El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.

 

Publicado en Sociedad

El Congreso de la Unión no tiene competencia para legislar en materia de seguridad interior; no existe motivación que justifique la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública, y en el proceso legislativo hubo vicios, resuelve la mayoría del Pleno.

Con nueve votos a favor y uno en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2017.

Como fue anticipado en la sesión anterior, la mayoría del pleno, con excepción del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, apoyó invalidar la ley por considerar que el Congreso no tenía competencia para legislar en materia de seguridad interior, por ser esa esfera del Poder Ejecutivo Federal; no existía motivación que justificara la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública y mucho menos en tiempo de paz; y por los vicios en el proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación.

Durante la votación, el ministro José Ramón Cossío reiteró su postura de la inconstitucionalidad: “Considero que el Congreso de la Unión no tiene competencias para regular las acciones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz”.

La ministra Norma Piña Hernández también reiteró que el proceso legislativo estuvo viciado, porque no se permitió que las fuerzas minoritarias en el Congreso de la Unión pudieran conocer en tiempo el dictamen de la ley y mucho menos aportar al debate de manera razonada y democrática.

“Estoy por la invalidez al derivar de un procedimiento en que no se respetaron los principios de la deliberación democrática por vicios con impacto invalidante y, por ello, se afectó de manera significativa los principios sustantivos que dan valor a la democracia; no voy por incompetencia, voy por vicios en el procedimiento legislativo”, destacó.

En su intervención, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, destacó que aun cuando el Congreso de la Unión tuviera competencia, “las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos  de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí, sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su participación o que establezcan, o incluso permitan una situación atemporal, sin duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales”.

“Como han señalado muchos ministros, la compleja situación de criminalidad que ha sufrido nuestro país en los últimos años, el rebasamiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales ha generado que las fuerzas armadas coadyuven con las fuerzas civiles”.

“Me queda claro que esta situación no debe normalizarse, pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las fuerzas armadas, ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos y ante cuestiones excepcionales que cumplan con los parámetros de actuación fijados en la Constitución, e incluso con los precedentes y criterios de la Corte Interamericana a los cuales se han referido varios de los señores ministros; lo cual, si bien no prohíbe tajantemente el uso de las fuerzas armadas en términos de seguridad interior, lo debe hacer bajo el presupuesto de que debe limitarse en la mayor medida posible con la condición de que no sea irrestricta, que no sea excesiva ni mucho menos permanente, pues siempre debe tener un carácter excepcional y temporal”.

 

Publicado en Política

En sesión de Pleno, seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar facultades a las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública, hasta ahora reservadas para autoridades civiles.

Los ministros José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña, Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, fijaron su postura en contra del proyecto presentado por su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien proponía avalar parcialmente la legislación aprobada por mayoría enfast track” en diciembre de 2017 en el Congreso de la Unión e impugnada a través de la acción de constitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, presentadas por 183 legisladores federales, entre otros actores.

Los argumentos centrales de los ministros para pronunciarse por la inconstitucionalidad de la ley, fueron que se incorporaron temas de Fuerzas Armadas que impugnan su propia naturaleza; que el Congreso federal no tiene competencia para legislar sobre seguridad interior porque es esfera del Poder Ejecutivo Federal y se restaría responsabilidad a las autoridades civiles; que la ley representó un fraude a la Constitución porque se dice que regula sobre una materia y en el fondo se regula el rubro de seguridad pública.

Además, se resaltó que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que se pretende regular la participación de las Fuerza Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública.

Para decretar la inconstitucionalidad de la ley se requiere una mayoría calificada de ocho votos y, por lo pronto, ya seis ministros han fijado postura y en la sesión de jueves continuará la discusión en el Pleno de la SCJN.

 

Publicado en Política
Viernes, 09 Noviembre 2018 05:32

Exigen acceso a créditos

Les fueron suspendidas hace más de un año por el desfalco de la anterior legislatura.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pidieron a los diputados locales resolver los problemas legales con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGM) para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, a más de un año de que se las suspendieron por la deuda de 24 millones que generó la LIII Legislatura. 

Molestos porque los legisladores han retrasado la efectividad del convenio firmado con el ICTSGM para cubrir la deuda millonaria, con el que podrán realizar cualquier trámite, los sindicalizados sostuvieron que la LIII Legislatura retuvo sus aportaciones y causó el daño, pero la LIV Legislatura es responsable de resolver el problema.

"Ellos son los responsables como Congreso del estado porque independiente de la LIII Legislatura que hizo un mal manejo de los recursos, ahora ellos son los responsables del Congreso y que enfrenten la responsabilidad y que nos ayuden a sacar ese convenio ante el instituto porque no podemos realizar ningún trámite", afirmó Erick Alejandro Reyes Chávez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Sostuvo que la deuda con el Instituto de Crédito no es el único daño que les causaron como trabajadores, ya que la LIII Legislatura también les suspendió el pago de prestaciones laborales.

"Tenemos diversas prestaciones como pago de uniformes, tenemos apoyos de nuestras mismas cuotas que nos retuvieron y ellos se quedaron, becas para el pago de colegiaturas, que con becas a nuestros hijos (sic), tenemos primas de antigüedad y si sumamos todo los que nos deben, ascienden a más de 400 mil pesos", agregó Reyes Chávez.

Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, justificó el retraso en el convenio con el Instituto de Crédito, ya que se revisa que no se entorpezca la denuncia penal interpuesta en contra de los ex diputados por la retención de aportaciones de los trabajadores y otras irregularidades.

 

 

Publicado en Política

El magistrado Francisco Hurtado Delgado afirma que no hay razones para que los integrantes del Pleno del tribunal electoral sean sometidos a juicio político, como lo piden regidores electos inconformes con las resoluciones del órgano.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, consideró que no hay causal para pretender someterlo a juicio político y sostuvo que las sentencias del tribunal, que fueron apegadas a la ley, están todavía bajo el escrutinio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no han alcanzado definitividad.

Luego de que un grupo de regidores electos amenazó con iniciar acciones legales en su contra por supuesto conflicto de intereses e intervenir a favor de algunos partidos por el tema de la asignación de regidurías, consideró delicado que haya juicios adelantados y que se pretenda incoar un juicio político contra los magistrados del TEEM, cuando aún no culmina la cadena impugnativa.

Recalcó que el TEEM emitió resoluciones apegadas en derecho en tiempo y forma, y los magistrados cumplieron con la responsabilidad de resolver todas y cada una de la impugnaciones, que actualmente están en revisión en la Sala Superior.

Dijo que el que acusa está obligado a acreditar con pruebas, y “no aprecio ninguna razón para presentar este juicio ante el Congreso de la Unión. Además violarían el artículo 116 de la Constitución Federal (que habla) de la independencia y autonomía del órgano jurisdiccional”.

Además, señaló que la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las consideraciones o criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales locales en sus resoluciones, no pueden constituir parte de un procedimiento de juicio político.

Advirtió a quienes pretenden enjuiciarlos, que “lo único que se está generando es un costo que tendrán que pagar los impugnantes a los abogados que los representan de manera innecesaria, y son los únicos beneficiados”.

Insistió en que el debate sobre la asignación de regidurías en los municipios es un tema de legalidad que tendrá que resolver la Sala Superior y no el Congreso de la Unión.

 

Publicado en Política

El Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración fue eliminado por los anteriores diputados.

Los recursos del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración -que suman 110 millones de pesos para este 2018- que se usarían para el pago de laudos en los ayuntamientos y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del año pasado, pudieron haberse desviado por autoridades de la pasada administración.

El director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Rodolfo Tapia López, admitió que se desconoce el destino y uso de los recursos financieros, que se recortaron a los municipios de sus participaciones federales para la operatividad del fondo antes mencionado.

El funcionario recordó que el fondo fue creado para el pago de laudos y gestión de obra pública en los 33 municipios, y debido a la tragedia del sismo de 19 de septiembre del año pasado, el dinero fue utilizado para la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, en el mes de julio fue eliminado por los exdiputados integrantes de la LIII Legislatura. 

Ante la determinación de los exlegisladores, y a menos de dos meses de que concluya el año fiscal 2018, el director del Idefomm confirmó que se desconoce si los 110 millones fueron usados para la reconstrucción, ya que para el pago de laudos no se cumplió el objetivo.

“El Congreso local determinó que 110 millones de pesos del fondo fueran destinados al tema de la reconstrucción, pero no pudimos tener acceso a la conclusión de este fondo. El reto de la administración actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo tendrá que hacer una revisión a detalle dónde está este recurso”, declaró Tapia López, quien no descartó un desvío de recursos.

Por otro lado, el director del Idefomm anunció la firma de un “acuerdo político” entre el Poder Ejecutivo y los 33 alcaldes para evitar el despido de personal y heredar conflictos laborales a los próximos ediles, quienes tomarán protesta el 1 de enero del próximo año.

Señaló que el principal obstáculo al que se enfrentarán las próximas autoridades será la deuda por el pago de demandas laborales.

 

Publicado en Política

Se propone establecer figuras como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, entre otras.

El Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana con el fin de incluir las figuras de revocación de mandato, presupuesto participativo, congreso y gobierno abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de contraloría.

Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, presentó la propuesta de reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El legislador local sostuvo que es necesario reformar el tema de la participación ciudadana, a raíz de la reforma que aprobó la LIII Legislatura para eliminar la revocación de mandato.

Propuso establecer los siguientes mecanismos de participación ciudadana: revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de Contraloría.

"La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una participación popular plena, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo, sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional", manifestó García Chávez.

Explicó que al establecer los mecanismos de participación antes citados, la ciudadanía podrá tomar decisiones en torno a la aprobación del presupuesto y también conocer de manera directa lo que se desarrolla en las sesiones del Congreso del estado y de las decisiones del gobierno estatal.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

 

 

Publicado en Sociedad
Miércoles, 31 Octubre 2018 05:28

Rechaza Sanz intervencionismo en el Congreso

Los diputados tienen el deber de denunciar posibles actos de corrupción, sostiene el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, rechazó los señalamientos de la exdiputada local perredista Hortencia Figueroa Peralta, al sostener que el Ejecutivo respeta la separación de Poderes del estado. Afirmó que las y los legisladores actuales están en todo derecho y en el deber de denunciar, si los hubiera, actos de corrupción.

Por otra parte, el funcionario estatal llamó a los comandantes de la Policía de los 33 municipios a redoblar esfuerzos y se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los uniformados.

En entrevista, Sanz Rivera aseguró que el Ejecutivo mantiene el respeto a la división de Poderes del estado, tal y como lo prometió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde la campaña. Lo anterior, al rechazar las acusaciones de la expresidenta de la mesa directiva, la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, quien habría llamado al mandatario a “sacar las manos del Congreso”.

“La calidad moral se la deben dar los ciudadanos. Habría que preguntar a la ciudadanía. Yo no soy un juez para juzgarla en ese sentido; pero sí decir que no creo que su legislatura haya sido la mejor en la historia de Morelos”, expresó, al sostener que no hay intervención del gobernador en torno a la denuncia que formularon legisladores actuales por presunto manejo irregular de recursos.

Dejó en claro que, desde su punto de vista, las y los diputados merecen respeto y están en su derecho, y además tienen el deber de denunciar, si es que encontraron actos de posible corrupción, como cualquier otra persona.

En otro tema, informó que se trabaja en un proyecto para prevenir los feminicidios y una reforma legislativa para endurecer las penas por este delito. Admitió que es uno de los retos que tiene este gobierno ante la incidencia del ilícito en la entidad.

Comentó -como ejemplo- que se ha planteado la posibilidad de que la fuerza pública intervenga en casos de violencia, aun cuando no exista una denuncia penal formal, pues muchas veces las víctimas no quieren o tienen temor de iniciar el proceso jurídico y hoy en día no hay posibilidad jurídica de que los policías actúen plenamente.

Sanz Rivera y la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, visitaron ayer martes al mediodía la ofrenda que colocaron trabajadores del gobierno del estado en el acceso principal de palacio de gobierno.

Por la mañana, el jefe de la Oficina de la Gubernatura se reunió con comandantes del Mando Único de cada uno de los municipios del estado.

Junto con el comisionado de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, señaló que la actual gestión buscará mejorar las condiciones laborales de los uniformados, pero les pidió a nombre del gobernador del estado que redoblen los esfuerzos porque es prioridad recobrar la paz y la tranquilidad.

El gobierno del estado dio a conocer que en dicha reunión privada, José Manuel Sanz “expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres policías que día con día salen a las calles con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de las familias.
“Nos duele mucho lo que se ha vivido en los últimos días. Esos atentados en su contra que lamentablemente cobró la vida de uno de sus compañeros”, señaló.
Aseguró que recuperar la paz requiere el trabajo de policías honestos y dispuestos a contribuir en la transformación de este estado, que ha dejado de recibir inversiones y al cual cada vez llega menos turismo a consecuencia de la inseguridad.
“A Cuernavaca ya no llegan los estudiantes extranjeros a las escuelas de español. Las principales empresas están registradas fuera de Morelos, por lo que la recaudación que realiza el estado es mínima y eso es causa de la inseguridad”, afirmó.
Destacó la convocatoria a que “trabajen de manera honesta y comprometida, pues no se va a tolerar a quienes traicionen su uniforme y sirvan a los delincuentes que tanto dañan a la sociedad”.

 

 

Publicado en Política

Alcaldes electos protestan por el método utilizado para asignar esos cargos, que dejará a los partidos ganadores en minoría.

Presidentes municipales y síndicos electos exhortaron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a invalidar el criterio adoptado por la Sala Regional Ciudad de México, que impediría que tengan mayoría en los Cabildos y ocasionaría problemas de gobernabilidad en 31 de 33 municipios.

La polémica tuvo su origen en la asignación de regidores que hizo el Instituto de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quien basó la distribución en el artículo 18 del código electoral local que refiere que, para establecer los límites permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que incluye a todos los integrantes del Congreso.

Es decir, para asignar a los regidores debía tomarse en cuenta al presidente y síndico electo. Inconformes, partidos políticos y candidatos afectados, impugnaron la decisión del Impepac ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).

El tribunal local, al resolver las inconformidades, ordenó revocar la asignación realizada por el Impepac y concretar una nueva distribución sin contar a alcaldes y síndicos electos. De nueva cuenta, el asunto fue impugnado pero ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien contradijo al TEEM y revocó sus sentencias, con el fin de validar la asignación original de regidores que realizó el instituto. Ahora, las inconformidades están en la Sala Superior, quien resolverá en definitiva.

En rueda de prensa, el alcalde electo de Tototolapan, Sergio Omar Liviera, quien fungió como vocero, afirmó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México anuló el sistema de mayoría a favor de los presidentes y síndicos, que fue otorgado y legitimado por los ciudadanos con su voto.

Señaló que los alcaldes y síndico fueron colocados en una posición de desventaja al otorgarse regidurías a partidos que, incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar, además de negarles la posibilidad de contar con regidores de sus mismos partidos o coaliciones.

“La decisión de la Sala Regional pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos y propuestas de campaña, mismas que recogen demandas y aspiraciones ciudadanas.

“Las nuevas autoridades municipales somos enfáticos en considerar que con decisiones ‘legales’ de este tipo, se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, toda vez que la ciudadanía optó de manera decidida por los candidatos de elección popular, así como un proyecto de gobierno municipal que garantizará el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Expresamos que en más de un municipio, es posible que de implementarse la decisión inicial de referencia, pueda existir la posibilidad de movimientos sociales para impedir la presencia de personas por las que la población no voto mayoritariamente”, advirtió.

Informó que un grupo de autoridades municipales electas acudieron a la Sala Superior para exponer la situación y los motivos de informidad, en espera de que los magistrados del máximo tribunal electoral del país puedan resolver de manera acertada los recursos de inconformidades

“Es necesario que las sentencias de los tribunales electorales del país sean sensibles al momento político que viven la nación”, sostuvo y precisó que fue impugnada la asignación de regidores en 31 de los 33 municipios de Morelos.

Recalcó que hay casos tan graves en los que, a pesar de que el edil y síndico obtuvieron una votación superior al 35%, no se les asignó ningún regidor de su partido o coalición.

Manifestó que, aun cuando faltan meses para la toma de protesta y la asignación de regidores está subjudice, ya hay quienes se han adelantado a condicionar su voto en el Cabildo a cambio de prebendas.

“Hoy es un problema social que vemos venir, puesto que en algunos casos, en algunos municipios, los propios compañeros presidentes nos han dicho que ya están gestando un estrategia para ver qué van a pedir, cuál va a ser su pliego petitorio de los regidores para la aprobación de Cabildo de cuentas públicas, entre otros. Es el riesgo que le vemos de ingobernabilidad que habría en el interior del Cabildo”.

Detalló que 17 municipios cuentan con un cabildo integrado por tres regidores y en estos casos al alcalde no le fue asignado ningún regidor de su partido o coalición, poniéndolo en desventaja numérica y política. La situación, dijo, es similar en los cabildos con cinco regidores y, en los casos de cabildos con siete concejales, a los ediles a penas se les asignó a caso uno.

En la rueda de prensa participaron ediles y representantes electos de al menos 15 municipios. 

 

 

Publicado en Política

El investigador José Luis Basurto Vázquez señala que además carece de órgano hacendario y el aparato de fiscalización es uno de los que menos dinero recibe entre sus homólogos.

Por monto presupuestario, Morelos ocupa el lugar 11 de todos los congresos del país y destina 18.5 millones de pesos para el órgano de fiscalización, que es el menor presupuesto asignado en los congresos estatales y carece de un órgano hacendario que dé seguimiento a la administración y transparencia de los recursos del estado.

José Luis Basurto Vázquez, del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad, al referirse a datos estadísticos del primer informe de El Instituto Mexicano de Competitividad, consideró que en Morelos no se justifica un incremento al presupuesto del Congreso local, pues en 2016 y 2017 la asignación de presupuesto fue de 450 millones de pesos, al reducir el número de legisladores su presupuesto es ahora de 400 millones de pesos, pero quieren aumentar 80 millones de pesos más.

“En Morelos se tiene un presupuesto de 18.5 millones de pesos para el órgano de fiscalización el Congreso, pero es el que menos recursos recibe de todos los congresos del país. Parece ser que aquí hubiera habido la intención de reducir los recursos y los medios y limitar el papel de este órgano de fiscalización”.

Además la legislatura local carece de un órgano hacendario, “así como el de fiscalización como la junta política son órganos del Congreso, debe haber un órgano hacendario que debe fiscalizar y de informar sobre las finanzas del Congreso y no lo hay”.  Por no contar con este órgano, dijo, no se sabe qué pasó en la pasada legislatura, pues no hay un órgano responsable de dar seguimiento.

Señaló que el presupuesto que recibe el Congreso de Morelos este año fue de 400 millones de pesos y en 2017 y 2016 recibieron 450 millones de pesos, es mucho dinero considerando que es un porcentaje muy alto del presupuesto del estado, dijo al subrayar que Morelos está en primer lugar de porcentaje más alto del presupuesto sin llegar al 2%, “pero aun así, estamos hablando de 400 millones de pesos este año”.

El órgano de fiscalización superior, que es un órgano importante responsable de supervisar y fiscalizar la aplicación de los recursos de inversión pública en todo el estado.  “Es el responsable de supervisar todo lo que es obra pública, de los fondos públicos, de los recursos fiscales y demás; pero no desarrollan investigación y si la hacen, los resultados no son del orden público, no se conocen. Eso es una de las partes de transparencia que debe cumplirse en los congresos”.

Basurto Vázquez dijo que se debe impulsar una política de austeridad, pues los congresos reciben porcentajes muy altos de recursos no representan un beneficio, ni tienen la transparencia de saber a dónde se emplean y muchos de ésos se desvían hacia los mismos diputados por otros conceptos”.

 

 

Publicado en Sociedad
Página 1 de 21
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.