Maciel Calvo

Maciel Calvo

El organismo pide medidas cautelares para proteger la vida de familiares y colaboradores de Rogelio Barragán Pérez.

Con transferencia de 47 millones de pesos se dará cumplimiento al resto de las resoluciones, señala la representación del Poder Judicial estatal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos informó que fueron cumplidas más del 50 por ciento de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el pago de pensiones de trabajadores judiciales en retiro, y sólo resta la transferencia de 47 millones de pesos para dar cumplimiento al resto de las resoluciones.

A través de un comunicado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, anunció que el Poder Ejecutivo transfirió  hasta el momento 57 millones de pesos para cumplir con el pago de pensiones de 67 de los 114 trabajadores cuyos decretos jubilatorios fueron validados por la SCJN en 116 sentencias.

Precisó que el Poder Ejecutivo debe transferir al Poder Judicial poco más de 47 millones de pesos para cumplir a cabalidad el acuerdo emitido por la SCJN el pasado 25 de febrero, en el que se fijaron lineamientos a los tres Poderes del estado para cumplir con sus resoluciones y apercibió que, en caso de incumplimiento, las autoridades responsables enfrentarían cargos por desacato judicial y hasta la destitución.

“Hemos instruido al director general de administración, Octavio Rosales para que conforme van llegando los recursos económicos al Poder Judicial, se realicen de forma inmediata los trámites administrativos necesarios para poder pagarles a nuestros ex trabajadores. Hasta hoy, hemos recibido recursos para pagar diferencias y en su caso pensiones atrasadas a 67 de 114 jubilados. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo financiero que hemos hecho al interior del Tribunal, el 100% de los jubilados están en nómina a partir de este mes de julio”, aseguró Cuevas López.

Agregó que sólo en algunos casos lo único pendiente por pagar son las actualizaciones a su pensión, porque la propia ley obliga a actualizarlas conforme se incrementa el salario mínimo año con año.

 

 

Sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación, dice fiscal estatal; el vehículo de la víctima no ha sido localizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que el robo de vehículo es la principal hipótesis del homicidio de un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, afirmó que el caso tiene prioridad porque hay un reclamo muy importante de familiares y compañeros de Julio Huerta Vivar, quien desapareció el pasado 25 de julio en el municipio de Ayala, tras culminar su jornada laboral, y cuyo cuerpo fue localizado la tarde del domingo en la colonia Campo de En Medio del municipio de Cuautla.

Indicó que no descarta ninguna otra línea de investigación, pero hasta ahora el vehículo oficial que conducía el trabajador del Inegi no ha sido localizado y “lo que tenemos más adelantado y hacia donde apuntan las cosas más fuertemente, es que se trató de un robo de vehículo”.

Señaló que, aun cuando no hay denuncias formales, la autoridad conoce que servidores públicos que realizan trabajo a pie en los municipios -desde encuestadores hasta policías- son víctimas de diversos delitos.

Expresó que tras el lamentable homicidio de Julio Huerta Vivar, es la Comisión Estatal de Seguridad la dependencia que tiene contacto directo con la representación del Inegi en Morelos, para evaluar las medidas a tomar para proteger la integridad de los encuestadores, pues la fiscalía únicamente tiene competencia en la investigación del asesinato.

 

 

Esperanza “N”, de 33 años, fue trasladada del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, al Centro de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río.

La presunta homicida de dos ciudadanos israelíes fue trasladada del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, al Centro de Readaptación Social Femenil número 16 en el Coatlán del Río, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó que Esperanza “N”, de 33 años y  hasta ahora la única detenida por el homicidio de dos israelíes en Plaza Artz Pedregal en la capital del país, fue reubicada en el penal federal de máxima seguridad en el sur del estado de Morelos, donde se encuentran recluidas las mujeres que han cometido delitos como tráfico de droga o armas y que son consideradas de alta peligrosidad.

Indicó que hasta el momento no hay instrucciones para reforzar la seguridad en las inmediaciones del centro penitenciario federal y “en este caso está llegando apenas, no ha habido ningún tipo de amenazas, no ha habido absolutamente nada, entonces hay vigilancia normal, no podemos montar un equipo de seguridad, si en este momento no nos lo están solicitando”.

El pasado 24 de julio, Esperanza “N”,  junto con otro hombre, habría perpetrado el homicidio de Alon Azulay y Jhon Ben Suki (cuyo nombre real sería Benjamín Yeshurun Sutchi). El móvil, de acuerdo con la procuraduría capitalina, estaría vinculado al crimen organizado.

La mujer fue capturada y vinculada a proceso por el homicidio, sin embargo, las autoridades investigan su probable participación en otras ejecuciones ocurridas en tres alcaldías de la Ciudad de México.

 

 

Exhortan a sus clientes a llevar sus propias bolsas y recipientes para transportar sus mercancías.

Algunos pequeños comercios y tiendas departamentales comenzaron a sumarse a las medidas para reducir la utilización de los plásticos de un solo uso y a exhortar a sus clientes a prescindir de bolsas de plástico para empacar y transportar productos.

Diversas tortillerías y cocinas económicas de varias colonias populares de Cuernavaca colocaron en sus locales letreros en los que se insta a los consumidores a llevar sus propias servilletas y recipientes, ya que en los próximos días comenzarán a cobrar el papel, la bolsa o los desechables, en cantidades que oscilan entre uno y diez pesos.

El pasado 20 de junio,  el Congreso de Morelos aprobó las modificaciones a las leyes de Residuos Sólidos y de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir la distribución comercial de bolsas de plástico, popotes y unicel, así como restringir a los establecimientos comerciales su producción, venta, uso y entrega a consumidores finales.

La reforma legislativa, impulsada por un grupo de activistas y agrupaciones ambientalistas locales, fue bien recibida por los pequeños comercios que comenzaron a pedir a su clientes sumar esfuerzos para proteger el medio ambiente.

También, a través de redes sociales, usuarios han informado que algunas cadenas de tiendas departamentales en Cuernavaca y Temixco colocaron letreros que anuncian que, a partir de agosto reducirán el uso de bolsas de plástico para empacar sus productos y pidieron a sus consumidores llevar sus propias bolsas para transportar sus mercancías, para sumar esfuerzos y cuidar el planeta.

 

También se integrará el Consejo Estatal Ciudadano.

El Cabildo autorizó una prórroga para realizar la designación.

Erik Santiago Romero Benítez, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que aún no se elige a los delegados municipales de Cuernavaca, pero aseguró que no hay ninguna violación a la ley debido a que el Cabildo autorizó una prórroga indefinida para realizar esa designación.

Recordó que las propuestas para ocupar los puestos de delegados en la capital, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, son responsabilidad del presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, pero hasta la fecha no se han dado las condiciones para determinar quiénes son las personas que ocuparán los cargos de autoridades auxiliares en las ocho delegaciones de la capital.

Reconoció que aunque es responsabilidad del edil, debe haber consensos con los integrantes del Cabildo, y el tema hasta la fecha no ha sido discutido porque han existido otros asuntos que han sido prioritarios.

Aseguró que mientras tanto las delegaciones Benito Juárez García, Emiliano Zapata Salazar, Antonio Barona, Lázaro Cárdenas, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo, Plutarco Elías Calles y Vicente Guerrero operan adecuadamente e incluso ha sido él quien personalmente ha atendido las peticiones que llegan a cada una de las demarcaciones.

 

 

Consejo Ciudadano de Seguridad pide que se regule el uso de escoltas.

El Consejo Ciudadano de Seguridad consideró necesario regular a los escoltas y establecer criterios que permitan a las autoridades determinar qué personas son susceptibles de tener seguridad, para evitar distraer personal policíaco y atropellos en contra de la ciudadanía.

El presidente del consejo, Rafael Rueda Moncalian, dijo que actualmente elementos de la policía estatal y de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado son asignados a labores de protección y custodia de funcionarios o personajes públicos, en detrimento de las corporaciones de por sí mermadas en número.

“Es un tema que nosotros también queremos llevar a las mesas (sobre) los escoltas, debería haber un cuerpo especial de escoltas para funcionarios y lamentablemente lo que se ha hecho desde hace muchos años, se toman los policías preventivos, se toman los ministeriales (hoy agentes de investigación criminal), y entonces esos son los que están de escoltas de funcionarios”, explicó.

Consideró que uno de los graves yerros de los ayuntamientos en el manejo de las policías municipales fue utilizar discrecionalmente a los policías preventivos como guaruras de ediles, regidores y hasta de familiares de los servidores públicos, además de asignarles labores ajenas a su labor policial.

En su opinión, debería generarse un marco normativo que regule a los escoltas, desde qué dependencia sería la encargada tener un cuerpo especializado de protección y custodia, hasta el tipo de capacitación y las reglas de conducta que deben seguir para evitar prepotencia y abusos con la ciudadanía sólo por portar una placa, un arma y tener la comisión de escolta.

Recordó los problemas que se suscitaron en la pasada legislatura, cuando algunos diputados tenían asignados escoltas que cometieron abusos, incluso, contra miembros de la prensa.

Ante la inseguridad que priva en todo el país, reconoció que es frecuente encontrar personajes o funcionarios públicos con escoltas, pero es necesario regular a estos elementos como se hizo en el Estado de México, donde hasta los vehículos son rotulados para cuestiones de identificación y para que ser escolta no sea sinónimos de abuso e impunidad.

Agregó que en el caso de la CES y la FGE, un marco regulatorio en este tema les sería de mucha ayuda, pues no sólo se evitaría distraer sus recursos humanos para cumplir con sus funciones y objetivos, sino para tener mayor control sobre el personal de protección y custodia y disponer de criterios de riesgo para evaluar en qué casos efectivamente es necesario asignar escoltas a una persona.

 

Organismo fue criticado por una víctima, a la que se le propuso conciliar con su agresor.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró necesario revisar los procesos de conciliación cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, luego de que el organismo dijo que continúa con la integración de la queja promovida en contra de un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro,  

El pasado 15 de julio, Abigail Castro Román denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja y agente antisecuestro, Ángel Olivo Ramírez, quien presuntamente la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo, y echó mano de su cargo para entorpecer el proceso legal instaurado en su contra.

Incluso, la mujer reprochó a la Comisión de Derechos Humanos, a la que recurrió para pedir ayuda e iniciar una queja, que le haya pedido conciliar con el presunto agresor.

Cuestionado al respecto, el ombudsman Israel Hernández Cruz señaló que la normatividad que rige al organismo obliga a darle parte de la queja a la contraparte -en este caso al agente antisecuestro implicado, quien negó las acusaciones- y continuar con el proceso de integración de queja.

También señaló que el procedimiento legal también establece la necesidad de conciliar entre las partes implicadas, es decir, “es una etapa previa al seguimiento de la investigación por parte de la comisión”.

Cuestionado sobre porqué tratándose de casos en se presume hubo violencia física y emocional, una víctima es obligada a agotar la etapa de conciliación con el probable agresor, señaló que este caso lo recibió ya con todas esas actuaciones, “pero en efecto comparto la posición de ustedes en que se tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado, y quizá en un primer momento no, si bien no llamar a las partes directamente involucradas  y sobre todo provocar ese enfrentamiento en algo tan delicado como lo es la violencia familiar, violencia de género, quizá través de un superior jerárquico primero”.

Derivado de este caso, consideró necesario revisar los procesos internos del organismo en torno al tratamiento de los casos de víctimas violencia familiar o de género.

 

La resolución tuvo su origen en una demanda que interpuso un hombre contra su esposa y otra persona por una infidelidad que derivó en la procreación de una hija

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