Viernes, 07 Septiembre 2018 05:07

Piden respeto a maestros de primaria de Xoxocotla

Los padres de familia presentaron una queja ante la CDHEM.

Jojutla.- Los padres de familia de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de Xoxocotla presentaron una queja ante la Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos en contra de los maestros del plantel, por el trato que reciben, y ayer se realizó la primera audiencia de conciliación.

El visitador  regional sur poniente de dicha comisión regional, cuya sede está en esta ciudad, Cuauhtémoc Magdaleno, explicó que un grupo de padres de familia de ese plantel,  del turno matutino, inició una queja en contra de los profesores.

“Realizamos una mesa de trabajo y escuchamos las peticiones de parte de los padres de familia y de los representantes del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Dentro de las diversas peticiones que hacen los padres de familia, está el respeto con los profesores, y a su vez, que no exista ningún tipo de represalia con los alumnos”.

Reconoció que en particular la queja recaía en la maestra Citlalli Molina, directora del plantel, quien no acudió a la audiencia de conciliación, solamente asistieron padres de familia y directivos del Instituto de Educación Básica.

“Al radicar el expediente, le hemos dado vista al Instituto de Educación Básica y a los mismos supervisores, y también a la maestra, con la finalidad de que tenga el mismo derecho de audiencia. Este es un trabajo que se tiene que hacer, sensibilizando con pláticas a los padres de familia; por un lado, hacia los mismos profesores y hacia los alumnos, para que se garantice su mismo respeto y un derecho a la educación”.

Resaltó que los padres de familia piden una sana convivencia escolar hacía los alumnos, que haya rendición de cuentas de parte de la directora y una guardia a la salida de la escuela.

El visitador dijo que realizarán una mesa de trabajo con los padres de familia, directivos, profesores y alumnos para limar asperezas.

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En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

 

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

 

 

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Los diputados volvieron a sesionar y aprobaron nombramientos y reformas que dañan al próximo gobierno.

Los integrantes de la LIII Legislatura cerraron con "broche de oro", y se repartieron los últimos espacios que abrieron para colocar a sus amigos y familiares. Escondidos y en penumbras porque se quedaron sin luz, los diputados concretaron nombramientos en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y en los órganos de control interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La noche de ayer, los diputados continuaron la sesión extraordinaria que iniciaron el martes pasado. Literalmente en lo oscurito tomaron protesta a Roberto Yáñez Vázquez, padre del diputado del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno,  y a Marco Antonio Alvear Sánchez, asesor del legislador ex priista Mario Chávez Ortega.

También designaron como titular el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a Flor Desiré León Hernández por tres años, con posibilidad de ser ratificada por un periodo igual. En el órgano de control interno de la Fiscalía General del estado nombraron a Ever Felipe Velarde Corrales, un perredista que trabajaba en el comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También designaron al titular del órgano de control de la CDHEM, Edgar Chacón Gallardo.

Justo en el análisis de este punto, los diputados se quedaron sin luz, pues se le acabó la gasolina a la planta que suministraba la energía al salón de Plenos donde se desarrolló la sesión y siguieron sesionando con la luz de los celulares. Así, liquidaron al Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

 

Al inicio de la sesión, los integrantes de la LIII Legislatura, que mañana terminan su representación, reformaron la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y establecieron que dicho órgano se integrará por siete magistrados.

Por la tarde, los diputados tomaron protesta a Guillermo Arroyo como magistrado del TJA, por orden judicial, después de tres años de haber sido designado en el cargo.

Al cierre de la edición se esperaba que los diputados concretaran los nombramientos de dos nuevos magistrados en el mismo Tribunal, pese a que existe una suspensión definitiva de un juez federal en contra de dicho proceso.

También aprobaron la Ley de Notariado, a propuesta del PRD, y reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que se integre el Consejo de Honor y Justicia.

 

Congreso concluye convenios con elementos de seguridad

A unas semanas que concluya el gobierno actual, los diputados pusieron fin a los convenios de los elementos de seguridad pública, aunque no se conocieron los términos en que concluyeron y el número de los policías.

Designan alcalde interino de Amacuzac

Los diputados nombraron como alcalde interino de Amacuzac a Juan Carlos Millán Hernández, ya que Alfonso Miranda Gallegos, edil electo, se encuentra preso por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Finalmente no se eligieron nuevos magistrados y poco antes de las dos de la mañana se realizó la clausura de la sesión.

 

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La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.

El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade  competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.

 

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El Congreso del estado invade competencias y se excedió en las reformas que facultan al titular de la FGE para designar al fiscal anticorrupción y para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, plantean.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) alista la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar, a petición de organizaciones de la sociedad civil, las recientes reformas del Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El organismo informó que la secretaría ejecutiva afina el documento, con aportaciones de más de 30 organizaciones, que será presentado para reclamar la invalidez de distintos artículos de la ley orgánica de la fiscalía por considerarlos inconstitucionales.

La semana pasada, grupos de la sociedad civil solicitaron al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, presentar una acción de inconstitucionalidad para impugnar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101 relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La CDHEM informó que a más tardar el viernes, presentará ante la SCJN lo que sería la quinta acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión, con base en las facultades que le otorga la Constitución federal a los organismos de derechos humanos para impugnar actos de los Poderes del estado.

Entre los actos impugnados previamente por el organismo por medio de la acción de inconstitucionalidad, destacan las reformas del Congreso local que otorgaron la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

 

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La CDHEM dice que estudiará el documento para ver si procede.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (Fecap) solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas realizadas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, por considerarlas un exceso y agravio a la sociedad.

Ante representantes de más de 30 organizaciones civiles, el presidente de la Fecap, Alejandro Smith Vázquez, entregó al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, el proyecto de acción de inconstitucionalidad para combatir las reformas que otorgan al fiscal general la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias y designar al fiscal anticorrupción.

“Nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad, primero, porque violenta los principios de la seguridad pública establecidos en el artículo 21 constitucional; y, en segundo lugar, porque en el caso del fiscal anticorrupción, obedece a un sistema nacional que tiene lineamientos específicos que se violentan”.

“Es decir, existe un consejo ciudadano anticorrupción que tendrá que delinear y determinar las directrices que tenga que seguir este sistema nacional y local anticorrupción. Y sobre esas bases nosotros planteamos y, lo que asimismo considere la Comisión Derechos Humanos del estado, que existen aspectos de inconstitucionalidad”, explicó.

En el proyecto, cuyo documento fue entregado al ombudsman estatal para su consideración y análisis, se solicitó que a través de la acción de inconstitucionalidad, la CDHEM impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101, relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

“La ley se excede en muchos sentidos porque las pensiones es un tema de competencia del Congreso, y porque el otorgamiento no plantea más requisitos que ser nombrado como titular de alguna de las fiscalías especiales, lo cual es notoriamente violatorio de la división de poderes”, recalcó Smith Vázquez.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales.

Al respecto, el titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, señaló que analizará el documento, y sostuvo que si hay las condiciones legales para que prospere, el organismo no tendrá inconveniente en atender el tema y llevarlo ante la SCJN, como ya lo hizo con cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas a petición de la sociedad civil organizada y que están en desahogo ante el máximo tribunal del país.  

 

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Advierten que radicalizarán sus movimientos en oficinas de gobierno y carreteras.

Tetela del Volcán.– Ante la inasistencia de representantes del gobierno estatal en la asamblea que se tenía programada para este sábado a las 10:00 horas en la comunidad indígena de Hueyapan, donde se daría respuesta a las demandas del Consejo de Pueblos Unidos del Estado de Morelos, que exigen acabar con la ola de inseguridad, la asamblea acordó dar un ultimátum a las autoridades estatales que vence el próximo martes, de lo contrario, radicalizarán sus manifestaciones.

Después de esperar por más de dos horas a los funcionarios que el pasado martes por la madrugada se comprometieron a estar en esta comunidad para responder a su pliego de peticiones, los asistentes tomaron nuevos acuerdos, en donde advierten que de no recibir una respuesta positiva, podrían radicalizar sus acciones ante oficinas de gobierno y carreteras.

Mediante la lectura de un comunicado, exigieron al gobierno no minimizar su movimiento y respetar a las comunidades indígenas. “Se da un ultimátum al gobierno estatal para el día martes 31 de julio para que cumpla nuestras demandas, en caso de no tener respuestas, tomaremos acciones que consistirán en cierre de oficinas del gobierno del estado, cierre de autopistas y carreteras. Exigimos que no se minimice el movimiento por parte del gobierno, no somos agitadores ni provocadores, somos gente de los pueblos que sólo queremos que se cumplan nuestros derechos y que se termine la violencia contra nuestra gente”, leyó el ayudante municipal de Hueyapan, Antonio Hernández.

Después de que el pasado lunes los habitantes de diversas comunidades de municipios como Tetela del Volcán, Totolapan, Ocuituco, Zacualpan de Amilpas y algunos de Yecapixtla, bloquearan carreteras en Cuautla para protestar por el cobro de piso, las extorsiones, asaltos, amenazas y agresiones armadas, se estableció una mesa de diálogo en la comunidad de Hueyapan.

Ahí, los inconformes demandaron 100 radios para las comunidades, 100 chalecos tácticos, dos vehículos 4x4 doble cabina equipados con radios para cada comunidad, 25 cámaras de seguridad por cada comunidad con sus centros de monitoreo, 100 lámparas especiales para las comunidades de Hueyapan, Colonia Cinco de Mayo, Metepec, Tlacotepec, Tetela, Xochicalco, Tepango, Totolapan, Ocuituco, Jumiltepec y Santa Cruz; además del reencarpetamiento de las rutas de evacuación Hueyapan-Cuautla, entre otras cosas.

En el manifiesto leído este sábado ante cientos de asistentes y con la presencia de dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), pidieron la presencia de representantes de los gobiernos recién electos. “Solicitamos el diálogo con una comisión de los gobiernos electos tanto estatal como federal para buscar las formas de solucionar este conflicto, solicitamos la presencia de la CNDH y CEDHM”.

 

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Autoridades escolares llegan a condicionar la entrega de documentos, el mismo servicio educativo o, incluso, prohibir la participación en ceremonias de graduación a cambio de cuotas económicas o en especie, alerta la CDHEM.

Llaman a intervenir a los comités de participación ciudadana  para evitar abusos.

La Comisión de Derechos Humanos de Estado Morelos (CDHEM) llamó a los padres de familia a denunciar el condicionamiento de la entrega de documentos o del servicio educativo a cambio de cuotas económicas o en especie.

El organismo señaló que en el fin de ciclo escolar es frecuente que autoridades educativas del nivel básico recurran a prácticas que violentan los derechos humanos de la niñez, en especial, los relativos al derecho a la educación,  a través de la retención o condicionamiento de la entrega de documentos oficiales e, incluso, la prohibición de la participación en ceremonias de graduación,  ante la negativa o imposibilidad de los padres de familia de pagar las cuotas exigidas.

Expresó que los comités de participación ciudadana, integrados por padres y madres de familia, están obligados a trabajar para evitar que estas prácticas se repliquen, pese a que los acuerdos de aportaciones se generan desde los mismos comités en coordinación con autoridades escolares.

“Sin embargo, observamos que se encuentran ausentes en esta tarea, promoviendo que se violente el derecho a la educación gratuita y en condiciones de igualdad para la niñez”.  

El organismo detalló que recibió en el presente sexenio sólo 28 quejas por el cobro de cuotas escolares, que derivaron en violación al derecho a la educación, negativa o inadecuada prestación de los servicios públicos en materia de educación y violación a los derechos de la niñez.

En el primer semestre del 2018, la CDHEM no tiene ninguna queja relacionada con el tema, pero prevé que en el mes de agosto se presenten las primeras inconformidades, para lo cual la Dirección de Quejas está preparada para realizar las gestiones correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños.

Llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de malas prácticas que prevalecen en el sector educativo, y recordó que la CDHEM SE encuentra abierta las 24 horas todos los días del año para la presentación de quejas, ya sea vía electrónica, vía telefónica o de manera presencial.

 

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Dicen estar olvidados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que a la fecha no han recibido apoyo para la reconstrucción de sus viviendas.

Zona sur.- Un grupo de damnificados del sismo del 19 de septiembre, vecinos de la colonia Norte de Puente de Ixtla, se manifestaron pacíficamente la mañana de ayer en las instalaciones de la Visitaduría de la región surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMorelos), con sede en el municipio Jojutla, ante la falta de respuesta para la reconstrucción de su vivienda. 
Dolores Arellano Nájera, vecina y representante de los afectados de la colonia Norte, recordó que han hecho el llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, porque muchos de ellos se quedaron sin apoyo tanto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como del programa “Unidos por Morelos” y hoy en día siguen padeciendo las inclemencias del tiempo por la falta de un techo seguro. 
"Desafortunadamente la presidenta municipal Dulce Margarita Medina Quintanilla se ha desentendido por completo, y estamos prácticamente desamparados. A la nueva delegada de la Sedatu se le presentó el documento desde el 12 de marzo, sin respuesta. Incluso a los diputados presidentes de las diferentes fracciones y grupos parlamentarios del Congreso del Estado, todos tienen conocimiento, pero desafortunadamente todos han hecho caso omiso", dijo Arellano Nájera. 
Agregó que se presentó la queja correspondiente ante la CDHMorelos y ya se dio la primera audiencia en el mes de mayo y ahora se exige que a través de la ley, de las reglas de operación, que se dé el apoyo, y es que dijo que si se aplicaran las reglas de operación, se daría un apoyo real a los damnificados. 
"Estamos en total abandono y en el olvido por parte de las autoridades, incluso Derechos Humanos realmente también pareciera que no saben los derechos de los ciudadanos, porque no sabían ni a quién dirigirse o para revisar el tema", señaló. 
La representante del grupo se damnificados comentó que recientemente les ofrecieron un llamado "paquete azul", que contiene 10 bultos de cemento, ocho de mortero, una brocha, pintura y cuatro clavos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, fue rechazado, ya que con eso no logran reconstruir o reparar su vivienda. 
Recordó que tras la contingencia del 19 de septiembre hubo quienes recibieron una tarjeta pero que no pudieron hacer uso de ella, además de que no fueron censados. "Pedimos revisión de los domicilios para verificar las condiciones de las viviendas y se emitiera el dictamen técnico y eso es lo que ahora estamos esperando", citó. 
Aseguró que desde los primeros días del sismo se informó la situación en la que quedaron más de 70 vecinos de esta colonia a las autoridades. No obstante, actualmente alrededor de 55 familias damnificadas, a la fecha, no han sido atendidas y siguen esperando el apoyo, ya que están en condiciones deplorables. 
Finalmente, mencionó que hay damnificados que han sido intimidados por parte de personal de la presidencia municipal, ya que les piden su voto en este proceso electoral a cambio de que les ayuden con la reconstrucción de su vivienda o, bien, les exigen que graben un video donde den testimonio del apoyo. 

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Hasta el momento la FGE no ha requerido la atracción del caso por parte de la PGR.

La investigación del homicidio del ciudadano ítalo-español sigue bajo jurisdicción del fuero común y hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha requerido la intervención o atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) lamentó la estigmatización de la víctima, sin antes haber concluido la investigación del asesinato.

El delegado en Morelos de la PGR, Adonaí Carreón Estrada, señaló que está “a la espera de cualquier competencia que nos asista”, pero la investigación continúa a cargo de la autoridad local.

“Nosotros estamos a la expectativa de la colaboración jurídica que requiera la Fiscalía General del Estado de Morelos; estamos con todas las competencias en materia de servicios periciales, de investigación a cargo de la Policía Federal Ministerial y, sobre todo, con la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación”, dijo.

En relación con el caso, fue el pasado 20 de marzo cuando localizaron el cadáver de un hombre junto a la carretera Temilpa-San Rafael, en el municipio de Tlaltizapán, con heridas de arma de fuego. Sin embargo, la FGE mantuvo hermetismo acerca del caso.

Pero este fin de semana trascendió y se confirmó que la víctima estaba identificada con el nombre de Alberto Villani Olivares, de nacionalidades italiana y española, y avecindado en Italia.

En un comunicado, la FGE afirmó que el ciudadano extranjero tenía antecedentes penales en Italia y “desarrollaba actividades ilícitas” en México, sin especificar qué tipo de actividades ilegales.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Villani Olivares llegó a México el pasado 24 de febrero con visa de turista y viajó de forma directa al estado de Morelos. Aparentemente se hospedaría en el municipio de Cuautla, pero su cuerpo fue localizado en la zona sur.

En contraste, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Jorge Arturo Olivares Brito, lamentó que, ante la presión, de manera prematura la fiscalía haya acusado a la víctima de estar vinculada al crimen sin antes esclarecer el asesinato.

“Debemos ser cuidadosas y prudentes las instituciones al hacer este tipo de expresiones, y yo creo que el tiempo suficiente no ha transcurrido para pensar que se haya realizado ya una investigación profunda por parte de la propia fiscalía”, dijo.

Consideró que estigmatizar a la víctima sin que haya concluido la investigación es un mal mensaje para la sociedad. Además lamentó que en lo que va del primer trimestre del año ya sumen 184 homicidios dolosos en Morelos, de cuyas víctimas 11 son mujeres.

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