La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) señaló los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, exdirectora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno estatal y esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Ante un juez de control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, por la supuesta obtención ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la fiscalía, se presentaron 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos y esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín López, durante los últimos meses de la administración del otrora gobernador, Graco Ramírez.

Las investigaciones realizadas por la FECC establecieron que la ex funcionaria no reunía los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60 por ciento de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate con la defensa, así como el análisis del juzgador, se determinará la situación jurídica de la imputada.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López al 60 por ciento de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

Sin embargo, diputados admiten que la parálisis en que se encuentra el Legislativo estatal podría entorpecer el tema.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que iniciarán un proceso de  juicio político en contra de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, por haber abandonado sus responsabilidades como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), el pasado 26 de agosto, cuando renunció para buscar presidir la Mesa Directiva.
Durante la sesión ordinaria que inició la tarde del  jueves y concluyó la madrugada de este viernes, el diputado sin partido José Casas González afirmó que dicha falta de la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) era causal de juicio político en contra, por lo que procedería legalmente.
Al respecto, el diputado del Partido Encuentro Social Alfonso de Jesús Sotelo afirmó que apoyarían dicho proceso, pues sostuvo que la mayoría de los diputados coinciden en que no se puede ceder más a intereses políticos.
"Lo que buscamos es que ya no haya más parálisis legislativa, buscamos que haya estabilidad, que se cumpla la actividad para la cual fuimos electos", dijo el presidente de la Mesa Directiva.
Reiteró que no van a caer en presiones ni continuarán en una disputa por el poder, pues existe una mayoría que ha respaldado la instalación de los órganos de gobierno del Congreso local.
En tanto, el diputado José Casas González acusó a Tania Valentina Rodríguez Ruiz de servir a los intereses de Graco Ramírez, “situación que ya no se puede permitir”, e insistió en que existen elementos de responsabilidad para proceder legalmente en su contra.

Carpetas de investigación cuentan con elementos suficientes para deslinde de responsabilidades, señala el asesor anticorrupción.

Pleno legislativo pretende dar trámite a la denuncia promovida por el Ejecutivo estatal contra el exgobernador Graco Ramírez, por diversas responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

Están cerca de concluir auditorías por la expedición irregular de permisos provisionales para circular durante el sexenio de Graco Ramírez.

El ex secretario de Movilidad y Transporte asegura que es ajeno a la expedición de permisos ilegales.

El ex secretario de Movilidad y Transporte, David Martínez Martínez, se deslindó de la expedición ilegal  de permisos provisionales para rutas y taxis durante el gobierno de Graco Ramírez. Sin embargo, admitió que se amparó para evitar una orden de aprehensión en su contra, aunque la justicia federal le negó su protección.
"No procedió el amparo porque no existe ninguna imputación contra mi persona y me siento tranquilo, aquí ando libre”, dijo el ex funcionario.
Martínez Martínez afirmó que se opuso a la expedición de los permisos irregulares y emprendió operativos para detener a las unidades que circulaban con esos documentos.
“Yo detecté permisos falsos durante mi gestión, yo renuncié un año y medio antes a la Secretaría,  después de mí se quedaron otras autoridades y desconozco en qué términos dejaron la Secretaría”, apuntó.
El ex secretario de Movilidad y Transporte aprovechó la entrevista e hizo un llamado a la Fiscalía Especializada contra el Combate a la Corrupción (FECC) a que  llegue  al fondo de la investigación sobre la entrega de los permisos expedidos de manera ilegal.
“Que sigan las investigaciones y se llegue al fondo del asunto. En mi contra no hay nada y yo no tengo nada que ver con ese tema, incluso yo presenté la denuncias ante la fiscalía, ahora esperamos que la fiscalía haga sus trabajo”, manifestó.
La FECC abrió una investigación en contra de ex funcionarios de la SMyT durante la administración de Graco Ramírez por la entrega de permisos de manera ilegal con la promesa de que serían regularizados.

Hasta el momento, el ex director de Transporte Noé Sandoval Morales es el único que ha sido detenido por el caso.
David Martínez Martínez fue uno de los participantes en el proceso que abrió el Congreso del estado para designar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en junio pasado.

Se detectaron irregularidades graves, confirma el encargado del órgano auditor.

El encargado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Uriel González Sotelo, responsabilizó a los diputados locales de mantener parados los procesos de las auditorías aplicadas a la administración de Graco Ramírez, en las que se detectaron irregularidades graves.
En entrevista, el auditor estatal afirmó que en la revisión a las cuentas públicas del gobierno pasado sí se encontraron presuntos actos de corrupción, principalmente en la Secretaría de Obras Públicas.
Mientras  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública le hizo observaciones a la ESAF sobre su trabajo, González Sotelo sostuvo que en este órgano legislativo él no ha presentado ante el Pleno del Congreso los informes de resultados para la declaratoria de validez que permita a la ESAF iniciar con el proceso de deslinde de responsabilidades en contra de ex autoridades del gobierno de Graco Ramírez.
"Los resultados los tienen en la Comisión de Hacienda y precisamente hay observaciones pendientes por solventar y yo recuerdo que son más, las que más sobresalen son las de Obras Públicas y que sí están pendientes por solventar", puntualizó.
Con respecto a las inconsistencias señaladas por la Comisión de Hacienda y que implican irregularidades graves en las revisiones, pues se omitieron presuntos desvíos de recursos, el auditor se deslindó y dijo que se trata de observaciones hechas a los entes auditados y no al trabajo de la ESAF.
Uriel González Sotelo, sin embargo, admitió que la ESAF enfrenta un rezago importante en las auditorías a las cuentas públicas municipales, que data del 2014.
No obstante, presumió avances en la revisión a la cuenta pública 2018 de los municipios, proceso del que derivaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex alcaldes, aunque rechazó señalar nombres de los presuntos responsables.

Incumplen pago de adeudos ante el Instituto de Crédito.

Por incumplimiento en el pago de sus adeudos ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), varios ex secretarios de despacho del gobierno de Graco Ramírez deberán devolver la vivienda que adquirieron en el desarrollo habitacional “Las Ventanas”, ubicado en Jiutepec.
En entrevista, la directora del ICTSGEM Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la lista de incumplidos se compone de seis ex funcionarios de la pasada administración estatal, en la que figuran ex secretarios, subsecretarios y directores.
Explicó que pese a la prórroga que les otorgó el organismo para el pago de su crédito, desde el año pasado, los ex servidores públicos ya se encuentran en cartera vencida y se inició una demanda en su contra por requerimiento de la propiedad.
Aunque  la directora del ICTSGEM rechazó proporcionar los nombres de los ex funcionarios involucrados, dijo que una vez que se les cite al juicio hipotecario tendrán que presentar la cantidad del costo total de la vivienda, que fue de 800 mil y 900 mil pesos, o entregarla de forma inmediata.
"Tenemos una cartera vencida de aquellos créditos para adquisición de vivienda que a manera exprés escrituró la pasada administración estatal  y hoy se encuentran seis ex servidores públicos ya en cartera vencida judicial, es decir tenemos la demanda para que entreguen la vivienda o cubran el adeudo”, declaró.
La directora recordó que la entrega de las casas de "Las Ventanas" se encuentra bajo investigación, pues el proceso estuvo viciado de origen, ya que la entrega de los inmuebles se hizo de manera acelerada, sin atender a lo que marca la ley, por lo que también habría un deslinde de responsabilidades en contra de los ex servidores públicos involucrados.

Este año se extinguirá ese fondo, en el que no hay pruebas del uso de esas sumas de dinero en beneficio de los damnificados por el sismo.

A casi dos años del sismo que azotó a la entidad, siguen las investigaciones sobre el manejo de recursos económicos del Fondo Unidos por Morelos, creado para la reconstrucción en la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu.

El asesor en materia anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez Ita, señaló que Unidos por Morelos sigue bajo un proceso de auditoría.

Refirió que entre las anomalías que se han detectado hasta ahora, es que no hay documentales ni pruebas de dónde quedaron 200 millones de pesos que correspondían al Fideicomiso de Competitividad y Productividad, que fueron desviados para la reconstrucción.

Por instrucciones del Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, el referido fondo Unidos por Morelos existirá hasta diciembre de este año y se harán las revisiones a profundidad, para tratar de establecer las cantidades que recibió la administración pasada para atender la contingencia derivada del temblor del 19 de septiembre del 2017. Recordó que a esa instancia se asignaron millones de pesos de diferentes vías, tanto recursos estatales como aportaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil, que no fueron cuantificados en la entrega recepción.

Además, está en curso la auditoría sobre el manejo del dinero del Fondo Nacional de Desastres Naturales.  De la misma manera se revisará todo lo relativo a la entrega de materiales. 

Becerra Chávez expuso que también se han registrado entre 30 y 40 denuncias de damnificados de Jojutla que supuestamente habrían recibido apoyos por montos  que van desde los 60 mil a los 120 mil pesos, pero que aseguran que no se les dio un peso y fueron falsificadas sus firmas.

“Unidos por Morelos es un fondo y no tenemos la información completa como tal, ese fondo fue manejado por el anterior gobierno con discrecionalidad. Encontramos un desorden, tuvimos que poner las piezas del rompecabezas en su lugar y muchas otras no las encontramos” externó, al asegurar que cuando se cuente con los elementos suficientes presentarán las denuncias formales ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.