Promoverá una controversia constitucional ante la SCJN.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el presupuesto asignado y etiquetado al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2024 por parte del Congreso de Morelos, debido a que afecta la administración de justicia.

“Estamos en horas de presentar la controversia constitucional en contra del presupuesto. Nosotros consideramos que hay una violación al principio de irreductibilidad del presupuesto. El año pasado fueron otorgados al Poder Judicial 850 millones de presos aproximadamente, pero no fueron etiquetados estos recursos.

“Esto es, no se nos dijo en qué lo teníamos que gastar, a diferencia de este año en donde el presupuesto si nos fue aumentado pero fue etiquetada una gran cantidad de los recursos y se nos dijo para qué iban a ser destinados.

“Esto lo que hace y trae como consecuencia que hoy tengamos menos presupuesto que el año pasado, tenemos más o menos 700 millones de pesos, que son menos de los 850 que tuvimos el años pasado”, explicó.

Expresó que están en riesgo proyectos como la digitalización de expedientes; la creación de los juzgados de extinción de dominio y juzgados especializados en exhortos; la capacitación continua para jueces y magistrados; la consolidación de la justicia laboral; y, sobre todo, la creación de la Segunda Sala regional  y la implementación de la oralidad en la justicia civil y familiar.

Sostuvo que hay buena relación y diálogo con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, “nosotros si consideramos que este es el momento donde nosotros tenemos que actuar en la presentación de la controversia constitucional”.

Agregó que la controversia constitucional busca que los recursos etiquetados “sean liberados” y se le permita al Poder Judicial manejar y aplicar su presupuesto en los rubros donde se considere que es necesario.

Gamboa Olea comentó que la forma en que fueron etiquetados los recursos generará serios problemas, ya que, por ejemplo, para la operación de la Sala Regional de Jojutla fueron etiquetados solo 34 millones de 80 millones que fueron solicitados, mientras que para pensiones y jubilaciones el Congreso etiquetó 280 millones de pesos, cuando solo se necesitan para este rubro alrededor de 150 millones.

“Son cantidades que están etiquetadas y no podemos darle otros destino porque incurriríamos en  responsabilidades”, sostuvo, al anunciar la promoción del recurso de control constitucional.