de mediar entre la diputada local Maricela Jiménez Armendáriz y quien ha sido dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes.

Lo anterior, al anotar que él es militante y el objetivo es que no haya conflictos: "Lo más importante es llegar a acuerdos", señaló. 

Blanco Bravo añadió que Flores Cervantes tiene mucha experiencia, además de que con ambos hay buena relación.

Por otro lado, el mandatario estatal indicó que el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, habrá de establecer comunicación con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, al tiempo de apuntar que respeta la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer cambios en su gabinete.

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A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo; la inversión se calcula en más de siete millones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que se trata de un acuerdo con los 20 diputados, ya que no cuentan con vehículos para trasladarse desde el inicio de la legislatura.

Lo anterior, debido a que sus antecesores se "autovendieron" los automóviles que compraron con recursos del Congreso local.

Sotelo Martínez rechazó que dicha determinación vaya contra las medidas de austeridad que acordaron como legislatura, pues insistió en que el uso que le darán a los vehículos será institucional.

De igual modo, el legislador confirmó que también adquirirán mobiliario nuevo para el Congreso del estado.

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El abogado Leonel Díaz Rogel confirmó que promovió un juicio de amparo ante lo que consideró un exceso del ejercicio de las facultades de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) que desechó el juicio político en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López.

En rueda de prensa, sostuvo que la determinación de las diputadas se sustentó en un asunto de intereses políticos y no actuaron apegadas a derecho.

El abogado consideró que las legisladoras se excedieron en sus facultades al analizar las pruebas que presentó para sustentar la demanda de juicio político, cuando eso competía a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local.

Fue el jueves 27 de junio cuando la JPyG del Congreso determinó improcedente el juicio político en contra de la magistrada, por considerar que las pruebas reunidas no eran suficientes para avanzar en el proceso.

Sin embargo, el litigante mencionó que hasta el momento no ha sido notificado de dicha resolución.

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La diputada priista Rosalina Mazari Espín confirmó que el próximo 19 de agosto se abrirá un periodo extraordinario de sesiones, a fin de concretar la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

En entrevista, Mazari Espín informó que ayer se acordó con las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva postergar la negociación para los cambios en los órganos de control en el Congreso del estado.

La legisladora mencionó que al cierre de este periodo se desahogarán más de 15 asuntos, incluidos las propuestas del gobierno estatal en materia de seguridad.

También se ha adelantado que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó dos propuestas que podrían ser aprobadas antes del 15 de julio.

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Respecto a la designación que deberá concretar el Congreso local de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), la lista incluye a 20 aspirantes al cargo, tras el cierre del registro.

En dicha lista están incluidos Miguel Ángel Osorio Aldama, Juan Carlos Morales Figueroa, Hiram Yasser Gargallo Cacique, Esteban Muñoz Insausti, Eduardo Rafael Aguilar Ochoa, Hertino Avilés Albavera, Óscar Miguel Puig Hernández y Jaime Castera Moreno.

De igual modo, Luis Pineda Pastrana, Octavio Manelik Ramírez Acevedo, Francisco Miguel Yáñez Sánchez, Ulises Patricio Abarca, Claudia Mariana Aponte Maysse, Jorge Morante Román, Manuel Israel Cuevas Castillo y Ramón Rosales Juárez.

Finalmente, José Arturo Domínguez Quiroz, Leonora Valentina Jiménez Franco, Alberto Salgado Pérez y Hugo Omar Aranda Nava.

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Hugo Eric Flores Cervantes negó que intervenga en el proceso de elección de la dirigencia del ahora partido local Encuentro Social.

"Debería ser agradecida, yo la hice diputada", respondió Flores Cervantes a las acusaciones de la legisladora Marisela Jiménez Armendáriz, quien denunció que han sido violados sus derechos políticos.

Hugo Flores argumentó que no podría dar más datos porque está dedicado a su función como representante de programas federales, pero admitió que sí está en proceso la conformación de un nuevo partido nacional.

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*Que presuntamente cometieron actos de corrupción*

Trabajadores del Poder Legislativo pidieron que haya "mano dura" en contra de los ex diputados que presuntamente cometieron actos de corrupción en la LIII Legislatura.

El líder del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, señaló que los ex diputados deben regresar el dinero que desviaron de las aportaciones que les descontaron de su salario.

Sostuvo que el daño principal fue para los trabajadores, pues no sólo se desvió el recurso sino que actualmente están suspendidos sus derechos.

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El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, rechazó acuerdos "en lo oscurito" con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por la renovación de los órganos de control.

De igual modo, el legislador negó que haya una nueva fractura por la renovación de los órganos en el Congreso local, y dijo que hoy se revisará el asunto en la reunión de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos; añadió que si no hay acuerdos antes del 15 de julio, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones.

Por otro lado, Sotelo Martínez celebró que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia "N", por el delito de peculado, y confió en que el actuar del Poder Judicial será apegado a derecho.

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La ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta fue vinculada a proceso por el delito de peculado en perjuicio del Congreso del Estado.

Esta tarde, una juez de control de juicio oral decretó en audiencia que había elementos para vincular a proceso a la ex diputada por un presunto mal manejo de los recursos públicos del Congreso local y por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva.

De acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la ex legisladora no enteró lo equivalente a 29 quincenas y el agravio fue de un monto aproximado de 23 millones de pesos.

La juez de control Teresa Soto Martínez determinó que en cuatro meses se cerrará la investigación; como medidas cautelares decretó la firma periódica en la última semana de cada mes, no salir del país, no acercarse a las víctimas y testigos, así como no acudir al ICTSGEM y al Congreso del estado.

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