Se desconoce el grado de afectación en cultivos como sorgo y maíz.

La superficie afectada por la insuficiencia de lluvias en este temporal se redujo a 200 hectáreas; no obstante, las autoridades promovieron seguros, pues se desconoce el grado de afectación en cultivos como sorgo y maíz.

Margarita Galeana Torres, secretaria del ramo, estimó que esta época del año las precipitaciones pluviales han sido buenas, pero recordó que es factible hacer el recuento hasta que termine. Recordó que hay algunos focos de sequía en ciertas zonas del territorio morelense, donde las lluvias no han dejado suficiente agua.

Comentó que, en el seguimiento formal de la situación pluvial, los técnicos han observado que, en casi dos semanas, la zona de sequía se redujo y actualmente continúan en esa situación alrededor de 500 hectáreas de aproximadamente un millar que se tenían en el reporte.

Esta cifra, destacó es una fracción de las más de 60 mil que se sembraron en el estado.

A decir de la funcionaria estatal, prácticamente el cien por ciento de la superficie está protegida ante eventualidades, ya que algunos productores adquirieron el seguro catastrófico, otros a través del programa de crédito a la palabra y otros más bajo el fondo federal de aseguramiento.

Galeana Torres recordó que el estado compró una póliza, pero algunos productores ampliaron su protección con la adquisición de otra por cuenta propia.

Por otra parte, afirmó que la dependencia que encabeza ha sostenido reuniones de trabajo con las organizaciones campesinas que recientemente se movilizaron con bloqueos carreteros en demanda de entrega de apoyos y que han advertido que seguirán con movilizaciones desde el primero de septiembre sino hay avances.

La secretaria aseguró que se han entregado fondos estatales por un monto aproximado de 14 millones de pesos en fertilizantes químicos, más dos millones en los de tipo orgánico, más 25 millones de pesos correspondientes al programa de Crédito a la Palabra.

 

  

Publicado en Sociedad

Señalan que hay negociaciones con el gobierno federal para exigir más recursos al campo, pero -si fracasan- el primer día de septiembre se volverán a manifestar.

Publicado en Sociedad

Asegura que el 8 y 9 de ese mes se movilizarán agricultores de todo el país.

El campo morelense enfrenta un rezago de más de tres mil hectáreas en la superficie sembrada de cultivo de maíz y sorgo, derivado de la falta de apoyos para los agricultores, afirmó Omar Zambrano Hernández, coordinador estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 
En rueda de prensa, el líder campesino afirmó que derivado de la falta de producción se advierte un aumento en los precios de los  productos derivados del maíz y el sorgo, incluida la tortilla. 
Explicó que en Morelos se cultivan cada año más de ocho mil hectáreas de esos granos pero actualmente se han sembrado menos de cinco mil. 
Por ello, Zambrano Hernández informó que los días 8 y 9 de agosto llevarán a cabo movilizaciones en el país para protestar por las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
"Siguen beneficiando a los grandes productores, incluso en el estado sólo están beneficiando a los afiliados a Morena y al Partido Encuentro Social. Llegan con  padrones de beneficiarios pero resulta que son su allegados, los famosos ‘Siervos de la Nación’ sólo enlistan a los que tengan militancia en Morena o el PES, eso significa que están dejando afuera a una gran parte y son las mismas prácticas corruptas de sexenios anetriores”, señaló. 
Las protestas se llevarán a cabo por los integrantes de las cuatro organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo.

En Morelos, se realizarán bloqueos en  la autopista Siglo XXI, en las casetas de Alpuyeca y la de Tlalpan, en la Ciudad de México. 
"Acordamos tomar las  carreteras, vías férreas, autopistas, aeropuertos, puertos para paralizar toda la productividad y economía que tiene que ver con las entradas y salidas del país, y hacer entender al mandatario de la nación, que estamos en un rezago considerable al campo”, señaló.
El líder de la UNTA refirió que por la falta de entrega de apoyos para el campo ya existe un subejercicio en el presupuesto asignado para el sector agropecuario.

 

Publicado en Sociedad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los gobiernos federal y los estados, con la finalidad de que apliquen políticas públicas tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de los jornaleros agrícolas.

Al emitir la recomendación general 36, el organismo solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

También recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión;  celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas; y garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

Destacó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos. 

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

Durante la integración del expediente que dio origen a la recomendación general, detectó que falta coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Además, recordó que la ley contempla desde 2017 en el artículo 123 que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros, es muy importante que se cumpla con la normatividad sobre las condiciones dignas de trabajo y la aplicación de programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.

Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta recomendación general los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40 mil 414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de la encuesta se estimó una población jornalera migrante actual aproximada de 2 millones 71 mil 483 personas.

De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, y que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.

Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobernadores fortalecer la competencia de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

También, establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaría de Bienestar le solicitó concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, la edad y la diversidad cultural; y al IMSS se le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese instituto.

En Morelos tampoco existen cifras actualizadas sobre el número de jornaleros agrícolas que llegan a los campos a trabajar en el corte de caña y cosecha de hortalizas, jitomate, elote. Pero se estima que más de 5 mil y, en ocasiones, más de 10 mil, llegan a trabajar a los municipios de Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

La mayor parte son de origen indígena, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, principalmente. 

 

Publicado en Sociedad
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.