Maciel Calvo

Maciel Calvo

Su familia sólo recibe un apoyo económico por parte de la CEAV.

Los padres de Alan Israel Cerón, secuestrado y asesinado en 2011, exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que concrete la reparación integral del daño, después de cumplir con todos los trámites para acceder a una indemnización.

Rosa María Moreno, madre de Alan, acudió a la ofrenda dedicada a las víctimas de la violencia y la delincuencia, instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, y lamentó que después de tantos años, su hijo no sólo no tenga justicia, sino que la familia no hay podido acceder a la protección legal que prevé la Ley General de Víctimas.

Expresó que intermitentemente recibe un apoyo económico de la CEAV, pero lo que busca es que su caso sea debidamente atendido y que, después de ocho años de la muerte de su hijo, finalmente -como padres- puedan recibir del Estado Mexicano la reparación del daño.

“Me ponen trabas, que está, que no está (el dictamen de la CEAV) y por eso decidí hacer esto (protestar). No voy a negarlo, sí me dan una ayuda económica, pero ya quiero que esto se termine y haya una resolución”, explicó.

Expresó estar cansada y haber perdonado a los verdugos de su hijo de apenas 20 años, así como dijo tener poca esperanza de que los responsables sean juzgados y castigados.

Alan fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011 en Cuernavaca, y dos días después, apareció maniatado junto con otra persona del sexo femenino en Chilpancingo, Guerrero. Policías municipales de la capital guerrerense lo auxiliaron y trasladaron a una agencia del Ministerio Público para que pudiera iniciar su denuncia, pero tras apersonarse ante el agente del MP, el joven desapareció.

El 16 de mayo de 2012, en las inmediaciones del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizado el cuerpo de Alan, el cual fue identificado a través de pruebas de ADN.

 

La medida favorece el reemplacamiento: Hacienda.

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, extendió la vigencia del subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, los derechos por servicios de control vehicular y sus accesorios.

Según los motivos del acuerdo expedido por el gobierno del Morelos, la medida amerita debido a que está en curso el proceso de reemplacamiento de más de 800 mil unidades y los contribuyentes requieren mantener el subsidio.

“En virtud de que en el ejercicio fiscal del año 2019, se está realizando el canje total de placas en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana número NOM-001-SCT-2-2016, denominada: ‘Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físicomecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y Entidad Federativa o Dependencia de Gobierno, especificaciones y método de prueba’; se requiere establecer una medida compensatoria de carácter fiscal, para apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Con base en este argumento, las autoridades estatales decidieron extender la vigencia de subsidio fiscal hasta el próximo 30 de septiembre. 

 

 

Visitadores de la CDHEM vigilarán que se respeten los derechos humanos de los participantes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) pidió a la Comisión Estatal de Seguridad implementar medidas cautelares para salvaguardar a los participantes en la Marcha de la Diversidad Sexual, que se realizará este sábado para conmemorar un año más de movimiento lésbico gay.

A través de un comunicado, el organismo informó que vigilará el desarrollo de la Marcha de la Diversidad Sexual que se realizará en Cuernavaca, en el marco del 15 aniversario de la organización de la comunidad LGTTTQ.

Informó que los visitadores Isela Chávez, Cuauhtémoc Magdaleno y Daniel Portugal Lagunas estarán a cargo de la observación de la marcha, con la finalidad de verificar que se respeten los derechos humanos de los participantes. 

Detalló que mediante el oficio PRESIDENCIA/042/2019, dirigido al comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, solicitó la implementación de las medidas precautorias suficientes y necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen y presencien la Marcha de la Diversidad Sexual 2019, brindando elementos de seguridad suficientes para la vigilancia y las medidas de atención médica y de vialidad. 

 

 

En redes sociales fueron difundidas fotografías en las que se aprecia el uso de dos vehículos con logotipos del TSJ para -en un caso- transportar una mascota y, en otro, estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

La Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició procedimientos administrativos para investigar las presuntas irregularidades en que habrían incurrido trabajadores judiciales que usaron dos vehículos oficiales para (en un caso) transportar una mascota y (el otro) estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

A través de las redes sociales, un usuario difundió las fotos de dos vehículos Nissan Tsuru, color rojo, con logotipos del TSJ. En uno de ellos, que al parecer está asignado para las actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SUTSPJ), se puede observar claramente que transporta a un perro, que asoma la cabeza por la ventana trasera de la unidad.

En otra foto, el usuario denunció que la unidad oficial del TSJ con número 93, aparcó en el estacionamiento de la tienda Costco en el cajón para personas con discapacidad. Según trascendió, el vehículo lo conducía una trabajadora del TSJ de la tercera edad, y por ello utilizó el sitio reservado, sin embargo, hasta ahora se desconoce si la persona cumplía una encomienda oficial o personal.

Debido a la denuncia, el TSJ emitió un escueto comunicado en el que informó que inició los procedimientos administrativos para investigar qué sucedió y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
“Es importante resaltar que uno de los ejes rectores de esta administración es la disciplina, el orden y la vigilancia continua, se aplicará la respectiva normatividad”.
“En este sentido se han girado las instrucciones necesarias a fin de iniciar a los responsables de estas acciones el proceso administrativo correspondiente ante el órgano competente”, anunció.

 

 

Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

 

    

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los gobiernos federal y los estados, con la finalidad de que apliquen políticas públicas tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de los jornaleros agrícolas.

Al emitir la recomendación general 36, el organismo solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

También recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión;  celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas; y garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

Destacó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos. 

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

Durante la integración del expediente que dio origen a la recomendación general, detectó que falta coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Además, recordó que la ley contempla desde 2017 en el artículo 123 que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros, es muy importante que se cumpla con la normatividad sobre las condiciones dignas de trabajo y la aplicación de programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.

Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta recomendación general los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40 mil 414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de la encuesta se estimó una población jornalera migrante actual aproximada de 2 millones 71 mil 483 personas.

De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, y que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.

Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobernadores fortalecer la competencia de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

También, establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaría de Bienestar le solicitó concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, la edad y la diversidad cultural; y al IMSS se le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese instituto.

En Morelos tampoco existen cifras actualizadas sobre el número de jornaleros agrícolas que llegan a los campos a trabajar en el corte de caña y cosecha de hortalizas, jitomate, elote. Pero se estima que más de 5 mil y, en ocasiones, más de 10 mil, llegan a trabajar a los municipios de Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

La mayor parte son de origen indígena, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, principalmente. 

 

El TSJ reclama recursos suficientes para cumplir con sentencias judiciales relacionadas con el pago de las pensiones de los trabajadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con aplicarles la destitución a sus titulares por desacato judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, se quejó de que no le han sido suministrado recursos suficientes para cumplir con la sentencias de las controversias constitucionales, relacionadas con el pago de las pensiones de trabajadores judiciales en retiro.

La presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso de Morelos y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  2 millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de 8 millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

También la titular del TSJ se quejó de que en el presupuesto suministrado no se contempló el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y seguro de vida, ni se consideró el aumento porcentual al salario mínimo y prestaciones.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, en razón de lo expuesto el Poder Judicial.

“En consecuencia, con copia simple del escrito de cuenta dese vista al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para en que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo y en términos del Punto Segundo fracción 11 del Acuerdo del Tribunal Pleno antes citado, suministre de manera inmediata los $6'201,272.81 M.N. (seis millones doscientos un mil doscientos setenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional) que refiere el Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales 112/2016, 241/2016, 225/2016, 132/2016, 240/2016,222/2016, 242/2016, 122/2017, 128/2016 y 223/2016, en el sentido de que las pensiones a cargo del Poder Judicial de Morelos deben cubrirse con los recursos que provea el Congreso del Estado de Morelos para satisfacer la obligación en cuestión (…)”.

“Asimismo, dese vista para que manifieste en relación a lo informado por el Poder Legislativo de Morelos, en el sentido de que se realizará la autorización de una ampliación presupuesta por el monto que resulte necesario para arribar a la cantidad de $105, 450, 034.49 M.N. (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) de manera oportuna conforme a las fechas límites que corresponden a uno de los bloques ordenados en el acuerdo de mérito, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito”.

Y, en el acuerdo emitido por el magistrado presidente de la SCNJ, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no sólo se requirió el cumplimiento de los fallos en el plazo concedido sino que se advirtió que, en caso de desacato, se aplicaría el último párrafo del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

 

 

 

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, se pronuncia por mayor castigo para adolescentes que cometan delitos graves.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió retomar el debate sobre la necesidad de reducir la edad penal, para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos y con ello eliminar la protección legal que -en muchos casos- es aprovechada por grupos delictivos para reclutar a menores.

Ejemplificó su postura con el caso del feminicidio de Mariana, la estudiante universitaria que fue ultrajada y asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1 de la UAEM, pues mientras uno de los presuntos responsables -por tener 17 años- podría enfrentar una pena máxima de cinco años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), el otro imputado, de 18 años, enfrentaría una pena hasta de 70 años de prisión.

“Podemos observar que las penas son diferentes para una y otra persona, porque mientras el menor de edad es regido por la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, puede alcanzar una sanción de máximo cinco años. Por el otro lado, el adulto, de 18 años, que se rige por el Código Penal del Estado de Morelos, la ley es muy clara y la sanción es 40 a 70 años de prisión”.

Yo creo que se hace necesario que el Legislativo analice la posibilidad de reducir la edad para el menor, el adolescente que cometa delito grave, para que éste pueda ser juzgado como adulto, porque aquí vemos que cometieron el mismo hecho, pero las penas son completamente opuestas, porque uno es menor de edad y uno es adulto (por diferencia de menos de un año)”, explicó.

Explicó que es indispensable reabrir el debate sobre la reducción de la edad penal, en los casos en que adolescentes cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, y enfatizó que los grupos criminales justamente por esta causa (la protección legal en materia penal de que gozan los menores de edad), usan a los adolescentes para ejecutar delitos.

“En Morelos debemos entender el acontecer social y no ha sido el primer caso, han sido de manera permanente los casos en que los jóvenes son utilizados para la delincuencia para cometer todo tipo de delito, justamente porque la sanción es mucho menor comparada con la sanción o la pena que tiene un adulto”.

Exhortó al Poder Legislativo a analizar la propuesta y debatir la necesidad de reducir la edad penal, únicamente cuando se trate de la comisión de delitos graves.  

 

 

El imputado, de 18 años de edad, está sujeto a la medida de prisión preventiva.

Miércoles, 29 Mayo 2019 05:16

Combate Vera Jiménez fallo judicial adverso

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.