Maciel Calvo

Maciel Calvo

La necropsia reveló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico.

La Policía Federal coadyuvará con la Fiscalía General del Estado (FGE) en el esclarecimiento del feminicidio de la docente Nayelly Vergara Ocampo, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Temixco.

A través de un comunicado, la FGE informó que la tarde del sábado 4 de mayo activó el protocolo de feminicidio, al recibir reportes de la ubicación del cuerpo de la mujer en un predio en obra negra en la colonia Campos Sotelo.

Se realizó el levantamiento legal del cuerpo sin vida, y su trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley,  que desveló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico.

La fiscalía aclaró que la demora en la entrega del cuerpo de la docente a sus familiares obedeció a que la FGE requirió el apoyo de la División Científica de la Policía Federal, con la finalidad de agotar todas las líneas de investigación y descubrir quién o quiénes fueron los autores del crimen.

“Es importante señalar, que a fin de contar con todos los estudios que permitan la identificación del o los responsables de este feminicidio, se ha solicitado la colaboración de peritos de la División Científica de la Policía Federal, quienes en el transcurso de este lunes habrán de realizar los estudios y análisis que correspondan, lo que permitirá la entrega del cuerpo de Nallely a sus familiares.

“No podemos como autoridad omitir ningún indicio, prueba, análisis o investigación que derive en el esclarecimiento de estos hechos que laceran a la sociedad, por ello, no ha sido posible la entrega de los restos mortales de la mujer a sus familiares, sin embargo confiamos en que este mismo lunes pueda concretarse lo anterior”.

La fiscalía informó que Nallely se desempeñó como directora de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) particular en el municipio de Emiliano Zapata hasta finales del año 2018, cuando decidió separarse de esas actividades para incorporarse “a la administración en el ramo tablajero” y actualmente se encontraba en un curso, con la finalidad de buscar obtener una plaza como docente de primaria.

 

 

Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

Domingo, 05 Mayo 2019 05:19

Niegan amparo a comuna de Cuernavaca

El Ayuntamiento combate las medidas cautelares ordenadas por un  juzgado de distrito para frenar la contaminación del Río Apatlaco con descargas de aguas residuales.

Un juzgado federal negó la suspensión definitiva al Ayuntamiento de Cuernavaca contra las medidas cautelares ordenadas por otro juzgado de distrito para frenar la progresiva contaminación del Río Apatlaco con descargas de aguas residuales.

De acuerdo con los estrados electrónicos, a mediados de abril, la comuna capitalina inició el juicio de amparo 487/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, en el que impugnó el acuerdo dictado el pasado 14 de marzo por el Juzgado Cuarto de Distrito, dentro de la Acción Colectiva 17/2016, promovida por decenas de ciudadanos y ambientalistas adheridos a la colectividad denominada “Habitantes del Estado de Morelos”, que buscan nos sólo frenar, sino obligar a las autoridades municipales a remediar el daño ambiental ocasionado por su acción u omisión.

Si bien el juez federal admitió la demanda de amparo y requirió el respectivo informe a la autoridad responsable, es decir, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, rechazó conceder la suspensión previsional y, hace unos días, la suspensión definitiva contra las medidas precautorias y las medidas de apremio advertidas en caso de incumplimiento del mandato judicial.

El 14 de marzo, el Juez Cuarto de Distrito ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

Para cumplir la primera medida cautelar fijó un plazo de 15 días y, para la segunda, otros 30. Apercibió a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua con imponer una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

Hace unos días, el Juzgado Cuarto de Distrito sancionó con una multa de 500 Unidades de Medida de Actualización (equivalente a 42 mil 245 pesos) a los alcaldes de los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Tlaltizapán por no cumplir con la primera medida cautelar.

En el caso de Cuernavaca y otros municipios, se les concedió una prórroga con apercibimiento de multa en caso de no acatar la medida cautelar dictada para frenar la contaminación del Río Apatlaco mientras se resuelva la acción colectiva. 

 

 

Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

 

Datos serán integrados al Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe estadístico sobre el número de feminicidios perpetrados en los últimos años, con la finalidad  de que haya certeza en las cifras que alimentarán el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

Luego de que representantes de la organización independiente -promotora de la Alerta de Violencia de Género (AVG)- se reunieran con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y representantes de seis municipios incluidos en la alerta, la ONG pidió a la fiscalía un informe de los casos de feminicidio que son investigados, los que han sido judicializados y los que aún están en proceso de integración y determinación ministerial.

Y es que, informó la organización, si bien existen acuerdos para actualizar el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal, no se cuenta con toda la información detallada sobre los casos tipificados como feminicidios y homicidios de mujeres

“Ante ello se solicitó formalmente que dicho informe sea presentado en su totalidad en un plazo breve, de tal manera que se pueda hacer una confrontación con los datos con que cuenta la organización peticionaria y se hagan las observaciones pertinentes, de acuerdo al tipo penal establecido en el artículo 213 quintus del Código Penal y valorar el tipo de sanciones que aplican en los juicios orales”, expresó la CIDHMorelos.

Otro de los temas abordados en esta tercera mesa de trabajo fue en torno a la Unidad de Contexto. La FGE informó a la Comisión Independiente de Derechos Humanos que únicamente existe el proyecto elaborado por una consultoría privada que contrató el gobierno del estado durante el sexenio anterior, que tuvo un costo de cinco millones de pesos, sin que exista un presupuesto etiquetado para contratar al equipo multidisciplinario que se requiere para su funcionamiento, por lo cual se acordó que se entregaría un informe desglosado para evaluar el rubro presupuestal destinado a las labores determinadas por la Alerta de Violencia de Género.

Sobre los Centros de Justicia para Mujeres que funcionan en Cuernavaca y Yautepec, se informó que hasta el momento no se ha podido brindar la atención integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, debido a la falta de recursos presupuestales y a que las diferentes dependencias que deben aportar personal no lo han hecho, ya que además de la Fiscalía, deben participar el DIF, la Secretaría del Trabajo y el Sector Salud.

En torno a la capacitación del personal de los Ministerios Públicos para que tengan la sensibilización y brinden el trato adecuado a las víctimas de violencia de género, se informó que se están llevando a cabos cursos para que se apliquen adecuadamente los protocolos de feminicidio con personal especializado, de acuerdo a los parámetros internacionales, como es el caso de la sentencia de Mariana Lima, para investigar con perspectiva de género.

Al concluir la mesa de trabajo, la FGE se comprometió con la organización independiente a entregar a la brevedad todos los informes, incluyendo los casos expuestos en las instancias de la mujer de los municipios de Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Cuernavaca y Jiutepec.

 

Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ. 

 

 

Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

Julio César “N” es el tercer sospechoso vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva por el multihomicidio en el restaurante.

El hombre que hace unos días asesinó a un adolescente en el estacionamiento de un supermercado en Temixco resultó implicado en el multihomicidio perpetrado en el restaurante Los Estanques del municipio de Cuautla, el pasado 13 de abril.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, tras la detención de  Julio César “N” de 25 años y Mario Everardo “N” de 34, como sospechosos del homicidio con arma de fuego de un chico de 17 años en el estacionamiento de Bodega Aurrera, se realizaron pruebas de balística y se confirmó que la misma pistola fue usada en el ataque en el restaurante Los Estanques.

Además, a través de la Cámara Gessell, testigos identificaron directamente a Julio César como uno de los presuntos atacantes que privaron de la vida a tres infantes y tres adultos en el restaurante Los Estanques.

Por tal motivo, Julio César, además de ser imputado por el asesinato del adolescente, es el tercer sospechoso vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado en agravio de seis personas y homicidio en grado de tentativa por las lesiones que sufrieron 11 personas más durante el ataque que, se presume, tenía como objetivo asesinar al líder criminal conocido como Raymundo Castro Salgado, alías “el Ray”. 
El 23 de abril, en el interior del estacionamiento de la tienda comercial Bodega Aurrera ubicada en la colonia Centro del Municipio de Temixco fue asesinado un joven de 17 años por disparos de arma de fuego.
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad detuvieron a Julio César “N” -de 25 años de edad, quien habría accionado un arma de fuego en contra el adolescente- y a Mario Everardo “N” de 34 años, quien ayudaba a escapar al presunto homicida.

La fiscalía detalló también que al revisar el historial de Julio César “N”, se supo en el año 2011 –cuando tenía 17 años-  enfrentó un proceso por portación de arma de fuego y resistencia de particulares, y en el año 2017, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
“La Fiscalía General del Estado, continúa con las investigaciones que permitan la identificación y aprehensión de quienes hayan atentado en contra de las familias reunidas en el restaurante de Cuautla, llevando ante la justicia a los responsables”, afirmó.

 

 

El secretario de Obras cuestiona que solo se ha judicializado uno de los 17 expedientes presentados por su dependencia por adjudicación irregular de obras.

Cambios en administraciones de gobierno son factor en el repunte de delitos: UECS 

 La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) atribuyó el incremento del número de secuestros en el primer trimestre del año al cambio de gobierno y al rediseño de las políticas en materia de seguridad.

Adriana Pineda Fernández, titular de la UECS, indicó que en el trimestre enero-marzo se registraron 19 denuncias por secuestro, que derivaron en la detención de 24 personas y 10 rescates.

De acuerdo con la unidad especializada, cinco denuncias fueron presentadas por hechos perpetrados en Cuernavaca;  dos en Cuautla; dos en Xochitepec; dos en Puente Ixtla y el resto en Huitzilac, Ocuituco, Tlaquiltenango, Jojutla, Yautepec Temoac y Tlaltizapán. También se atendió un caso ocurrido en Tepetlixpa, Estado de México, pero cuya denuncia fue presentada en Morelos.

Señaló que hubo un repunte de este delito con respecto al año pasado, sin embargo, atribuyó la cifra  a los relevos de gobierno tanto federal como local, y a la diversificación de las actividades ilícitas de los grupos criminales.

“El balance para nosotros es bueno. Por supuesto que por cada 100 mil habitantes seguimos siendo alto por el número de habitantes que tenemos en la entidad, estamos en la zona centro, donde se registra prácticamente el 51% de los secuestros del país.

“Entonces, para nosotros es bueno por la cantidad de asuntos que logramos resolver y, sobre todo, por la cantidad de asuntos que se resuelven sin pago de rescate y con una acción operativa que devuelve a las víctimas a casa.

“El incremento tiene que ver con diferentes circunstancias. Uno, la transición de gobierno, que tiene que ver con el rediseño de las estrategias policiales, no solamente en el ámbito local, sino también en el federal, y esto genera evidentemente un desajuste en cuanto a la toma del mando, primero, al cese de un mando y luego la toma del nuevo mando, y a la diversificación de actividades de la delincuencia”, explicó.

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