Maciel Calvo

Maciel Calvo

No había amenazas; se compromete fiscal a esclarecer el caso.

El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que son dos las principales líneas de investigación las que se siguen para esclarecer el homicidio del secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez  López, asesinado la noche del 5 de diciembre.

La principal hipótesis es que el asesinato pudo ser perpetrado por miembros de la delincuencia organizada para evitar que la víctima ejerciera el cargo. La segunda, una posible venganza, luego de que durante su trayectoria como policía realizó varias detenciones. La fiscalía no descartó otras líneas de investigación paralelas vinculadas a las funciones policíacas de Juárez López, pese a que la familia declaró que aparentemente no había una amenaza previa ni tenía conflicto con alguien en particular.

Carmona Gándara lamentó el crimen contra el jefe policíaco, quien, aun cuando portaba su arma de cargo, no tuvo oportunidad de defenderse, al ser atacado por la espalda.

“Lo que tenemos como avance es que sabemos que lo emboscaron, lo atacaron por la espalda con disparos  de arma de fuego, sabemos que se utilizó una sola arma, se utilizó una pistola calibre 9 milímetros, pero también tenemos indicios muy claros que lo pudieron haber emboscado tres personas.

“Estamos corroborando la existencia de una llamada anónima, un reporte del C-5 de  de una persona que alertó al C-5 de la presencia de sujetos ajenos a la unidad Teopanzolco momentos antes de que se cometiera el homicidio”, dijo Uriel Carmona y sostuvo que se revisarán las imágenes captadas en las cámaras de video vigilancia del C-5 para ubicar a él o los presuntos responsables.

Afirmó que hay un trabajo coordinado con instancias de diferentes niveles de gobierno y llamó a edil capitalino, Antonio Villalobos, a  coadyuvar como autoridad para esclarecer el homicidio del encargado de la seguridad pública municipal.

“Estamos haciendo un llamado al presidente municipal para que nos permita tener acceso a la información que  ellos pudieran tener y que nos es importante para esclarecer este hecho”, resaltó.

Agregó que este caso es una prioridad para la fiscalía y se comprometió a dar resultados en la investigación para la detención de quienes perpetraron el homicidio. 

 

 

 

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Lunes, 09 Diciembre 2019 05:17

En vigor, el bando de gobierno de Xoxocotla

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Bando de Policía y Buen del Gobierno de Xoxocotla, que el 1 de enero próximo cumplirá un año de su fundación.

El nuevo instrumento jurídico está conformado por 14 capítulos que regulan las disposiciones generales, del territorio municipal, de la población, el gobierno, su administración y de las autoridades auxiliares municipales, de la planeación y desarrollo urbano, de las obras y de los servicios, del equilibrio ecológico y de las actividades comerciales, de la protección civil, de la asistencia social, de la educación, de la justicia municipal, del orden, la seguridad pública, así como de los actos y recursos administrativos.

Además, prevé las infracciones y sanciones al Bando de Policía y Buen Gobierno que van desde la simple amonestación, una multa hasta por 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado o suspensión de permiso, licencia o concesión, hasta la clausura, la retención de mercancías, instrumentos u objetos materia de la infracción, la demolición de construcciones, arresto hasta por 36 horas y trabajo a favor de la comunidad

Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del nuevo bando, el municipio indígena deber expedir los reglamentos a que aluden sus disposiciones y demás ordenamientos que resulten necesarios para su debida aplicación y observancia.

Cabe destacar que anteriormente, el Consejo Municipal operaba provisionalmente con el Bando de Policía y Buen Gobierno del Puente de Ixtla, ayuntamiento del que se escindió la comunidad indígena de Xoxocotla para constituirse en municipio.

 

 

Dice que fue ilegal aprobar con 13 diputados el nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, promovió una nueva controversia constitucional para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el decreto por el cual un grupo de diputados designó “magistrada numeraria” a Guillermina Jiménez Serafín sin reunir la mayoría calificada.

Pasaron a penas 24 horas, cuando la representante del Poder Judicial acudió al tribunal constitucional para demandar “la invalidez la invalidez del Decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en su sesión celebrada el día de hoy 04 de diciembre de 2019, por el que se designa a GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aplicando por vez primera en perjuicio del Poder actor, la inconstitucional adición del cuarto párrafo del artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2019”, que estableció que 13 votos, y no 14, son “mayoría calificada”.

De acuerdo con Cuevas López, la designación “se aprobó violándose el procedimiento legislativo, al dársele el tratamiento de asunto de urgente y obvia resolución por el voto de solo 13 de los 20 diputados presentes, es decir, sin alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”.

En la controversia constitucional 354/2019, ingresada el 5 de diciembre la magistrada presidente  insistió que la designación de Jiménez Serafín tiene  “vicios legislativos” que deberían ser objeto de invalidez.

La controversia fue turnada al ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá determinar sobre la admisión o no de la demanda. 

Cabe destacar que la ratificación por ocho años más de Jiménez Serafín, quien había solicitado licencia a la magistratura para ser representante del Poder Ejecutivo ante ahora extinto Consejo de la Judicatura, fue en cumplimiento de un juicio de amparo ganado por la juzgadora, luego de que le fue negado por el Congreso su designación por un segundo periodo.

Además, su reincorporación al TSJ inclinó la balanza numérica a favor del bando de magistrados disidentes, que ahora cuenta con 10 miembros, contra nueve del grupo de Cuevas López.  

 

 

Domingo, 08 Diciembre 2019 06:22

Estrena sede la CDHEM

El organismo defensor de derechos humanos también tiene nuevo logotipo 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos estrenó nueva sede e imagen, a cinco meses de la gestión de ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz.

Llaman a evitar intereses particulares en torno a dicha instancia.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP) hizo un llamado a respetar la ley y evitar que dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) se construyan “intereses de camarillas”. 

Sin pronunciarse sobre la legalidad o no del nombramiento de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaria Ejecutiva del SEA -lo cual generó discordia entre los miembros del sistema- lamentó que los ciudadanos hayan sido relegados en un tema tan importante y que las decisiones se concentren solo en un grupo de personas, “incluso nos referimos a las elecciones que hacen los poderes públicos sin consulta a la sociedad civil, sin convocatoria y sin evaluaciones probadamente imparciales”.

A través de una misiva a la opinión pública, firmada por el presidente de la FCAP, Daniel Espina Pérez, lamentó que los procesos de elección de servidores públicos se convierta “en un acaparamiento faccioso del poder público, sin que se pueda garantizar que su ejercicio sea para el bien de toda la ciudadanía, lo cual ha provocado que existan poderes conformados más por intereses particulares que por un interés común para beneficio de la sociedad”.

Ante la crisis prolongada del SEA, que se encuentra prácticamente paralizado desde el 2016, hizo un llamado para que se actúe y tomen decisiones con base en la ley, inclusivas y sin crear intereses personales y grupales.

“Hacemos un llamado a quienes hoy se ostentan como representantes del Sistema Anticorrupción en Morelos, al Pleno del Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado, y a todas las instituciones públicas que tienen injerencia en el Sistema Estatal Anticorrupción a que se apeguen a los principios ético democráticos que son opuestos a la discrecionalidad y a evitar que la designación de los cargos públicos sea hecha a espaldas del Pueblo Morelense. 

“Es de observarse que los tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 Apartado B fracción VII, obligan al poder público en México a generar convocatorias abiertas a todo ciudadano, evaluaciones en condiciones de igualdad, para garantizar que en todo momento se va a gestionar realmente la justicia, la paz social, el desarrollo, y no solamente los intereses de camarillas. Ya basta de que nuestras leyes sean letra muerta para los ambiciosos que buscan como acomodarse a esa legislación a fin de sacar provecho particular, en todos los cargos y poderes”, concluyó.

 

 

Cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Einar Contreras Macbeath, y varios funcionarios más quedaron  vinculados a proceso, luego de sendas resoluciones de la Sala del Circuito Único en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

En el primer caso, la fiscalía informó que la sala revocó la resolución de un juez de control (que decretó la no vinculación) y consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal al ex secretario de despacho durante la gestión del ex gobernador, Graco Ramírez Abreu; a Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Sustentable; y Sergio “N” y José “N”, ex subsecretarios de la Secretaría de Obras Públicas estatal. 

Los cuatro ex funcionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en la que el gobierno del estado invirtió una cantidad millonaria sin que la obra fuese concluida.

De acuerdo con la fiscalía, por la planta valorizadora de residuos, ubicada en la comunidad de “El Zarco” del municipio de Yautepec, el gobierno estatal pagó a una empresa constructora 13 millones 800 mil pesos, pero a pesar de que se pagó el total del costo, la obra quedó trunca al 40 por ciento de su construcción y así fue recibida por los ex funcionarios estatales acusados. 

Por ello, el ex secretario y el ex subsecretario de Desarrollo Sustentable, así como dos ex subsecretarios de Obras Públicas, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018. La resolución puede ser impugnada ante la justicia federal. 

En un segundo caso,  la sala confirmó el auto de vinculación a proceso de Medina Izquierdo y Contreras Macbeath, así como de Rafael “N”, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable; Lucero “N”, ex directora de Obras Públicas y Marco “N” ex supervisor de obra.

Este caso está relacionado con la causa penal JC/330/2019, sobre la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, pero tampoco fue concluida.

 

La defensa de las víctimas pone en duda la imparcialidad de la juez a cargo del caso.

A petición de las víctimas, fue suspendida la audiencia de formulación de imputación que tenía como propósito presentar la acusación contra el juez Daniel Adán Rodríguez Apac, por el presunto homicidio culposo de un trabajador del IMSS.

Emilio Márquez, abogado de la esposa de Pedro Portilla Herrera, quien viajaba en su motocicleta y presuntamente fue arrollado por el juez sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017, insistió en que la juez de control, Nancy Aguilar Tovar, no debía conocer el caso por existir elementos que ponían en duda su imparcialidad, al pertenecer a la misma asociación a la que pertenece el juzgador acusado.

Aun cuando la juez explicó que una sala del Tribunal Superior de Justicia resolvió en recurso de queja que ella debía conocer el asunto y que no había una suspensión de un juez federal que impidiera el desahogo de la audiencia, el litigante reiteró su rechazo a la juez Aguilar Tovar.

Al hacer uso de la palabra, el juez imputado pidió que procediera la realización de la audiencia y que él enfrentaba el proceso penal no como servidor público sino como cualquier ciudadano que tiene derechos y obligaciones legales.

Tras escuchar a las partes, la juez afirmó que, si bien pertenece a la misma asociación que el acusado, no existe ningún lazó de amistad ni de convivencia, salvo en el ámbito estrictamente profesional, y el trato que tiene con su homólogo es únicamente dentro del recinto judicial.

Defendió su investidura y sostuvo que no hay ningún elemento objetivo para poner en duda su imparcialidad, y recalcó que sus determinaciones son tomadas de manera autónoma e independiente, sin aceptar de ninguna intervención o presión externa.

A petición de la representación legal de las víctimas, la juez decretó la suspensión de la audiencia para que sea la justicia federal, a través del juicio de amparo promovido por la parte ofendida, quien resuelva si ella debe o no conocer el caso.

“Yo lo que busco es que se cambie de juez, la jueza comenta ciertas cosas y no coinciden lo que hizo la anterior vez, en cuento a los comentarios y las cosas, pero si hay una amistad ahí (entre ambos juzgadores) y ella lo dijo la vez pasada que tuvimos audiencia”, dijo Maykeler Viazcan López, esposa de la víctima, y sostuvo que su petición es que se designe a un juzgador que no sea allegado al imputado.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado del imputado, señaló que la postura del juez acusado es que se proceda conforme derecho y que todos los implicados reciban justicia conforme a la ley, pero desafortunadamente es incongruente la actuación de la parte ofendida, porque primero solicitó la judicialización de la carpeta de investigación y ahora promueve un amparo para evitar que arranque el proceso penal.

“Hoy es el momento que no entendemos si quieren que se judicialice, si quieren que se dilate la audiencia, o desconocemos qué es lo que esté prevaleciendo en el pensamiento de la contraparte. No queremos pensar que sea la ignorancia del derecho lo que prevalezca. Queremos que haya una sensibilidad porque a final de cuentas es un delito culposo y (el juez imputado) debe ser tratado como cualquier otro ciudadano, no por el hecho de tener un cargo público tiene que ser revictimizado el imputado, no por el hecho de ser un servidor público debe ser tratado con otra justicia, debe ser tratado como cualquier ciudadano que comparece ante la justicia”, expresó.

Detalló que la empresa aseguradora ofreció a la esposa de la víctima una indemnización justa, conforme lo establece a la ley, para llegar a una conciliación y evitar un juicio, sin embargo, ella exige una cantidad superior a los cuatro millones de pesos, lo cual está muy por encima de las cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que establece la ley en estos casos.

“Estamos apegados a derecho y estamos compareciendo de manera responsable al llamado de un juez y en lo sucesivo nos vamos a juicio, y todavía falta que un juez, que un tribunal de juicio oral, determine su culpabilidad o no, y como consecuencia de la culpabilidad determine la reparación del daño”, dijo e insistió que se buscó la vía de una conciliación como solución alterna, pero si esto no ocurre el juez hará frente al juicio como cualquier ciudadano que también exige justicia.

 

 

Jueves, 05 Diciembre 2019 05:00

Rechaza el TSJ que libere a delincuentes

Resoluciones de jueces tienen efectividad del 95 por ciento, dice la institución.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad y acusó que los ataques contra el órgano judicial son políticos y basados en datos falsos, al tiempo que defendió la labor de los juzgadores, al considerar que sus resoluciones tuvieron una efectividad del 95%.

A través de un comunicado, el TSJ rechazó las versiones de  funcionarios estatales y federales sobre que jueces del TSJ dejan en libertad a imputados por delitos de alto impacto y sostuvo que esos señalamientos “tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural”.

Detalló que en el 2019 consignaron a 137 personas por este tipo de delitos (homicidio, violación y secuestro), de las cuales solo 16 obtuvieron su libertad y representa el 11.68% de las consignaciones; y de las 121 personas que fueron sometidas a proceso penal, el 88.32% quedó sujeto a la medida prisión preventiva hasta la terminación del proceso judicial.

“Las anteriores cifras, son resultado de la madurez de las instituciones partícipes en el proceso judicial. El derecho es un sistema que no está sometido a deseos o voluntades particulares. Los procedimientos jurisdiccionales ante este Alto Tribunal del Estado de Morelos, están determinados por la constitución, las leyes y los tratados internacionales”, estableció el documento. 
Señaló que el trabajo de los juzgadores del sistema penal está bajo el escrutinio de la autoridad federal, que calificó con 95 por ciento la efectividad de las sentencias.
“Por ello, el Poder Judicial exhorta respetuosamente para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, velemos por la defensa de nuestra carta magna, el respeto por nuestras leyes y hagamos conciencia de la importancia de la unidad institucional en favor de los justiciables, evitando hacer declaraciones irresponsables con datos falsos que solo afectan el trabajo de las instituciones y confunden a la sociedad”, recalcó en su comunicado. 

 

 

Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:20

En Morelos está impune el 99.6 de los homicidios

En 2018 los jueces sólo emitieron cuatro sentencias por homicidio doloso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

 

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