El presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec dice que las unidades deben ser sacadas de circulación y que el proceso de selección debe ser trasparente.

Cuautla.- Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec, aseguró que las unidades que sean ilícitas no podrán regularizarse y tendrán que ser sacadas de circulación. Asimismo, dijo que durante el gobierno que encabezó Graco Ramírez se concedieron 17 mil

“No sé qué estrategia esté utilizando el gobierno del estado para comenzar a trabajar sobre esas camionetas que son ilícitas; los contras han buscado la forma de hacer una tregua con el gobernador, sin embargo no ha habido tal. Al parecer, viene la decisión de retirarlos”, señaló.

Asimismo, refirió que tras el operativo realizado en la región oriente, de 21 unidades del transporte público, al menos tres cuentan con permisos “piratas” y el resto son concesionadas.

Añadió que, a su parecer, dichos operativos de la Secretaría de Movilidad y Transportes van más en contra de las unidades legales que contra las que carecen de los permisos adecuados.

Tiscareño Martínez dijo que la intención es que se retire el proceso de concesión o permisos de la anterior administración, mismo que –aseguró– “estuvo amañado, a base de dinero y unas selecciones que no tienen sustento”, por lo que el proceso debe ser limpio y transparente.

En este sentido, agregó que el gobierno de Graco Ramírez concedió 17 mil permisos en la entidad y que en su totalidad “son ilícitos”, por lo que a la brevedad las unidades que cuentan con ellos deberían de ser retirados, ya que afectan de manera directa a los transportistas instituidos legalmente.

Asimismo, dijo desconocer cuál sea la estrategia del actual gobierno para mantener la paz y tranquilidad en el transporte público.

Por último, dijo que en caso de que el gobierno estatal no atienda sus demandas para sacar de circulación a las unidades ilícitas, no descartan la posibilidad de realizar movilizaciones en diversos puntos.

Confirma la SMyT que se concluirá el proceso iniciado en el 2014, pero sólo a los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos por la ley del transporte.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que sí se completará el proceso de regularización de taxis que en el año 2014 inició el gobierno de Graco Ramírez.
Sin embargo, dijo que la SMyT revisa con la Contraloría del estado todo el proceso que inició hace más de cuatro años y que, supuestamente, cerraría este año, de acuerdo a un decreto que emitió la pasada administración estatal. 
Mercado Salgado refirió que la próxima semana podría dar una solución a dicho problema, que no ha concluido por las diversas anomalías que cometieron exfuncionarios para beneficiar a transportistas allegados a cambio de favores políticos.
Explicó que la Secretaría de la Contraloría definirá el número de transportistas que resultarán beneficiarios del proceso de regularización y que debieron cumplir con todos los requisitos que marca la Ley de Transporte del estado. 
De acuerdo a la Coalición de Representantes del Transporte Público, la lista de transportistas que tienen derecho a una concesión es mayor a tres mil 500, ya que desde el 2014 pagaron más de 25 mil pesos por una concesión de taxi.

El gobierno anterior omitió la entrega de las concesiones ya pagadas, pero a cambio dotó a los solicitantes de permisos provisionales, que fueron fotocopiados (clonados) para que miles de vehículos también prestaran el servicio de taxi de manera irregular. 

Integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos (organización que encabeza un funcionario de la administración graquista)  protestaron en contra de los operativos que ha realizado la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), acciones que calificaron como arbitrarias.

Ayer por la mañana, los concesionarios de taxis y rutas acudieron al Palacio de Gobierno y pidieron la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco para que los operativos se detengan, pues denunciaron que se ha utilizado la fuerza pública en su contra para detener a sus unidades por cualquier anomalía detectada, como no tener el seguro del vehículo vigente.

"No estamos en contra de las acciones de este gobierno, de lo que realmente estamos en contra es de lo que nos quieren cobrar. No se vale que una licencia que antes te valía 900 pesos ahora te valga 16 mil pesos (sic); si una infracción por falta de seguro te valía mil 900 ahora te vale 25 mil pesos y la verdad tú crees que sí nos costaba sacar un seguro. ¿Ahora vamos a poder pagar 25 mil pesos?", manifestó Mauro Rivera de la Cruz, de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos, agrupación que creó Noé Sandoval Morales, ex delegado de la Secretaría de Movilidad y Transportes que fue cesado por la Contraloría del estado.

Los concesionarios del transporte amenazaron con llevar a cabo movilizaciones si la Secretaría de Movilidad y Transporte no detiene los operativos en su contra.

SMYT NIEGA AGRESIONES

Por su parte, personal de Movilidad y Transporte entrevistado por La Unión de Morelos manifestó al respecto que se ha tenido que echar mano de elementos del ejército en apoyo a los operativos, ya que hay resistencia de algunos grupos de transportistas a ser revisados y se han dado casos de quema de vehículos, lo que obligó a tomar previsiones.

En lo relacionado a las agresiones de los que se quejan los denunciantes, se negó que éstas existieran y que los videos que se mostraron sobre presuntos golpes no corresponden a las acciones desarrolladas en operativos en Cuautla.

Finalmente, el transportista Rivera de la Cruz dijo que “quizás nos traten así porque consideran que apoyamos al exgobernador Graco Ramírez y a Rodrigo Gayoso, pero nunca estuvimos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, podemos mostrar imágenes”.

El secretario de Movilidad y Transporte denuncia que ya están identificados los que comercian con documentos falsos; exhorta a transportistas a no comprarlos porque “nunca serán concesiones”.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que ex funcionarios del área y líderes transportistas están coludidos para la venta de más permisos provisionales para taxis y rutas en todo el estado, por lo que se procederá penalmente en contra de los responsables.

En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los transportistas a no dejarse engañar y a no comprar permisos falsos, ya que no tienen ninguna validez para que puedan prestar servicio público.

"Siguen vendiendo permisos, tenemos esa información y los están vendiendo como si fuera una concesión. Yo les hago un llamado a que ya no compren permisos, siguen comprando permisos en Cuautla, Jojutla… Sí hago un llamado serio porque no van a ser concesiones", declaró el secretario de Movilidad y Transporte.

Refirió que ya tienen identificados a los ex funcionarios responsables de vender permisos apócrifos -con su firma, como si aún trabajaran en la SMyT- y que supuestamente garantizan a los compradores que recibirán placas y un título de concesión, por lo que adelantó que en los próximos días se presentará una denuncia penal.

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

Inició la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento con la gente.

Devolver la seguridad y la tranquilidad a Morelos es la principal tarea de este gobierno, y no vamos a parar hasta tener paz, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al iniciar la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento que mantiene por todo el estado.
Los hechos de violencia registrados las últimas semanas en la entidad, son resultado de la liberación de integrantes de grupos delictivos, los cual ocurrió previo a que concluyera la pasada administración.
Se va aplicar la ley, los responsables de que esos delincuentes estén libres deben enfrentar la justicia. "No me va a temblar la mano", indicó el Gobernador.
Así también anunció que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del ex gobernador, Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros, que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el Gobernador es acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.
Blanco Bravo subrayó que el representa a un gobierno de gente honesta, cuya prioridad es atender a la gente de cerca y no fallarle, así como trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno.
"Aquí no hay municipios con prioridad, aquí todos somos iguales, ya se terminaron las campañas y ahora trabajamos juntos para sacar a Morelos adelante", afirmó.
Cuauhtémoc Blanco recibió el respaldo de los presidentes municipales de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma y el edil electo de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, quienes asumieron el compromiso de trabajar en coordinación por el bien de todos los morelenses.
Al final, recordó que el problema de inseguridad que se vive en Morelos se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, por lo que el compromiso de gobierno actual es firme, devolver la paz y la sonrisa a las familias.
La gira concluyó en el municipio de Jiutepec; con lo que suman 12  municipios visitados, escuchando de primera mano a los ciudadanos, quienes se acercan a saludar al Gobernador y a entregarle sus principales demandas.

Alberto Capella dejó una crisis de equipamiento.

Diputados locales manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en el estado. Sin embargo, señalaron como principal responsable al gobierno que encabezó Graco Ramírez. 
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, afirmó que el excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, mantiene a policías infiltrados en la dependencia estatal para desestabilizar al estado y señalar como único responsable de la violencia al actual gobierno.
El legislador local aseveró que además de la sospechosa liberación de más de mil presos del sistema penitenciario en Morelos de enero a septiembre de este año, también se detectó que está por vencer la licencia que permite operar a las cámaras de videovigilancia en todo Morelos, y las torres denominadas "nidos de águila" no funcionan, como parte de la crisis que en equipamiento dejó Capella Ibarra.
Por su lado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, sostuvo que el Congreso del estado pedirá al Poder Judicial una explicación de la liberación de más de mil presos, en un periodo de ocho meses, que pudiera ser la causa de la crisis de violencia en el estado.
En tanto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hizo un llamado al gobierno estatal a atender el problema de la seguridad, a pesar de la crisis que heredó la pasada administración estatal.
Refirió que el problema es grave y preocupante, por lo que debe atenderse lo antes posible, para lo que manifestó la disposición del Congreso para trabajar en coordinación.

El gobierno del estado presentó 17 expedientes ante la Fiscalía Anticorrupción; no se darán nombres “para cuidar el debido proceso”.

El hombre que recibió las denuncias fue impuesto por Graco Ramírez, de quien fue funcionario.

El gobierno del estado presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 17 denuncias por hechos que podrían constituir ilícitos cometidos por ex servidores públicos de la administración pasada, por el manejo de recursos en obras públicas que sumarían más de mil 640 millones de pesos.

La semana pasada se inició un proceso igual relativo a los Servicios de Salud de Morelos, pero podrían sumarse más en los próximos días, adelantó el jefe de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

Este lunes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía los representantes del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo: Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, y el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, quienes entregaron 17 expedientes relacionados con varias obras que contienen indicios de posibles delitos. Estimaron que las posibles anomalías podrían sumar mil 648 millones de pesos.

Ante el fiscal Juan Salazar Núñez, Sanz Rivera señaló que las denuncias están relacionadas con obras públicas “contra ex funcionarios”, y es sólo el comienzo de lo que habrá de suceder en este gobierno, ya que continúan las auditorías y revisiones en las diferentes áreas y cada semana se abrirán más casos. Adelantó que la consejería jurídica ya trabaja en alrededor de 27 expedientes que se darán a conocer en su momento oportuno.

“No es que sea el compromiso que se hizo, porque nos habría encantado que no fuera necesario. Habríamos deseado tener un gobierno de Morelos anterior transparente. Pero como estamos viendo las cosas y, como ustedes lo han sabido, habrán de salir muchísimo más, porque hay muchas situaciones preocupantes, como el hecho de que el Congreso del estado no tiene ni archivo y en el tema de seguridad, otros temas”, abundó Sanz Rivera.

Samuel Sotelo explicó que se entregaron 17 denuncias para determinar quienes pudieron haber tenido participación en los hechos, y consideró que están debidamente sustentadas. Posteriormente se presentarán más expedientes por hechos relacionados con quienes han sido servidores públicos.

Las conductas deberán ser tipificadas o encuadradas por el ministerio público como delitos, entre los cuales comentaron “ejercicio indebido de la función pública”, “cohecho”, entre otros.

El fiscal anticorrupción –quien en su momento fue señalado por ser “cercano” e “impuesto” por el entonces gobernador Graco Ramírez-, aseguró que se actuará en apego a derecho. Dijo que en la integración de las carpetas de investigación participarán los abogados que designe el Ejecutivo en calidad de víctima, en condiciones de igualdad a la defensa de los posibles imputados. Dejó en claro que ambas partes tendrán acceso a las diligencias y expedientes como lo señala la norma.

Exhortó a los medios de comunicación a que sean vigilantes, pero dejó ver que se mantendrá hermetismo respecto a los procesos, al exponer la petición de que se le permita hacer su trabajo en los términos que la ley lo indica, “cuidando el debido proceso”, reservando identidades y demás datos o detalles. “La única forma de dar a conocer es una vez judicializado y en audiencia pública cuando se puede dar a conocer los nombres de los imputados y algunos otros detalles”, subrayó.  

Aseguró que el consejero jurídico tendrá total transparencia y actuarán para llegar a la verdad y, de ser procedente, llevar los casos ante las instancias legales pertinentes.

Sanz Rivera comentó que se deberá guardar la confidencialidad, “porque si mencionamos nombres y más datos, mañana saldrán algunos de los responsables amparados”.

Sostuvo que la ciudadanía debe saber que el actual gobierno cumplirá lo que marca la ley. “Nos damos cuenta día a día de las cosas que han ocurrido en el gobierno de Graco Ramírez… estamos hablando de cosas graves, no sólo administrativas, sino también sociales, como este clima de inseguridad que vivimos y que nos dejaron sembrado en el gobierno anterior. Las cuestiones administrativas serán analizadas secretaría por secretaría, porque no se pueden imaginar todo lo que hay. Tenemos que sustentarlo para que el fiscal haga su trabajo y que haya justicia”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura reiteró que el estado se encuentra “en situación de quiebra financiera”, en condiciones graves de inseguridad y otras condiciones propiciadas por el anterior gobierno del estado. “Es increíble que en este momento haya situaciones, como mensajes de Whats App de Elena Cepeda a los empleados del DIF diciéndoles: a ver si soy tu amiga y a ver si me comunicas cosas, es algo increíble. Ustedes no saben lo que se vive dentro del gobierno del estado, que quieran crear una inestabilidad total en el estado y no lo vamos a permitir, tenemos la fuerza, la voluntad de trabajo, aunque sea 24 horas… para hacer justicia y los ciudadanos se sientan y comprendan que en este gobierno habrá justicia de principio a fin”.

Cuestiona la conducta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La administración de Graco Ramírez dejó en libertad, en tan sólo nueve meses, a mil 20 personas que estaban recluidas en cárceles, denunció el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien manifestó que esa decisión tuvo como fin desestabilizar a su gobierno y sería un factor en la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Este lunes el mandatario reanudó su gira de agradecimiento y de trabajo por el estado, con visitas a los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec, donde dio especial énfasis al compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos y los diferentes niveles en el rubro de seguridad.

En entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que descubrieron que de enero a septiembre fueron liberados mil 20 internos de diferentes cárceles, lo cual no tiene precedente en Morelos ni en otra entidad.

Expuso que para la actual administración, esa decisión tiene relación con la inseguridad que se enfrenta hoy cada día en el estado. Dijo que se analizará cada expediente y, de identificar que hay irregularidades, buscarán echar atrás la preliberación o excarcelación de esas personas, porque entre ellas “hay algunos criminales… Vamos a investigar a fondo porque no se vale, si fueron jueces o magistrados vamos a actuar porque no se vale. Morelos necesita tranquilidad, paz, seguridad”.

Cuestionado sobre el papel de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas, dijo que se debe hacer una investigación a fondo. "Sé que es muy allegada al exgobernador, pues fue quien me inició el juicio político cuando estaba el anterior gobernador y primero Dios que se ponga a trabajar por Morelos. Como te digo, vamos a investigar y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias".

Blanco Bravo hizo notar que se cuenta con el apoyo de la zona militar y de la Policía Federal y se trabaja en una estrategia. Recordó que Morelos no cuenta con suficientes policías y ya se trabaja en contrataciones, pero explicó que por esa misma situación no ha sido posible dejar a los municipios solos y echar atrás el Mando Único, pues no hay suficientes recursos humanos.

Insistió en que se han hecho esfuerzos importantes para atraer el turismo y reactivar la economía, pero para atraer inversiones y a los visitantes se necesita atender el tema de la seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se deberá revisar expediente por expediente de cada una de las personas que fueron sacadas de la cárcel en tan poco tiempo. Explicó que este dato se obtuvo de un análisis que hizo la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Es una situación que tenemos que analizar junto con el Poder Judicial para determinar si esta gente cumplió con sus condenas o por qué las dejaron en libertad. Creo que es parte de una situación para desestabilizar el estado cuando entrara el gobernador Cuauhtémoc. Por si fuera poco, la situación financiera que nos dejaron, nos dejan un clima de inseguridad total en el estado; además, el archivo del gobierno del estado nos lo dejaron todo tirado, prácticamente no existe”, externó.

Informó que se va a estudiar a fondo por qué delito habían sido encarceladas, si forman o formaban parte de grupos delictivos, y si cumplieron con la norma de reinserción social.

Dejó en claro que no se puede “poner a la gente en la calle sin haber trabajado y cumplido con la reinserción con la sociedad y se les debería dar seguimiento, porque si se puso a esta gente libre antes de lo debido, vamos a buscar que se rindan cuentas claras… Llama mucho la atención que haya sido justo nueve meses antes de que acabara el gobierno y que sean tantas personas”.

Apuntó que resulta sospechoso este acto porque han recibido cartas y peticiones de madres y familiares de algunos presos que piden libertad anticipada por delitos menores y no se les otorgó en su momento.

Sanz Rivera también aseguró que desde la noche de ayer se reuniría con integrantes del gabinete de seguridad, con mandos del Ejército y de la Policía Federal para tomar decisiones y plantear una reacción inmediata ante la violencia que se ha observado recientemente.

"No me va a temblar la mano", indicó el gobernador, al anunciar que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del exgobernador Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el gobernador estuvo acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.

En amañada licitación, fueron favorecidas empresas foráneas con malos antecedentes

En cambio, las locales fueron eliminadas por no tener un buzón de quejas o escribir con abreviaturas.