Mario Ocampo informó que se ha señalado un presunto desvío de recursos que la legislatura anterior asignó al municipio.

Puente de Ixtla.- El alcalde de este municipio, Mario Ocampo Ocampo, solicitará la intervención de la LIV Legislatura del Congreso local para que investigue el presunto desvío de fondos que fueron asignados al municipio durante la legislatura anterior.

En entrevista, el edil ixtleco comentó que están investigando ésa y otras irregularidades en las finanzas. “Ésa es nuestra principal tarea; somos la cuna de las pensiones doradas, se aprobaron de repente 80 pensiones con cantidades de hasta 28 mil pesos al mes, que nos genera un gasto, una carga de 16 millones al año. Todos esos detalles los estamos investigando; acabamos de terminar con las observaciones de la entrega-recepción, justamente ahí se ha señalado todo”, dijo.

Agregó que en el caso del presunto desvío de recursos que fueron asignados por el Congreso local, deberá ser la actual legislatura la que revise el tema, pues “eso le compete al Congreso porque nosotros vamos a hacer lo que nos compete, se requerirá a la ex presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla para que aclare el tema, que subsanen las observaciones y que se actúe conforme a la ley”, apuntó.

Mario Ocampo indicó que la entrega-recepción fue deficiente, ya que se hizo de manera global. “Ahora estamos pidiendo que subsane el tema y cuando ya lo tengamos vamos a dar seguimiento. Nunca habido acercamiento con la expresidenta y sólo nos contesta oficios”, mencionó.

Asimismo, refirió que, por su parte, están realizando lo que les compete; es decir, buscando que se dé reversa a las pensiones doradas, pero hay 16 que sí cumplen con los requisitos, algunos sindicalizados.

“Pero, definitivamente, Puente de Ixtla es el municipio más lastimado financieramente hablando”, finalizó.

 

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La directiva del Poder Judicial analizará el presupuesto aprobado y publicado para analizar si se ajusta a las expectativas.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, afirmó que el Poder Judicial fijará una postura hasta analizar con detalle el presupuesto que le fue asignado por el Congreso para el actual ejercicio fiscal.

Luego de que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5687, fue publicado el Decreto 76, por el que el Congreso aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, y asignó al Poder Judicial sólo 523 millones de pesos, señaló que primero se hará un análisis legal y en breve se determinará qué seguirá.

Recordó que hay una controversia en curso promovida por el Poder Judicial antes de que se aprobara el presupuesto, en la que se planteó que le correspondía a la administración de justicia –con base en la autonomía financiera- el 4.7% del presupuesto estatal programable.

“Nosotros ya tenemos una controversia establecida y, bueno, nada más terminaremos de analizar el presupuesto para que en breve les estaremos informando lo que vamos a hacer jurídicamente”, dijo.

Señaló que hay varios proyectos pendientes de modernización y mejoramiento para el Tribunal Superior de Justicia, pero su realización dependerá de los recursos con los que se cuente. 

 

 

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Grupos antagónicos piden su destitución y protestan en el Congreso local.

Habitantes de Xoxocotla se manifestaron este jueves en el Congreso local en contra del Concejo Municipal que gobierna el municipio de origen indígena y que está encabezado por Leonel Zeferino Díaz.
"Que sea gente del pueblo, no gente impuesta", fue la consigna de los pobladores que arribaron cerca de las 11 de la mañana a la sede del Poder Legislativo, para exigir una audiencia con los diputados locales, a quienes solicitaron su intervención para que se convoque a nuevas elecciones en Xoxocotla y se designe a un nuevo concejo.
Los inconformes también amenazaron con llevar a cabo bloqueos en importantes vialidades de Cuernavaca, como la avenida Plan de Ayala y el circuito Adolfo López Mateos, así como liberar la caseta de Alpuyeca. Sin embargo, al paso de los minutos, y pese a no haber sido recibidos por ningún diputado, los inconformes no cumplieron sus advertencias.
Los ciudadanos permanecieron en el Congreso del estado hasta pasadas las ocho de la noche, luego de que intentaron irrumpir en la sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves por la tarde. Finalmente fueron recibidos por un grupo de diputados, quienes escucharon su demanda y se comprometieron a buscar una solución. 

 

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Los diputados aprobaron una reforma que mantiene a Tania Valentina al frente de la Junta Política y que permitió cambiar a los titulares de importantes comisiones.

El grupo de 15 legisladores que compone  la nueva mayoría en el Poder Legislativo -encabezada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) - concretó las reformas necesarias a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para mantener a Tania Valentina Rodríguez Ruiz al frente de la Junta Política y de Gobierno y aislar a los diputados "sin partido político".
En sesión ordinaria, que se desarrolló durante la tarde y noche de este jueves, el Pleno del Congreso del estado aprobó con 15 votos a favor y cinco en contra las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica, que además limitan a las fracciones parlamentarias poder encabezar la Junta Política y de Gobierno. 
La mayoría de 15 diputados logró establecer la figura de "diputado sin partido político" en la ley antes mencionada, a propósito de la salida del legislador José Casas González del PT, a fin de que tampoco pueda sumarse a otro partido hasta que inicie el siguiente periodo ordinario sesiones, lo cual sucederá en septiembre próximo. 
Con una adecuación al artículo 46 de la Ley Orgánica, la coordinadora del PT Tania Valentina Rodríguez Ruiz podrá permanecer al frente de la Junta Política y de Gobierno sin ningún impedimento legal, ya que se estableció que el grupo parlamentario que presida dicho órgano deberá estar integrado por al menos el 15 por ciento de los integrantes de la Legislatura. 
En la misma sesión ordinaria, la mayoría de los legisladores determinó dejar sin representación alguna en el Congreso a José Casas González, al modificar la integración de las comisiones de Gobernación y Gran Jurado, la de  Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, la de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como Justicia y Derechos Humanos. De igual forma, removieron al diputado Marcos Zapotitla Becerro de las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, y la de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. 
El de Morena, excluido al inicio de la legislatura, fue el grupo parlamentario más beneficiado con estos cambios, ya que la coordinadora Keila Figueroa Evaristo presidirá Gobernación y Gran Jurado; su compañero Javier García Chávez, Puntos Constitucionales y Legislación; y Tránsito y Transporte y Vías de Comunicación será para Elsa Delia González Solorzano. 
Minutos después de que inició la sesión (cerca de las seis de la tarde) se informó de una amenaza de bomba, que provocó la movilización de elementos de Protección Civil, del Ejército y de la Policía estatal. Sin embargo, la amenaza resultó falsa. 
Además, el salón de Plenos permaneció cerrado por la intención de habitantes de Xoxocotla de irrumpir en la sesión. 

 

 

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Diputados buscan integrar una terna de entre 18 aspirantes al cargo, en esta misma semana.

La designación del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría aplazarse hasta abril, debido a la falta de acuerdos para integrar una terna de entre los 18 aspirantes a ocupar dicha representación.
Hasta la mañana de este jueves, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias no habrían logrado los consensos que se requieren para impulsar ante el pleno una propuesta de tres aspirantes que sea votada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, tal y como marca la Constitución Política del Estado. 
De acuerdo con la información proporcionada por diversos legisladores, esta misma mañana se reunirán las coordinadoras parlamentarias en la Junta Política y de Gobierno para buscar generar los consensos necesarios y presentar el tema en la sesión ordinaria que fue convocada para este día a las cuatro de la tarde. 
Sin embargo, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, no descartó que el nombramiento del próximo presidente de la CDHEM se logre en los siguientes días, y, mientras tanto, se designará a un encargado de despacho, ya que el periodo por el que fue nombrado Jorge Arturo Olivarez Brito vence este viernes 22 de marzo. 
Por su lado, Marcos Zapotitla Becerro, también integrante del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que el proceso de designación del ombudsman morelense y el consejo consultivo de la CDHEM se ha llevado a cabo de manera "desaseada", lo que ha evitado que no se logren los votos de mayoría para concretar el nombramiento. 
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, manifestó su confianza en que las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se pongan de acuerdo y esta semana se nombre al titular de la Comisión de Derechos Humanos, para dar certeza a los ciudadanos respecto a la cabeza del organismo que defiende sus derechos fundamentales. 

 

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Miércoles, 20 Marzo 2019 05:12

Engaña Congreso a jubilados: SNTE

Para el pago de la prima de antigüedad se requieren más de 300 millones de pesos; los diputados sólo destinaron cinco, se queja la representación sindical.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunció que la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local engañó a jubilados, pues sólo se destinaron cinco millones de pesos para el pago de la prima de antigüedad, que requiere más de 300 millones de pesos para los 12 mil 777 docentes retirados.

Al respecto, la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, dijo que tampoco permitirán que un pequeño grupo de jubilados salga beneficiado con las pláticas que han sostenido algunos funcionarios estatales, en fechas recientes, puesto que cualquier acuerdo político debe ser para beneficio de todos los agremiados. Reiteró que la representación legal y formal del magisterio la tiene el comité seccional del SNTE.

Expuso que el SNTE, como siempre, seguirá la vía legal y la del diálogo para atender esta demanda de los trabajadores en retiro. Por ello, informó que ya fueron iniciadas las demandas de 500 jubilados.

Bañón Estrada puntualizó que hay un total de 12 mil 777 maestros jubilados y pensionados a quienes les corresponde el pago de la prima de antigüedad del 2018 y 2019, con base al Artículo 46 de la Ley del Servicio Civil del Estado Morelos.
La dirigencia sindical recibió nueve mil expedientes, de los cuales 500 ya están en la etapa de inicio procesal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y el resto en integración.

“Hemos agotado las instancias y avanzado a la etapa de admisión y fecha de la audiencia en la que se ratificará el contenido de las demandas con pruebas anexas para dar pie a la respuesta de los demandados, en este caso el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM)”.
“Una vez que esto suceda y que el tribunal resuelva los laudos, vamos a exigir al ejecutivo y a las autoridades correspondientes que se cubra de inmediato el pago a nuestros maestros que se encuentran en esta lamentable situación”, expresó la dirigente, al dar lectura al manifiesto.
En la misma conferencia de prensa, la secretaria general del SNTE denunció que hubo un engaño por parte del Congreso del estado de Morelos, específicamente de la bancada del PT, en el sentido de que actualmente no existe un recurso que cubra en su totalidad el pago de la prima de antigüedad para maestros jubilados y pensionados, como han dado a conocer supuestos líderes. 
“Basta ya de engaños y de promesas estériles. No se trata de la buena o mala voluntad de un solo diputado, sino del derecho y de la legalidad que debe existir con el manejo de los recursos públicos y de lo que por ley le pertenece al magisterio”, expresó, al sostener que se requieren alrededor de 300 millones de pesos para el pago de prima de antigüedad que se adeuda y sólo se aprobaron cinco millones en el paquete económico.

En otro orden de ideas, pero en la misma conferencia, la representación sindical dio a conocer la convocatoria para el foro de consulta sobre la reforma constitucional luego de la abrogación de la reforma educativa.

 

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Los diputados deberán elegir antes de este viernes al próximo presidente de la CDHEM.

Los diputados deberán elegir antes de este viernes al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Sin embargo, no han logrado definir un acuerdo de mayoría para votarlo en Pleno. 
El fin de semana pasado, los 25 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos e integrar el Consejo Consultivo comparecieron ante la Junta Política y de Gobierno y cada uno presentó sus propuestas.
Sin embargo, las fuerzas políticas de mayoría en el Congreso del estado, como son Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) tienen sus propuestas por separado, lo que ha complicado lograr un acuerdo de mayoría que se presente a más tardar este jueves, en sesión ordinaria. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, no descartó que la elección del próximo ombudsman morelense pudiera postergarse de esta semana, aún y cuando el período de tres años de Jorge Arturo Olivares Brito vence este viernes 22 de marzo. 
"La ley nos permite designar un encargado de despacho si no se logran los consensos en tiempo, pero esperemos que podamos llegar a un acuerdo antes de este viernes", declaró. 
Morales Sandoval refirió que debido a la falta de acuerdos, lo más probable es que la sesión ordinaria sea convocada para este jueves, y no el miércoles como había informado la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

 

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Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la CES reconoció que esa dependencia enfrenta un rezago en recursos que fue heredado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) enfrenta un grave rezago en recursos materiales y humanos, el cual fue heredado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, confirmó el vicealmirante y titular de esa dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros, durante su comparecencia ante el Congreso del estado, en la que admitió que no hay un plazo para que el problema de inseguridad en Morelos se solucione.

El comisionado estatal de Seguridad fue cuestionado por los legisladores por la falta de resultados en combate a la delincuencia durante los primeros meses del gobierno estatal.

“Estamos cansados de tanta inseguridad”, manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, al abrir la comparecencia.

El diputado sin partido político José Casas González señaló al comisionado que pese a su rango como vicealmirante de la Marina Armada de México no haya logrado detener a algún capo de la delincuencia y cuestionó al funcionario si ya pactó con el crimen organizado.

Ante ello, Ortiz Guarneros respondió al legislador: “Yo no pacto con la delincuencia” y sostuvo que trabaja para dar resultados; sin embargo, consideró que es urgente un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, mediante un plan de pacificación.

Sin embargo, el comisionado refirió a los diputados que sería irresponsable hablar de una fecha para terminar con la delincuencia, pero aseguró que trabajan para atender el problema y por ello solicitó su apoyo para contar con el presupuesto que necesita la CES a fin de abrir mil plazas más de policías y atender el rezago que heredó la pasada administración.

Ortiz Guarneros sostuvo que no cuentan con recursos ni para mandar a capacitación a sus policías a un curso en Chile. De igual forma, confirmó que no han podido pagar una deuda heredada por 25 millones de pesos a la empresa que vendió uno de los dos helicópteros al gobierno estatal para atender el problema de seguridad, motivo por el cual la aeronave se encuentra bajo resguardo, mientras que la otra presenta problemas para operar durante las noches.

Además de la falta de policías, el comisionado admitió que no todos los 636 elementos que tiene la CES cuentan con seguro, de ahí que se trabaja en un proceso de homologación de salarios.

Ante un faltante en el número de policías, el comisionado dijo que se solicitó el apoyo de la Policía Federal, que envió 200 agentes que podrían estar en Morelos varios meses.

Los legisladores locales manifestaron el respaldo al titular de la Comisión Estatal de Seguridad para asignar un mayor presupuesto a los mil millones de pesos que se etiquetaron para este año. No obstante, también advirtieron que serán observadores del trabajo y los resultados que realice la CES.

Posterior a la comparecencia del comisionado estatal de Seguridad se desarrolló la de los secretarios de Administración y Obras Públicas, con lo que concluyó dicho proceso, para que posteriormente se integre la glosa del primer informe de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

 

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Se someterá a votación la iniciativa aprobada ayer en comisiones legislativas.

A partir del 2020, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría gozar de un presupuesto del tres por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado si el pleno del Congreso aprueba la propuesta que se dictaminó en una de las comisiones legislativas.
Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, los legisladores integrantes aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reformaría la Constitución Política del Estado, para aumentar de 2.5 al tres por ciento el presupuesto de la UAEM, correspondiente al presupuesto total del gobierno del estado.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que no se lograron los consensos para autorizar la propuesta inicial, que contemplaba un incremento del uno por ciento adicional. Sin embargo, confió en que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se apruebe en el Pleno, pues representaría un logro importante para rescatar las finanzas de la UAEM. 
"Yo espero también que se puedan mayores esfuerzos para terminar este año, que es el año más difícil para la universidad. El siguiente año nosotros ya tenemos este dictamen puesto en la mesa y estamos buscando los consensos para que 2020 sea mejor para ellos", declaró. 
Explicó que de aprobarse la reforma constitucional, sería hasta el próximo año cuando se aplique, pues el Congreso del estado ya aprobó el Presupuesto 2019 mediante un proceso político complicado.

La suma adicional involucrada se calcula en alrededor de 200 millones de pesos.

 

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Concesionarios acudieron al Congreso para solicitar que se modifiquen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte; también quieren que se extienda el periodo de vida útil de sus vehículos.

Transportistas de distintas agrupaciones del estado solicitaron a los diputados locales la reducción del costo por multas que se aplican al transporte público, que pueden alcanzar montos de hasta 16 mil pesos. Además, pidieron aumentar el periodo que deben operar las unidades del servicio público antes de considerarse "chatarra".
Líderes de agrupaciones como la Federación Estatal del Transporte, Transportistas en Acción por Morelos, la Federación de Transportistas del Estado, entre otras, acudieron ayer al Congreso del estado para solicitar a los legisladores que se reformen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte, a fin de reducir el monto de las multas que les aplican por diversas faltas, y que se aumente el periodo de uso de un vehículo que presta servicio público.
Los transportistas se reunieron con las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa y Ariadna Barrera Vázquez, pues se quejaron de la falta de atención del diputado José Casas González, quien es presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.
"Es aquí donde se legisla, donde se tienen que hacer las modificaciones, las cuales consideramos deben ser infracciones adecuadas a los ingresos del operador. Estamos pagando en algunos casos de 16 mil pesos, que quedan fuera de la capacidad del operador", explicó José Antonio Arizmendi Quintana, presidente de la Federación de Transportistas de Jiutepec.
El líder transportista dijo que la pasada legislatura engañó al sector, al haber reformado la Ley de Transporte del estado para aumentar de 10 a 15 años el período que deben prestar servicio los vehículos, pero no cumplieron con su entrada en vigor mediante la publicación del decreto en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

 

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