Maciel Calvo

Maciel Calvo

El registro pretende velar por el derecho a la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentaron el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, que pretende velar por el derecho de la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

Dicho protocolo, el primero a nivel nacional y aunque no es vinculante u obligatorio, pretende ser aplicado durante el reinicio de los trabajos de exhumación de cuerpos en la fosa irregular que “administraba” la Fiscalía General del Estado en el panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, donde hasta junio de 2017 se extrajeron 84 cuerpos.

Durante el ciclo de conferencias “Cuida el Universo de tus Datos Personales”, en el marco de las Jornadas de Sensibilización de Protección de Datos Personales, fue presentado este documento que, a decir de la CDHEM y el IMPE, fue elaborado a petición de familiares de víctimas.

Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acudió a la presentación y señaló que no hay precedente en el país de un protocolo de esta naturaleza para el tratamiento de los datos e imágenes de las personas que han fallecido.

“Que pasa cuando se encuentra un cadáver en una fosa clandestina, todos los servidores públicos que saben que tienen que hacer y que la ley dice muy claramente que le toca hacer, en todo ese proceso cuide datos personales. ¿Qué es un dato personal? todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, el rostro…hay que cuidar fotografías, el nombre, el domicilio, edad, quiénes son sus familiares, esos datos personales”.

Es decir, añadió, “si no se tienen que publicar fotografías que no se publiquen, si no se tiene que dar mayor información, que no se dé más información, en el expediente de la investigación está todo, pero no hay necesidad de que ese todo esté publicado en un periódico”.

Respecto a las personas desaparecidas, sostuvo que es suficiente la tarjeta de identificación que se emite para su búsqueda, en caso de ser hallada muerta, “no hay ninguna razón sustantiva de fondo, para publicar datos que denosten (sic) la vida de una persona”.

Precisó que el documento no es vinculante u obligatorio, sin embargo es un documento orientador que puede coadyuvar a la protección de los datos personales de las personas fallecidas y sus propios familiares.

El protocolo tendría que ser aceptado por la Fiscalía de Morelos, que ya tiene su propio protocolo para cumplir con la cadena de custodia de las evidencias y de la escena del crimen.

Sin embargo, este documento tendría como objetivo no sólo concentrar lineamientos sino armonizar a todas las instancias involucradas.

Mireya Arteaga Dirzo, comisionada  presidenta del IMIPE, rechazó que el documento pretenda censurar a los medios de comunicación e insistió que fue elaborado con base en los testimonios de familiares de víctimas, concretamente relacionados con las exhumaciones  realizadas en Jojutla y Tetelcingo y donde no hubo el cuidado suficiente para proteger los datos personales.

 

  

Además, un exasesor del Congreso fue vinculado a proceso por presuntamente haber obtenido de manera ilegal su jubilación.

El expresidente municipal de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, fue imputado ante un juez por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por los presuntos delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Además, un exasesor del Congreso fue vinculado a proceso por haber obtenido –presuntamente- de manera ilegal su jubilación.

A través de sendos comunicados, la fiscalía anticorrupción informó que como parte de la causa penal JC/1596/2019, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la que se acusó al edil de Jiutepec de la supuesta distracción de 19 millones de pesos, cuyo monto fue producto del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Indicó que la fiscalía presentó ante el juez 14 datos de prueba para sustentar la imputación al ex servidor público, quien como medida cautelar deberá acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y, a solicitud de la defensa, el juez otorgó 144 horas como plazo para realizar la audiencia de vinculación a proceso.

Respecto al caso del exasesor de la Junta Política del Congreso durante la legislatura pasada, José Miguel Murillo Pardo, la FECC detalló que la juez de la causa decretó auto de vinculación por los presuntos delitos de fraude procesal, uso de documento falso y abuso de autoridad.

Explicó que el agente del Ministerio Público aportó datos suficientes que presumen que el imputado entregó documentos dudosos para acreditar una antigüedad de 22 años de servicio y, con ello, obtener -de manera irregular- una pensión por jubilación como trabajador al servicio del Estado, equivalente al 60 por ciento de su último salario.

Ambos exfuncionarios se presumen inocentes, en tanto no se aclare su responsabilidad por parte de la autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

 

La FGE confirma que han sido detenidos ciudadanos venezolanos, colombianos y salvadoreños, principalmente, que han participado en actividades delictivas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si existen grupos de ciudadanos extranjeros dedicados a cometer actividades ilícitas, luego de la detención de un hombre de origen salvadoreño que presuntamente participó en el homicidio de un comerciante en el municipio de Jiutepec, la semana pasada.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, expresó que Morelos no es un  estado de paso para los migrantes, pero se ha detectado que ciudadanos de otras nacionalidades se han asentado en la entidad y, en algunos casos, sus actividades no son lícitas.

A pregunta expresa sobre si existe una banda de salvadoreños dedicada al cobro de piso, tras la detención de un hombre de esa nacionalidad por el homicidio del dueño una fonda, señaló que el caso se investiga y se determinará si se trató o no de un caso aislado.

“Es algo que se está investigando. Es un fenómeno migratorio. Tenemos gente de fuera y vamos a investigar si se trata de un caso aislado o si existen grupos de diferentes nacionalidades operando acá”, señaló.

Reconoció que han sido detenidos ciudadanos venezolanos, colombianos y salvadoreños, principalmente, que han participado en actividades delictivas, algunos han sido repatriados y otros han sido vinculados a proceso por la presunta comisión de delitos.

 

 

La única forma de consulta es a través del ejemplar impreso.

La resolución anula nombramiento de Elda Flores León como representante de los magistrados y ratifica que la creación de la Junta de Administración fue ilegal.

El Juzgado Séptimo de Distrito del Decimoctavo Circuito concedió la protección de la justicia federal al magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, e invalidó la designación de su homóloga Elda Flores León como representante de los magistrados ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al considerar que la magistrada presidenta Carmen Cuevas López violó los derechos humanos del quejoso.

Este el cuarto amparo concedido a magistrados que integran el bloque disidente y que, de manera individual, impugnaron la integración de la junta en la sesión del 3 de junio de 2019, porque durante la votación no existió el quórum para realizar la designación de un representante de los magistrados y un representante de los jueces.

A diferencia de otras resoluciones, en este caso el Juez Sétimo de Distrito determinó conceder la protección de los justicia federal al magistrado Elizalde Figueroa en “lo que respecta al acto reclamado, consistente en el acuerdo emitido en la sesión ordinaria de tres de junio de dos mil diecinueve, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se nombra a la Magistrada Elda Flores León, como integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como sus efectos y consecuencia”.

Además de considerar  que no se cumplió con lo previsto en el artículo 92-A de la Constitución local, al no estar presentes al momento de la votación por los menos 12 magistrados para reunir el quórum, y “al quedar demostrado que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos que invoca la parte quejosa”.

En consecuencia, el juez federal ordenó que se “dejen insubsistente el acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, únicamente en la parte que determinó la votación para designar a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y en su lugar emita otra en la cual deberá observar lo establecido en el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el entendido de que deberá no sólo requerir a la totalidad de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal a efecto de declarar la existencia de quórum legal, sino también para llevar a cabo dicha votación.

En los nueve juicios de amparo promovidos contra la integración de la junta, se ha concedido la protección de la justicia federal en cuatro casos y uno fue sobreseído. Las sentencias están en revisión en tribunales colegiados y cuatro más están pendientes de resolución.

 

 

El Poder Judicial debe recuperar credibilidad y orden constitucional, afirma.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, reconoció que aspira a la presidencia del TSJ, que se renovará el próximo 17 de mayo, pero solo formalizará su candidatura si hay condiciones de unidad, para poder implementar un proyecto estratégico para recuperar el diálogo, la credibilidad y el orden constitucional en el Poder Judicial.

En los últimos días, varias organizaciones civiles y de abogados se reunieron con Arenas Ángeles para externar su preocupación por los desencuentros y la crisis por la que a traviesa el Poder Judicial, en víspera del término del periodo de la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López.

Agrupaciones como el Consejo Estatal de Abogados le expresaron su apoyo en caso de que decida contender por la presidencia del TSJ, por considerar que cuenta con los atributos como trayectoria judicial, credibilidad, apertura para dialogar y sensibilidad para atender la crisis interna y externa que atraviesa la administración de justicia.

Cuestionado sobre si está en condiciones de formalizar su candidatura, Arenas Ángeles explicó que no es tiempo de un “destape”, pero no negó su intención de competir por la representación del Poder Judicial solo sí se generan condiciones de unidad,  tanto en su postulación como para la implementación de un proyecto estratégico para recuperar la credibilidad y el orden constitucional en la institución.

“No podemos generar ahorita un planteamiento de un destape, ha sido la sociedad organizada la que me han (sic) invitado y me han externado que ven un buen perfil en mi persona, y no necesariamente por mi actividad crítica sino simplemente por la trayectoria que he desempeñado en los diferentes cargos.

“Sin embargo, yo no puedo ahorita destaparme, si tengo que reconocer que sí tengo interés, eso sí lo puedo  hacer. De hecho ya empecé a hacer un plan de trabajo estratégico que está construido en 17 ejes rectores”, explicó.

Detalló que el proyecto que elabora y que presentará a sus homólogos en vísperas de la elección del nuevo presidente del TSJ, consiste en garantizar la autonomía e independencia de sus juzgadores; retomar la carrera judicial; transparentar las acciones del Poder Judicial; crear un instituto de capacitación y profesionalización para los integrantes del Poder Judicial; crear un instituto de ética y jurisprudencia; retomar la facultad de decisión del Pleno y que la toma de decisiones no recaiga sobre una sola persona; retomar el diálogo y la unidad para resolver los problemas que enfrenta el Poder Judicial; terminar con el hostigamiento y persecución laboral; y recuperar la credibilidad del Poder Judicial en beneficio de la sociedad.  

También, dijo, corregir el gobierno judicial a través de una buena administración y disciplina financiera, “porque hoy existe un gran boquete de más de 126 millones de pesos por un exceso en el número de personas que se jubilaron, que prefirieron retirarse antes que continuar siendo blanco de hostigamiento laboral”, que fue la característica de la administración de la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Recalcó que es necesario terminar con la confrontación que existe entre los Poderes del Estado, pero eso no va a ser posible en una persona.

“Yo lo que estoy proponiendo es un proyecto de unidad, en donde se logre un candidato de unidad con el mayor número de magistrados posibles. Estaré tocando la puerta de cada uno de ellos, para poderles explicar en qué consiste este proyecto y podamos tener las coincidencias.

“Y todo depende de que se generen los consensos y coincidencias para lograr este proyecto, que no es un personal, sino es un plan estratégico de carácter institucional”, recalcó.

 

 

 

El organismo defensor de derechos humanos requiere informe a la FGE sobre los hechos     

Insuficientes, recursos para homologar salarios en los 36 municipios: CES.

La Comisión Estatal de Seguridad  (CES) anunció un incremento, hasta de un 100% en algunos casos,  a los salarios de los policías municipales, con la finalidad de dignificar la labor que realizan todos los días.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que lo ideal hubiese sido homologar los salarios de los policías de los 36 municipios, pero no había recursos suficientes y el compromiso es que en breve se hará el anuncio oficial del incremento de las remuneraciones de los elementos.

“No se va a poder homologar, va a ser un incremento a sus percepciones ¿Por qué? Porque no alcanzó el presupuesto. Yo quería que todos ganaran mínimo 12 mil, porque eso los pondría… hay municipios donde ganan cuatro mil pesos, cuatro mil 200 pesos al mes.

“Entonces, realmente el incremento va a ser muy bueno para ellos porque el que menos va a ganar, va a ganar 10 mil 10 pesos”, adelantó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que en el presupuesto del gobierno de Morelos los diputados etiquetaron 26 millones de pesos exprofeso para  dignificar la labor de los policías municipales, sobre todo en aquellas demarcaciones donde sus ingresos son inferiores a los tres mil pesos y carecen de seguridad social y seguro de vida.

Señaló que si bien es importante prescindir de los elementos que no desempeñen sus funciones correctamente y no aprueben los exámenes de control de confianza, también “estamos reconociendo que hay policías que prestan lealmente sus servicios al estado de Morelos y que no tienen condiciones adecuadas y optimas de subsistencia.

“Entonces la prioridad fue, y ya está en el presupuesto etiquetado, un incremento en las condiciones económicas de las policías municipales, que no será a cargo de los municipios sino a cargo del gobierno del estado”, recalcó.

 

Analizan descongestionar el penal de Atlacholoaya.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, informó que se analizan tres propuestas para descongestionar el penal de Atlacholoaya y evitar los problemas de hacinamiento que hoy padece.

Tras la mala calificación que  este centro de reclusión obtuvo en el último Diagnóstico Estatal Penitenciario, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, reconoció que existen problemas como la sobrepoblación y la saturación de celdas, que este año pretenden solucionar con base en tres proyectos en estudio.

Detalló que la primera opción es hacer una ampliación al penal, con la construcción de dos dormitorios adicionales, para aminorar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de su libertad; la segunda alternativa es gestionar que las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, que originalmente fueron construidas como centro de arraigo de la otrora PGR y luego dado en comodato al gobierno de Morelos, se conviertan en centro penitenciario; y, la tercera, es construir un nuevo penal en el municipio de Yecapixtla.

Afirmó que en el primer semestre del 2020, las autoridades deberán tomar una decisión sobre cuál opción es viable, pero todo dependerá de la disponibilidad de presupuesto y los procesos legales que se tengan que realizar.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad, de quien depende el área de reinserción social, en el último año, la sobrepoblación del penal de Atlacholoaya pasó del 27 al 29 por ciento.

 

Viernes, 07 Febrero 2020 05:11

Investiga FGE entrega equivocada de cadáver

El fiscal general insiste en que el cuerpo habría sido reconocido por dos familiares de Jonathan Martínez Tijera.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que fue iniciada una investigación para saber si personal de la institución fue negligente u ocurrió una “confusión desafortunada” de la familia, al confundir a un occiso con Jonathan Martínez Tijeras, quien esta vivo y recluido en un centro de rehabilitación.

A raíz de la denuncia iniciada por Felícitas Tijera, madre de Jonathan, quien acusó de omisiones y negligencia al personal de la fiscalía, al no haber permitido a la familia hacer la identificación física del cuerpo que creyó era de su hijo y sepultó en el panteón municipal de Yautepec,  señaló que la denuncia será tomada con toda seriedad para esclarecer qué ocurrió y quién miente.

Sostuvo la versión oficial de la fiscalía, respecto a que los dos hermanos de Jonathan ingresaron la madrugada del 16 de enero al anfiteatro de la fiscalía de la región oriente y reconocieron físicamente al occiso como su familiar, según consta –dijo- en documentos que fueron firmados e integrados a la carpeta de investigación, que negó estuviese desaparecida como acusó la familia denunciante y que él como fiscal general revisó personalmente.  

“Lo que vamos a hacer es investigar, tomar en serio esa denuncia, no es un juego lo que hacemos en la fiscalía, y vamos a revisar quién miente. Los órganos de control, los órganos de disciplina, de control interno, van a hacer su trabajo para definir a través de una investigación seria y objetiva, si lo que está diciéndose en la denuncia es verdad.

“Se tendrá que acreditar que en realidad no les pusieron el cadáver a la vista de manera correcta. Si esto fuera así, solamente si se acreditara que hubo omisiones, vamos a sancionar. No vamos a tener tolerancia para servidores públicos que hagan mal su trabajo, eso no lo vamos a permitir. Sin embargo, no podemos permitir cometer una arbitrariedad ni una injustica, vamos a investigar y llegar al fondo del asunto y vamos a dejar en claro quién está mintiendo”, expresó.

Insistió en que en la carpeta de investigación, que se inició con motivo del levantamiento del cadáver localizado el 14 de enero en la calle No Relección de la Colonia Centro de Yautepec, hay documentación que indica que la familia de Jonathan tuvo a la vista el cuerpo y asintió el reconocimiento, pero no descartó que los hermanos se hayan confundido porque el difunto tenía un parecido con su consanguíneo.

“Yo de una vez les digo que la familia pudo haber caído en una confusión desafortunada, porque la persona occisa tiene un parecido muy grande, muy importante, con la persona que está viva, se parece mucho”, reiteró.

Detalló que la familia del hombre fallecido (presuntamente por infarto) ya fue ubicada y se solicitará a un juez la autorización para inhumar el cuerpo y realizar las prueba de identificación para hacer respectiva entrega.

 

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