El 70 por ciento del parque vehicular del gobierno del estado está en malas condiciones.

El parque vehicular del gobierno del estado es de alrededor de 700 unidades, pero el 70 por ciento se encuentra en malas condiciones y al menos 70 están en calidad de “chatarra”.

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Administración, señaló que se lleva a cabo una revisión de los vehículos para conocer con mayor detalle cuáles son los requerimientos para comenzar la renovación. Estimó que este proceso podría iniciar en marzo.

La funcionaria estatal indicó que no ha sido posible realizar una licitación para cambiar dichas unidades, pues no ha sido aprobado el presupuesto de 2019 y se heredó un parque vehicular en muy malas condiciones.

Tampoco se han firmado los convenios de arrendamiento de vehículos que serán utilizados para seguridad pública, como patrullas. De hecho, apuntó que desde hace diez años no ha habido renovación.

En cuanto a camionetas y coches blindados que se usaron en la administración pasada, como los que usaba el gobernador, entre otros, Zavala Zúñiga refirió que están en resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y esa instancia determinará qué funcionarios tendrán vehículos de esa naturaleza. En el caso de la camioneta que utilizaba el fiscal general de justicia, recordó que la Fiscalía ahora es un ente autónomo, por lo que no precisó el paradero del vehículo.

Recordó que la mayoría de esas unidades se contrataron por la administración pasada bajo el esquema de arrendamiento, y a la llegada de la actual gestión los convenios ya estaban cerrados o concluidos, por lo tanto habrían sido devueltos, y comentó que prácticamente ya no los hay en el patrimonio del estado.

Zavala Zúñiga aseguró que por indicaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ningún funcionario actual caerá en los excesos de la pasada administración.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso dice que se buscan los consensos de sus homólogos para desahogar el tema en el segundo periodo de sesiones, que inicia el viernes.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que cumplirán con sus compromisos y anularán las "pensiones doradas" que se otorgaron a exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, así como las reformas "a modo" que aprobó la LIII Legislatura.
A unas horas de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) admitió que son muchos los pendientes que deben atender durante los próximos meses, principalmente, dar marcha atrás a los abusos de los exlegisladores y de la administración estatal anterior. 
"Tenemos que resolver pendientes que interesan a la ciudadanía y dejar a un lado los intereses personales... Sin duda tenemos varios pendientes que dejaron muy lastimada a nuestra legislatura y que seguimos pagando las consecuencias, como las pensiones doradas que encontramos una lista importante, de las responsabilidades que puedan tener los funcionarios que ya se fueron y, sobre todo, los temas legislativos, porque hay leyes que se hicieron a modo, se hicieron a la necesidad de unos personajes en particular", declaró. 
El legislador dijo que se preparan "contrarreformas" que no afecten a la sociedad y que tampoco satisfagan intereses particulares o de grupo. 
Afirmó que busca los consensos de sus homólogos para desahogar los temas durante el segundo periodo ordinario en el que, aseguró, permanecerá aún como presidente de la Mesa Directiva. 

Reitera trabajo coordinado con las instituciones de justicia, a favor de la ciudadanía.

El Gobierno de Morelos instaló una mesa técnica con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la que juntos buscan solución inmediata a la deuda que heredó la administración del exgobernador Graco Ramírez.
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, mantuvo a la par una reunión con el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, y Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción.
Sanz Rivera señaló que en el segundo semestre de 2018, la pasada administración asignó una ampliación presupuestal a la Fiscalía General, pero en ningún momento se realizó el pago.
Afirmó que por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se realizará un gran esfuerzo económico por parte de la Secretaría de Hacienda, y en la mesa técnica -a cargo de la Secretaría de Gobierno- será donde se defina el calendario de pago, así como el monto exacto de la deuda, debido a que las cifras de las fiscalías y la del Ejecutivo estatal son diferentes.
Por su parte, Uriel Carmona descartó que la dependencia a su cargo esté paralizada por motivo de la deuda a los trabajadores, quienes –comentó- realizaron una huelga “simbólica” en demanda de sus derechos.
Es así como el Gobierno de Morelos reitera el compromiso de trabajar en coordinación con las instituciones encargadas de administrar la justicia y ratifica el respeto absoluto a su autonomía.

A pesar de que el Congreso la aprobó, el organismo nunca recibió los recursos que ahora reclama; analizarán con la Secretaría de Hacienda la forma de obtenerlos.

El Ejecutivo estatal acordó con los titulares de las Fiscalías General y Anticorrupción revisar las cuentas y adeudos heredados de la administración pasada, pues se autorizó una ampliación presupuestal que nunca fue cumplida.

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, indicó que para el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es de suma importancia la seguridad y por ende la procuración de justicia.

Por ello, dio instrucciones para atender la demanda de los trabajadores de servicios periciales, que este martes cumplieron dos días en paro parcial de labores.

Acompañado por los fiscales Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, el funcionario dio a conocer en entrevista que se decidió celebrar una mesa de trabajo de carácter técnico en la Secretaría de Hacienda, para analizar a detalle los adeudos por pagar, para cruzar la información, ya que las cifras no coinciden.

Destacó que la mayor parte de esos recursos pendientes son herencia de la administración pasada, en virtud de que se autorizó una ampliación presupuestal desde junio del 2018, pero que no se cumplió por parte del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.  

El fiscal dijo que el diálogo con el gobernador fue muy productivo, por lo que hay avances en la revisión del presupuesto y de proyectos que se requieren para atender la demanda de servicio, así como la petición de los trabajadores de aumento de salarios y materiales.

Sanz Rivera informó que de la mesa técnica saldrá un calendario de pagos y estimó que para la próxima semana podrían salir los primeros, una vez que “cuadren” las cantidades, conforme a las participaciones y posibilidad que tenga el Ejecutivo, porque la gestión anterior no dejó el recurso: “Le dieron autonomía a la Fiscalía, autorizaron  una ampliación presupuestal con mucho dinero, pero no entregaron el dinero… estamos tratando sólo con el fiscal general y con el fiscal anticorrupción los temas de los adeudos de acuerdo con el presupuesto del 2018”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura explicó que hay un tema de registro patronal, por lo que la nómina se maneja en el Poder Ejecutivo, pero se avanzará en aspectos administrativos, para determinar si hay transferencia de esas funciones o no. Apuntó que la FGE tiene razón en cuanto a que se le adeudan recursos, pero no se ha determinado el monto y del análisis de la Secretaría de Hacienda se analizarán alternativas sobre cómo o de qué rubro saldrá ese dinero.

El presidente de la agrupación Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, dijo que es necesaria una mejora en la infraestructura vial de la zona metropolitana del estado.
Sostuvo que la administración estatal pasada se comprometió a mejorar las vialidades y a mejorar los paraderos de las "rutas", sin embargo, nunca se cumplió y estos espacios se encuentran en muy malas condiciones.
Informó que en la primera mesa de trabajo que tuvieron como líderes de Rutas Unidas con autoridades del gobierno estatal, se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y construir nueva que garantice menos problemas de tránsito en Cuernavaca y el resto de los municipios de la zona conurbada.
En el 2012 agrupaciones de transportistas como la Coalición de la Alianza de Transportistas presentó un proyecto al gobierno estatal, que encabezó Graco Ramírez, para construir y reubicar los paraderos de las rutas, evitando problemas de tránsito vehicular, pero nunca se concretó. 
También se planteó una modificación en el itinerario de las líneas del transporte colectivo, que nunca se atendió por el gobierno estatal. 

Se confirmó que los decretos que favorecen a exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez son ilegales: Rodríguez Ruiz.

En una semana, la mayoría de las "pensiones doradas" que fueron aprobadas por la LIII Legislatura a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, y de esposas de exlegisladores, serán abrogadas, afirmó la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que después de una investigación que duró más de tres meses, se confirmó que los decretos pensionarios fueron aprobados de manera ilegal.
"Un porcentaje muy alto trabajaba en Puente de Ixtla. Mandamos a hacer una investigación en Puente de Ixtla y un porcentaje altísimo tenía documentos de Puente de Ixtla", señaló. 
Explicó que –curiosamente- una gran mayoría de los trabajadores que se jubilaron con pensiones onerosas trabajaron en algún momento en el ayuntamiento de Puente de Ixtla, y así lo comprobaron con actas del mismo gobierno municipal.
Refirió que esa y otras irregularidades sustentarán la determinación que ha tomado el Congreso local de abrogar las "pensiones doradas" que autorizó la LIII Legislatura. 
La lista de los decretos pensionarios la integran: Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).
También se encuentran Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión.

De acuerdo con la resolución publicada en los estrados del Poder Judicial de la Federación, la exfuncionaria durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, en diciembre pasado inició el juicio de amparo 2035/2018 en contra de actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la actual administración estatal promovió una cascada de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del erario, asignación de contratos y ejecución de obras.

Aun cuando el pasado 12 de diciembre el juez federal le otorgó la suspensión provisional con el pago de una garantía de ocho mil pesos, recientemente las partes fueron notificadas de la negativa de la suspensión definitiva contra actos del fiscal anticorrupción del Estado de Morelos y otras autoridades.

Por el momento, la fiscalía anticorrupción mantiene sigilo sobre el curso de la integración de varias carpetas de investigación iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para investigar presuntos irregularidades durante la gestión de su antecesor. 

El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

Hay uso indebido de recursos en áreas como seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, confirma la consejería jurídica del gobierno estatal.

El consejero jurídico del gobierno de estado, Samuel Sotelo Salgado, informó ayer miércoles que en próximos días presentarán diez denuncias más en contra de funcionarios de la pasada administración por irregularidades que han sido encontradas en diferentes dependencias.

Comentó que se trata de anomalías que han surgido recientemente en las áreas de seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, que están relacionadas con actos que podían constituir delitos; básicamente, uso o aplicación indebida de recursos.

Dijo que aún se lleva a cabo la revisión de los expedientes para iniciar los procesos con elementos suficientes.

Dijo que algunas carpetas no se han judicializado por que consideran que deben aportar más elementos para que vayan bien sustentadas; pero están en análisis al menos una decena que se suman a las más de 20 que ya fueron formuladas.

Sotelo Salgado apuntó que se debe determinar si las denuncias corresponden al área penal o administrativa o alguna otra área, y refirió que no se puede establecer cuántas personas están implicadas, ni se puede revelar -al momento- el nombre de los funcionarios señalados, para no violentar el debido proceso.

“Son cantidades diversas que se están revisando, algunas serán ante la Contraloría, otras ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se sigue revisando el tema, (…) algunos son por contratos que otorgaron, facturas enrarecidas con manejo indebido”, abundó.

“El niño ciego”, una escultura religiosa de madera y marfil adquirida a una colección privada de Puebla y que pertenece al patrimonio del estado de Morelos, está desaparecida.

Así lo dio a conocer María Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura estatal.

Explicó que la estatuilla mide aproximadamente 30 centímetros, data del siglo XVII y fue adquirida durante la gestión de Martha Ketchum (2006-2012), pero desapareció durante la administración anterior, cuando Cristina Faesler Bremer fue secretaria de Cultura de Morelos.

María Elena González explicó que la “ausencia” se detectó en noviembre pasado, con el proceso de entrega-recepción, cuando el personal del Centro Cultural Jardín Borda realizó el contraste del inventario.

En ese entonces, el exdirector de Museos y Exposiciones, José Valtierra, argumentó que la escultura fue prestada al museo de Jantetelco, antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, pero que con el terremoto “El niño ciego” resultó con severos daños.

“No se rescató siquiera una astilla, lo que a decir de los especialistas que participan en el rescate de las piezas dañadas es prácticamente improbable que ocurra, ya que quienes realizan las labores de restauración ciernen los escombros y rescatan las piezas, cuadros, retablos, murales y columnas, entre otros”, explicó la funcionaria encargada del Jardín Borda.

La sucesora de José Valtierra dijo que al pedir la hoja de salida con los datos precisos de la figurilla, no le fue entregado ningún documento; asimismo, dio a conocer que el personal responsable del museo de Jantetelco negó que hayan pedido y recibido a “El niño ciego”.

María Elena González reveló que en el año 2015 la bodega que contiene la colección del Borda fue abierta y las piezas, entre otras, la figurilla perdida, se trasladaron hasta las oficinas de Valtierra, a una cuadra de distancia del Centro Cultural, para una presunta limpieza.

Gerardo Palma, colaborador de María Elena González, dio a conocer que el proceso de traslado de las piezas estuvo plagado de irregularidades: no se inventariaron las piezas ni al ser recibidas ni entregadas y al personal se obligó a llevar las cajas que contenían piezas de la colección sin abrir, para no constatar su contenido.

María Elena González dijo que una vez que concluya el proceso de entrega-recepción, la Dirección de Museos y Exposiciones iniciará el proceso correspondiente ante la Contraloría para que sea esta instancia la que inicie las denuncias penales correspondientes por la pérdida de “El niño ciego”.