Maciel Calvo

Maciel Calvo

Viernes, 06 Septiembre 2019 05:14

Magistrada rechaza parálisis en TSJ

Disensos en Pleno no afectan la operatividad de la institución: Flores León.

Elda Flores León, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, confirmó que no hay fecha para la próxima sesión de Pleno, aunque  afirmó que los disensos entre magistrados no afectan la operatividad de la institución.

Resaltó que la Constitución y la ley establecen cuales son las obligaciones y funciones de los impartidores de justicia, por lo que está en el ámbito personal cumplir profesionalmente con las tareas que le fueron conferidas.

“El hecho de que los magistrados no se aparezcan a las sesiones de Pleno, en donde somos legalmente convocados, nosotros tenemos la obligación constitucional de llevar a cabo nuestro cargo con profesionalismo. A nosotros se nos cita a las sesiones de Pleno de manera legal y, bueno, si ellos no comparecen y justifican su incomparecencia, esa es la causa por lo que no podemos sesionar”, dijo.

Aclaró que aun cuando que el Pleno no ha sesionado en las últimas dos convocatorias por falta de quórum, las salas, los juzgados y las áreas administrativas continúan con su labores de manera habitual, y sólo fueron postergados los temas jurisdiccionales y administrativos enlistados para ser tratados en el órgano colegiado integrado por todos los magistrados del TSJ, pues todavía no hay fecha para una nueva convocatoria.

 

 

Los afectados pueden ampararse para tratar de frenar la medida.

Por desacato judicial, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución e inhabilitación del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, cuyos integrantes buscan la protección de la justicia federal para evitar que se consume su cese.

Este 4 de septiembre, la sala notificó al ayuntamiento de su resolución, dentro del expediente TJA/3ª/09/2017, por la cual determinó la destitución del presidente municipal, Mario Ocampo Ocampo; de Verónica Torres Rebollar, síndica municipal; y los regidores Israel Alemán Cárdenas, Gilberto Rojas Cárdenas, Ramiro Macedo Domínguez, Cristóbal Acevedo Aguirre y Rubén Morales Ozaeta, así como su inhabilitación para ocupar cargo por seis años.

Lo anterior, con base en los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que faculta a los magistrados de las salas y al Pleno para cesar e inhabilitar  hasta por seis años a ediles, síndicos y regidores por su resistencia a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por este tribunal.

La destitución e inhabilitación obedeció a que el ayuntamiento no acató la resolución que ordenó el pago de más de un millón de pesos a un ex elemento de la policía municipal que, como consecuencia de un accidente automovilístico mientras estaba en funciones, quedó inválido y la comuna lo habría dejado a su suerte, sin pagarle su pensión y prestaciones por incapacidad permanente.

El Cabildo tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo y solicitar la suspensión para intentar frenar su remoción.

 

Jueves, 05 Septiembre 2019 05:14

Advierten contra nuevos modos de extorsión

Consejo Ciudadano de Seguridad hace llamado a los ciudadanos a estar atentos y denunciar este tipo de delitos.

El Consejo Ciudadano de Seguridad llamó a los ciudadanos a estar alertas ante las nuevas modalidades de extorsiones telefónicas, ya que últimamente los delincuentes se hacen pasar por despachos jurídicos y denunciantes.

Fernando Vela López, director General del Consejo Ciudadano de Seguridad, señaló que debido a que modalidades como el secuestro exprés son complejos en su logística y la gente cada conoce más de ellas, ya no les es tan fácil engañar a sus víctimas.

Pero debido a ello, los extorsionadores mutan sus métodos y estrategias para poder lograr su objetivo.

“Hay de muy diferentes tipos, hay de los que te avisan que ganaste un concurso, un vehículo, que te piden que deposites y otros. Como el secuestro exprés es muy complicado, yo creo que han ido modificándolo. Y unas dos nuevas (modalidades de extorsión) que hemos encontrado, es que te ponen un sello de clausura en un negocio o en una casa para que tú te comuniques, supuestamente es un bufete jurídico, entonces te comunicas y ahí te dicen que tienes un grave problema que ellos te pueden   ayudar a resolver pero que tienes que depositarles tanto”, dijo y precisó que esta nueva modalidad ha sido detectada en los municipios de Tepoztlán, Cuautla y los Altos de Morelos.

“Otro que es novedosos que tienen el reporte de que tienes gente migrante ahí escondida y que por tanto va ir el municipio y la Guardia Nacional”.

Explicó que aun cuando hay personas que tienen información al respecto, suelen entrar en pánico porque los extorsionadores también se han convertido en buenos y convincentes actores.

Por ello, insistió en su llamado a los ciudadanos a estar atentos y denunciar este tipo de delitos, porque así se puede conocer cómo operan los extorsionadores y prevenir que más personas sean víctimas.

 

 

Grupo disidente de magistrados está obligado a generar equilibrio en Pleno de Tribunal Superior, opina Pedro Martínez Bello.

El presidente de la organización denominada Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, responsabilizó de la fractura del Poder Judicial a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, por sus malas decisiones y su afán de mantener el total control económico y operativo de la administración de justicia.

Luego de que se agravó la división entre en el grupo disidente y el que encabeza Cuevas López, el abogado sostuvo que la magistrada presidenta ni siquiera ha sido capaz de obtener consensos y las determinaciones en el Pleno han sido prácticamente forzadas.

Señaló que Cuevas López está empeñada en tener el control absoluto del TSJ y hasta ha relegado a sus homólogos que han sido críticos de su gestión, lo que ya tiene repercusiones internas y externas para la institución.

“La titular está mal, es una titular que no ha podido tener un pleno, ya no digamos que por unanimidad se saquen los temas, pero sí considero que la división ha sido en gran medida por las malas decisiones de la presidente del TSJ.

“Nosotros esperábamos que desde hace muchos este grupo disidente pudiera generar un balance, un fiel de la balanza en los temas, porque resulta que una vez que salió el gobernador Graco Ramírez, se modificó toda la legislación para que la presidente del tribunal tenga un poder absoluto y no debe ser así, el Pleno es la máxima autoridad de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, no la presidente del tribunal, quien se erige como una autoridad de facto en el momento que desapareció el Consejo de la Judicatura”, señaló.

Expresó que la prueba más evidente del ejercicio unilateral de la administración de justicia es la resistencia de Cuevas López  durante casi 15 meses a integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pues a través de la Comisión Transitoria tuvo en ese lapso el control absoluto de los nombramientos del personal y de los jueces, así como de las finanzas de la institución, sin rendir cuentas a nadie.  

Insistió que, ante la gestión unilateral de la magistrada presidenta, el grupo disidente está obligado a ser el fiel de la balanza y hacer el esfuerzo necesario para acotar los abusos cometidos por Cuevas López.

 

 

Al menos dos de ellos contaban con antecedentes penales en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado identificó a cuatro de los cinco hombres que fueron acribillados en la terminal de autobuses Estrella de Oro de Cuernavaca y corroboró que al menos dos de ellos contaban con antecedentes penales en el estado de Guerrero.

A través de un comunicado, la FGE detalló que la Unidad de Identificación Humana de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, identificó los cuerpos de Gabriel “N” de 37 años de edad y David “N”, cuya huellas digitales están registradas en los Archivo de Identificación Dactiloscópica y AFIS por su hit en aquella entidad.

Un tercer cuerpo fue identificado como Luis Martín “N” de 20 años de edad y un cuarto hombre, de 17 años de edad, y sólo resta identificar un cadáver.

Agregó que la fiscalía mantiene bajo resguardo y vigilancia hospitalaria a un hombre de 21 años de edad, quien sobrevivió al ataque ocurrido la mañana del lunes.

De acuerdo con la hipótesis oficial, seis hombres, todos originarios de Guerrero, llegaron a la terminal, donde ya los esperaba un comando armado para atacarlos. Tres de las víctimas quedaron abatidas en la entrada de la terminal y dos más en el ingreso de los andenes. Sólo uno sobrevivió al ataque.

Presuntamente, las víctimas pertenecían a un grupo criminal.

 

 

 

Miércoles, 04 Septiembre 2019 05:13

Desaparece acta de defunción de Zapata

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó sendas denuncias penales por la desaparición también del registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario.

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República  (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por la desaparición del acta de defunción de Emiliano Zapata Salazar y el libro del Registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario, que, hasta antes del sismo de del 19 de septiembre de2017 estaban en exhibición en el Ayuntamiento de Cuautla.

Acompañado de su abogado, Castro Zapata detalló que realiza labores de conservación, investigación y documentación histórica del movimiento zapatista y, al declarar el gobierno federal el 2019 como Año del Caudillo del Sur, se enfocó en la realización de diversas actividades en el interior del país relacionadas con la conmemoración de centenario luctuoso de su bisabuelo.

Por ello, acudió al Ayuntamiento de Cuautla a indagar sobre el acta de defunción de Emiliano Zapata, que hasta antes del sismo de 2017 estaba exhibida en el Palacio Municipal, pero la repuesta fue que el documento histórico y el libro del Registro Civil estaban perdidos.

“Es claro que un documento histórico de gran relevancia como lo es el acta de defunción del General Emiliano Zapata Salazar no se ‘pierde’ sino que es sustraído para ser vendido a coleccionistas privados”, dijo, al expresar su preocupación en las denuncias promovidas ante ambas fiscalías.

Pedro Martínez Bello, representante legal de Edgar Castro Zapata, reiteró la preocupación por el presunto extravío del documento, porque no sólo tiene un gran valor histórico, sino también un enorme valor económico y podría caer en manos de coleccionistas privados, como ha ocurrido con otros objetos y obras de arte mexicanos.

Exhortó a las actuales autoridades municipales a presentar el documento que, en teoría, deberían de tener bajo su resguardo o, en su caso, acudir a iniciar las denuncias correspondientes para que se investigue su paradero y se finquen responsabilidades a quién o quiénes lo ocultaron o sustrajeron.

 “El documento es un hecho que no está y pareciera que el Ayuntamiento de Cuautla tratara el asunto de manera sigilosa para que no se haga público. Sin embargo, si ellos no tienen ninguna responsabilidad, pues que presenten la denuncia.

“Lo más importante de esto es que aparezca el documento y que se responsabilice a la persona que tenga bajo su reguardo este documento histórico, porque evidentemente tiene que ver con una transacción económica”, dijo, en referencia a la posibilidad de que alguien pudo haber aprovechado el caos por el sismo durante la administración del alcalde, Raúl Tadeo Nava, o el periodo de transición, por cambio de administración y asunción del nuevo edil, Jesús Corona Damián,

Por ello, insistió en que la actual administración municipal debe revisar si el documento fue o no incluido en el acta de entrega recepción y de ser necesario presentar las denuncias contra quien resulte responsable.

Por lo pronto, dijo que la intención de las dos denuncias es que el Ministerio Público de la Federación y de la fiscalía anticorrupción inicien las primeras pesquisas para la localización del documento histórico.

 

Martes, 03 Septiembre 2019 05:10

Se acentúa ruptura en TSJ

Magistrados disidentes exigen información sobre temas que se discutirán en los plenos.

Por falta de quórum, nuevamente fue suspendida la sesión de Pleno programada para este lunes, luego de que un grupo de nueve magistrados condicionó su asistencia a que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, convoque a las sesiones con antelación y les entregue información de manera oportuna de los asuntos que se verán en Pleno para que puedan opinar, debatir y votar.

Acompañado por ocho de sus homólogos, el magistrado Andrés Hipólito Prieto rechazó que incumplan sus funciones y sostuvo que, por el contrario, hacen ejercicio pleno de su derecho a la información para impartir eficazmente la justicia.  

Recalcó que insistentemente el grupo solicitó a la magistrada presidenta convocar a sesiones de Pleno en un tiempo prudente y que acompañe la convocatoria con la información completa de los asuntos a tratar, pero no hay respuesta de ella y actúa de manera unilateral y en la opacidad.

Calificó la administración de Cuevas López como “carente de un liderazgo honesto, legal, transparente, todo lo quiere tratar con los cuates, con los amigos y en la opacidad, y no está dispuesta ella a tolerar el diferendo, el disenso y quiere siempre imponer su voluntad, y creo que en un órgano colegiado y garante de la justicia no se puede ser así”.

Afirmó que su petición “no busca la confrontación, sino precisamente procurar las condiciones bajo las cuales ejercer nuestras atribuciones y, con ello, dejar atrás las viejas prácticas en las que se citan a los magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal Pleno, ministrándoles escaso o nula información  de los temas a resolver, que ponen en riesgo precisamente que se atienda el interés general de la población a la que servimos”.

Los magistrados señalaron que no atenderán las convocatorias hasta que se les entregue de manera oportuna la información de los asuntos enlistados en la orden del día.

A pregunta expresa de si solicitará el retiro de la orden del día la aprobación del acta de la polémica sesión del 3 de junio, en la que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial con colaboradores cercanos de Cuevas López y en la que todavía se dirime legalmente si hubo o no quórum para sesionar, señaló que precisamente es parte de la información que se solicitó, ya que hasta ahora desconocen el contenido de ese documento.

 

 

El órgano nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esas eran atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Un tribunal colegiado confirmó que la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia nunca tuvo competencia para iniciar procedimientos administrativos y sancionar a funcionarios judiciales, porque esod eran atribuciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

La justicia federal determinó la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión Transitoria que durante 15 meses ejerció funciones, ante la resistencia de la magistrada presidenta, María del Carmen Cuevas López, por instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Al resolver el amparo en revisión 259/2019, promovido por un secretario de Sala sancionado con una amonestación, confirmó el amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito y desestimó todos los argumentos presentados por Carmen Cuevas López,  quien insistió infructuosamente en defender las determinaciones emitidas por la comisión que también integraron los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz.

De acuerdo con la resolución del tribunal colegiado, la adecuación por parte del Congreso local a la Ley Orgánica del Poder Judicial no era condición para la entrada en vigor de la norma constitucional que creó a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, porque no se dispuso así transitoriamente, ni tampoco era necesaria la intervención del Legislativo para que el Tribunal Superior de Justicia materializara esa junta, lo que pudo y debió hacer desde el 5 de abril del 2018, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que creó dicha junta.  

“De esta forma, también contrario a lo que argumenta la recurrente, el plazo de noventa días para que el Congreso local adecue la ley orgánica en relación a la reforma constitucional que creó la Junta de Administración y Vigilancia no constituye la vacatio legis de dicha reforma.

“Por el término vacatio legis, se conoce al periodo en el cual una norma legalmente publicada adquiere vigencia. Así, si una ley es publicada el día “x” y transitoriamente dispone que entrará en vigor a los diez días siguientes, esos diez días son el periodo de vacante legal o vacatio legis, en que no puede tener aplicación, al no ser aún obligatoria por su falta de vigencia.

“No obstante, en el caso del decreto 2611 que creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, de acuerdo con su transitorio segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vacatio legis sólo fue de un día, mas no puede entenderse como vacatio legis el tiempo que se reservó el Poder Legislativo para adecuar la ley orgánica, porque no fue establecido así transitoriamente.

 “Esto es, no se condicionó la entrada en vigor de la reforma constitucional a la adecuación de la ley orgánica por parte del legislativo, sino que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Así con independencia de la premura que alega la recurrente para la integración de la junta de administración y vigilancia al día siguiente de la publicación del decreto 2611, lo cierto es que a partir de esa fecha pudo integrase ésta con base en la norma constitucional, hecho que no constituye un absurdo legal como lo califica la recurrente; absurdo, fue que no se haya hecho así, y la recurrente siga actuando ilegalmente en el ejercicio de atribuciones que ya no le competen, como la sanción de servidores públicos judiciales”, estableció contundente la resolución federal.

El tribunal colegiado enfatizó que la sentencia confirmada no  juzgó sobre la legitimidad de sus integrantes, ni sobre la existencia  de la Comisión Transitoria, sólo sobre su competencia constitucional, dado que, por virtud de la legislación vigente, ya es otro órgano el que ejerce las facultades que otrora depositó en ésta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El 27 de febrero de 2018 el Pleno del TSJ integró la Comisión Transitoria, pero un mes después, el 5 de abril, entró en vigor la reforma constitucional que creó y ordenó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Pese a la insistencia de algunos magistrados del TSJ como Carlos Iván Arenas Ángeles, sobre la ilegalidad de dicha comisión y la necesidad urgente de cumplir con el mandato constitucional de instaurar la Junta, Carmen Cuevas y sus magistrados aliados decidieron ignorarlos para mantener el control total del TSJ durante 15 meses.

La instauración de la Junta de Administración ocurrió hasta el pasado 3 de junio, en medio de una polémica entre magistrados del Pleno del TSJ sobre su hubo quórum o no para integrar dicho órgano.

Incluso, en los tribunales federales están en cursos diversas demandas de amparo de funcionarios judiciales que impugnaron actos y sanciones impuestas por la Comisión Transitoria.

 

Domingo, 01 Septiembre 2019 05:01

Extienden condonación de multas en verificación

En el beneficio fueron incluidos los propietarios de vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6; la cortesía está vigente hasta el 30 de septiembre 

Juez de control ratifica por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el exfuncionario acusado de expedir de manera ilegal permisos de circulación para rutas y taxis.

El ex director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Noé Sandoval Morales, acumuló ya una docena de carpetas de investigación en su contra por la expedición ilegal de permisos de circulación para rutas y taxis en diversas zonas del estado.

Luego de que un juez de control ratificó por segunda ocasión la medida de prisión preventiva para el ex funcionario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que presentó los elementos suficientes para que el juez mantuviese la medida cautelar y evitar el riesgo de sustracción de la justicia, debido a que están en integración varias carpetas de investigación que implican al ex servidor público en la presunta comisión reiterada del ilícito.

“Durante la audiencia celebrada a efecto de resolver sobre la suspensión condicional del proceso, la Fiscalía dio cuenta que existen otras 11 carpetas adicionales, a las que ya se desahogan, por denuncias de personas afectadas por el presunto otorgamiento ilegal de permisos para prestar el servicio de transporte”, detalló la fiscalía anticorrupción. 

Estas carpetas de investigación fueron promovidas por agrupaciones de transportistas y algunas de manera individual por algunos afectados por la expedición de permisos ilegales.

Por lo pronto, Sandoval Morales enfrentará privado de su libertad el primer proceso penal instaurado en su contra por el presunto delito de ejercicio abusivo del servicio público y, en breve, se espera la judicialización de otras carpetas de investigación.

 

 

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