Maciel Calvo

Maciel Calvo

Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial. 

 

 

Están acusados de estrangularlo al momento de la aprehensión.

La Fiscalía General del Estado aprehendió y formuló imputación ante un juez a cinco policías municipales de Xochitepec, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de un probable asaltante.

Luego de que en redes sociales circuló un video, donde se observó que los elementos sometieron y golpearon a un hombre, la fiscalía informó que los hechos ocurrieron los primeros minutos del viernes 7 junio, cuando varias unidades de la Policía Municipal acudieron a un auxilio por el asalto a una taquería localizada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Las víctimas detallaron que los asaltantes huyeron en un vehículo Jetta color gris, el cual fue ubicado de inmediato por la policía y al solicitar al conductor detener la marcha, éste aceleró e inició una persecución que culminó en la calle República del Perú, donde uno de los dos hombres descendió del auto, corrió e intentó brincar la barda de un casa.

El hombre, identificado como Braulio Fabián “N”, fue detenido, golpeado y presuntamente estrangulado hasta provocarle la muerte por los policías municipales, quienes al notar que el hombre no presentaba signos vitales, llamaron a los servicios forenses para realizar el levantamiento del cadáver.

La fiscalía informó que la Comisión Estatal de Seguridad este domingo puso a disposición de la autoridad a los elementos identificados como Julio César “N” y Gabriel “N”, por su presunta relación con los hechos en los que perdió la vida Braulio Fabián “N”.

Mientras que la mañana de este lunes se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres elementos más, identificados como Israel “N” de 27 años, Juan “N” de 47 años y Gonzalo “N” de 49 años.

Los cinco policías municipales fueron ingresados al Centro de Readaptación Social (Cereso) “Morelos” e imputados ante un juez por el presunto delito de homicidio doloso, por lo que permanecerán bajo la medida de prisión preventiva hasta la audiencia de vinculación de proceso.

 

 

Martes, 11 Junio 2019 05:12

Se recrudece lucha de poder en el TSJ

El órgano de control del Poder Judicial inicia una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que pide requerir a Iván Arenas, el magistrado que habló de la existencia de jueces corruptos y ligados al crimen.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cuya instancia pidió requerir al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, por sus recientes declaraciones en las que afirmó que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado.

A través de un comunicado, indicó que de acuerdo con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que conozca sobre la comisión de un delito debe denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.

Recalcó que si el conocimiento y las acusaciones provienen de un servidor público, éste tiene la obligación ineludible de denunciar los hechos presuntamente constitutivos de delitos con base en las obligaciones que impone la ley.

“Por lo tanto, y con relación a declaraciones que le han sido atribuidas al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles en diversos medios de comunicación, en el sentido de que existen funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tienen nexos con el crimen organizado”.

“Este máximo órgano de justicia cumpliendo lo establecido por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha procedido a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la investigación por la comisión de probables hechos constitutivos de delito”.

“Así mismo se ha solicitado a la Fiscalía para que proceda a requerir al Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles y, en su caso, proporcione todos los datos con que cuente y que sustentan las afirmaciones que le han sido atribuidas”, resaltó el comunicado.

El pasado 3 de junio, el magistrado afirmó que la mayoría de los miembros del Poder Judicial en Morelos son jueces y personal honestos, pero existían algunos funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tenían nexos con el crimen organizado.

Esta declaración fue la que propició que la representación del TSJ iniciara la denuncia ante la FGR, la cual se da justo en un ambiente de división y crisis al interior de la institución.

 

 

 

En el caso de los cinco nuevos centros de verificación, se les pedirá que trabajen por citas y eviten las filas 

En una misiva, expresan que no reconocen ni la validez de la sesión del pasado 3 de junio, ni los acuerdos y resoluciones surgidos de la misma

La Corte determina que dicho principio constitucional no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales, por lo que las entidades federativas se encuentran obligadas a adoptar medidas tendientes a la paridad en la integración de las listas de candidaturas de representación proporcional, aunque éstas se definan después de la jornada electoral.

Lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 275/2015, suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumulados y, por la otra, los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados.

El Pleno determinó que si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa, el principio de paridad de género debe respetarse en las listas definitivas de candidaturas con que los partidos políticos finalmente participen en la asignación de diputaciones.

En esta resolución, la SCJN estableció que garantizar a través de la acción del Estado que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, no es optativo para las entidades federativas.

 

Entró en vigor el reglamento del Órgano Interno de Control de la FGE, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

Es deber de la dependencia dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control, para que pueda cumplir con su misión, dice el reglamento.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Reglamento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en las unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

El órgano interno, cuyo coordinador general es Ever Felipe Velarde Corrales, tiene a su cargo la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, así como la realización de auditorías y la resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y de inconformidades derivadas de procesos de licitación.

El nuevo reglamento interno contempla todos los procedimientos y las atribuciones para el adecuado funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que a su vez está vinculado al sistema anticorrupción.

De acuerdo con la nueva normatividad, el órgano de control será competente para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos propios, estatales y participaciones federales; y presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos o, en su caso, ante las instancias federales correspondientes.

De acuerdo con los artículos del reglamento, es deber de la FGE dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control interno, con la finalidad de cumplir con su misión.

 

 

Ocurrió el jueves de la semana pasada en Tetela del Volcán; video en redes sociales reveló el incidente.

Conceden a una juez del TSJ suspensión provisional.

Un juez federal concedió a una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una suspensión provisional, la que impide a Alejandro Becerra Arroyo entrar en funciones como representante de los jueces ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

De acuerdo con el juicio de amparo 742/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la medida cautelar a la juez de primera instancia, Mireya Díaz Cerón, para efecto de “abstenerse de expedir el nombramiento correspondiente, tomar protesta de ley, darle posesión y que entre en funciones el juez que en su caso se haya aprobado y designado para integrar la junta designada, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.

Si bien Becerra Arroyo, otrora coordinador de asesores del TSJ y juzgador con licencia, tomó protesta la misma noche del 3 de junio como representante de los jueces ante la Junta de Administración, el juez federal ordenó que no entre en funciones, en tanto resuelve si mantiene o no la suspensión hasta la resolución de fondo del juicio de garantías.

La designación fue recurrida por la juez Mireya Díaz Cerón, debido a que el 28 de mayo solicitó por escrito a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, que fuera contemplada para integrar la terna para la designación del represente de los jueces ante la Junta.

La juez consideró cumplir con los requisitos para aspirar al cargo, porque cuenta con una larga carrera judicial y ejercido sus funciones con total responsabilidad.

“Que en virtud del contenido de la circular número 38, emitida por este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que Usted preside, solicito respetuosamente que se me tome en consideración para integrar la terna correspondiente a la designación de Juez Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la cual deberá de proponer Usted ante el Pleno de esta institución, pues considero reunir los requisitos a que hace referencia el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el sentido de que debe considerarse en la terna a aquellos funcionarios que se distingan por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

“No omito hacer de su conocimiento que la suscrita tengo laborando en esta institución más de treinta años y me he desempeñado como Oficial Judicial, Actuaria, Secretaria de Acuerdos, Proyectista y Juez, realizando las actividades inherentes a cada encargo con absoluta responsabilidad”, explicó la juez, cuya petición fue ignorada por Cuevas López, quien ha sido severamente cuestionada por un grupo de magistrados y organizaciones de abogados por fomentar malas prácticas como el nepotismo y abuso de autoridad.

 

 

 

 

No hay denuncias formales por la presunta usura a la que se dedicarían ciudadanos de esa nacionalidad en la entidad, refiere la CES.

Unas 20 personas de ese país han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración en este año por irregularidades en su documentación.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tiene bajo la lupa a medio millar de ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio morelense, ante la sospecha de que algunos de ellos pudieran estar implicados en actividades ilícitas, como la usura por goteo.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que hay denuncias públicas, pero no formales, de ciudadanos que se quejan ser víctimas de células criminales integradas por extranjeros (generalmente de nacionalidad colombiana), que se dedican a prestar dinero a intereses altos y luego exigen el pago mediante métodos violentos.

Detalló que de acuerdo con información de inteligencia, en Morelos pudieran radicar al menos 500 ciudadanos colombianos y, en lo que va del año, unas 20 personas de esa nacionalidad han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración por irregularidades en su documentación, pero ninguna de ellas ha sido denunciada por delitos de extorsión y la usura, a través del llamado “goteo”.

El titular de la CES afirmó que ante la sospecha de la participación de algunos extranjeros en actividades ilícitas, dio la instrucción para que haya revisiones y atiendan las denuncias contra ciudadanos colombianos.

“Nosotros tenemos la consigna de, cuando vemos a alguien con las características colombianos (sic) y que nos llegue alguna denuncia, lo detenemos, y si no trae su pasaporte, los llevamos a migración”, explicó.

Expresó que si bien “no está prohibido el que presten dinero y aquellos que caen con ellos es su responsabilidad, el problema son los métodos para cobrar, porque si no les pagas, ellos después violentamente van a cobrar, que es donde dañan”.

Precisó que algunos portan visas de turista, y aunque realicen comercio lícito, su estancia en el país está restringida como visitante y no para realizar actividades económicas.  

Cabe recordar que el 31 de julio de 2018, en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, un ciudadano colombiano perdió la vida tras ser linchado por los pobladores, quienes acusaban que el hombre se dedicaba a la extorsión y el “goteo”, que consiste en dar préstamos sin aval ni garantías, que se pagan en cuotas pequeñas pero con altos intereses, y ante la imposibilidad de las víctimas de continuar con los pagos, son amedrentadas, golpeadas y hasta asesinadas.

Tras reunirse con empresarios, Ortiz Guarneros confirmó que fue deshabilitada la aplicación para celular del número de denuncia 911, debido a que su antecesor dejó una deuda de cuatro millones de pesos con la persona responsable y creadora de la app.

Indicó que se hacen las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que se cubra la deuda de la gestión anterior y continuar el trabajo con otra aplicación denominada “Halcón Seguro”, que en este momento está en fase piloto. 

 

 

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