Maciel Calvo

Maciel Calvo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los congresos locales son competentes para legislar sobre medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, los medios a través de los cuales los particulares pueden oponerse a las decisiones de las autoridades en este ámbito. 

Al analizar las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y 39/2016, promovidas por la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016, resolvió que en materia de transparencia y acceso a la información, la Constitución establece un régimen de concurrencia legislativa, en el cual les está permitido a las entidades federativas legislar, incluso, respecto de procedimientos, siempre y cuando se haga respetando los principios de la ley marco.

Tras fijar el Pleno este criterio, el ministro ponente retiró el proyecto de sentencia para presentar uno nuevo, en el que se analizarán diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, a la luz de lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como tratados internacionales.

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Poder Ejecutivo una prórroga para la publicación y vigencia de las reformas en materia de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, en las que la legislatura pasada excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

A principios de marzo, la SCJN ordenó concluir el ciclo legislativo de tales reformas, luego de que en octubre de 2018  la Primera Sala de la SCJN declaró infundada la controversia constitucional 14/2016, promovida por el otrora gobernador, Graco Ramírez, y mandató la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las modificaciones a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que pudieran entrar en vigor.

Pero el Poder Ejecutivo solicitó una ampliación del plazo con el fin de cumplir con la sentencia judicial en los términos ordenado, a lo cual la SCJN respondió que “se concede al Poder Ejecutivo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, un plazo improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que cumpla con el fallo constitucional dictado en este asunto, y una vez hecho lo anterior, deberá exhibir ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación del “Decreto Número Catorce, por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género.”

Lo anterior, en el entendido de que la publicación de las reformas podrá realizarse en la edición de los miércoles del órgano oficial de comunicación o mediante una edición extraordinaria.

En diciembre de 2015, la Comisión de Equidad de Género del Congreso rechazó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa” y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto, y  promovió ante la SCJN la controversia constitucional, cuya sentencia le fue adversa y se ordenó la publicación de la reformas en los términos aprobados por los diputados de esa legislatura.  

 

Mediante un decreto administrativo, la sede del Poder Ejecutivo retornó a su antigua nomenclatura de “Palacio de Gobierno”, y con ello se borra definitivamente el nombre “Casa Morelos” que le dio el exgobernador perredista Graco Ramírez, denunciado ante la fiscalía estatal anticorrupción por presuntos desvíos millonarios del erario estatal.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el decreto emitido por el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el cual el inmueble que desde hace décadas concentra a las principales oficinas gubernamentales y de las secretarías de despacho retoma su denominación como Palacio de Gobierno.

Y es que, desde 1869, cuando se fundó el estado de Morelos, se estableció que la sede del Poder Ejecutivo sería denominada Palacio de Gobierno.

“Así, se observa que desde la erección del Estado, la sede oficial del Poder Ejecutivo siempre había sido referida como “Palacio de Gobierno”, denominación identificada por todos los morelenses; motivo por el cual se estima importante regresar a tal nomenclatura de origen, respetando así la historia, cultura y tradición cívica en torno al inmueble que nos ocupa y que se localiza en Plaza de Armas S/N, Colonia Centro, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos”, estableció el decreto.

De esta manera, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, instruyó a las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal para emplear la nomenclatura de “Palacio de Gobierno” en los actos y documentos públicos en los cuales deba hacerse referencia a la sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal.

Además, la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal realizará los trámites correspondientes ante el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Morelos a cargo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal.

El Congreso del estado aprobó reformas legales para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos como homicidio, extorsión y robo calificado.

El Poder Ejecutivo celebró la aprobación, por parte del Congreso local, de las reformas al Código Penal del Estado, para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

De acuerdo con las modificaciones a la legislación penal y que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, el homicidio simple se castigará con 20 y hasta 40 años de prisión, pero aumentará hasta los 50 años cuando haya razón de parentesco.

El homicidio calificado tendrá una sanción de 25 a 70 años de prisión; el delito de extorsión puede alcanzar una pena de hasta 20 años y el robo calificado hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas.

El robo de vehículo automotor, que tenía una pena de 10 a 20 años de prisión, con la reforma tendrá de entre 15 a 25 años de prisión. La portación, fabricación, importación y acopio de armas aumenta: de una sanción de seis meses a tres años, se incrementará  de dos a ocho años de prisión.

La reforma al Código Penal se realizó a propuesta del Poder Ejecutivo, que en diciembre del 2018 presentó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para agravar las condenas de prisión y multa en los delitos de alto impacto como homicidio simple, homicidio calificado, extorsión, robo calificado, robo de vehículo automotor, y portación, fabricación, importación y acopio de arma.

“Con la aprobación de la Reforma al Código Penal que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo planteó para el agravamiento de penas frente a la comisión de delitos, se fortalece el marco jurídico en Morelos y da pauta a la implementación de políticas públicas eficientes en materia de prevención e inhibición del delito en la entidad”, afirmó el Poder Ejecutivo a través de un comunicado.

 

Los hospitales y clínicas del sector salud estatal continuarán con la toma de muestras de sangre a los neonatos para conservación de las mismas, hasta que haya reactivos para realizar el tamizaje para la detección de enfermedades congénitas y metabólicas. Además, la instrucción es que los médicos identifiquen mediante rasgos físicos, talla y peso, los casos sospechosos de alguna enfermedad y mediante pruebas alternas hacer el diagnóstico clínico.  

El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, señaló que la Federación no ha especificado hasta cuándo estará suspendido el presupuesto para la adquisición de los insumos para la realización de la prueba de tamiz, pero en Morelos ya se tomaron previsiones, con el objetivo de que los padres estén tranquilos y seguros de que sus pequeños serán examinados.

Explicó que hay en existencia papel filtro para recolectar las muestras de sangre que se obtienen del talón del recién nacido y conservarlas en refrigeración, en espera de que pronto el gobierno federal determine el tema del presupuesto y el proveedor para la adquisición de los reactivos para la realización de diagnóstico.

“Esos papelitos filtro los podemos tener guardados hasta dos meses refrigerados y sirven perfectamente. Esperamos que la próxima semana tengamos ya nosotros cómo vas a hacer la prueba para que no tengamos que esperar los meses, pero si fuera necesario, estamos preparados”, explicó.

Señaló que seguirán tomándose las muestras a los neonatos para que los padres de familia estén tranquilos, pero también otras de las previsiones es que desde este jueves se giró una circular a todos los hospitales del estado y centros de salud, para que “clínicamente diagnostiquen las enfermedades como se hacía antes, es decir, el hipotiroidismo de los niños, pues nacen aumentaditos de peso, con ojos saltones, con algunas alteraciones, y hay forma de diagnosticar clínicamente  o sospecharlos clínicamente, y después se puede tomar una muestra de sangre haciendo un perfil hormonal tiroideo; eso sí tenemos”.

Dijo que otra de las alternativas es que los Servicios de Salud contemplaron ya la posibilidad de contratar a un proveedor directamente para que, mediante una compra emergente, se pudieran adquirir los reactivos que se colocan sobre las muestras hemáticas tomadas a los bebés.

Por lo pronto, insistió que la instrucción a los médicos es tomar las muestras de manera habitual y detectar “a la antigüita” las enfermedades que pueden ser diagnosticables con métodos tradicionales. “Casi todos los niños que nacen son revisados por un médico. A ese médico se le va a dar una circular, en donde venga específicamente lo que ellos deben de buscar clínicamente a la hora de revisar al niño cuando está naciendo”, especificó. 

 

El juzgador fue acusado de favorecer a un imputado por el crimen del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.

Una comisión determinará su responsabilidad en base a las pruebas presentadas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores en octubre de 2016.

A través de un comunicado, el TSJ informó que el pasado 3 de abril, como consecuencia de una queja presentada ante la Comisión Transitoria, se inició el procedimiento administrativo contra un juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

“Derivado del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, de conformidad con la ley orgánica y de la correspondiente a la normativa de responsabilidades de los servidores públicos, se tomó la medida provisional de suspender al funcionario investigado, ya que existen los elementos suficientes que contravienen la ética profesional del servicio público y el marco jurídico respectivo. 
“Cabe aclarar, que el servidor público investigado tiene a salvo sus derechos humanos y garantías constitucionales. Además, de conformidad al principio de presunción de inocencia, se le respetará cada una de sus prerrogativas de ley”, estableció el comunicado emitido por el TSJ la tarde del jueves.

Las autoridades judiciales mantienen hermetismo sobre el caso, pero de acuerdo con fuentes consultadas, el juez Roberto “N” está bajo sospecha de haber actuado a favor de uno de los implicados en el caso del joven Tonatiuh, presuntamente a cambio de un beneficio económico.

Entre las pruebas aportadas a la Comisión Transitoria para el inicio de la queja, están unas grabaciones de llamadas telefónicas, intervenidas por orden judicial, que implican al juzgador, sin embargo deberá desahogarse el procedimiento para determinar sobre la posible responsabilidad el funcionario judicial.  

Tona, como lo llamaba su familia, salió el 7 de octubre de 2016 de su casa en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, con la intención de acudir con un grupo de amigos a la inauguración del bar Bambaye en la Ciudad de México, pero acabaron en el Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán en el Estado de México.

Un día después, su familia perdió comunicación con el joven e inició una carpeta de investigación por su desaparición. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos trabajadores del Poder Judicial, Víctor Manuel y Jonathan, y a otro sujeto identificado como Jorge Alfredo, a quienes se les atribuyó el presunto delito de secuestro de Tonatiuh.

 

 

La medida auxiliará a frenar delitos de alto impacto, sostiene el gobernador.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, apoyó la propuesta del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, para limitar el uso de motocicletas a un solo tripulante, como medida para frenar los delitos de alto impacto como el homicidio doloso.

Pidió la comprensión de la población por la medida extrema planteada por el responsable de la seguridad estatal, porque es claro que la motocicleta es el principal medio de transporte usado para perpetrar un crimen, darse a la fuga y evadir la acción de la justicia.

“Es una realidad lo de las motocicletas. Siendo dos (pasajeros) es muy fácil para los delincuentes. Cuando van dos, te agarran con metralletas y con pistola. La verdad es que es bien difícil, es bien delicada la situación, porque al final de cuentas se acerca una moto con dos chavos y pues… Y no nada más pasa aquí, pasa en México, pasa en la Ciudad de México, en varios estados”, dijo.

Dijo que es cierto también que la motocicleta es un medio de transporte para que las familias puedan trasladarse a la escuela o a sus empleos, y la autoridad no tiene ningún problema con ello, pero desafortunadamente los criminales han convertido a este vehículo en una herramienta para consumar sus delitos.

A pregunta expresa sobre si comparte la propuesta del titular de la CES, afirmó: “Yo la apoyo. Ojalá la gente esté consciente, yo sé que hay veces que el marido lleva a la esposa o algo, pero lo tenemos que hacer y créeme, es donde hay más, donde están los delincuentes porque van dos”.

“Hay padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, ahí no tenemos ningún problema, pero ya cuando hay dos personas, pues ya es bien complicado, bien difícil, porque en una motocicleta se te pelan y agárralos, no los puedes alcanzar”. Expresó que se analizará jurídicamente la propuesta y la viabilidad de presentar una iniciativa de reforma a la ley en la materia, para restringir a uno el número de usuarios de cada motocicleta. 

 

 

Familiares demandan que la FGE continúe las indagatorias para conocer el paradero de la víctima, después de que su presunto secuestrador fue condenado a 50 años de prisión.

La familia del profesor Albino Quiroz Sandoval expresó su satisfacción con la condena de 50 años de prisión impuesta por un tribunal de juicio oral al abogado y expolicía Juan Carlos Reyes Lara, por el secuestro del mentor jubilado, sin embargo, pidió el apoyo de la comunidad del municipio de Tepoztlán para aportar pistas que conduzcan a la localización del docente.

Acompañado de su madre, Juan Carlos Quiroz Peñaloza, hijo de la víctima, expresó su satisfacción con el fallo dictado este martes por un tribunal, pero lamentó que la Fiscalía General del Estado no haya agotado todas las líneas de investigación para conocer el paradero de su padre, ya que durante el proceso judicial el responsable del secuestro se negó a revelar cuál fue su destino.

Sostuvo que el sentenciado, como abogado y expolicía, le apostó a las fallas del sistema de justicia para quedar impune, pero gracias a testigos protegidos y a las evidencias encontradas en el despacho del litigante, como huellas dactilares y sangre de la víctima, se pudo lograr una sentencia condenatoria.

Afirmó que la fiscalía está obligada a continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de Albino Quiroz, y llamó a la comunidad tepozteca para que si alguien vio o tiene pruebas de cuál fue el destino de su padre, las aporte a la autoridad, con la garantía de que su identidad será protegida, como ocurrió con los testigos que colaboraron para lograr la sentencia condenatoria contra el responsable del secuestro del profesor.

“Quiero aprovechar para hacer un llamado nuevamente a la comunidad de Tepoztlán. Lo que demostró este proceso judicial es que necesitamos dar evidencia a la fiscalía. Hay oportunidad de justicia, tenemos la oportunidad de usar las reglas a nuestro favor, pero necesitamos colaborar, necesitamos compartir la información que conocemos”.

“Si hay testigos todavía del momento en que secuestraron a mi papá, o del momento en el que lo sacaron de la oficina, si alguien puede compartir esa información, puede tener la total seguridad de que va a ser información que se va manejar con el sigilo necesario”.

“Lo demostramos en este juicio, protegimos la identidad de los testigos y logramos demostrar que su contribución es crítica para la justicia. Entonces, es un llamado para que nos ayuden a identificar más información que ayude a aclarar este caso”, apeló.

Señaló que durante el proceso judicial se evidenciaron algunas fallas en la integración de la carpeta y la falta de seguimiento de distintas líneas de investigación para localizar al profesor Albino, pero también se demostró que hubo insuficiencia y negligencia en la actuación de la Policía Municipal de Tepoztlán, pues un testigo de los hechos dio aviso cuando la víctima era agredida, pero la Policía no acudió al lugar de los hechos, ocurridos el 16 de marzo del 2017.    

Insistió que aun cuando ya hay un responsable sentenciado, la fiscalía estatal está obligada a continuar con la indagatoria hasta saber el destino del profesor y confirmar la implicación en el delito de al menos dos personas más, quienes –presuntamente- ayudaron al abogado a sacar de su despacho y subir a un auto al profesor. 

 

 

El dirigente de la organización señala que prohibir más de un pasajero en esos vehículos daña la economía local; pide que se combata a los vehículos que circulan con permisos del estado de Guerrero u otros de dudosa procedencia.

Jueves, 04 Abril 2019 05:14

Arranca programa Soldado Amigo

Militares ingresarán desarmados a comercios, bares y centros nocturnos, con el fin de inhibir delitos; empresarios respaldan la iniciativa.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la 24 Zona Militar de Morelos pusieron en marcha el programa “Soldado Amigo”, con el objetivo de ingresar a los negocios desarmados y hacer contacto con los clientes, mientras una célula armada crea un perímetro de seguridad.

El comandante de la 24 Zona Militar de Cuernavaca, Armando Gómez Mendoza, indicó que la pretensión es generar comunicación y confianza no sólo con los comerciantes y empresarios, sino con los ciudadanos que acuden a los diversos establecimientos.

El programa se aplicará inicialmente en comercios, bares y centros nocturnos de la ciudad de Cuernavaca, así como en las zonas donde se han registrado más incidentes violentos.

“La patrulla, constituida por personal de la policía y personal militar, va a llevar tres individuos militares, como ustedes lo observaron, sin arma larga, y van a poder acceder a todos estos comercios, discotecas, todo aquel que se afilie a este programa para poder inhibir delitos fuera, ya que afuera estará la patrulla y dentro ingresará personal militar”.

Señaló que para implementar el programa, “tuvimos que capacitar a personal militar y personal de la policía en temas de sociabilización y de derechos humanos, ya la parte operativa que es lo que echamos a andar el día de hoy”.

Morelos es el único estado del país que aplica este programa y pretende ser un modelo nacional, en la víspera de la operación de la Guardia Nacional.

“Este programa, como les menciono, es iniciativa del Consejo Ciudadano del Estado de Morelos; es único, es un programa que platicando con Rafa (Rueda Moncalián), el presidente del consejo, lo quiere replicar en otros estados. Ya tuvimos una reunión con 12 consejos ciudadanos de 12 estados y le pareció excelente este programa”.

Los soldados, que irán en células de tres elementos (una mujer y dos hombres), ingresarán únicamente a los comercios que hayan aceptado sumarse al programa, ya sea a través del Consejo Ciudadano de Seguridad, o de las cámaras empresariales a las que estén afiliados.

La idea es disuadir cualquier posible conducta delictiva y que los ciudadanos tengan empatía con los elementos castrenses, con el fin de generar confianza y colaboración. 

 

 

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