El presidente de la agrupación Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, dijo que es necesaria una mejora en la infraestructura vial de la zona metropolitana del estado.
Sostuvo que la administración estatal pasada se comprometió a mejorar las vialidades y a mejorar los paraderos de las "rutas", sin embargo, nunca se cumplió y estos espacios se encuentran en muy malas condiciones.
Informó que en la primera mesa de trabajo que tuvieron como líderes de Rutas Unidas con autoridades del gobierno estatal, se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y construir nueva que garantice menos problemas de tránsito en Cuernavaca y el resto de los municipios de la zona conurbada.
En el 2012 agrupaciones de transportistas como la Coalición de la Alianza de Transportistas presentó un proyecto al gobierno estatal, que encabezó Graco Ramírez, para construir y reubicar los paraderos de las rutas, evitando problemas de tránsito vehicular, pero nunca se concretó. 
También se planteó una modificación en el itinerario de las líneas del transporte colectivo, que nunca se atendió por el gobierno estatal. 

Se confirmó que los decretos que favorecen a exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez son ilegales: Rodríguez Ruiz.

En una semana, la mayoría de las "pensiones doradas" que fueron aprobadas por la LIII Legislatura a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez, y de esposas de exlegisladores, serán abrogadas, afirmó la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que después de una investigación que duró más de tres meses, se confirmó que los decretos pensionarios fueron aprobados de manera ilegal.
"Un porcentaje muy alto trabajaba en Puente de Ixtla. Mandamos a hacer una investigación en Puente de Ixtla y un porcentaje altísimo tenía documentos de Puente de Ixtla", señaló. 
Explicó que –curiosamente- una gran mayoría de los trabajadores que se jubilaron con pensiones onerosas trabajaron en algún momento en el ayuntamiento de Puente de Ixtla, y así lo comprobaron con actas del mismo gobierno municipal.
Refirió que esa y otras irregularidades sustentarán la determinación que ha tomado el Congreso local de abrogar las "pensiones doradas" que autorizó la LIII Legislatura. 
La lista de los decretos pensionarios la integran: Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).
También se encuentran Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva a la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, contra cualquier orden de presentación, detención o aprehensión.

De acuerdo con la resolución publicada en los estrados del Poder Judicial de la Federación, la exfuncionaria durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, en diciembre pasado inició el juicio de amparo 2035/2018 en contra de actos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que la actual administración estatal promovió una cascada de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo del erario, asignación de contratos y ejecución de obras.

Aun cuando el pasado 12 de diciembre el juez federal le otorgó la suspensión provisional con el pago de una garantía de ocho mil pesos, recientemente las partes fueron notificadas de la negativa de la suspensión definitiva contra actos del fiscal anticorrupción del Estado de Morelos y otras autoridades.

Por el momento, la fiscalía anticorrupción mantiene sigilo sobre el curso de la integración de varias carpetas de investigación iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para investigar presuntos irregularidades durante la gestión de su antecesor. 

El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

Hay uso indebido de recursos en áreas como seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, confirma la consejería jurídica del gobierno estatal.

El consejero jurídico del gobierno de estado, Samuel Sotelo Salgado, informó ayer miércoles que en próximos días presentarán diez denuncias más en contra de funcionarios de la pasada administración por irregularidades que han sido encontradas en diferentes dependencias.

Comentó que se trata de anomalías que han surgido recientemente en las áreas de seguridad pública, hacienda, desarrollo agropecuario y desarrollo social, que están relacionadas con actos que podían constituir delitos; básicamente, uso o aplicación indebida de recursos.

Dijo que aún se lleva a cabo la revisión de los expedientes para iniciar los procesos con elementos suficientes.

Dijo que algunas carpetas no se han judicializado por que consideran que deben aportar más elementos para que vayan bien sustentadas; pero están en análisis al menos una decena que se suman a las más de 20 que ya fueron formuladas.

Sotelo Salgado apuntó que se debe determinar si las denuncias corresponden al área penal o administrativa o alguna otra área, y refirió que no se puede establecer cuántas personas están implicadas, ni se puede revelar -al momento- el nombre de los funcionarios señalados, para no violentar el debido proceso.

“Son cantidades diversas que se están revisando, algunas serán ante la Contraloría, otras ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se sigue revisando el tema, (…) algunos son por contratos que otorgaron, facturas enrarecidas con manejo indebido”, abundó.

“El niño ciego”, una escultura religiosa de madera y marfil adquirida a una colección privada de Puebla y que pertenece al patrimonio del estado de Morelos, está desaparecida.

Así lo dio a conocer María Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura estatal.

Explicó que la estatuilla mide aproximadamente 30 centímetros, data del siglo XVII y fue adquirida durante la gestión de Martha Ketchum (2006-2012), pero desapareció durante la administración anterior, cuando Cristina Faesler Bremer fue secretaria de Cultura de Morelos.

María Elena González explicó que la “ausencia” se detectó en noviembre pasado, con el proceso de entrega-recepción, cuando el personal del Centro Cultural Jardín Borda realizó el contraste del inventario.

En ese entonces, el exdirector de Museos y Exposiciones, José Valtierra, argumentó que la escultura fue prestada al museo de Jantetelco, antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, pero que con el terremoto “El niño ciego” resultó con severos daños.

“No se rescató siquiera una astilla, lo que a decir de los especialistas que participan en el rescate de las piezas dañadas es prácticamente improbable que ocurra, ya que quienes realizan las labores de restauración ciernen los escombros y rescatan las piezas, cuadros, retablos, murales y columnas, entre otros”, explicó la funcionaria encargada del Jardín Borda.

La sucesora de José Valtierra dijo que al pedir la hoja de salida con los datos precisos de la figurilla, no le fue entregado ningún documento; asimismo, dio a conocer que el personal responsable del museo de Jantetelco negó que hayan pedido y recibido a “El niño ciego”.

María Elena González reveló que en el año 2015 la bodega que contiene la colección del Borda fue abierta y las piezas, entre otras, la figurilla perdida, se trasladaron hasta las oficinas de Valtierra, a una cuadra de distancia del Centro Cultural, para una presunta limpieza.

Gerardo Palma, colaborador de María Elena González, dio a conocer que el proceso de traslado de las piezas estuvo plagado de irregularidades: no se inventariaron las piezas ni al ser recibidas ni entregadas y al personal se obligó a llevar las cajas que contenían piezas de la colección sin abrir, para no constatar su contenido.

María Elena González dijo que una vez que concluya el proceso de entrega-recepción, la Dirección de Museos y Exposiciones iniciará el proceso correspondiente ante la Contraloría para que sea esta instancia la que inicie las denuncias penales correspondientes por la pérdida de “El niño ciego”.

La empresa constructora entregará la totalidad de las instalaciones, luego de retener la mitad por los adeudos que dejó Graco.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca y cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, será entregada de forma total por la empresa "Ago Operadores S.A. de C.V." en este mes, a casi un año de que fuera inaugurada por el ex gobernador Graco Ramírez.
El secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés, informó que, el viernes pasado, se pagaron 25 millones de los 54 millones que heredó la pasada administración por adeudo con la constructora. Con dicho pago, "Ago Operadores" se comprometió a entregar todas las oficinas para que los legisladores las puedan usar y a terminar los pendientes de la obra.
"El tema es más bien administrativo en el contrato, en el cual hay una deuda de 54 millones de pesos del anterior gobierno hacia la empresa, pero ya estamos solventando, pagamos 25 (millones) el viernes pasado", agregó. 
La sede legislativa, cuyo costo fue de aproximadamente 500 millones de pesos, se inauguró el 28 de febrero del 2018 por Graco Ramírez, sin embargo, los diputados de la LIII Legislatura pudieron utilizar sólo la mitad de las instalaciones hasta agosto del mismo año, por el adeudo que aún se tenía con la empresa.
Fidel Giménez-Valdés aseguró que se corregirán todas las fallas que registre el inmueble desde su construcción, a petición de los mismos diputados, que han señalado posibles riesgos.
"Todas las obras tienen detalles, pero todo lo que tenga que ser corregido se va a corregir, es parte del compromiso que se hizo con la empresa, por eso le debemos una cantidad porque vamos a terminar de revisar absolutamente todo e, incluso, las peticiones de las diputadas y diputados... todas esas fallas se van a corregir y solucionar", explicó. 

Para cumplirle una promesa a su esposa, Graco Ramírez inventó un “concierto a beneficio de los niños con capacidades diferentes”

Utilizaron recursos públicos para pagar la contratación de Plácido Domingo y los gastos del concierto, a sabiendas de que no habría ganancia alguna

El gobierno estatal recuperó recursos para el campo en Morelos que la administración pasada había dejado perder el año pasado. A partir de esta semana se comenzarán a ejecutar más de mil 200 proyectos con una inversión superior a 54 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, informó que la administración del exgobernador Graco Ramírez decidió retirarse de fondos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que esta gestión logró rescatar con la aportación estatal.

“Para darnos una idea, se trata de programas de los que se cerraron ventanilla desde febrero o marzo del año pasado, que calificaron la Federación y el estado, entonces, de tres mil 300 solicitudes, alrededor de mil productores no cumplían los requisitos documentales, otros tenían adeudos”, explicó el secretario, al exponer que se rescataron esos fondos con mucho esfuerzo a finales del 2018, tan solo cuatro días antes de que terminara ese año.

Aunque son recursos del ejercicio fiscal pasado, se acordó -en la sesión más reciente de la Junta de Gobierno- la ejecución de tales programas, y se comprometieron los fondos de tal manera que desde esta semana comenzará la ejecución de los proyectos.

Entre dichos proyectos refirió paquetes ganaderos a pequeños productores de borregos y de porcinos, el programa de jóvenes con arraigo, viveristas, entre otros.

En el caso de aguacateros, mencionó -como ejemplo- que se apoyará la construcción de 144 ollas de agua, una por huerto, que son del tamaño de una alberca con geomembrana; y se estimulará la producción bajo cubierta con la construcción de 167 invernaderos.

El secretario mencionó que están a la espera del presupuesto estatal, pero consideró que trabajando de manera directa, sin intermediarios, “sin moches, sin coyotes”, el dinero rendirá mucho mejor.

Dijo ser respetuoso de las organizaciones sociales que sirven a los productores para defender sus intereses, pero insistió en que los apoyos se entregarán de manera directa.

Se comprometieron a abrogar las "pensiones doradas" concedidas a exfuncionarios, así como a cancelar beneficios a fiscales y notarios públicos otorgados por la anterior legislatura, entre otras promesas.

A cuatro meses de que inició la LIV Legislatura, la abrogación de las "pensiones doradas" a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y la cancelación de beneficios a favor de los fiscales y a notarios públicos otorgados por la pasada legislatura, son algunos de los compromisos pendientes de los diputados locales.
Aunque los legisladores garantizaron que darían marcha atrás a los abusos cometidos por sus antecesores y se les castigaría por el mal uso que cometieron en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local, hasta el momento sólo han sido compromisos mediáticos.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aún estaban bajo investigación las jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de alto nivel de la administración pasada, la mayoría cuestionadas por los altos montos autorizados y, sobre todo, por su legalidad.
Los integrantes de la LIV Legislatura tampoco concretaron la contrarreforma que comprometieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para eliminar los beneficios otorgados por los exlegisladores a favor de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, quienes al finalizar su encargo recibirán una pensión y seguridad personal de por vida.
La creación de una nueva Ley del Notariado Público para eliminar la que aprobó la LIII Legislatura y que garantiza la inamovilidad de los notarios públicos, también se pospuso para su revisión en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero próximo, a pesar que fue una de las primeras iniciativas impulsadas por los diputados en septiembre pasado y, posteriormente, secundada por una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.
Los legisladores tampoco han informado de los avances en las investigaciones que iniciaron por el presunto mal uso de los recursos del Congreso del estado, cometido por la LIII Legislatura. Sólo han señalado el déficit financiero que recibieron, cuya cantidad va de los 50 millones a los 90 millones de pesos, según versiones de diferentes diputados.