Maciel Calvo

Maciel Calvo

Se les redujeron recursos para destinarlos al pago de pensiones del TSJ.

Por lo menos tres secretaría estatales verán afectados sus presupuestos, luego de que el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo restarles recursos para reunir los 26 millones de pesos que se tienen que entregar de inmediato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales jubilados. 

De acuerdo con el decreto legislativo 502 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y por el cual fue reformado el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos 2019, el Congreso autorizó reorientar recursos de las Secretarías de Turismo y Cultura, de Educación, y de Desarrollo Económico y Trabajo, así como de la partida correspondiente de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo, para reunir la cantidad a entregar al TSJ. 

En el artículo tercero transitorio del decreto, los diputados que votaron a favor de la modificación presupuestal establecieron que “en caso de no ser suficiente la reorientación de recursos al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se autoriza al Ejecutivo que con cargo a ingresos excedentes de libre disposición programe sus pagos en función de su disponibilidad”. 

La modificaciones presupuestales realizadas por el Congreso, obedecieron al apercibimiento realizado por la SCJN de que, en caso de incumplir con el pago del último bloque de sentencias de las controversias constitucionales resueltas en favor del TSJ –para que el Poder Legislativo autorizara una partida financiera para el pago de pensiones- , incurriría en desacato judicial y se ordenaría iniciar los procesos legales para aplicar la destitución a las autoridades responsables.

 

 

Lunes, 11 Noviembre 2019 05:31

Busca SAT a diputado

El Sistema de Administración Tributaria pretende cobrar una multa impuesta por la SCJN.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) busca al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, para hacer efectiva la multa ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La multa impuesta al representante del Poder Legislativo derivó del incumplimiento de una información requerida por el Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 121/2018, que promovió el Ayuntamiento de Cuernavaca para impugnar un decreto de jubilación autorizado por el Congreso a favor de un trabajador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 

Derivado de ello, la SCJN impuso una multa al diputado -cuya cantidad no fue especificada- pero no ha sido cobrada por el SAT debido a que Sotelo Martínez ha sido ilocalizable para la institución. 

La autoridad tributaria informó a la Corte que, a través de su delegación en Morelos, realizó las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa pero sin éxito todavía.

“Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio y anexos suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, mediante el cual informa sobre las acciones tendentes al cobro de la multa impuesta a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva en Morelos, mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019, refiriendo que dicho contribuyente no ha sido localizado, sin embargo manifiesta que continuará realizando las gestiones pertinentes a fin de realizar el cobro de la multa de referencia. 

“Atento a lo anterior, requiérasele al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos “1”, a través del Servicio de Administración Tributaria para que una vez ejecutada la multa en comento, lo informe a este Alto Tribunal y exhiba las constancias que lo acrediten”, se estableció en el acuerdo exhibido la semana pasada en los estrados por la SCJN.

 

 

Domingo, 10 Noviembre 2019 08:03

Registran diez feminicidios al día en el país

La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que de enero a septiembre de este año, se registran casi tres mil feminicidios y homicidios de mujeres en México

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

 

 

Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Integra CDHEM queja por violencia en penal

Ombudsman señala negligencia y omisiones de autoridades penitenciarias en los hechos que cobraron la vida de siete internos la semana pasada.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) afirmó que los hechos ocurridos la semana pasada en el penal de Atlacholoaya fueron  “una situación extraordinaria” que rebasó las autoridades y que ameritará una recomendación por una serie de negligencias y omisiones de parte de las autoridades penitenciarias.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, señaló que integra la queja que abrió de oficio desde los  primeros hechos violentos que cobraron la vida de siete internos y hasta las protestas de custodios y trabajadores administrativos del penal, que demandan mejores condiciones laborales.

Dijo que la comisión requirió informes las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal y recaba información adicional sobre los motivos y omisiones que desencadenaron los enfrentamientos entre grupos de internos rivales y el amotinamiento en el penal más grande de la entidad.  

Afirmó que la información hasta ahora reunida “nos está  llevando a advertir, como es claro, un problema mayúsculo, un problema estructural, dentro de todo el sistema penitenciario que nos lleva investigar todo este tipo de fenómenos que se están presentando y que ponen en evidencia una serie de omisiones, de negligencias y de cuestiones que no se han cumplido en aras de tener sistema de justicia integral y  sistema penitenciario que cumpla con el objetivo para el cual fue creado”.

Expresó que se integra la queja para después emitir una recomendación, en la que enlistarán las omisiones y negligencias que culminaron con un saldo mortal.
“¿Cuáles son las omisiones? Todas aquellas que no hicieron o que a manera de prevención no se hicieron o se dejaron de hacer para identificar a estos grupos con intereses contrarios  en aras de evitar la riña, esa es una obligación constitucional ya establecida en jurisprudencia internacional, de que  es deber del Estado prevenir”, subrayó.

A esto, dijo, su suma la falta de información a los familiares de los internos y los propios medios de comunicación sobre lo que ocurrió en durante la jornada violenta de la semana pasada, además de las denuncias y reclamos de los custodios y trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya

Expresó que por el momento recibe los informes oficiales y pidió a las autoridades estatales implementar una serie de medida cautelares para prevenir nuevos hechos violentos. Entre las medidas, dijo, está implementar en todos los centros de reinserción social operativos para decomisar objetos o sustancias prohibidas, y la aplicación de medidas disciplinarias a los internos que fueron encontrados en posesión de estos.

Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver acción de inconstitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal general de cada estado está facultado para solicitar la intervención de comunicaciones en el caso de delitos locales,

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 77/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demandar la invalidez del artículo 54, fracción VIII, de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de ese estado el 20 de agosto de 2018,  el Tribunal Pleno, invalidó la disposición que facultaba a la Fiscalía Especializada de esa entidad para solicitar a los jueces federales la autorización para intervenir comunicaciones.

La SCJN estableció que, conforme al artículo 16 constitucional, a nivel estatal quien se encuentra facultado para solicitar la intervención de las comunicaciones privadas es el titular del Ministerio Público, es decir, el Fiscal General del Estado.

Por lo tanto, el artículo impugnado era inconstitucional ya que facultaba a una autoridad distinta a hacer esa solicitud y reiteró que son los fiscales de los estados quienes tienen esa atribución.

 

 

Jueves, 07 Noviembre 2019 05:16

Desecha SCJN controversia promovida por TJA

Mediante el recurso, el Tribunal de Justicia Administrativa pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que pretendía impugnar el decreto expedido por el Congreso local, que anuló el aumento del periodo de los magistrados de 14 a 20 años autorizado por la anterior legislatura.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, resolvió que el TJA no tiene legitimación para promover la controversia constitucional, pues aún en el supuesto de que se le considerara un órgano constitucional autónomo estatal, “el Constituyente Permanente sólo consideró incluir como sujetos legitimados para promover una controversia constitucional a los órganos constitucionales autónomos federales, esto es, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el organismo garante que establece el artículo 6 constitucional, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Además, argumentó, existen precedentes de la Primera Sala y Segunda Sala de la SCJN que resolvieron los recursos de reclamación 23/2016-CA , 52/2016-CA y 53/2018-CA , y confirmaron los autos de desechamiento de las demandas de las controversias constitucionales 34/2016, 110/2018 y 105/2018, promovidas anteriormente por el presidente del TJA.

Recordó que el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió con antelación la controversia constitucional 306/2019, en el cual se impugnó la misma norma que el tribunal administrativo.

 

 

Segunda sentencia también invalida la designación de dos de los tres integrantes del órgano.

El Juzgado Segundo de Distrito emitió una segunda sentencia de amparo en la que invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Al resolver el juicio de amparo 844/2019, promovido por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rocío Bahena Ortiz, la justicia federal reiteró la ilegalidad del nombramiento de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo como representantes de los magistrados y jueces ante dicha junta.

El pasado 3 de junio, a propuesta de la presidenta del TSJ y de la Junta de Administración, Carmen Cuevas López, Flores León y Becerra Arroyo fueron designados por un grupo de nueve magistrados, pese a que no había quórum para continuar con la sesión y llevar a cabo la votación.

De acuerdo con el juzgado de distrito, se “advierte que las autoridades responsables vulneraron en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 16 Constitucional, porque si bien se estableció que los Magistrados no votaron por estar ausentes en la sesión plenaria del tres de junio de dos mil diecinueve, no menos cierto es que de la misma se aprecia que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos; ya que éste exige que los integrantes de la Junta sean designados por el Pleno del Tribunal, el cual como se establece en la Ley Orgánica respectiva se integra por el Presidente del Tribunal y la totalidad de los Magistrados que integran Sala.

“Requisito anterior que era necesario observar, previamente a la votación para la designación del Magistrado y Juez que integran la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como lo dispone el numeral 92-A de la Norma Fundamental local”.

En consecuencia, por segunda ocasión, fue invalidada la designación y la justicia federal ordenó realizar una nuevamente el procedimiento de designación, en el que se deberá “no solo requerir a la totalidad de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal sino también para llevar a cabo dicha votación”.

El primer amparo fue concedido hace unos días por este mismo juzgado de distrito a la magistrada del TSJ, Bertha Rendón Montealegre, sin embargo, existen en curso otros siete juicos de amparo radicados en otros juzgados federales y promovidos por otros magistrados inconformes con la designación.

 

Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:00

Tratan de dar legalidad a redistritación judicial

Fue aprobada sin quórum por un grupo de magistrados.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, convocó a sesión de Pleno para este miércolespara ratificar el acuerdo de redistritación judicial, pero no se contempla abordar el tema de la sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en la que se invalidó la designación de dos de los tres integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Hasta el momento, la presidencia del TSJ no ha fijado una postura sobre la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en favor de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, quien impugnó la designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo. 

De acuerdo con la sentencia, la designación fue ilegal porque no solo no hubo quórum para sesionar, sino que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, que exige que los integrantes de la junta sean nombrados por el Pleno del Tribunal, en cual se integra por el presidente del TSJ y la totalidad de los magistrados que integran sala. 

La presidencia del TSJ no informó si la sentencia se acatará o si la impugnará, sin embargo, ayer emplazó a sesión de pleno ordinaria y extraordinaria para tratar asuntos distintos, entre ellos, la aprobación del acta de la otra cuestionada sesión de Pleno del 6 de septiembre, en la cual estuvieron ausentes nueve magistrados y tampoco se habría cumplido con el quórum. 

Y es que en esa sesión, los magistrados identificados con el grupo de Cuevas López aprobaron la desaparición de los distritos judiciales en materia penal y sustituirlos por las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, así como la creación del Juzgado Único en Materia de Oralidad Mercantil.

 

La presidencia del TSJ convocó a sesión de Pleno para este miércoles 6 para ratificar el acuerdo de redistritación judicial.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:08

Congreso, en riesgo de desacato

La SCJN negó cualquier prórroga para cumplir la entrega de recursos destinados al pago de jubilaciones del TSJ; los diputados se enfrentan a sufrir hasta la destitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que es improrrogable el plazo fijado para cumplir con las sentencias del alto tribunal vinculadas con el pago de pensiones a trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Pese a que el gobierno del estado y el Congreso solicitaron un plazo adicional para poder cumplir con el pago del último de los 11 bloques de sentencias enlistadas en el acuerdo emitido el 25 de febrero pasado por el Pleno, la SCJN sostuvo que ambos tuvieron “un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente en tiempo y debida forma a la obligación impuesta por este Alto Tribunal”.

Por lo tanto, “los plazos para autorizar el presupuesto previsto en el Acuerdo Plenario respectivo fueron improrrogables y el cumplimiento de las sentencias de las controversias constitucionales que integran el presente bloque constituye un mandato constitucional”. 

En el acuerdo publicado en estrados, afirmó que aun cuando que el Poder Judicial de Morelos realice los pagos de pensiones a los trabajadores en retiro, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que se estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos decidiera la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de trabajadores afectando el presupuesto del Poder Judicial local, al ordenar que la pensión debía cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgarle los recursos necesarios para satisfacer la obligación en cuestión. 

Incluso, dio un plazo de tres días al Congreso, el cual se vencerá en las próximas horas, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir, “el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (destitución)”, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, el Congreso estatal está obligado a etiquetar los recursos que sean necesarios para cumplir con el pago de todas las sentencias, para que el TSJ pague a los trabajadores en retiro, además de que en el presupuesto de 2020 deberá etiquetar una partida para el pago de pensiones.

 

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