El Congreso local no destinó recursos para el pago de nuevas jubilaciones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) retomó la estrategia legal para impugnar las pensiones de los trabajadores judiciales, porque el Congreso local no destinó una partida presupuestal para el pago de nuevas jubilaciones.

Recientemente, el Poder Judicial del Estado promovió la controversia constitucional 144/2020, la primera bajo la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, por la cual fue impugnado el decreto legislativo que concedió una pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González, quien prestó sus servicios en el TSJ durante 23 años y cuyo último cargo fue como Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en Yautepec.

En el recurso constitucional promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del artículo 3º del decreto número setenta y tres publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5793 de fecha once de marzo de dos mil veinte, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Janet Beatriz Escalante González con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio”.

Esta estrategia fue aplicada por primera vez por la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quién durante su gestión promovió más de 150 controversias constitucionales contra los decretos jubilatorios de trabajadores judiciales aprobados por el Congreso entre 2016 y 2019.

A la llegada de Carmen Cuevas López como titular del Tribunal Superior de Justicia y representante del Poder Judicial de Morelos en mayo de 2016, inició la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial pero sin asignar presupuesto para su pago.

En 2018, las salas de la SCJN ya habían resuelto más de una centena de controversia en las que, básicamente, se ordenó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo etiquetar y suministrar al TSJ de los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Ante la reiterada omisión de dar cumplimiento a las sentencias, el 3 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puso literalmente contra la pared a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Morelos por su contumaz desacato judicial, y no sólo les dio lineamientos y tiempos para cumplir las sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados del TSJ, sino hasta amenazó con aplicar la destitución y consignación ante un juez federal por abuso de autoridad.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido ningún acuerdo por el que dé por cumplidas el total de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de pensiones de trabajadores judiciales.

Sin embargo, todo indica que Jasso Díaz, quien relevó a Cuevas López el pasado 18 de mayo, retomará la estrategia de su antecesora para presionar al Congreso para que etiquete una partida presupuestal exprofeso para cada uno de los decretos jubilatorios aprobados de trabajadores judiciales.

Incluso, también, en los últimos meses de gestión de Cuevas López fue promovida la controversia constitucional para que el Poder Judicial reciba un presupuesto superior a los 800 millones de pesos y se cumpla con lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantiza la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado, y le concede el 4.7% del gasto programable estatal.