Miércoles, 22 Enero 2020 08:26

El anzuelo de Tania Valentina

Además de la seguridad, los grandes temas pendientes para Morelos son la generación de empleo y la llegada de inversiones. De hecho, el propio gobernador hace unos días los definió como sus prioridades para este 2020, aunque no dijo cómo ni qué acciones emprenderá  su administración para concretarlas.

Ante esto, llama la atención la voracidad que acreditó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en un comunicado de prensa que emitió su muy mermado “grupo parlamentario” del PT en el Congreso local, en el que claramente busca amedrentar a la empresa Alamos Gold, promotora del proyecto minero Esperanza, a fin de obtener raja económica del mismo.

Por diversas circunstancias, llama la atención esta intención de la, por decir lo menos, polémica legisladora. En primer lugar, porque los permisos para la operación de una minera son de carácter FEDERAL y si acaso municipales pero no estatales, por lo que ¿será ignorancia o una doble o hasta triple intención lo que mueva a Tania Valentina a cometer estas imprecisiones?

Por mera casualidad, cabe recordar que quien abiertamente mostró su desacuerdo con la operación de la minera fue el ex gobernador Graco Ramírez, pero no por ambientalista o por proteger el patrimonio natural de Morelos (como no lo hizo en diversos proyectos), sino porque la minera no accedió al “arreglo de varios ceros” a favor del ex mandatario y de Rodrigo Gayosso Cepeda, como ha trascendido en algunos medios de comunicación.

Luego entonces, cómo se especula, ¿le seguirá haciendo Tania Valentina el trabajo sucio a la dupla Graco Ramírez – Rodrigo Gayosso, o simplemente fue un anzuelo que lanzó contra la transnacional para que la visiten y ‘convenzan’ de lo viable que es el proyecto de explotación minera? La trayectoria política de Tania Valentina podría confirmar ambas hipótesis, aunque habría que agregar la de querer mantenerse vigente con una sobre exposición mediática gracias al manejo de temas polémicos más que de interés y beneficio general.

Hasta donde se ha informado, la minera Esperanza Silver que forma parte del consorcio internacional Alamos Gold, habla de invertir 10 mil millones de pesos en la zona de Tetlama y generar más de 5 mil empleos directos en una primera etapa, además de beneficios directos a la infraestructura de la zona, algo que es urgente para el estado y que no refiere en su boletín la coordinadora del PT en el Congreso estatal.

Es urgente cuidar para Morelos el entorno ambiental y cultural, pues carecemos de atractivos turísticos nuevos, de muchos inmuebles históricos afectados por el sismo de hace más de dos años y con atractivos naturales cada vez más descuidados o en riesgo, algo que tibiamente se menciona en el boletín referido.

Ante ello, lo que cabría esperar de una legisladora, cualquier actor político o funcionario estatal, es contribuir mínimo a crear las condiciones para la llegada de inversiones, después y si está en su alcance, promover el interés de inversionistas. Y si pese al clima de inseguridad que padece Morelos, hay inversionistas interesados, se debe conocer y socializar sus proyectos, valorar sus beneficios, alcances y viabilidad técnica, ambiental y social, para entonces si acompañarlos en su intención de consolidarse.

De no ser o considerar viable la inversión, lo menos es debatir públicamente con argumentos ciertos, fundados y motivados, y no con prédicas gastadas que sirvan de “anzuelos” para obtener ganancias personales, como todo indica que fue el caso del boletín emitido este lunes por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

A Morelos le urgen más inversionistas y menos políticos, funcionarios y diputados “tira anzuelos” del estilo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

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Un juez federal rechazó la petición de la defensa  de cinco ex secretarios y ex funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, para atraer la causa penal en la que se le imputó el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

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Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

 

 

 

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Viernes, 13 Diciembre 2019 05:12

El día que Graco “explotó”

La escena es sólo comparable con ese video que circula en redes sociales y que frecuentemente utilizan para parodias políticas bajo el nombre de “Hitler se entera de que…”, tomado de la película “Downfall” con una magistral actuación del suizo Bruno Ganz en el papel del führer.

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 04:55

Graco debe comparecer ante diputados

El trámite es parte del procedimiento de juicio político que el Congreso del estado inició en contra del exgobernador.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 04:58

Siguen “perdidos” 200 millones

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

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La Secretaría de Movilidad y Transporte busca que se castigue penalmente a los responsables de la proliferación ilegal de permisos durante la pasada administración.

Continuarán operativos contra unidades irregulares: Mercado Salgado.  

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, adelantó que habrá "sorpresas", en los próximos días en contra de los líderes transportistas que fueron cómplices de las irregularidades que se cometieron en la administración de Graco Ramírez en perjuicio del sector.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que continúan los procesos de investigación de las denuncias en contra de quienes fueron responsables de la expedición ilegal de permisos provisionales para taxis y "rutas", hechos en los que están implicados líderes del transporte.
Por ello, Mercado Salgado adelantó que "habrá otras sorpresas de otras personas que están involucradas", incluso líderes y ex autoridades.
El secretario refirió que lo que se busca con los procesos legales iniciados por la SMyT es que se castigue penalmente a los responsables, pero también refirió que una vez emitida una sentencia por la justicia local, la dependencia a su cargo iniciará un proceso para la cancelación de las concesiones a los transportistas involucrados con la expedición de miles de permisos provisionales.
Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) continuará durante todo el mes de diciembre con los operativos de supervisión en contra de las unidades que prestan el servicio público de manera irregular en todo el estado, señaló el titular de la dependencia estatal.
Víctor Mercado Salgado informó que las acciones emprendidas para detener a los taxis y "rutas” pirata se llevarán a cabo aún en el período vacacional por las fiestas decembrinas.
"Vamos a seguir los operativos, no se va de vacaciones ninguna del área operativa para seguir los operativos en todos los municipios", añadió.
A pesar de las demandas promovidas por algunas organizaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para evitar que sus unidades sean detenidas, el secretario de Movilidad y Transporte refirió que los operativos seguirán y se detendrá a los vehículos que presten el servicio público fuera de la ley.

 

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Viernes, 29 Noviembre 2019 05:17

Aprueban juicio político contra Graco

El Congreso del estado determinó someter al proceso al exgobernador por incurrir en omisión en perjuicio de la operatividad de la FGE y el Impepac.

El ex gobernador Graco Ramírez será sometido a juicio político por el Congreso del estado, por haber incurrido en omisión en perjuicio de la operatividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso dictaminó a favor las dos denuncias de juicio político que promovió la Consejería Jurídica en contra del ex mandatario y los ex secretarios de Finanzas Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, por no haber asignado todos los recursos etiquetados en el 2018 a la FGE y al Impepac.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la JPyG, el daño causado a las dos instituciones asciende a 120 millones de pesos y puso en riesgo su operatividad en el 2018, cuando se desarrollaron los comicios.
En entrevista, la presidenta de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que el dictamen será turnado, el próximo lunes, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que inicie el proceso legal correspondiente en contra de Ramírez Garrido y de sus ex colaboradores.
"La denuncia cumple con lo dispuesto en los artículos 4, 8,10 y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos... La Junta Política calificó que el denunciante a juicio político es procedente y ahora la Comisión de Gobernación y Gran Jurado le dará el seguimiento correspondiente", manifestó Flores Espinoza.
Sin embargo, el dictamen de juicio político en contra de Graco Ramírez fue aprobado el martes pasado, cuando la diputada morenista Alejandra Flores no había sido designada como presidenta de la JPyG por la mayoría calificada, por lo que el asunto podría carecer de legalidad.
El Pleno del Congreso ratificó a Flores Espinoza al frente de la Junta este miércoles y a su vez nombró al resto de los integrantes del citado órgano de control interno.

 

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 05:12

Ruteros protestan ante el TJA

Reclaman que se concedieron 190 suspensiones para que circulen vehículos con permisos ilegales.

Ante la suspensión que otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a favor de 190 transportistas que prestan servicio público con permisos para circular expedidos de manera ilegal por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, concesionarios de "rutas" advirtieron que es el inicio de conflictos sociales.
Por más de dos horas, integrantes de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) y de la Unión de Transportistas "Leandro Valle" de la zona oriente, protestaron en las oficinas del TJA y bloquearon la calle Gutemberg del centro de Cuernavaca.
Los concesionarios del transporte público colectivo advirtieron a los magistrados que la suspensión que otorgó la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa sólo causará enfrentamientos entre los que están a favor y los que está en contra del "pirataje".
"Nosotros lo que decimos es que va a correr sangre", manifestó uno de los más de 50 transportistas que acudieron hasta la oficina del magistrado presidente del TJA, Manuel García Quintanar, para pedirle que justifique la suspensión concedida para que unidades "pirata" operen con los permisos que se expidieron fuera de la Ley.
"Ya pueden circular con la suspensión que se les otorgó y eso va a incitar mucho a que haya conflicto con los compañeros que se oponen allá en la región oriente. Lo que les pedimos a los magistrados es que revisen bien sus determinaciones", aseveró Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.
Posteriormente, los inconformes acudieron a la oficina del magistrado Guillermo Arroyo, titular de la Segunda Sala, que otorgó la suspensión a los 190 transportistas, a quien acusaron de haber recibido "sobornos" para emitir su determinación.
Sin embargo,  el magistrado afirmó que la suspensión se concedió porque los transportistas acreditaron la legalidad de su demanda, mediante comprobantes con los que  demostraron que por muchos años han prestado el servicio público y con las  pólizas de pago de los permisos provisionales.
En entrevista, el magistrado también sostuvo que las pólizas de pago presentadas por los prestadores del servicio público son recientes, es decir, que se aplicaron en la actual administración, por lo que los transportistas pudieron haber incurrido en otro acto fuera de la ley.
Guillermo Arroyo Cruz explicó que el juicio que promovieron los transportistas tiene muchas etapas, por lo que la suspensión no les garantiza que podrán prestar el servicio público como si se tratara de un título de concesión, que sólo expide el gobierno del estado.
Finalmente, los concesionarios que protestaron ayer confirmaron que recurrirán al TJA como terceros interesados para que puedan presentar sus alegatos en contra de quienes actualmente pueden operar con una suspensión sin que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) los detenga.

 

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Ante la negativa de jueces locales de dictar vinculaciones a proceso u órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, fue necesario recurrir ante la justicia federal, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado da seguimiento en diferentes instancias, incluso a través del amparo, a las denuncias por actos de corrupción detectada en la pasada administración y hasta la fecha, ninguna ha sido desechada, aseguró el titular del área, Samuel Sotelo Salgado, quien aseguró que hasta el momento han obtenido varios fallos por parte de la justicia federal, ante la que fue necesario acudir, debido a que, en primera instancia, algunos jueces, entre otros pasos legales.

El abogado sostuvo que ninguna de las denuncias formuladas por la actual gestión por los actos irregulares encontrados en la pasada administración, está “muerta” y seguirán luchando hasta el último recurso legal posible para que no haya impunidad.

Refirió como ejemplo, que el juez había señalado que no había indicios para vincular a proceso a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del campo, pero en segunda instancia y en algunos casos hasta el juicio de amparo, la parte gubernamental ha ganado.

Samuel Sotelo Salgado comentó que todavía están en proceso de integración nuevas denuncias, pero enfatizó que ahora están más concentrados en darles seguimiento a las que ya han sido judicializadas, y hay varios recursos, alrededor de seis, pendientes.  

Entrevistado sobre el proceso legal para echar abajo las llamadas “pensiones doradas”, dijo que se trata de un tema que perjudica al Poder Ejecutivo, que es el que paga, pero en realidad lo que se está impugnando son las determinaciones del Congreso del Estado.

“Están concediendo amparos, no porque estuviera mal la determinación, sino por no haber agotado la garantía de audiencia, lo que implica que el Congreso del Estado está en las posibilidades de iniciar los procedimientos agotando la garantía de audiencia. Es decir, escuchar a quien eventualmente le podría perjudicar la determinación del Congreso” explicó, al destacar que es un acto que debe promover y atender la propia Legislatura local, porque es la autoridad que ha emitido los decretos, y la votación de los dictámenes son aprobados en el pleno. “Por lo tanto, se puede reponer el proceso, si así lo considera el Legislativo”.

 

 

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