Investigan la pérdida del archivo de control vehicular, el proceso de regularización de taxis del 2014, la falta de registro del padrón vehicular estatal ante el Repuve y presuntas irregularidades en el ejercicio de más de mil 300 millones de pesos que costaría el proyecto del Morebús.

Por presuntas irregularidades en el ejercicio de más de mil 300 millones de pesos que costaría el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo, conocido como Morebús, el gobierno estatal procedió penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de exautoridades de la administración que encabezó Graco Ramírez.
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que se promovieron cuatro denuncias ante la presunción de que se cometieron diversos delitos por exfuncionarios, y uno de los casos es el proyecto fallido del Morebús.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo costaría más de mil 300 millones de pesos, que se asignaron de la deuda pública que adquirió Graco Ramírez durante su gobierno. Sin embargo, en abril del 2018, la LIII Legislatura determinó abrogar el proyecto para –supuestamente- destinar los recursos a la reconstrucción del estado, tras las afectaciones que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Mercado Salgado dijo que también se iniciaron investigaciones por la pérdida del archivo de control vehicular, el proceso de regularización de taxis del 2014 y la falta en la que incurrieron exautoridades al no haber registrado el padrón vehicular ante el Registro Público Vehicular (Repuve).

 

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El gobierno estatal iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada.

El gobierno estatal actual iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada. Ahora se trata de recursos que estaban destinados al Morebús, por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que sigue la conformación de expedientes y se estructuran las denuncias, que serán formuladas ante las instancias competentes hoy y en los próximos días.

Apuntó que entre ellas se encuentran algunas derivadas de la revisión que ha hecho la Secretaría de Movilidad y Transportes, “en algunos temas relacionados con el otorgamiento de algunas concesiones” de forma irregular.

Otra de éstas está vinculada al proyecto Morebús, cuyo programa quedó a medias, “porque se invirtieron algunas cantidades de dinero y por motivo del sismo se tuvo que suspender ese proyecto, pero se está revisando porque se advierten algunas anomalías con relación a la aplicación de recursos”. Justamente, el proceso legal tendría como fin establecer a qué se destinaron algunos de esos fondos por alrededor de 20 millones de pesos.

Explicó que algunas de las denuncias se entregaron ante la Secretaría de la Contraloría, pero eso no implica que no se continuará el procedimiento por la vía de la fiscalía anticorrupción y, en un momento dado, se podría convertir en asunto penal. Entre ellas, las que inició el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado por la asignación de un crédito para la compra de un vehículo por 600 mil pesos, al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Se ha trabajado en los dos aspectos, administrativo y en el área penal; hay dos denuncias, una en la contraloría y otra en la fiscalía”, expresó al exponer que la instrucción del gobernador es que se aplique la ley.

Por otra parte, el consejero dijo que no han sido notificados de la decisión del Congreso local respecto a la solicitud que entregó el Poder Ejecutivo para la remoción de los fiscales anticorrupción y general del estado. Comentó que hasta donde se ha enterado, los legisladores han expuesto que hay una suspensión de un juzgado federal que les impide sesionar para deliberar sobre el asunto.

“Pero eso está en manos del Congreso del estado. El gobernador cumplió con su responsabilidad de proceder, al tener conocimiento de una conducta grave, tal y como lo señala la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y haber designado a funcionarios que no cumplían con los requisitos para ocupar un  cargo de esa naturaleza por no contar con los exámenes de control y confianza”, argumentó, al insistir en que esperarán a conocer la respuesta del Legislativo para definir lo conducente.

 

 

 

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Agrupaciones anuncian protestas en la Fiscalía General de esa región.

Líderes de agrupaciones de transporte público de la región oriente del estado adelantaron que en unas dos semanas tomarán las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la zona, para obligar a que quienes, en su oportunidad los persiguieron y amenazaron, paguen por sus culpas.

Josué Alfonso Torres, de la organización Leandro Valle de Jonacatepec, dijo que “cuando se intentó imponer el Morebús, muchos de nosotros ofrecimos resistencia y se nos amedrentó, en lo particular la aún fiscal Marisol Montero y Adriana Martínez respaldadas por una media docena de policías del Mando Único encapuchados, penetraron mi domicilio por la fuerza y me sembraron droga en mi casa.  Se llevaron a mi hijo, a mi mujer y a dos menores de edad, uno de apenas un año”.

Sostuvo que “a mi hijo lo golpearon y a todos nos acusaron de delincuencia organizada sólo por defender nuestros derechos y fue con el apoyo de los entonces senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar Solorio y Lizbeth Hernández Lecona que logramos salir libres, nos tenían en la Procuraduría General de la República”.

Advirtió que “eso no puede quedar así, disponemos de pruebas y testigos; vamos a proceder legalmente y para comenzar, tomaremos la fiscalía de la región oriente porque además todavía no hay cambios, son los mismos que estaban antes”.

Incluso, agregó: “hubo compañeros transportistas que se prestaron a ese juego de amenazas y calumnias, contamos con nombres de muchos, los señalaremos porque fueron cómplices de acciones delictivas, tortura y otras cosas, perpetradas por el gobierno anterior, por unas cuantas monedas o concesiones”.

Josué Alfonso consideró que tuvieron cerca de correr con la mala suerte de Romualdo Ixpango Merino, “era de nuestro grupo, de acá arriba se lo quebraron, nosotros la libramos de milagro”. Luego sostuvo que por el rumbo del Hospital en Santa Inés, en Cuautla, las autoridades actuales deberían buscarle, ya que en esa zona debe haber cientos de fosas con cadáveres. Cuando alguien desaparecía, lo iban a dejar por ese lado, es un lugar propicio porque la tierra es suave y está muy sólido”.

Sostuvo que no fue la única víctima de la represión, hay por lo menos una docena de permisionarios más que están armando una denuncia conjunta, para pedir a las instancias correspondientes se inicien las averiguaciones y los procesos legales respectivos para poder fincar responsabilidades.

 

 

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El secretario de Movilidad y Transporte, José Ascensión Monter Sanjuan, confirmó que el proceso de regularización que inició en el 2014 y supuestamente tenía una vigencia hasta el 2018, no pudo concluirse en esta administración y tendrá que resolverlo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
A pesar que en el sexto informe del gobernador Graco Ramírez, se dio por concluido el proceso de regularización de taxis y se resaltó como uno de los "logros" en esta administración por el propio Monter Sanjuan en su exposición al comparecer ante el Pleno del Congreso, finalmente el funcionario tuvo que admitir que será uno de los problemas que heredará a la próxima administración estatal.
Sin embargo, ante los diputados el secretario se negó informar de los más de 100 millones de pesos que, de acuerdo a información de los transportistas, ingresaron a las arcas del gobierno del estado como parte del citado proceso de regularización. Monter Sanjuan dijo que el tema de las finanzas compete a la Secretaría de Hacienda.
Confirmó también que durante los últimos tres años se expidieron cuatro mil 391 permisos para circular, que es el numero de concesiones que debieron entregarse como parte del proceso de regularización.
El funcionario reiteró ante los legisladores que no expedirá un sólo título de concesión para taxi o ruta en los ocho días que restan de la administración estatal, pero después corrigió "de darse, no serán más de las cuatro mil 391 que dice el estudio".
Y es que el secretario aseguró que el proceso del 2014 se sustentó en un estado de factibilidad con número 32 y para no defraudar a los transportistas se dispuso la expedición de permisos.
Monter se negó a hablar del proyecto Morebús y los mil 400 millones de pesos que se destinarían para la reconstrucción del estado, tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017, pues sostuvo que esos datos los tiene la Secretaría de Hacienda.
En cuango al combate al "pirataje " refirió que en los últimos años se realizaron diversos operativos de los cuales se impusieron más de tres mil 400 infracciones; tan sólo de septiembre del año pasado a septiembre del presente se infraccionaron mil 118 unidades, de las cuales se detectó que 59 vehículos no tenían permisos ni concesiones. 
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Zapotitla Becerro, aseveró que la SMyT se convirtió en una "cueva de hampones" y advirtió "es tiempo de ajustar cuentas, no puede haber ni perdón ni olvidó".
Los legisladores al final de la comparecencia coincidieron en que el gobierno fracasó en el tema de Movilidad y Transporte y dejó una grave crisis en el sector.

Comparece secretario de Desarrollo Sustentable 


A 20 minutos de iniciada su comparecencia, Topiltzin Contreras MacBeath, secretario de Desarollo Sustentable, recibió un extrañamiento de los diputados al negarse a responder al cuestionamiento del legismador José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), sobre el basurero a cielo abierto que se ubica en la sierra Chichinautzin.
Al inicio de la comparecencia, el funcionario estatal habló cinco minutos sobre el sexto informe de gobierno, en materia de desarrollo sustentable, lo cual fue reprobado por los diputados. 
Contreras MacBeath también defendió el proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, y aseguró que fue el proyecto más sustentable, aunque reconoció que causó problemas a la sociedad.
La diputada Keila Figueroa Evaristo afirmó que la gestión del encargado de Desarrollo Sustentable no dio resultados y utilizó el medio ambiente como "negocio".
Los legisladores cuestionaron el "negocio" de los verificentros que no ha podido funcionar de manera adecuada.

Comparece encargado de Turismo

Cerca del mediodía de este viernes, compareció ante el Pleno del Congreso el encargado de la Secretaría de Turismo, Óscar Muñoz Muñoz, quien deslindó a la ex titular de la dependencia Mónica Reyes Fuchs de la desaparición de los fondos para la promoción turística del estado.

Durante su comparecencia, el encargado de Turismo aseguró que en los últimos años creció la ocupación hotelera de nueve mil a 13 mil habitaciones.
De igual modo, el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo reconoció que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos sí afectó a la llegada de visitantes extranjeros.
Los diputados criticaron "las cifras alegres" de la actual administración en materia turística y la caída de la afluencia de visitantes en los últimos años.

Comparece secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Cerca de las 9 de la noche de ayer compareció la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, en la que diputados locales cuestionaron la falta de inversión en el tema pese al capital humano que hay en el estado.
Resaltaron el poco interés del gobierno estatal en la materia, pese a la creación de una Secretaría, a lo que la funcionaria resaltó el apoyo a jóvenes en los centros de investigación y las acciones que se han logrado en los centros de investigación.

 

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Ayer se publicó el decreto que también extingue el Morebús y ofrece extensión del plazo de concesiones y permisos por dos años más.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entraron en vigor las reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Morelos, con lo que quedó oficialmente derogado el proyecto del “Morebús” y fueron otorgados nuevos beneficios a los concesionarios.

De acuerdo con el decreto publicado en el órgano oficial de difusión, quedó extinto el Sistema Integrado de Transporte Masivo (conocido como “Morebús”), sustituyéndolo por el Sistema de Transporte Público, que permitirá la creación de un fideicomiso de apoyo para los concesionarios.

También, en caso de muerte o incapacidad del concesionario, se amplió el beneficio de preferencia para explotar la concesión a hermanos, parientes colaterales hasta en un cuarto grado, las personas que acogen a los expósitos (tutor que se quede con los hijos del concesionario que no tiene otros familiares) o directores de instituciones de beneficencia o asistencia como el Sistema DIF.

A petición de los transportistas, las reformas incluyen la revisión anual de las tarifas del servicio y, en su caso, su modificación; la homologación de los años de vida útil de una unidad conforme a la Ley Federal del Transporte (15 años) y la creación de un fideicomiso para mejorar el servicio y renovar las unidades.

Con las reformas se crea el rubro de Áreas de Tránsito Controlado (antes denominadas Zonas de Tránsito Controlado), que abarcan las zonas urbanas, metropolitanas y rurales de las ciudades del estado.

Los cambios incorporan a representantes del gremio del transporte con voz y voto en el Consejo Consultivo de Transporte.

En las disposiciones transitorias del decreto se estableció que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del gobierno de Morelos, en un plazo improrrogable de 180 días (contados a partir de la publicación del decreto) deberá reformar el Reglamento de Transporte para el Estado de Morelos con el fin de hacer realizable la reforma a la ley.

Para estos efectos, en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley Estatal de Planeación, la SMyT convocará a los representantes del gremio del transporte público de pasajeros para consensuar la norma y se faculta, por única ocasión, para que el gobernador, con posterioridad a la conclusión del proceso electoral ordinario 2018, otorgue la extensión de las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo.

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Anuncian que harán cambios a la Ley de Transporte para derogar el Morebús e impulsar la modernización del servicio público.

Diputados locales reconocieron que se equivocaron al haber aprobado el proyecto “Morebús” y ante concesionarios de “rutas” se comprometieron a reformar la Ley de Transporte para derogar dicho sistema de movilidad e impulsar la modernización del servicio público.

A dos años de que aprobaran el denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo, y en medio de un proceso electoral, los legisladores ofrecieron disculpas a los transportistas que protestaron ante el Pleno del Congreso del estado, ayer, por haber autorizado el proyecto que impulsó el Ejecutivo.

Los transportistas irrumpieron en la sesión ordinaria y lograron que la Junta Política emitiera –ayer mismo– un acuerdo para impulsar una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte, con la que además obligarían al gobierno estatal a entregar apoyos para la modernización del transporte público.

El acuerdo fue incluido como el primer punto a tratar en la sesión ordinaria. Diputados de distintas fuerzas políticas utilizaron la tribuna para manifestar su apoyo a los concesionarios.

“Nos equivocamos… les pedimos una disculpa. Sentimos de manera profunda (haber aprobado) una iniciativa que nos envió el gobernador Graco Ramírez para crear el Morebús. Caímos en la tentación de hacer uso de nuestra mayoría legislativa y sacamos el tema del ya mencionado Morebús; nos equivocamos y hoy asumimos esa consecuencia dando marcha atrás a ese proyecto”, manifestó el diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Jaime Álvarez Cisneros.

El diputado del Partido Social Demócrata (PSD) Julio Yáñez Moreno dijo que se trató de un proyecto mal pensado que no debió autorizarse.

En la iniciativa que impulsó la Junta Política y de Gobierno también plantea ampliar los años de vida útil de las “rutas” para homologar dicha disposición con la normatividad federal, con la excepción de que se revisarían las condiciones de las unidades.

Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas, dijo que no sólo se debe contemplar el modelo de la unidad sino también sus condiciones, pues aseguró que hay vehículos con más de diez años que aún prestan servicio público, pero están en buenas condiciones.

El líder transportista rechazó que su movilización y la propuesta de los legisladores tengan un fin político-electoral, a pesar de que se dieron en medio de un proceso electoral.

“Si me estuvieran utilizando electoralmente no vengo, sería una cuestión que ellos tendrían que hacer. Nosotros estamos presionando, tenemos cinco años buscando reformar dicha ley”, manifestó.

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Ricardo Calvo Huerta señala que los concesionarios deben usar unidades que contaminen menos.

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El presidente de la Federación Auténtica del Transporte celebra la decisión del gobernador.  

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