Maciel Calvo

Maciel Calvo

El Congreso del estado exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina como órgano de control del Poder Judicial

Un juzgado federal concede al exdirector del Idefomm suspensión definitiva en el juicio contra la abrogación de su decreto pensionario  

Un juzgado federal concedió a Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), una suspensión definitiva para continuar percibiendo su pensión en tanto se desahoga su juicio de amparo contra la abrogación de su decreto pensionario.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Velázquez Adán, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, y por las razones precisadas en la parte considerativa de esta interlocutoria”, dice el acuerdo del Juzgado Primero de Distrito dentro del expediente 515/2019.

El pasado 12 de abril, se publicaron el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  24 decretos que abrogaron las pensiones concedidas por la anterior legislatura a un grupo de ex funcionarios graquistas, que obtuvieron sus jubilaciones sin haber realizado los trámites legislativos de rigor, por haberla tramitado con documentos de sospechosa procedencia o sin aportar documentación probatoria de los lugares trabajo y los años laborados al servicio del estado.

De acuerdo con el decreto de abrogación de la jubilación de Velázquez Adán, éste dijo tener una  antigüedad ininterrumpida de 25 años, 06 meses y 13 días, pero no lo acredito con documentos  de sus nombramientos, contratos de prestación de servicios, recibos de nómina con pagos de sueldos o salarios por los servicios prestados, credenciales expedidas por las diversas administraciones, oficios de comisión, memorándums de vacaciones, pago de aguinaldo, listas de asistencias, o cualquier documento importante, para corroborar y calcular la antigüedad.

Además, de manera inexplicable, presentó una constancia expedida por el Ayuntamiento de Coatlán del Río en el que afirmaba haber trabajado para el municipio 27 años y 2 meses de servicio, al haber laborado en esa acomuna desde el 01 de noviembre de 1985, al 31 de diciembre de 2012.

Además, el ex director del Indefomm fue jubilado con una pensión al 75% (sobre la base de los 600 salarios mínimos) como trabajador al servicio del Poder Ejecutivo, en donde laboró únicamente 28 días como Coordinador Operativo del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, de la Oficina de la Gubernatura del Estado, con salario de 60 mil pesos, casi equivalente a lo de un secretario de despacho (70 mil pesos). La pensión otorgada a Velázquez Adán fue por casi 40 mil pesos mensuales.

Por este caso, según el decreto, el Congreso instruyó a la Dirección Jurídica de éste Órgano Legislativo, para que iniciar “los procedimientos administrativos y denuncias penales que sean necesarios, en contra del Servidor Público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, Presidentes Municipales, Secretarios Municipales, Directores o Directores Generales de Recursos Humanos, Oficial Mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos a que se refiere esta abrogación”, ante la presunción de irregularidades. 

Ratifica obligación de las Juntas Laborales de juzgar con perspectiva de género casos en los que una trabajadora asevere haber sido despedida de su empleo con motivo de su estado de gravidez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una nueva sentencia para garantizar los derechos de las mujeres despedidas de sus empleos con motivo de su embarazo.

La Segunda Sala de la SCJN aprobó -por unanimidad de votos- el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que ratificó la obligación de las Juntas Laborales de juzgar con perspectiva de género los casos en los que una trabajadora asevere haber sido despedida con motivo de su embarazo y el patrón exhiba en su defensa la renuncia de aquella, aun cuando no exista duda u objeción sobre la firma que calza dicho documento, teniendo en cuenta que es atribución de las juntas dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a formulismos o reglas con relación a las pruebas aportadas por las partes.

Los integrantes de la sala reiteraron que es fundamental reconocer que en la realidad, es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo de la trabajadora, que su renuncia voluntaria al encontrarse en ese estado de gravidez, lo que se traduce en una duda razonable acerca de su voluntad de prescindir de su empleo, por los gastos que implica y la necesidad de acceder a la seguridad social.

Con este criterio, la SCJN busca contrarrestar la práctica común de firmar documentos en blanco que después son llenados con renuncias expresas por parte de las trabajadoras y exhibidas en juicio para justificar el despido o darle apariencia de legalidad.

 

 

 

Demandarán justicia y acciones oficiales para combatir violencia.

Colectivos de víctimas convocaron a la marcha del 10 de mayo “Por nuestros desaparecidos”, para exigir a las autoridades la localización de sus seres queridos  y protestar por la violencia en el estado de Morelos.  

El punto de reunión será a las nueve de la mañana de este viernes en la avenida Emiliano Zapata, a la altura de un conocido supermercado, y partirá a las 09:30 con rumbo al zócalo de Cuernavaca, para finalizar en la ofrenda a las víctimas y realizar la ceremonia de reinstalación del Árbol de la Memoria, que fue retirado durante la gestión del otrora gobernador Graco Ramírez, por la supuesta remodelación de la Plaza de Armas.

Lisbeth Cerón Salinas, hermana de Jessica, desaparecida en agosto de 2012 cuando estaba a punto de dar a luz a un varón, señaló que su madre y muchas más que viven la tragedia no tienen nada que celebrar este día de la Madre, ante la ausencia de sus hijas e hijos.

“Las madres no tienen nada que celebrar el día de mañana, están muertas en vida, hasta que no tengan justicia es cuando van a vivir un poquito de paz”, dijo, ante la falta de investigación y respuestas de las autoridades responsables de dar con el paradero de los desaparecidos.

Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo Regresando a Casa Morelos y madre de Viridiana, joven morelense desaparecida en agosto de 2012 en el Estado de México, detalló que la consigna será exigir paz, justicia, verdad, la no repetición de los agravios y acciones gubernamentales para frenar las desapariciones, sobre todo de niñas y adolescentes.  

Llamó a los ciudadanos a sumarse a esta marcha vestidos de blanco, y detalló que las madres portarán un moño amarillo como símbolo de esperanza de encontrar a sus hijos, y quienes han perdido a un ser querido llevarán un moño negro.

Dijo que es un “marcha espejo”, ya que tanto en la capital del país como en el resto de las entidades se realizarán acciones de los colectivos de familias de desaparecidos y víctimas del delito. 

   

Llaman a Fiscalía del Estado a asumir responsabilidad, ante niveles de impunidad.

Empresarios y organizaciones de derechos humanos y de abogados coincidieron en que debe replantearse el plan de seguridad estatal y auscultar el desempeño tanto del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, tras el trágico ataque de un presunto “asesino solitario” que privó de la vida a dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más a un costado del Palacio de Gobierno, la mañana del miércoles.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la delegación de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el sector económico de Morelos está preocupado por el tema de la seguridad y dolido por el asesinato de los líderes de la CTM, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón.

Previo al cónclave de cámaras empresariales, señaló que pedirán audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su gabinete para escuchar de la autoridad qué acciones tomarán, luego del hecho violento que colocó de nuevo a Morelos en la escena nacional e internacional.

“Nosotros lo que queremos es que nos digan qué va a pasar, sentarnos a escuchar para tomar acciones inmediatas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos y decir que no pasó nada o es un hecho aislado o es un hecho de la delincuencia organizada.

“Nosotros no sabemos porque no somos autoridad, nosotros lo que queremos es que nos expliquen cómo van a avanzar las investigaciones. Hay responsable intelectual, obviamente la persona que lo hizo está detenida, pero en función de eso nosotros necesitamos que nos digan hoy en día qué vamos a hacer, cómo vamos a transitar”, dijo.

Dijo que el sector económico mantiene la confianza en el gobierno estatal, pero también pidió ser escuchado y, si es necesario, pugnar por el arribo de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Marina para reforzar la seguridad en la entidad.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió evaluar el desempeño de Ojeda Cárdenas y Ortiz Guarneros por considerar que ambos han fallado no sólo por desconocer la geografía territorial, política, social y criminal en la entidad, sino porque no han dado resultados.

“Les hemos dado el voto de confianza, pero me parece que lo ocurrido ayer (miércoles) es el clímax del grado de violencia que vivimos. El hecho de que haya ocurrido a unos cuantos metros de gobierno del estado (sic) es significativo, porque es un desafío de cualquier delincuente para perpetrar un delito y privar de la vida a una persona o las personas, y que no ocurra absolutamente nada”.

Tras los hechos, señaló que es necesario “pensar seriamente generar cambios en el gabinete de seguridad, porque la estrategia que se está siguiendo evidentemente no está dando resultados”, pues, mientras Ojeda Cárdena ha fungido más como una figura decorativa que como un operador real de la política interna, Ortiz Guarneros fracasó con sus políticas de prevención del delito.   

También llamó al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, a dejar el encono político con el gobierno de Morelos y considerar sumarse al Mando Coordinado, porque las rencilla suelen abrir brechas que aprovechan los delincuentes para cometer delitos en contra de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, se sumó a las condenas por el hecho y consideró que es tiempo de que el gobierno federal entre de inmediato en auxilio de las autoridades estatales, como ellas mismas lo han reclamado.

Consideró que ante el reconocimiento público del titular de la CES respecto a que la autoridad local no tiene la capacidad para hacer frente al fenómeno delictivo, es necesario que la Federación -con fuerzas federales, el Ejército y la Marina- tengan presencia en Morelos.

Dijo que ya sea por conducto del delegado federal, Hugo Eric Flores Cervantes, o a través del gobernador del estado o, si es preciso, los abogados y ciudadanos viajen a la Ciudad de México, se debe pedir el apoyo del gobierno de la república para frenar la ola de violencia.

“La Barra de Abogados del Estado Morelos nos encontramos totalmente indignados ante los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Cuernavaca. Es notoria la inseguridad en que vivimos, por lo cual solicitamos más apoyo por parte de las autoridades federales, Ejército, marinos y Policía federal, ya que nos encontramos en un estado en el cual impera la violencia”, sostuvo.

Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, lamentó los hechos en que dos personas perdieron la vida y consideró que las autoridades estatales están obligadas a reconocer que la estrategia de seguridad es fallida y que necesita ser replanteada, ante el mensaje de desafío que dejó la delincuencia al atreverse un sujeto a perpetrar un ataque a plena luz del día y ante una multitud frente a la sede del Poder Ejecutivo.

Cuestionó el papel de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tampoco ha contribuido a la estrategia de seguridad, al mantener los altos niveles de impunidad y procurar justicia selectiva, particularmente, en la investigación de homicidios.

“Sí nos hace reaccionar de manera indignada cuando dice el fiscal que solamente aquellos homicidios relevantes, como el caso de Cuautla y, supongo que también el día de ayer, son los que se investigan a fondo, y los demás están ahí durmiendo el sueño de los justos”. 

 

 

 

El artículo contempla la privación de la libertad de 20 a 40 años cuando el miembro de la organización delictiva tenga funciones de administración, dirección o supervisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la pena de prisión prevista para los integrantes de la delincuencia organizada que tengan funciones jerárquicas dentro de un grupo criminal.

La Primera Sala, al analizar el amparo directo en revisión 604/2018, estableció que la pena prevista en el artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no vulnera la Constitución federal, pues cumple con el requisito de ser proporcional y se encuentra constitucionalmente justificada.

Este artículo contempla la privación de la libertad de veinte a cuarenta años cuando el miembro de la organización delictiva tenga funciones de administración, dirección o supervisión y además la finalidad de la organización sea cometer delitos contra la salud.

La SCJN consideró que si un sujeto es cerebro o cabeza de una organización criminal que funciona como empresa, es evidente que el resto de sus integrantes o algunos de ellos, actuarán bajo sus órdenes y mando, tal como acontece en una empresa en donde hay división de funciones o una estructura jerárquica entre sus miembros.

Al determinar la constitucionalidad de esta norma, la Primera Sala también expuso que quien tiene funciones de administración, dirección o supervisión en una organización criminal, contribuye en mayor medida, que el resto de los integrantes, a la subsistencia, a la expansión y a que obtenga mayores ganancias, potencializando con su actuar el daño a la seguridad pública, lo que representa un mayor peligro para la sociedad e incluso para la nación, por lo que determinó que la pena de prisión prevista en la ley es constitucional.

 

Jueves, 09 Mayo 2019 05:19

Inicia CDH queja por doble crimen

En el atentado perdieron la vida dos personas y dos más resultaron lesionadas.

Con el mismo modus operandi, con un presunto “autor material solitario” y también en medio de la multitud, fue asesinado el empresario y actual dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Jesús García Rodríguez, quien apenas hace unas semanas conmemoró el segundo aniversario luctuoso de su hijo, Jesús García Bejarano.

Miércoles, 08 Mayo 2019 05:19

Detienen a “El Ray”

Fue capturado en Puebla después de una persecución.

La CDHEM inició una queja de oficio por el asesinato de la maestra Nallely Vergara Ocampo.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos condenó el feminicidio de la profesora Nallely Vergara Ocampo y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer este crimen y todos los asesinatos de mujeres. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por este caso.

El presidente de los barristas, Iván Velasco Alcocer, lamentó la demora en la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares y pidió a la fiscalía esclarecer a la brevedad este caso, dada la intervención de la División Científica de la Policía Federal en el procesamiento de evidencias.

Afirmó que la FGE no tiene pretextos para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, pues no sólo la institución fue dotada de autonomía, sino de los medios necesarios para disponer de los recursos materiales y humanos para el combate y persecución del delito.

También exigió a la fiscalía transparentar el uso de recursos, pues a pesar de que se incrementó su presupuesto, la ciudadanía no tiene certeza de que sea aplicado adecuadamente ni que se hayan eliminado los privilegios a los altos funcionarios ni aplicado verdaderas medidas de austeridad para dar prioridad a la operatividad de la institución.

Dijo que espera que el fiscal Uriel Gándara Carmona rinda cuentas de los resultados a lo largo de un año de gestión y transparente el uso de los recursos.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) emitió un comunicado en el que lamentó el feminicidio de la docente y decenas de homicidios ocurridos en los primeros meses del año.

“La CDHMorelos lamenta el momento de violencia por el que atraviesa la entidad y que ha cobrado la vida de más de 350 personas en los primeros 4 meses del 2019. En ese sentido, se informa la apertura de la queja de oficio 079/2019-5 por el asesinato de la maestra Nallely "N", reportada como desaparecida el viernes 3 de mayo y encontrada sin vida el sábado 4 de mayo en el municipio de Temixco.

“Urgimos a las autoridades a reforzar su capacidad de respuesta ante la violencia que azota la entidad, especialmente la violencia en contra de las mujeres y la niñez”.

 

   

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