El Congreso de Morelos omitió etiquetar en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2025 una partida financiera para la operación de la Fiscalía especializada en la investigación y persecución de delitos de tortura.

Un juez de distrito apercibió con multar a los diputados y dar trámite a la inejecución de sentencia, luego de que el Congreso de Morelos omitió etiquetar en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2025, una partida financiera para la operación de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.

En 2017, cuando fue expedida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, en los artículos transitorios se ordenó a entidades federativas crear sus fiscalías especializadas en un plazo de 90 días.

En 2021, la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), promovió un juicio de amparo contra la omisión del Congreso de Morelos de crear la fiscalía especializada, y el Juzgado Segundo de Distrito estableció la negligencia parlamentaria y ordenó cumplir con lo previsto en la ley general.
La sentencia fue confirmada por un tribunal colegiado, pero fue hasta diciembre de 2023 cuando -ante el apercibimiento del juzgado federal de iniciar un incidente de inejecución de sentencia para la destitución de los integrantes de la anterior legislatura-, el Congreso local aprobó el decreto para la creación de la nueva fiscalía, pero no destinó el presupuesto para su operatividad.
Incluso, el año pasado, el exfiscal Uriel Carmona Gándara, durante el análisis del presupuesto 2025, advirtió a la legislatura de la obligación de cumplir la sentencia y destinar, cuando menos, cinco millones de pesos para el funcionamiento de esta fiscalía especializada.

En el último informe rendido ante el juzgado de distrito, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que “el Congreso del Estado al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, no destinó los recursos económicos suficientes que permitan a esta institución de procuración de justicia poner en marcha la operatividad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura. Al contrario, redujo de manera significativa la asignación de los recursos económicos que este órgano constitucional autónomo tenía proyectados, contemplados y previstos para el funcionamiento de la citada Fiscalía Especializada”.

Ante el reiterado incumplimiento de la sentencia, el Juzgado Segundo de Distrito requirió al Congreso de Morelos para que -dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación-, remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber destinado los recursos necesarios para que el Fiscal General del Estado de Morelos ponga en marcha la fiscalía especializada en combate a la tortura.

“En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (11 mil 314 pesos a cada legislador), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia”, advirtió el órgano jurisdiccional, y recordó al Congreso que “las obligaciones impuestas no derivan propiamente de esta sentencia de amparo, sino que emanan de un mandato previo, claro y expreso contenido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual, al no haber sido debidamente acatado por la Legislatura responsable, exige que tal omisión deba repararse mediante el presente medio de control constitucional”.