Maciel Calvo

Maciel Calvo

Están en vigor lineamientos sobre antigüedad máxima de “rutas”, taxis y unidades de carga; el incumplimiento es motivo de sanciones a partir de enero del próximo año

La Secretaría de Movilidad y Transporte publicó en el periódico oficial los requisitos para la colocación de anuncios en las unidades del servicio público.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) autorizó a los concesionarios de rutas y taxis la colocación de publicidad de productos y servicios en sitios específicos los vehículos.

Con base en los artículo 14 y 117 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que faculta a la secretaría a regular la publicidad en el transporte público, la dependencia emitió el “Acuerdo que establece y autoriza los espacios que las unidades del servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo en el estado de Morelos, podrán utilizar para la colocación de publicidad”.

Según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las  unidades que prestan el servicio de taxi podrán  fijar  publicidad únicamente en la parte del medallón del vehículo. Las rutas tipo Van y autobuses  únicamente tendrán autorizado la fijación de anuncios en la parte trasera del vehículo.  

En todos los casos, al retirar el material de publicidad deberán mantener limpia la unidad, y la publicidad será colocada sin afectar la visibilidad del vehículo.

El acuerdo estipuló que los concesionarios del transporte público de pasajeros que pretendan colocar publicidad en sus unidades deberán solicitar la autorización de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transportes, y sujetarse a las supervisiones que realizarán las áreas de revista mecánica y de supervisión operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, para  verificar que la publicidad colocada en las unidades del transporte público la publicidad no obstruya o desvirtúe las características y cromática que identifican a los vehículos.

También precisó que las tarifas establecidas por la autorización para la colocación de publicidad en las unidades del transporte público de pasajeros con y sin itinerario fijo son las establecidas en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

Advirtió que las rutas y taxis que no cumplan con lo establecido en las disposiciones del acuerdo, emitido por el titular de la dependencia, Víctor Mercado Salgado, serán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Transporte del Estado de Morelos.

El acuerdo incluyó anexos gráficos para que los concesionarios conozcan con precisión las áreas autorizadas para la colocación de publicidad.

 

   

La exdiputada busca mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Alberto Capella se exonera; al menos cuatro policías que participaron en los hechos siguen en activo en la CES.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) recopila toda la información que obra en su archivos sobre el operativo de la madrugada 30 de noviembre de 2017 en el que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una familia fue ejecutada arbitrariamente por elementos policíacos adscritos a la CES, que entonces dirigía Alberto Capella Ibarra, quien a través de su cuenta de tuiter se desmarcó de cualquier responsabilidad sobre el  caso.

Tras la recomendación 21VG/2019 emitida por el organismo nacional por violaciones graves a derechos humanos, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros,  informó que dio la instrucción a la Dirección de Asuntos Internos para recopilar toda la información del caso y, en la reunión de ayer con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, se comprometió a entregarle toda la información que sea requerida para la debida integración de las capetas de investigación, como lo requirió la CNDH.  

“No reabrimos ningún caso, únicamente nos enteramos de lo que hay en expedientes. Ahora cambia la cosa, porque la CNDH está dando una recomendación para que intervenga asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad.

“El día de ayer se le ordenó por escrito a la directora de Asuntos Internos, que empiece a hacer la investigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, entonces vamos a tener lista la investigación para cuando el fiscal lo requiera”, afirmó.

Confirmó que al menos cuatro policías que participaron en ese operativo siguen en activo en la CES, uno dejó la Policía y otros más fueron a colaborar con Alberto Capella Ibarra, actual secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

A través de su cuenta de tuiter @kpya, Capella Ibarra reiteró su aversión hacia el gobernador de Morelos y afirmó que “el apellido de mis hijos lo voy a defender hasta mi último suspiro”.

Sostuvo que “ante los lamentables hechos de Temixco fui yo el 30/11/17 quien públicamente solicitó la intervención de la CNDH para darle transparencia a la investigación” y “en todo momento como obra en el exp (sic) de la CNDH presentamos los informes y la información que fue solicitada a la CES en varias ocasiones. Todos los funcionarios estamos sujetos a la responsabilidad de nuestros actos. En mi caso actúe dentro de la ley y en base a mi criterio”.

 

Subsidios estarán vigentes hasta el 29 de noviembre.

La Secretaría de Hacienda estatal emitió un acuerdo por el que otorga un subsidio fiscal al pago de derechos por la realización de diversos trámites ante la Dirección General de Registro Civil, lo que permitirá a los ciudadanos obtener documentos sin costo.

De acuerdo con el documento expedido y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el objetivo es apoyar a las personas que se encuentren en condiciones vulnerables y que requieran obtener o regularizar la documentación oficial que les proporcione identidad y certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus derechos.

El subsidio fiscal en el pago de los derechos aplicará para los trámites de: aclaración o rectificación de actas; constancia de inexistencia de registros; búsquedas de registros de nacimiento, matrimonios, defunciones y otros; copias certificadas de actas del estado de Morelos y de otras entidades del país, cuando se expidan en las oficinas del Registro Civil.

Las personas que deseen obtener el beneficio deberán presentar solicitud por escrito a través del Módulo Móvil con el que cuenta la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos o directamente en las áreas correspondientes en que se deba llevar a cabo el trámite solicitado.

El acuerdo de la Secretaría de Hacienda está vigente desde este martes y hasta el 29 de noviembre.

Persiste disputa en tribunales entre municipios de origen y de nueva creación.

La disputa legal entre municipios de origen y de nueva creación no para y esta vez el Ayuntamiento de Tetela del Volcán impugnó el acuerdo modificatorio que expidió hace unos días la Secretaría de Hacienda estatal para asignar presupuesto a los municipios indígenas recién instaurados.

El ayuntamiento promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 256/2019, a través de la cual pretende reclamar la invalidez del acuerdo publicado el 25 de junio, por el que fue modificado el acuerdo de 15 de febrero de 2019 y se dio a conocer el calendario de entrega, así como los nuevos porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables y las aportaciones estatales que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

En el acuerdo impugnado, la Secretaría de Hacienda estableció la redistribución de recursos que corresponderán a los municipios de origen y a los de reciente creación, lo que propició que los primeros tuviesen una reducción de recursos.

Los montos totales determinados que les corresponde para el ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos son: para Miacatlán, municipio de origen, serán 30 millones 882 mil pesos, mientras que para el territorio escindido y fundado como municipio indígena de Coatetelco, serán 20 millones 220 pesos; para Puente de Ixtla, 49 millones 104 mil pesos, mientras que para Xoxocotla, 29 millones 599 mil pesos; para Tetela del Volcán, 29 millones 355 mil pesos, mientras que para Hueyapan, 16 millones 18 mil pesos.

Dado el impacto financiero para Tetela del Volcán es que, a través de la síndica municipal, Mirella Castro Mendoza, el ayuntamiento decidió impugnar el acuerdo de redistribución presupuestal por la vía de la controversial constitucional.

Proceso judicial está detenido y víctima solicita protección oficial.

Un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) fue acusado por su ex pareja de violencia familiar y de usar sus armas de cargo para cometer la agresión, así como de gozar de protección oficial para evitar enfrentar a la justicia.

Abigail Castro Román, acompañada de su abogado, dio una rueda de prensa frente a la ofrenda a víctimas del delito en el acceso principal del Palacio de Gobierno, para hacer público su caso y su temor a ser nuevamente agredida por su ex pareja y padre de su hijo menor.

De acuerdo con la víctima, el pasado 14 de abril el presunto agresor y agente antisecuestros en activo, Ángel Olivo Ramírez, acudió a su domicilio, donde la insultó y la humilló, la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo.

“Él se atrevió a agredirme con sus herramientas de trabajo, que fue con un bastón retráctil en mis piernas, donde todavía tengo una marca visible, y las lesiones internas que no son visibles, por las cuales yo sigo acudiendo a terapia física”, dijo y aseguró que el elemento policiaco utiliza su cargo para conseguir protección institucional, al grado de que en dos ocasiones el médico legista de la fiscalía estatal aseguró en sus dictámenes que sus heridas fueron leves y que sanarían en menos de 15 días.

El abogado de la víctima, Luis Ignacio Reyes Andraca,  informó que fue judicializada la carpeta de investigación CJM/524/2019 por las agresiones que sufrió Abigail el 14 de abril, pero existen diversas irregularidades en la integración de la carpeta, ya que el agente del Ministerio Público omitió incluir pruebas y declaraciones de testigos de los hechos

Por ejemplo, señaló, el vigilante del lugar donde vive la víctima, “junto con otros vecinos, pidió la ayuda de la Policía, llegaron, hasta donde tengo conocimiento, dos patrullas estatales y dos patrullas municipales, y este cuate (el presunto agresor) se identificó como miembro de la UECS (otrora unidad antisecuestro) y los policías dijeron ´no podemos hacer nada porque es compañero, hablen a C-5, a la UECS, a ver que pueden hacer’ y no lo detuvieron”.

La mujer acudió a la Cruz Roja a recibir atención médica pero el presunto agresor ingresó hasta la camilla donde se encontraba Abigail e impidió que el médico revisara sus lesiones, por lo cual se dio vista al Ministerio Público ante la evidencia de que Abigail había sido víctima de violencia.

Criticó la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a la cual recurrió Abigail el 24 de mayo pasado para solicitar ayuda, porque ahí la emplazaron a conciliar con su agresor, lo cual rechazó de inmediato, ante el riesgo a su integridad física y su vida.

Señaló que el médico legista de la fiscalía insistió en calificar las lesiones como leves, pero han trascurrido dos meses de la agresión y no sólo no han sanado sino que la víctima requiere de terapias de  rehabilitación.

Sin embargo, pese a ello en la fiscalía hay una resistencia por proceder contra el agente antisecuestro por los delitos cometidos en agravio de su ex esposa y madre de su menor hijo.

Insistió en que la carpeta  de investigación no ha sido integrada debidamente ni cumple con las normas ni protocolos para la protección de víctimas, para el acceso a las mujeres a una vida de libre de violencia, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales, razón por la cual la víctima decidió hacer público su caso.

Pidió la intervención del gobierno de Morelos, la fiscalía estatal y la misma titular de la UECS, Adriana Pineda Fernández, para que se le proporcione las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida y la de su hijo, así como para que el proceso judicial prospere y su agresor enfrente a la justicia por los delitos de que se le acusa.

El litigante agregó que el agente antisecuestro está implicado en dos carpetas de investigación más y su grado de violencia lo hace un sujeto peligroso.

 

     

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

 

    

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

Reformas al Código Penal también castigan con rigor el uso de armas de juguete para cometer delitos y el desvalijamiento y venta de partes de automóvil.

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