Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

 

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

 

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Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

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La presidenta de la Junta Política afirma que se trató de un acuerdo entre todos los legisladores y cada uno debe asumir su responsabilidad.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, propuso a sus homólogos retractarse del acuerdo que aprobó la Junta Política y de Gobierno para repartirse los puestos administrativos, ante la violación deliberada en la que incurrieron algunos de ellos al designar a sus familiares.
En entrevista, la legisladora consideró lamentable la determinación de algunos legisladores para aprovechar su posición y nombrar a sus familiares en cargos del Congreso local.
Flores Espinosa sostuvo que no sólo se afecta la imagen del Poder Legislativo, sino que se incurre en un acto ilegal que implica una responsabilidad administrativa y que fue avalada por todas las fuerzas políticas.
"No sé si por ignorancia estén violentando la ley, pero vamos a hacer las observaciones correspondientes a la Junta Política de que se respete la ley dentro del Congreso del estado. Recordemos que somos 20 diputados y que la gente no habla de un diputado, sino de la LIV Legislatura", declaró.
La diputada de Morena hizo las declaraciones a raíz del nombramiento de Gerardo Sánchez Mote en la Jefatura de Adquisiciones, pese a ser el padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, también estaría en un conflicto de interés por designar a su familiar Edgar Duque Granda en la Jefatura de Activos Fijos.
Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que el tema tendría que revisarse, sin embargo, señaló que fue una determinación de todos los coordinadores de las fuerzas políticas y no sólo de la presidencia de dicho órgano.
"Fue un acuerdo general, pensando en que todos los lugares importantes del Congreso los tengamos que trabajar... estábamos en un Congreso donde la gente no era nuestra, entonces era muy difícil trabajar", declaró.

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Aseguran que las terminales que están ubicadas en el centro y sur de Cuernavaca ya no cumplen la normativa en materia de uso de suelo.

El Pleno del Congreso del estado exhortó a autoridades municipales de Cuernavaca y del gobierno estatal y federal, a reubicar las centrales comerciales de transporte federal, ya que generan problemas de tránsito vehicular.

Durante la sesión ordinaria de ayer, diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo por el que se solicitó al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a poner orden en las centrales de autobuses Pullman de Morelos y Estrella Roja que se encuentran en el centro y sur de la capital y que representan problemas sociales por considerarse una zona densamente poblada.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, dijo que se trata de terminales de transporte federal que fueron autorizadas hace 40 y 80 años, y actualmente ya no cumplen con lo que marca la normativa en materia de uso de suelo.

"...en la terminal Pullman del centro, lo mismo se ofrecen servicios de transporte a la Ciudad de México, es decir, fuera del estado de Morelos, que hacia los municipios del sur de esta entidad federativa. En ambos casos, la queja recurrente de los concesionarios del transporte público con itinerario fijo es que, a pesar de que los camiones de dicha compañía tienen placas federales, se comportan como colectivos subiendo y bajando pasaje por toda la ciudad, abonando a la grave crisis de tráfico vehicular que aqueja a Cuernavaca", manifestó la diputada.

Los legisladores consideraron que es conveniente que se reubiquen dichas centrales camioneras, a zonas donde no existan problemas de tránsito vehicular.

 

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La anterior legislatura no estableció las bases legales para que Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo se erijan como municipios a partir del 2019, reitera diputado.

Por irregularidades y omisiones cometidas por los exdiputados de la LIII Legislatura en el proceso legal para la creación de los municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, éstos podrían no instituirse en enero próximo, confirmó el diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro.
En entrevista, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que los exlegisladores no establecieron las bases legales para que los nuevos municipios pudieran iniciar su administración, a pesar que los decretos de su creación fueron aprobados desde noviembre del 2017. 
"Esto trasciende al tema presupuestal, al territorial, al tema de las deudas, de los pasivos que van a arrastrar los municipios... Me queda claro que no avanzaron esto a un sistema gubernamental, que incluía al gobierno federal, al gobierno del estado para poner orden. Yo sigo sosteniendo que sólo fue un asunto electoral, en el que se pretendió engañar, sorprender la inteligencia de los pueblos indígenas", aseveró el legislador local.
Sin embargo, Zapotitla Becerro informó que el tema es analizado por el Poder Ejecutivo, y el Congreso del estado espera una propuesta para evitar que se cree un conflicto social mayor, ante la exigencia de los municipios indígenas por instituirse el próximo año, como se estableció en los decretos de su creación. 
Sostuvo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo trabajarán para cumplir con lo que marca la ley, pero advirtió: "Nosotros no vamos a sudar calenturas ajenas", pues reiteró que se trata de una responsabilidad de la LIII Legislatura.
Informó que una posibilidad es posponer la entrada en vigor de los decretos de creación de los municipios e instituirlos hasta que legalmente se cuente con las bases para que inicien las nuevas administraciones municipales.

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Piden diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Diputados locales que conformaron un bloque de oposición de nueve integrantes pidieron una vez más diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y cuestionaron el trabajo legislativo que ha hecho en los últimos dos meses el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En rueda de prensa, los legisladores de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD), encabezados por el Partido del Trabajo (PT), rechazaron que hayan condicionado su voto para avanzar en el tema presupuestal y advirtieron que por errores de proceso legislativo, la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 (el jueves pasado) podría ser improcedente.
El diputado del PT José Casas González fundamentó la invalidez de la sesión ordinaria del jueves de la semana pasada, que fue suspendida (por falta de quórum) de manera errónea, en lugar de declararse un receso para llamar a los diputados que no estaban en el Pleno, incluido el bloque de los nueve.
Aseguró que ya no podrían retomarla esta semana, sino que la Mesa Directiva tendría que convocar a una nueva asamblea.
Lo anterior, dijo, podría motivar a la improcedencia de la solicitud del Poder Ejecutivo, y que al no existir una iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2019, el próximo año tendría que aplicarse la legislación vigente en este 2018.
Además, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, que pertenece a dicho bloque de legisladores, también argumentó que el secretario de Hacienda del gobierno del estado estaba obligado por ley a explicar ante el Congreso local los motivos de la prórroga que solicitaron, y hasta el momento no han conocido ni la petición formal del Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que dichos errores legislativos se deben a falta de experiencia por parte del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a fallas en la Secretaría de Servicios Legislativos.
Además, señaló a la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, quien no informó a todos los legisladores de la solicitud del Poder Ejecutivo, como tampoco ha notificado de manera formal de las sesiones de dicho órgano legislativo.
La coordinadora de la bancada del PT sostuvo que no aprobarán un presupuesto en lo "oscurito", ni a modo, y si se determina la procedencia para que el Poder Ejecutivo presente su propuesta de Paquete Económico para el 2019, pedirán que sea público para lograr un presupuesto social.
Los nueve legisladores pidieron al presidente de la Mesa Directiva fundamente la viabilidad de atender una prórroga para recibir una propuesta del presupuesto, pues afirmaron que no serán responsables de una violación a la ley.

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También solicitan al alcalde Jesús Hernández Limonchi abstenerse de contratar obras y servicios que no sean realizados con el presupuesto del 2018, y no sindicalizar a personal de confianza.

Miembros del Cabildo electo de Cuernavaca acudieron a la presidencia municipal para entregar tres documentos al alcalde Jesús Hernández Limonchi en los cuales exigen que se cancele el cobro del impuesto predial de forma anticipada, pues es -argumentaron- una violación a la ley.

La regidora electa por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Anayeli Rodríguez, y el regidor electo por el Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez Dorantes, leyeron un pronunciamiento en el que explicaron el contenido de los documentos entregados a la presidencia.

Primero señalaron violaciones a la Ley General de Hacienda, que prohíbe a las administraciones municipales el cobro anticipado del impuesto predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente, por lo que pidieron copias certificadas del acta de Cabildo en la que se autorizó la campaña de cobros anticipados del predial 2019 y, de haberse abierto cuentas bancarias adicionales para recibir ese ingreso, exigieron les entreguen copias certificadas de los contratos bancarios.

También pidieron que de forma inmediata den inicio al proceso de entrega-recepción, toda vez que desde el 4 de septiembre las autoridades electas pidieron dar inicio formal al proceso de entrega, pero en ese entonces les dijeron que estaban realizando los trámites.

Además, al edil lo exhortaron a abstenerse de cualquier contratación de obras y servicios que no sean realizados con los recursos disponibles del presupuesto del ejercicio fiscal 2018, y exigieron que se abstengan de sindicalizar a personal de confianza, pues aseguraron que tienen conocimiento de que ya pretenden realizar ese trámite.

 

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Ejecutivo y Legislativo trabajan en las reformas legales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio y entren en funciones el próximo primero de enero, afirma diputado.

A contrarreloj, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán establecer las bases jurídicas para la operatividad de los nuevos municipios indígenas Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, que entrarán en funciones el 1 de enero del 2019.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, informó que se trabaja en coordinación con el Poder Ejecutivo, para concretar las reformas secundarias a leyes estatales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio.

Admitió que existe inexperiencia en el tema, pues nunca se había creado un municipio indígena en Morelos que trabajará bajo sus usos y costumbres, pero que tendrá bajo su responsabilidad un presupuesto y un número de población con su territorio al que le tendrá que prestar servicios públicos como Concejo Municipal.

Zapotitla Becerro dijo que les preocupa el tiempo que tienen para concretar las bases jurídicas necesarias para evitar una crisis en estos tres municipios el próximo año, ya que deben concretar ese trabajo antes del 15 de diciembre, plazo constitucional para la aprobación de las leyes de ingresos municipales.

"Estamos muy presionados en cuestión de temporalidad, es cierto, estamos prácticamente a un mes y yo espero que la próxima semana el Ejecutivo nos remita una propuesta muy específica, sobre la decisión que va a tomar sobre estas comunidades indígenas administrativamente hablando", explicó.

Por otro lado, el legislador informó que hoy se presentará finalmente una solución al conflicto que existe en Hueyapan por la integración del Concejo municipal. Aseguró que se planteará una salida que beneficiará a todo el municipio, aunque no especificó de qué trata.

Admitió que el Congreso del estado se ha tardado en atender el tema, pese a que los pobladores amenazaron con un conflicto mayor, al negarse a respetar al Concejo municipal que se eligió en julio pasado y que encabezaba David Montes Rosales, hermano del ex legislador perredista Javier Montes. 

 

 

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El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

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Morena propone quitar fuero a funcionarios.

Al menos cuatro alcaldes que terminarán su administración en diciembre próximo, plantearon incrementos en diversos conceptos de las tributaciones municipales, mediante las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Mientras que el ayuntamiento de Temixco solicitó la autorización de un crédito por 50 millones de pesos.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que los ediles propusieron incrementar costos en licencias de funcionamiento de comercio, licencias de construcción e impuesto predial.

Se trata de los presidentes de Cuernavaca, Cuautla, Tepalcingo y Temixco. En el caso del último ayuntamiento también solicitó la aprobación de un crédito por 50 millones de pesos.

La legisladora local aseguró que no se aprobara más endeudamiento a nivel municipal ni estatal y tampoco se permitirá el cobro de tributos en perjuicio de la ciudadanía. 

 

Morena propone quitar fuero a funcionarios

Durante la sesión ordinaria de ayer, la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, propuso eliminar el fuero al gobernador, diputados, magistrados e integrantes de los cabildos.

La propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado se presentó como parte de la agenda nacional que impulsó Morena. Sin embargo, en Morelos el fuero a los alcaldes y el resto de los integrantes del Cabildo fue eliminado en la LII Legislatura.

En el caso de los diputados locales, magistrados y el gobernador gozan de fuero federal y para ello se tendría que reformar la Constitución Política de México, facultad que compete al Congreso de la Unión. 

 

 

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