El Director del subsistema dice que existe la duda de si esa prestación es estatal o corresponde a la Federación.

Ante las protestas de jubilados, el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) Víctor Nájera Medina informó que se tendrá que solicitar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el incremento en el presupuesto para pensiones, pues este rubro no es de competencia estatal.

Los trabajadores en retiro de dicho subsistema de educación media superior han protestado en varias ocasiones por el retraso en los pagos y en la ocasión más reciente reclamaron por la falta de incremento en su pensión, a diferencia del ajuste que ya se aplicó para trabajadores en activo. Además, exigieron la liquidación o finiquito, así como otras prestaciones.

El directivo informó que se han pagado todas las mensualidades y es cierto que hay algunas cuestiones pendientes, como el incremento a la pensión, por lo que irán la próxima semana a la Ciudad de México para gestionar ante la SEP ese ajuste, ya que existe “la duda” de si esa prestación es de compromiso federal o estatal: “lo más sano es que nos diga la Federación si tiene el compromiso de pagarles”.

Reconoció que hace falta el pago de años de servicio, lo que suma alrededor de 16 millones de pesos y el finiquito que en cifra redonda asciende a tres millones de pesos.

Comentó que este mismo viernes platicó con el secretario de Hacienda para exponer esta situación, que ya ha planteado igualmente el secretario de Educación del estado Arturo Cornejo Alatorre.

Estimó que la próxima semana podría haber una solución para los jubilados del Cobaem.

 

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La exsecretaria de Educación estatal, Beatriz Ramírez Velázquez, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para continuar recibiendo su pensión por jubilación, luego de que la actual legislatura abrogó el decreto pensionario por presuntas irregularidades en su emisión.

En el juicio de amparo 505/2019, promovido el pasado 16 de abril, la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito, quien determinó conceder la medida cautelar hasta en tanto se resuelve si otorga o no la suspensión de manera definitiva.

En su demanda, la exsecretaria de despacho consideró “injustificadas, indebidas, infundadas, inmotivadas, ilegales, inconstitucionales e inconvencionales”, la dictaminación, discusión,  aprobación y promulgación del decreto expedido por la LIV Legislatura y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual fue revocado su decreto de retiro.

También reclamó que se le ha dado un trato discriminatorio y de linchamiento público “al ser tildada como ‘beneficiaria’ de una denominada ‘pensión dorada’, por parte de las responsables; así como haber sido tratada, inconstitucional e indebidamente, como una presunta responsable de un hecho ilícito, violentando sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales respectivas, como son la de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y no discriminación”.

Con base en estos alegatos, el juzgado de distrito resolvió conceder “la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que las autoridades responsables procedan a cumplir con lo establecido en el decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número cinco mil seiscientos treinta y siete; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo”.

En julio de 2018, la anterior legislatura aprobó el decreto de pensión  por jubilación de Beatriz Ramírez Velázquez, a razón del equivalente al 90%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes.

Pero la actual legislatura revisó y encontró elementos legales para abrogar los primeros 24 expedientes de decretos pensionarios, de poco más de 70 con irregularidades e inconsistencias en su emisión.

En el caso de la exsecretaria, según el decreto de abrogación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de abril, en el sistema de cómputo y libros de registros, así como de control de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se encontró ningún registro de ingreso de la solicitud de pensión de fecha 27 de junio de 2018 a nombre de Ramírez Velázquez.

Tampoco cumplió con lo previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que señala que corresponde a la Comisión Legislativa conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno.

De igual forma, dice el decreto de abrogación, se observó que no se llevó a cabo debidamente la investigación en todas esas dependencias para las cuales la solicitante de la pensión afirmó que prestó sus servicios, ni en el expediente interno se integró documentación probatoria, como recibos de nómina, oficios de nombramientos, listas de asistencia, entre otros, para comprobar los servicios prestados y su antigüedad.

Con base en ello es que el Pleno del Congreso determinó que existieron “serias irregularidades en el desarrollo del proceso legislativo llevado a cabo por la LIII Legislatura, así como en el expediente abierto con motivo de la solicitud de pensión de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, y al existir elementos suficientes y convincentes para considerar que el Decreto pensionatorio Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado a favor de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, carece de los más esenciales requisitos de validez para su otorgamiento ya que estuvo viciado de nulidad desde su origen”.

 

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La diputada priista señala que no permitirán injerencias externas a la hora de elegir ombusdman y titular del  ESAF.

El Congreso del estado no permitirá imposiciones de actores políticos externos para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), afirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
Ante los rumores de que desde el Senado de la República se pretende incidir en el nombramiento de la ESAF, la legisladora sostuvo que el nombramiento es una facultad solo del Congreso local.
"Se dice mucho eso, pero creo que nosotros debemos ser responsables para que las decisiones de las diputadas y de los diputados las tomen las diputadas y los diputados de este Congreso. Somos un poder y tenemos como tal actuar con responsabilidad y no permitir que gente externa o de otras (...) recomendaciones que sí, pudieran ser tomadas en cuenta como una recomendación más, no una imposición, eso sí debe quedar claro", manifestó Mazari Espín. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en que la próxima semana el Congreso del estado pueda definir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que debió designarse desde el 21 de marzo pasado y para el que 23 ciudadanos se registraron como aspirantes ante el Poder Legislativo. 
Inmediatamente, refirió, se iniciará el proceso para nombrar al titular del órgano auditor, cargo que está acéfalo desde diciembre del año pasado. 

 

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El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

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Corresponden a exfuncionarios, esposas, familiares y amigos del gobierno de Graco Ramírez y de la anterior legislatura.

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Los diputados preparan la anulación del beneficio y el encauzamiento de quienes usaron documentos falsos para justificar el trámite.

El Congreso del estado cancelará 73 "jubilaciones doradas" que la LIII Legislatura aprobó a exfuncionarios de alto mando del gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, luego de confirmar que presentaron documentos falsos para su autorización. 
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que concluyó la investigación que realizó el órgano legislativo que preside y concluyó que los ex servidores públicos cometieron diversas irregularidades. 
Explicó que se trata sólo de las jubilaciones que autorizo la LIII Legislatura, de las en ninguno de los 73 casos se cumplió con el procedimiento legislativo para su autorización. Es decir, no fueron analizados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, sino que todos los dictámenes fueron turnados directamente al Pleno y fueron aprobados sin ningún análisis. 
Ante tales irregularidades, la diputada Rodríguez Ruiz dijo que no sólo serán abrogados los 73 decretos pensionarios, sino que el Congreso del estado procederá penal y administrativamente en contra de los exfuncionarios beneficiados. 
En la lista de los decretos de "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura se encuentran los nombres de Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
De igual forma, están Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. 

 

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La medida tendrá vigencia hasta que se culmine con la revisión del estatus administrativo que guardan los establecimientos que actualmente están funcionando: Antonio Villalobos.

El Cabildo autorizó también la jubilación de 19 policías.

El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, dio instrucciones a todas las áreas administrativas involucradas en la revisión y autorización de permisos para la activación de los giros rojos (Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Gobernación y Licencias y Reglamentos) suspendan a partir de ahora todo trámite, refrendo o autorización de licencias de funcionamiento destinadas a la apertura de más bares o restaurantes, hasta en tanto no se tenga la certeza de que los que existen cumplan con el ordenamiento municipal correspondiente.

En sesión ordinaria de Cabildo, realizada ayer por la anoche, el alcalde agradeció el respaldo de regidores y el síndico municipal, así como el planteamiento del regidor Romualdo Salgado Valle, el cual instó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Gobernación, a aplicar el reglamento "parejo, sin distingos y no para unos cuántos", así como el advertir respecto a la venta clandestina y la existencia de locales fuera de la ley en los alrededores del Centro Histórico de Cuernavaca.

Asimismo, por acuerdo de Cabildo, la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, cuya presidente es la regidora Anayeli Fabiola Rodríguez, autorizó el primer paquete de pensiones a favor de 19 policías por 20 y 22 años de servicio ininterrumpido.

En este punto el regidor Jesús Martínez Dorantes felicitó a los policías por su lealtad y el cumplimiento de su alta responsabilidad.

 

 

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El constitucionalista Jorge Luis Flores López señala que la presidenta del TSJ pudo optar por otra vía para obtener presupuesto para las pensiones; denuncia que la magistrada es omisa en nombrar jueces por concurso.

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Miércoles, 06 Marzo 2019 05:18

Instan al Congreso a obedecer mandato judicial

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llamó al Congreso a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y etiquetar una partida adicional al presupuesto ordinario para el pago de pensiones; de lo contrario, sería simular e incurrir en la repetición del acto reclamado.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), consideró que el acuerdo emitido por la SCJN ayudará a que el Poder Legislativo, principalmente, acelere la autorización de recursos para que trabajadores en retiro puedan recibir sus pensiones, de acuerdo con las sentencias de 116 controversias constitucionales.

“Este acuerdo creo que es muy bueno para nosotros, porque desde el principio nuestra intención no fue nunca lastimar el bolsillo del trabajador jubilado, nunca fue la intención de que sufran estos estragos, sino la intención fue que nos dieran los recursos necesarios para no poner el peligro las finanzas del Poder Judicial y seguir operando”, explicó.

Reconoció que hubo fuertes críticas a la decisión de impugnar los decretos jubilatorios ante el máximo tribunal del país, pero el Poder Judicial no tuvo opción porque ya no tenía presupuesto para pagar más de 200 jubilaciones que fueron aprobadas por diputados de las anteriores legislaturas, pero sin etiquetar recursos adicionales.

Indicó que las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, que ostenta la representación del Poder Judicial de Morelos, fueron puestas en jaque por la ola de jubilaciones cargadas al gasto corriente de la institución, que los últimos años no tuvo incremento.

Indicó que las legislaturas anteriores fueron reiteradamente omisas al no atender la petición del TSJ de etiquetar recursos adicionales por cada uno de los decretos pensionarios aprobados, lo que motivó el litigio ante la SCJN contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Explicó que, inicialmente, para cumplir con las 116 sentencias y pagar las pensiones a los trabajadores jubilados, se requirió al Congreso cerca de 120 millones de pesos, pero con anterioridad fueron hechas varias transferencias (por 34 millones de pesos aproximadamente) que habrán de restarse del monto originalmente calculado.

Precisó que estos montos son sólo para pagar lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y, para evitar que en lo subsecuente se genere de nuevo el mismo litigio, el Congreso local está obligado a presupuestar para 2019 un partida financiera adicional y específica para el pago de jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial, la cual deberá incrementarse conforme se aprueben nuevos decretos y aumente el salario mínimo.

Pidió a los diputados no simular el cumplimiento e incurrir en la repetición del acto reclamado, ante la posibilidad de que dentro del mismo presupuesto 2019 autorizado para el TSJ, se pretenda por parte del Congreso cargar la partida de jubilaciones, porque esto implicaría la repetición del acto. 

“Hacerles el hincapié en que el máximo tribunal del país ha sido enfático en decir que esa cantidad de dinero no debe ser parte de nuestro presupuesto, porque sería fácil y cómodo decir que ´del presupuesto que vas recibir, te etiqueto para (cumplir sentencias de) controversias’, y eso sería como simular un cumplimiento, porque si la finalidad de tramitar la controversia fue para que nuestro presupuesto anual no se perjudique con ese pago, porque es un pago extraordinario, es un pago que no tienes planeado, que te llegue el decreto y lo tengas que pagar, e ir reduciendo el presupuesto”, dijo.

Llamó a los Poderes del estado a atender de manera conjunta este tema de la SCJN y encontrar una solución favorable para todas las partes.

 

 

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Martes, 05 Marzo 2019 05:14

Ordena Corte pagar pensiones del TSJ

Conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo amenaza de destitución.

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