Destituyen al director por las denuncias.

Jonacatepec.- Un grupo de internos de la Cárcel Distrital de Jonacatepec realizó una huelga de hambre, mientras que siete de ellos se cocieron los labios, en protesta por presuntas irregularidades cometidas por el director Miguel Ángel Calvo Barragán, que violan sus derechos humanos. Después de varias horas, lograron la destitución del director.

Al mismo tiempo, sus familiares realizaban una manifestación afuera del penal para exigir la presencia de las autoridades penitenciarias, a fin de poner un freno a diversas limitaciones que tienen que ver con la alimentación, los talleres, los servicios de salud y algunas comodidades en las celdas de los reos.

Debido a la manifestación, fueron canceladas las visitas, sin que hubiera una explicación por parte de las autoridades de la cárcel distrital.

Los familiares de los presos denunciaron el supuesto autoritarismo de Calvo Barragán, quien modificó varias cosas, entre otras, el espacio de visita que ahora es de 75 metros cuadrados en malas condiciones para más de 120 personas, quitarles el derecho a introducir materiales y herramientas para los talleres y actividad física, entre otras cosas.

Añadieron que antes les entregaban directamente dinero a sus familiares encarcelados para cubrir gastos, pero sin aviso previo el director Calvo Barragán impuso que el dinero se lo entregaran a él personalmente, a fin de que lo hiciera llegar a los internos mediante una tarjeta bancaria. Sin embargo, el recurso económico les llegaba incompleto.
Señalaron que las autoridades de la cárcel violan los derechos humanos por los malos servicios médicos y la comida que reciben los reos, a pesar de que supuestamente esta cárcel fue certificada hace aproximadamente dos meses por la Asociación de Correccionales de América (ACA), en la que logró aprobar 138 estándares de calidad, seguridad, alimentación y de salud.

Alrededor del mediodía, arribó el coordinador estatal de Reinserción Social, Daniel Guerra Márquez, quien platicó con los internos y sus familiares, para después darles a conocer su decisión de remover al director y de establecer mesas de diálogo para continuar atendiendo las inconformidades de los reos.

A partir de este jueves, el nuevo encargado de la cárcel de Jonacatepec es Hugo Silva quien junto con sus superiores dará seguimiento a las denuncias presentadas por los presos y sus familias, se informó.
Al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos informó que uno de sus visitadores acudió a verificar el estado de los manifestantes, logrando que se quitaran las suturas de la boca para recibir atención médica, además de que se supervisaron los alimentos  y se estableció el compromiso de un diálogo permanente con las autoridades penitenciarias para responder a las inconformidades de los internos.

 

 

 

 

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Denuncian que fueron abandonados por el programa estatal “Unidos por Morelos”.

Ayala.- Luego de varios meses de peregrinar por diversas instituciones tanto estatales como federales, así como ante el Ayuntamiento presidido por el edil Antonio Domínguez Aragón, los habitantes damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 se manifestaron en la plaza principal de la cabecera municipal para denunciar que el programa “Unidos por Morelos” los abandonó, sin que su titular Alexis Ayala cumpliera con la entrega de los apoyos para la reconstrucción de sus viviendas.

Dijeron que a tres días de que termine el actual gobierno del estado, nadie se hace responsable por las promesas incumplidas, pues incluso los empleados de “Unidos por Morelos” que los atendían fueron despedidos sin ninguna explicación.

Familias de diversas comunidades de este municipio denunciaron la falta de compromiso de las autoridades estatales con la reconstrucción de sus viviendas, pues a pesar de que se les obligó a demoler sus casas se les dejó a su suerte, por lo que ahora tienen que vivir en casas de plástico y láminas improvisadas, donde enfrentan las inclemencias del clima.

Dijeron que a pesar de haber cumplido con todos los trámites que les fueron exigidos, así como con la demolición de sus viviendas, Alexis Ayala y en general las autoridades estatales los abandonaron a su suerte.

Señalaron que en este municipio se tiene un registro de mil 590 casos debido a que Ayala fue uno de los municipios más afectados por el movimiento telúrico de hace un año, pero de estos solo se atendieron 770 viviendas y se entregaron 598 paquetes de material para afectaciones parciales, en tanto que en los casos de daños totales hasta la semana pasada se tenía considerado reconstruir 71 casas; sin embargo, al día miércoles, únicamente confirmaron 24 viviendas.

Por su parte, Hiram Farfán, quien fuera el coordinador de “Unidos por Morelos” en esta zona, dijo que fueron despedidos sin que Alexis Ayala, titular de este programa, les diera la cara. Ahora las personas afectadas se quedarán sin su casa y sin saber qué pasará ahora, pues ni el Ayuntamiento ha tenido la sensibilidad de acercarse para ayudarlas.

 

 

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Denuncian presuntos malos tratos y el suministro de alimentos en mal estado.

Un grupo de internos de la cárcel distrital de Jonacatepec se cosieron los labios en protesta por presuntos malos tratos y restricciones que las autoridades penitenciarias impusieron para obtener la certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) del centro de reclusión.

Las autoridades penitenciarias no hicieron pronunciamiento alguno sobre la protesta, sin embargo, a través de familiares de internos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se confirmó que al menos ocho reos decidieron coser sus labios como medida de presión para cambiar las reglas que les fueron impuestas y denunciar presuntos malos tratos de custodios y el suministro de alimentos en mal estado.

Tras la intervención del personal del organismo, los internos se quejaron de que a partir de la certificación de la ACA, se prohibió a los familiares ingresar alimentos y herramientas de trabajo, así como acusaron que se les sirven alimentos en mal estado.

La CDHEM entrevistó al personal médico, jurídico y administrativo del centro penitenciario, así como supervisó la preparación de alimentos y no encontró ninguna anomalía, pero los reos insistieron en que no siempre es así.

Los internos desistieron de la protesta y fueron atendidos por el personal médico. El acuerdo final fue mejorar la calidad de alimentos, además de que las visitas ingresen alimentos y herramientas.

Además fue relevado el director de la cárcel, Miguel Ángel Calvo Barragán, y en su lugar quedó Hugo Silva Solórzano.

 

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Aguardan el resultado de las gestiones oficiales para el rescate financiero de la institución, antes de decidir la toma de casetas, el viernes.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) acordó esperar los resultados de la gestión del rector Gustavo Urquiza Beltrán y, en caso de no tener respuesta favorable, el comité ejecutivo, delegados y comisiones sindicales acudirán a la Secretaría de Hacienda federal el próximo jueves por la mañana y por la noche se informará si toman las casetas el próximo viernes.

A las 09:00 horas, en las instalaciones de la armadora Nissan de Jiutepec, los administrativos sindicalizados realizaron asamblea y acordaron manifestarse ante el rector Gustavo Urquiza Beltrán para exigirle el pago de salarios y se trasladaron al campus Chamilpa a la torre de Rectoría.

Cerca de las 13:30 horas, trabajadores administrativos de la UAEM impidieron la salida del campus Chamilpa del vehículo en el que se trasladaba el rector, quien se dirigía a atender asuntos de su agenda con representantes de algunos medios de comunicación. Durante varios minutos, el rector escuchó reclamos de los trabajadores que exigían el pago de salarios, pero la intervención del secretario general del STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, y el breve diálogo que sostuvo con el rector Urquiza Beltrán, permitió que le dejaran salir del campus Chamilpa.

Luego de estar con el rector, los trabajadores administrativos se dirigieron a la explanada -en donde se reconstruye el edificio principal en el campus Chamilpa- para deliberar las acciones a seguir y acordaron que para presionar a las autoridades a destinar recursos extraordinarios para solventar el pago de salarios en lo que resta del año, este día realizarían un mitin en el campus Chamilpa, para luego salir a tomar las casetas de las autopistas, sin embargo, por la tarde modificaron su acuerdo.

“Tuvimos una plática con el señor rector con respecto a la falta de pago, nos dio la explicación, nos dijo también que está haciendo las gestiones y que iba al Senado. Nosotros tenemos pensado ir a la Ciudad de México a manifestarnos tanto en la Secretaría de Hacienda federal, como en la Secretaría de Educación Pública. Le pedimos el acompañamiento al rector y, dependiendo de las resoluciones que le pudieran dar entre hoy y mañana, el rector se comprometió a dar cabal acompañamiento a la Ciudad de México. Asimismo, la invitación es para el señor gobernador, ya que él todavía está en funciones y le pediremos de manera escrita y verbal que nos acompañe a estas instancias en la Ciudad de México el próximo jueves”, dijo Carlos Sotelo Cuevas, secretario del STAUAEM, en entrevista.

Por la tarde y noche se notificó a los trabajadores -a través de sus delegados- que quienes trabajan en áreas blancas se deben presentar hoy a trabajar y esperar las indicaciones el jueves por la noche respecto de la toma de casetas el viernes 28 de septiembre.

Hoy y mañana, los trabajadores administrativos esperarán los resultados de la gestión del rector Gustavo Urquiza en su reunión con senadores, la Secretaría de Hacienda y la SEP, para decidir si el jueves visitan la Secretaría de Hacienda federal y el viernes toman las casetas para liberarlas del cobro en protesta porque no se atiende el problema financiero de la UAEM.

 

 

 

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Solicitudes de trabajadores jubilados son ignoradas por ese organismo, denuncian profesoras en retiro.

Maestras jubiladas protestaron este lunes dentro de las instalaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), al calificar como “injusto” el préstamo que se autorizó al gobernador actual Graco Ramírez por más de 600 mil pesos (735 mil, exactamente) para la compra de un automóvil de lujo, en tanto que muchos servidores públicos llevan décadas de servicio y no les han autorizado préstamos por montos mucho menores y para conceptos prioritarios.

Por más de tres horas, las profesoras estuvieron apostadas en las oficinas de la institución, pidiendo hablar con la directora, Paula Trade Hidalgo, quien permanecía “escondida sin dar la cara”. Exigieron una audiencia para conocer si las reglas de operación de los créditos cambiaron y demandar que se revisen y autoricen muchas de las solicitudes que han hecho profesores en retiro.

Y es que aseguraron que habitualmente el Instituto sólo otorga préstamos para vehículos con un tope máximo de 200 mil pesos, y se solicitan una serie de requisitos que implican largo tiempo.

Además, expusieron su inconformidad porque consideran que conforme a la ley, el gobernador “es patrón” y, por lo tanto, no tiene derecho a dicha prestación.

Cansadas de esperar, las más de cuarenta maestras jubiladas se colocaron en las puertas para evitar que la funcionaria estatal saliera del inmueble sin explicar si ese crédito otorgado a Graco Ramírez Garrido Abreu había sido aprobado con la modificación correspondiente, autorizada por el consejo del instituto.

Ante la falta de respuesta, irrumpieron en la sala de juntas y exigieron una audiencia. “Tenemos derecho, después de cotizar por más de treinta años, a que nos reciban, que nos atiendan y hagan la recepción formal de un documento que trajimos”.

Denunciaron que -por el contrario- “un chamaco” identificado como Salvador López Morales, presunto secretario particular de la directora del instituto, salió de una de las oficinas a “regañar” y “menospreciar” a las maestras, a las que señaló como “señoras groseras” y trató de sacarlas de las oficinas.

Por más de una hora intentaron evitar que la directora Paula Trade saliera, cubriendo la salida de vehículos “por el temor fundado de que sacaran a la directora Paula en la cajuela de un coche con tal de no dar la cara”.

Expresaron su rabia al sostener que no es justo que se autorice un crédito al titular del Ejecutivo en tan poco tiempo, y por tanto dinero, habiendo muchos trabajadores que no son beneficiarios por la gran cantidad de requisitos que les imponen.

Llamaron a las autoridades entrantes a aplicar auditorías sobre el manejo de recursos, pues consideran que podría haber otros créditos autorizados en circunstancias irregulares o injustas, como el caso ya referido.

 

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Ayer, padres de familia de la escuela Melchor Ocampo bloquearon la avenida Plan de Ayala, a la altura de los Pullman de Morelos, porque la directora de escuela Felipe Neri no permite que los alumnos del turno vespertino ingresen a las nuevas aulas.

La protesta provocó un enorme caos a pesar de que la Policía Vial habilitó vías rutas alternas.

 

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Pobladores y representantes de Bienes Comunales de Tepoztlán realizarán una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Segunda Sala debatirá este miércoles el proyecto de resolución propuesto por el ministro Eduardo Medina Mora que propone amparar al empresario José Antonio Zorrilla Ducloux y al consorcio “Pirámide y Convento S.A. de C.V.”, asociados al fallido proyecto inmobiliario Club de Golf “El Tepozteco”.

De acuerdo con los asuntos enlistados, la Segunda Sala tiene previsto votar el proyecto de amparo directo en revisión 40/2017, en el que el ministro Medina Mora propone a sus homólogos amparar a Zorrilla Ducloux y el consorcio, para efecto de que el Tribunal Superior Agrario anule la sentencia del 12 de mayo de 2016 a favor de la comunidad de Tepoztlán y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva para determinar la posesión de 280 hectáreas en el municipio de Tepoztlán, con base una serie de consideraciones contenidas en el proyecto.

En la propuesta de resolución se plantea analizar de nueva cuenta los alcances jurídicos de los oficios administrativos 163603, 163605, 161960, 162190, 160854 y 160856, emitidos en 1962 y 1963, en los que se aduce que la superficie en litigio es propiedad privada, y se determine si éstos efectivamente demuestran la exclusión de ciertos predios de las tierras comunales, sin que pueda tomar en cuenta para tal efecto lo previsto en el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.

También se estipula que el Tribunal Superior Agrario tendrá libertad de jurisdicción para determinar si los elementos de prueba y argumentos que fueron hechos valer durante el juicio agrario por ambas partes -comunidad tepozteca y empresarios- permiten arribar o no a la conclusión de que se actualizó una “privación ilegal” de los predios que son materia de litigio.

Otra de las consideraciones previstas es que, en caso de que el tribunal determine que procede la restitución de las tierras a la comunidad, analice si es procedente y, en su caso, se pronuncie si es dable o no citar a todos los vecinos de Tepoztlán para que comparezcan en juicio.

A pesar que en diversos momentos e instancias las resoluciones han sido favorables para la comunidad tepozteca, el empresario y el consorcio alegan que los predios les pertenecen desde hace décadas, pues los obtuvieron de manera legal y estuvieron en posesión de ellos de manera pacífica y continua, además de que se duelen de presuntos omisiones y vicios en las sentencias previas. En tanto que los Bienes Comunales defienden que esas hectáreas son propiedad de la comunidad por decreto presidencial desde 1929 y forman parte del corredor ecológico bajo protección Ajusco-Chichinautzin y el Parque Nacional “El Tepozteco”.  

A unas horas de que el caso sea discutido en la SCJN, pobladores, comuneros y ambientalistas anunciaron que realizarán este miércoles una manifestación a las afueras de la sede del máximo tribunal del país, en espera de que los ministros voten con conciencia y rechacen amparar al empresario y el consorcio.

También hicieron un exhorto a las organizaciones sociales a unirse al movimiento de defensa de la tierra y un llamado a la unidad a la comunidad. “Estamos llamando a la población tepozteca a que sea crítica, analítica y que al final de cuentas esta es la lucha que dieron nuestros papás, que dieron nuestros abuelos, y estamos llamando a esa unión que en 1994 (cuando se activó el proyecto del Club de Golf) mostró el pueblo tepozteco y ésta sigue siendo su lucha”, indicó Angélica Ayala, joven habitante del municipio de Tepoztlán.

 

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Sábado, 15 Septiembre 2018 05:41

Damnificados de zonas rurales exigen ayuda

Vecinos de comunidades de Tlaquiltenango reclaman el pago de indemnizaciones por la pérdida de sus viviendas; amenazaban con quedarse en la plaza de armas, pero les prometieron dinero para el viernes.

Este viernes, damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 de varias comunidades de Tlaquiltenango se manifestaron frente al palacio de gobierno en protesta porque a casi un año del hecho, no han recibido recursos para la reconstrucción de al menos 30 viviendas con daño total.

Los inconformes amenazaban con quedarse en plantón en la Plaza de Armas “Emiliano Zapata”, en la que ya se realizaban los preparativos para la ceremonia de “El Grito de Independencia”. Incluso colocaron una pequeña casa de campaña y advertían que estaban dispuestos a permanecer en el lugar hasta tener respuesta.

Los afectados –entre ellos Margarita Nájera Berástico– aseguraron que no fueron registrados en el padrón del Fondo Nacional de Desastres, a pesar de que los daños fueron muy graves. Comentaron que sólo les dieron tarjetas de “Unidos por Morelos” que entregó el gobierno estatal, “pero sin fondos”.

“Nos preocupa porque ya se van, se acaba este gobierno y nos vamos a quedar sin casa. A mí, por ejemplo, me dijeron que mi recurso ya lo habían ejercido, pero no me dieron ni un centavo”, narró la vocera.

Los manifestantes mencionaron que la mayoría de los afectados son adultos mayores o tienen alguna discapacidad o un hijo con discapacidades y todos son campesinos, quienes enfrentan condiciones económicas de pobreza.

A decir de los damnificados, las autoridades federales les dijeron que ya habían liberado los recursos para ellos y el gobierno estatal les prometió que les construirían una casa, pero nadie les cumplió.

Se trata de habitantes de sitios tales como Nexpa, Xicatlacotla, Huautla y de la colonia Manzanares, entre otras, a las que los trabajadores que iban a levantar los censos no llegaron o no los tomaron en cuenta en los primeros días siguientes al sismo.

Finalmente, una comisión fue recibida por personal de la Secretaría de Gobierno, con el que acordaron que el próximo viernes recibirían recursos. Lo anterior, aseguró Margarita Nájera, quedó firmado en una minuta de trabajo. Por ello aceptaron no instalar el plantón este viernes.

 

 

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Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) realizaron una protesta en las oficinas de la paraestatal de la avenida Vicente Guerrero.

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) protestaron este jueves contra los altos cobros en el suministro y el inicio de demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto robo de fluido, pese a acuerdos con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desde temprana hora del jueves, bloquearon la avenida Vicente Guerrero, en el carril de sur a norte, durante casi dos horas, y se apostaron en las oficinas de la CFE ubicadas en esa vialidad, lo que impidió que se abriera al público en horario habitual.

Los manifestantes expusieron que se han violado los acuerdos firmados a nivel nacional en el sentido de que “no se judicializarán las deudas de carácter civil por adeudos”, ya que la comisión ha iniciado demandas ante la PGR.

Explicaron que entre sus afiliados hay muchos adultos mayores que necesitan el suministro y acaban con órdenes de aprehensión federal. “A veces, hasta los mismos trabajadores de la CFE se sensibilizan y los dejan en condiciones incorrectas, pero finalmente con la energía (conexiones). Pero luego pasan, toman fotografía y eso ya es suficiente para ellos para que los denuncien ante PGR por robo de fluido y luego iniciar un proceso. Nos quieren hacer pasar por delincuentes pero somos resultados del abuso, de la falta de respeto de la Comisión Federal de un proceso administrativo”.

Señalaron que cada día crece el enojo de los usuarios por cobros exagerados, maltrato y actitud prepotente de empleados de la CFE, quienes llegan a los domicilios a cortar el servicio y no justifican lo que se quiere cobrar.

Aseguraron que los miembros de la ANUEE sí quieren pagar, pero tarifas justas, y exigieron que se comprueben los cobros aplicados, ya que la mayoría de las veces quitan medidores, facturan sin hacer lecturas, aplican tarifas, y si el propietario de la vivienda no paga le quita el medidor. Y si por urgencia se conectan, se les pretende aplicar un cobro retroactivo a dos años atrás.

Juan Antonio Rodríguez Solórzano, coordinador en Morelos de la agrupación, informó que luego de la manifestación, una comisión fue recibida por funcionarios de la CFE, a quienes se entregó la minuta firmada a nivel federal. Además, se presentó un listado de integrantes de la ANUEE para que, en esos casos, se respete a quienes tienen queja ante la Profeco para que no se les corte el suministro.

También se planteó que cada miércoles habrá reuniones de conciliación para buscar la regularización en condiciones justas.

Dijo que hay tres casos de demandas contra usuarios de Cuernavaca que tienen supuestos adeudos por más de 120 mil pesos y que no tienen dinero para pagar esos montos y sólo los amenazan con que, o pagan, o les cortan el servicio. En esos asuntos ya hay citatorios ante la PGR para comparecer y llegar a un “arreglo”, pero no cuentan con recursos para cubrir esas cantidades.

En Morelos hay alrededor de tres mil integrantes de la asamblea que iniciaron quejas ante la Profeco y que deberían ser atendidos bajo los acuerdos firmados para revisar su caso sin corte de suministro y, menos aún, sin acusaciones por robo del fluido eléctrico.

Habían planeado marchar a las oficinas de la delegación de la Profeco, ubicadas en el Centro de Cuernavaca, pero decidieron suspender ese traslado y reprogramar una manifestación en esa dependencia, en caso de que no se cumpla con los compromisos establecidos.

 

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El titular de la SMyT minimiza protesta pero luego acepta que expedirá más concesiones.

El secretario de Movilidad y Transporte, José Ascensión Monter Sanjuán, aseguró que los transportistas mienten cuando afirman que la dependencia a su cargo expide concesiones para circular a favor de “rutas” y taxis en todo el estado y, de ser así, los retó a presentar las denuncias en contra de los supuestos responsables.

Por enésima ocasión, transportistas de la Ruta 13 protestaron ante las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) que se encuentran en la plaza Novum, en Jiutepec, para exigir que dejen de prestar servicio público vehículos que operan con permisos provisionales. 

Roldolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13, aseguró que la SMyT continúa con la expedición de permisos en la región oriente del estado, y Noé Sandoval Morales -ex delegado de Transporte en Cuautla- es quien negocia dichos documentos.

Mientras los transportistas bloqueaban el bulevar Cuauhnáhuac en ambos sentidos, el secretario de Movilidad y Transporte llegó a su oficina. Sin atender la protesta, el funcionario entró a la Plaza Novum.

En entrevista, Monter Sanjuán les dijo mentirosos a los transportistas, pues rechazó que la dependencia continúe expidiendo concesiones.

"Yo no sé de dónde sacan esa información. Ojalá traigan pruebas reales y, mientras no tengamos aquí todo registrado, para mí todo es falso", sostuvo.

Dijo que el miércoles se reunirá con la comisión de recepción del gobierno electo que encabeza Cuauhtémoc Blanco y "se conocerá toda la verdad" respecto a los permisos otorgados.

El funcionario sostuvo que en la zona metropolitana sólo se entregaron cuatro mil 300 permisos, del proceso de regularización del 2014. "Mientras los que no estén en el sistema son falsos o clonados", declaró.

"Eso es problema de ellos. Que metan denuncias y, a quienes les hayan dado dinero, que lo demanden. Si los engañaron, si les dieron afuera, ellos saben a quiénes se los dieron, pues que demanden", agregó el secretario, quien rechazó que se hayan negociado permisos a cambio de votos en las pasadas elecciones.

 

Analizan expedir nuevas concesiones 

Para el secretario hay otros intereses de fondo respecto a las denuncias de la expedición de permisos, sin embargo, admitió que existe la intención de expedir títulos de concesión en base a la facultad que le cedió el gobernador la semana pasada en la materia.

Aunque en un primer momento aseveró que no daría tiempo expedir nuevas concesiones, después se contradijo y mencionó que se tiene planeado entregar los títulos a beneficiarios del proceso de regularización del 2014.

 

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