Maciel Calvo

Maciel Calvo

El morelense Víctor Miranda Guerrero es uno de los reos que salvaron la vida gracias a la orden ejecutiva firmada hace unos días por el gobernador demócrata, Gavin Newson, que otorgó indultos a los 737 reos que habían sido condenados a muerte en California, EEUU.

Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, celebró la decisión de Newson, quien no sólo frenó las ejecuciones, sino que busca también conmutar las penas y abolir la pena capital en ese estado de la Unión Americana.

Expresó que ese logro es producto de una larga lucha de organizaciones de migrantes y de derechos humanos que han apelado al apoyo del Senado y gobernadores de Estados Unidos y hasta del Papa Francisco para frenar las ejecuciones de mexicanos, para que se revisen legalmente sus expedientes y, en caso de resultar responsables, se les conmute la pena.

“Esa fue una lucha de organizaciones, impulsada por la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos. Ahora se va a pelear que sean revisados sus casos”, dijo, y explicó que la mayor parte de los migrantes mexicanos que fueron sentenciados a muerte no contaron con una defensa legal adecuada ni tuvieron asistencia consular, porque las autoridades norteamericanas no notificaron a sus homólogas mexicanas sobre las detenciones.

Expresó su beneplácito por el apoyo que manifestó a la causa el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien dio ya la orden a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intervenga a favor de los mexicanos presos en el vecino país, para que sus casos sean revisados y, de ser declarados inocentes, recuperen su libertad o, en caso contrario, se les aplique una pena distinta a la pena capital.

Informó que también sostuvieron una reunión con los senadores integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores para que se sumen a la defensa de los connacionales.

Por lo pronto, Víctor Miranda Guerrero, originario de Cuernavaca, y quien insiste en su inocencia, fue declarado responsable del delito de homicidio de una mujer y condenado a muerte. Cuando fue detenido tenía 20 años, y ha pasado la mitad de su vida preso en la prisión estatal de San Quintín, en California.

Otros 43 mexicanos que estaban en la antesala de la muerte también salvaron la vida por la orden ejecutiva del gobernador demócrata. Entre ellos, destacan la jalisciense Dora Buenrostro y el tijuanense Carlos Avena Guillén, también recluido en San Quintín, y cuyo caso ha sido relevante en el ámbito internacional, ya que la Corte Internacional de Justicia, la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, ordenó en 2004 a Estados Unidos revisar su caso y el de 50 mexicanos más condenados a muerte. 

 

Al omitir convocar a la integración e instalación del órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura, la magistrada presidenta del TSJ incurre en violación a la ley: Arenas Ángeles.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, no descartó promover una denuncia penal contra la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, ante la negativa de convocar a la integración e instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que desde abril de 2018 debió ser instaurada en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

Consideró falso el argumento de Cuevas López de que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instalar la junta, porque la reforma constitucional en vigor desde hace casi un año estableció con claridad la extinción de la Comisión Transitoria –que actualmente integran Carmen Cuevas y los magistrados Rubén Jasso y Miguel Ángel Falcón-, y la creación del nuevo órgano colegiado

Recordó que desde el 28 de enero, los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto, Jorge Gambo Olea y él, entregaron a la presidencia del TSJ un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ, y que no se haya instalado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en franca violación a la ley.

“Si leemos el artículo séptimo transitorio del decreto 2611, publicado el 4 de abril de 2018, expresamente dice que quedó derogada la Comisión de Transición y es una grave omisión (no instalar la junta), porque al final quienes están viendo la disciplina y la vigilancia hasta han hecho nombramientos y han sancionado”.

“Entonces, para nosotros, quienes suscribimos este documento y, al parecer, se empiezan a sumar nuevos magistrados, no compartimos la idea de que siga funcionando un órgano que ya no existe, en donde las funciones que están realizando ya no tienen ningún sustento legal ni constitucional”, afirmó.  

A pregunta expresa sobre si procedería alguna acción legal ante la negativa de instalar dicha la junta, señaló que existe la posibilidad de que alguna persona afectada por las decisiones de la Comisión de Transición pudiera denunciar la ilegalidad en la que opera este órgano.

“Somos peritos en derecho, protestamos la Constitución y ser omisos es sancionable. Estas conductas pueden ser sancionables por quienes son afectados o, incluso, el foro de abogados, algún litigante, una persona que ha sido afectada por esta comisión, puede denunciar”.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un deslinde, porque si no, nos constituimos en autoridades omisas y, al mismo tiempo, podemos terminar como responsables solidariamente de una conducta que pudiera ser sancionada penalmente”.

Tampoco descartó la posibilidad de iniciar, como magistrado, una denuncia penal, por el funcionamiento ilegal de la cuestionada comisión.  

“Es una posición que tenemos que valorar. De todos modos, la conducta ya se dio, o sea, esa es una realidad y en cualquier momento tendríamos que valorar esta posibilidad para poner en conocimiento de la autoridad penal esta situación”, expresó.

 

 

Únicamente queda firme sanción impuesta a Julio Yáñez.

El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) emitir un nuevo acuerdo en el que se reconsideren las infracciones atribuidas a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Social Demócrata (PSD) y Verde Ecologista (PVEM), así como al excandidato a gobernador perredista, Rodrigo Gayosso Cepeda.

En sesión, el Pleno del TEEM revocó las sanciones impuestas a los quejosos por el Impepac por la implementación del programa “Transporte público gratuito”, en las que la autoridad electoral administrativa consideró que se indujo o coaccionó al electorado para emitir su voto.

El tribunal consideró que si bien hubo una infracción a la normativa electoral por la entrega de material y beneficio en especie a los electores, el instituto no acreditó con pruebas la supuesta inducción o coacción del voto, además de que omitió realizar un estudio de la conducta desplegada individualmente por los partidos y el excandidato, así como de la capacidad económica de cada uno de ellos.

Por tal razón, declaró parcialmente fundados los agravios presentados por los quejosos y ordenó emitir una nueva resolución en la que se revalore de manera individual la sanción que le corresponde a cada uno, con excepción de la sanción impuesta al excandidato a alcaldía por la alianza Juntos por Cuernavaca, Julio Yáñez Moreno, quien no impugnó el acuerdo sancionador.

A los partidos políticos en cuestión se les había impuesto una multa de dos mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 211 mil 225 pesos; y al excandidato perredista Rodrigo Gayosso, una sanción económica por 415 UMA, que equivale a un poco más de 35 mil pesos. Los motivos de la infracción y los montos deberán ser revalorados por el Impepec.

La única sanción que se mantuvo firme porque no fue impugnada, fue la impuesta a Julio Yáñez, por mil 250 UMA, que es poco más de 101 mil pesos.

 

 

Presentan denuncia por envenenamiento de perros.

Integrantes del movimiento animalista “Justicia para Negrita” presentaron ante la Fiscalía General de Estado una denuncia por el asesinato de perros en la comunidad de Ocotepec del municipio de Cuernavaca.

Vannesa Perbellini Soberanes, activista defensora de los derechos de los animales, señaló que el 6 de diciembre de 2018 fueron localizados sin vida 25 canes, y el pasado 12 de marzo otros 12 más, sin que las autoridades hayan indagado qué pasó.

En las instalaciones de la FGE, señaló que las autoridades estatales y municipales debieron intervenir para indagar el presunto envenenamiento de 47 perros, porque es evidente que el autor de la masacre canina es una persona violenta y que podría llegar a lastimar a un ser humano.

“¿Qué esperamos con esta denuncia? Que no haya pretexto de la fiscalía para ponerse a investigar, es urgente que investiguen, yo no he sabido que hayan dado resultados de los 25 perros asesinados en diciembre y ahora otra vez 12”.

“¿Qué es lo que está pasando? Hay un loco suelto en Ocotepec. Los humanos somos muy antropocentristas, creemos que los humanos son más importantes, pero no te quejes cuando la violencia le llegue a los humanos, cuando no pusiste atención en el maltrato y crueldad hacia los animales porque por ahí se empieza”, expresó.

Llamó a los vecinos de Ocotepec a denunciar al responsable de la muerte de canes, porque generalmente quien atenta contra la vida de un animal, pasa luego a ataques contra los humanos al ser “una persona violenta y con problemas mentales”.

Dijo que desconoce el destino de los restos de los animales, ni si se les practicó la necropsia para saber con qué fueron envenenados y si se le dio tratamiento sanitario adecuado a los cuerpos de los perros, porque la norma indica que debieron ser cremados para evitar riesgo a la salud. 

 

Un juzgado de distrito concedió al diputado Marco Zapotitla Becerro una suspensión, únicamente para que, por el momento, no se afecten sus emolumentos, tras ser relevado la semana pasada de las diversas comisiones legislativas que presidía e integraba.

Según el acuerdo publicado en estrados electrónicos del Juzgado Segundo de Distrito, quien conoce del juicio de amparo 346/2019 promovido por el diputado de Morena, se concedió la suspensión provisional para que el quejoso mantenga sus emolumentos en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.

“En efecto, ante la incertidumbre de la naturaleza de los actos, pues no se tiene la seguridad de que se trate de actos de autoridad o bien sean producto de actos soberanos de la Legislatura del Estado de Morelos; sin embargo, ponderando que éstos pueden afectar los derechos sustantivos del quejoso, relacionados con su subsistencia al aducir que pretenden privarlo de sus emolumentos y otros ingresos que percibe como Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y atendiendo que éstos permiten la suspensión, en virtud de que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se estima procedente otorgar la medida cautelar”, estableció el acuerdo que otorgó la medida cautelar de manera provisional.

El juzgado federal detalló que el diputado aportó documentación probatoria de que, en agosto de 2018, fue electo como secretario de la Mesa Directiva, y en septiembre pasado fue designado, mediante el acuerdo parlamentario por el que se integran las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales del Congreso del Estado de Morelos como presidente de las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Además de secretario de las Comisiones Legislativas de Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, vocal de las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.

El pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso retiró a los diputados José Casas González y Marzo Zapotitla Becerro de las comisiones que presidían e integraban. Al primero, por convertirse en diputado sin partido ni fracción parlamentaria. Al segundo, por presunta ineficiencia y rezago legislativo. 

 

El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.

 

 

Lunes, 25 Marzo 2019 02:44

Exhibe SCJN al TUJA

Desechó un recurso interpuesto por el tribunal porque éste carece de legitimidad para esa acción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), que reclamó el adeudo de casi dos millones de pesos del ejercicio fiscal 2018.

De acuerdo con la resolución del expediente de controversia 124/2019, el TUJA impugnó la omisión de la entrega de los recursos financieros asignados en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 por un monto de un millón 888 mil 950 pesos.

Detalló que el TUJA dirigió cuatro oficios al Secretario de Hacienda del Estado pero fueron completamente ignorados y continúan sin respuesta alguna de parte del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, la SCJN determinó desechar de plano la controversia constitucional promovida por la magistrada Presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, por considerar que carece de legitimidad jurídica para promover el recurso de control constitucional, en virtud de que la facultad recae en la titular del Poder Judicial de Morelos. 

La SCJN admitió al menos tres controversias en las que se reclama la falta de presupuesto para el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro    

Se autorizó la apertura de cinco centros de verificación vehicular en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata    

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) otorgó cinco nuevas autorizaciones para establecer y operar centros de verificación en Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el titular de la SDS, Constantino Maldonado Krinis, dio a conocer la resolución definitiva del Proceso de Convocatoria número 01/2019 para la apertura y operación de cinco centros de verificación vehicular en la entidad.

Los nuevos empresarios a las que se les otorgaron las autorizaciones son: Dayna Cárdenas Juan, en Jiutepec; Enrique Zúñiga Pérez, en Cuernavaca Norte; Gerardo Javier González Cisneros, en Emiliano Zapata; José Alberto Madrid Baños, en Cuernavaca Norte; y Norma Rosaura Camacho Gutiérrez, en Cuautla.

Con la publicación de la resolución, los ganadores de la convocatoria deberán presentarse a la SDS a obtener su oficio de procedencia, la autorización para el inicio de operaciones y las circulares que emita la secretaría para precisar los términos de prestación del servicio dentro del marco legal aplicable.

Llama FGR a prevenir delitos cibernéticos.

La Fiscalía General de la República (FGR) recomienda tomar medidas preventivas tras detectar, derivado de un monitoreo en el ciberespacio mexicano, un código malicioso que se propaga en el servicio de correo electrónico por medio de un mensaje, el cual suplanta la identidad de una institución financiera.

El contenido del texto difundido solicita la identificación de un depósito por un monto económico, el cual incluye un enlace a una página de internet externa; al momento de ingresar al mismo, descarga un archivo terminación .zip, que contiene un ejecutable malicioso que toma el control de la computadora, al poder copiar, escribir y abrir la aplicación de cámara y micrófono del dispositivo móvil o computadora.

Por todo lo anterior, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas recomienda verificar todos los correos electrónicos recibidos y, si se desconoce la procedencia del mismo, bajo ninguna circunstancia ejecutar archivos desconocidos y contar con una solución antivirus instalada en la computadora.

También instó a los padres de familia y menores a cuidar la información que divulgan a través de las redes sociales, como fotografías y datos personales que los puedan exponer a la comisión de un delito. 

 

 

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