Maciel Calvo

Maciel Calvo

Exigen ministros que se paguen completas las pensiones, conforme al calendario previamente ordenado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó la presión al Poder Ejecutivo de Morelos para que transfiera al Poder Judicial el total de los recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados cuyos casos fueron resueltos en controversia constitucional.

El máximo tribunal del país emitió un acuerdo en el que advirtió que la orden, dentro del cumplimiento de sentencia de 116 controversias constitucionales (que dividió en 11 bloques) fue el pago del total de la pensiones conforme a los bloques indicados en el acuerdo del 25 de febrero pasado y no en “mensualidades”.

La SCJN requirió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “indique en qué medida, proporción  y, respecto a qué bloque abona al pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial las transferencias realizadas, en la inteligencia de que este Alto Tribunal no ordenó el pago en mensualidades del monto total de los bloques del anexo del Acuerdo General Plenario de referencia, sino el pago total del valor pecuniario asignado a cada bloque por el Poder Judicial de Morelos, o bien manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos”.

En consecuencia, “se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en lo sucesivo, cubra el monto total asignado a las pensiones a las cuales refiere el anexo del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, so pena de incurrir en desacato a los lineamientos aprobados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El requerimiento es para que el gobierno de Morelos transfiera inmediatamente la totalidad los recursos correspondientes a los tres primeros bloques, que equivale al cumplimiento de 30 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

Actualmente, las autoridades estatales han dado cumplimiento parcial a 50 sentencias y están 66 más enlistadas para su cumplimiento. En total, el Poder Ejecutivo deberá de transferir al Poder Judicial 105 millones de pesos para evitar que la SCJN le aplique sanciones, que incluye hasta la destitución de las autoridades responsables.

 

 

Concurso interno de oposición es medida encaminada a paridad de género, informa.

El Poder Judicial de la Federación lanzó la convocatoria del Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Juezas de Distrito, como medida afirmativa encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) podrán participar en el concurso interno de oposición las servidoras públicas que se encuentren desempeñando alguna de las categorías previstas en las fracciones III a IX Bis del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (secretarias de acuerdo, de estudio y cuenta, secretaria de juzgado de distrito o tribunal colegiado), sin embargo, no podrán concursar quienes habiendo ocupado el cargo de juzgadora federal (jueza de Distrito o magistrada de Circuito) hayan sido destituidas o inhabilitadas.

Tampoco podrán participar las servidoras públicas que habiendo prestado servicios en el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal) hubiesen sido destituidas y/o inhabilitadas, y posteriormente se integraron a alguna de las categorías de la carrera judicial.

Parte de los requisitos son tener al menos cinco años de carrera nacional, contar con nombramiento en los cargos especificados, y continuar en funciones durante el desarrollo del concursos de oposición.

Además de cubrir los requisitos legales, las aspirantes deberán superar las diversas etapas que incluyen completar un curso de inducción, un examen oral y la resolución de un caso práctico.

Con la finalidad de facilitar a las participantes la presentación de la primera etapa del concurso, la evaluación se aplicará en las siguientes extensiones del Instituto de la Judicatura Federal: Sede Central Ciudad de México; Extensión Toluca, Estado de México; Zapopan, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; San Andrés Cholula, Puebla; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja California; Guanajuato, Guanajuato; y Chihuahua, Chihuahua, o en los lugares que se determinen por el propio Instituto.

 

 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia se ampara en criterio jurídico de la SCJN.

La infraestructura no podrá usarse hasta que haya una sentencia sobre el tema.

Un juzgado federal otorgó al ejido de Amilcingo la suspensión de plano para detener la “inminente operación del Gasoducto Morelos”, para evitar afectaciones a la parte quejosa hasta que haya sentencia en el juicio de amparo.

De acuerdo con la resolución dictada por Guillermo Amaro Correa, Juez Noveno de Distrito del Decimoctavo Circuito, dentro del juicio de amparo 642/2019 promovido por los integrantes, se concedió “la suspensión de plano, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, suspendiendo la inminente operación del Gasoducto Morelos, toda vez que pudiera tener por efecto la privación total o parcial de las tierras del ejido, así como, para que no se lleve a cabo ningún tipo de construcción o modificación, otorgamiento o expedición de cualquier tipo de licencia o permisos para tal fin.

“Ello es así, porque se trata de actos que pueden tener como efecto privar total o parcialmente, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute del núcleo ejidal del Municipio de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, Comisariado Ejidal de Amilcingo”.

La suspensión incluye no llevar a cabo ninguna construcción o modificación, otorgamiento o expedición de cualquier tipo de licencia o permisos, relacionados con el gasoducto.

Las autoridades implicadas en el tema del gasoducto deberán dar cumplimiento a la orden judicial en las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento u omitir rendir su informe, les será impuesta una multa hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238, 239 y 259, de la Ley de Amparo.

El juez federal advirtió que la medida cautelar dejara de surtir efecto en los siguientes casos: si no se demuestra que la inminente operación del gasoducto privará de tierra al núcleo ejidal; si la construcción, operación, ampliación y funcionamiento del Gasoducto de Morelos, se encuentra fuera del polígono que conforma el ejido quejoso; si presente una situación análoga en la que se pueda seguir perjuicio al interés social o contravenir disposiciones de orden público pero, bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables.

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, celebró la decisión judicial que calificó como “un triunfo” no sólo de Amilcingo, sino también de las comunidades de las tres entidades que se serían afectadas por el “Proyecto Integral Morelos”, que incluye la operación del gasoducto y una termoeléctrica.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los siete años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores Soberanes, asesinado el pasado 20 de febrero) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad. “Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, recalcó.

Explicó que la suspensión de plano se otorgó con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y el ejército, resultando baleados cinco ejidatarios el 13 de abril de 2014.

Agregó que esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, para que no se pueda contaminar el río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica; a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto; y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades, lo que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

De esta manera, el Frente de Pueblos exigió “a la CFE, al Presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el Proyecto Integral Morelos en tierras zapatistas”.  

 

 

 

Miércoles, 03 Julio 2019 05:00

Inicia CDHEM queja por agresión policiaca

En los hechos es acusada una policía de tránsito de Zacatepec.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por la agresión que sufrió una menor por parte de una policía municipal de Zacatepec.

Derivado de la difusión en redes sociales de un video donde se aprecia una pelea entre la agente y una estudiante de secundaria, el organismo abrió la queja 33/2019-VRSP por el presunto abuso policiaco.

En el video se aprecia como fondo la Iglesia de Santiago Apóstol, en el centro de Zacatepec, mientras la agente y la menor liadas son separadas, pero según las voces de los testigos, habría sido la mujer policía quien inició la agresión contra la estudiante de secundaria.

Incluso, un motociclista que fue esposado y arrestado explica en el video que su detención fue porque observó cómo la policía arremetía contra la niña y él intentó frenar la agresión.

La madre de la menor también se vuelca contra la policía para reclamarle a golpes la agresión a su hija.

La CDHEM detalló que ante la queja radicada en la Visitaduría Regional surponiente con sede en Jojutla, y a cargo de la Visitadora Aurelia Castañeda, solicitó informes a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zacatepec.

 

Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

 

 

 

Así lo consigna el informe preliminar de la CDHEM; un reo murió y cuatro recibieron heridas leves.

Martes, 02 Julio 2019 05:12

Nueva Alianza deberá saldar deudas

Sala Superior del TEPJF confirma acuerdo del INE.

Se publicó el acuerdo por el que se modificó el calendario de entrega, porcentajes y montos de fondos federales y estatales para el ejercicio fiscal 2019

El médico fue imputado ante un juez por el presunto delito de homicidio culposo 

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