Maciel Calvo

Maciel Calvo

Declaran “extraviada” la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan Martínez Tijera.

Felicitas Tijeras Carvajal, junto con su abogado Miguel Ángel Rosete Flores, formalizó la denuncia contra personal de la Fiscalía General del Estado por incurrir en graves irregularidades, al haberle entregado el cuerpo de un desconocido que no era su hijo Jonathan Martínez Tijera, quien no estaba muerto sino recluido en un centro de rehabilitación.

La mujer, acompañada por uno de sus hijos, acudió a las instalaciones de la FGE en Cuernavaca para iniciar la denuncia, luego de que la carpeta de investigación  que se inició por el supuesto “deceso” de su hijo estaba desaparecida. Ni en el Ministerio Público de Yautepec ni en el Cuautla estaba el expediente.

Debido a que aún se encontraba conmocionada, se mantuvo alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, su abogado refutó las acusaciones de la fiscalía, que –por medio de un comunicado de prensa- atribuyó el error en la entrega del cuerpo a los hermanos de Jonathan, porque supuestamente ellos en su “comparecencia” ante el agente del Ministerio Público “reconocieron sin temor a equivocarse” el cadáver de su familiar.

“Quiero decir, en primer lugar, que es una comparecencia de ‘machote’ que ya está en las computadoras, porque ellos nunca tuvieron a la vista el cuerpo de Jonathan Martínez Tijeras. Ellos recibieron de parte de una funeraria el cuerpo en una caja sellada, en una caja de féretro que estaba sellada, que no se pudo abrir y no tuvieron contacto visual con el cuerpo”.

Incluso, señaló que “la funeraria La Piedad -empresa que se hizo cargo del cuerpo sin consentimiento de los deudos y les cobró 30 mil pesos- le está hablando en este momento a la familia porque dice que no tiene ni un solo documento de esa entrega, entonces le está pidiendo a la familia que le preste los documentos”

Dijo que estas “son situaciones graves, aberrantes que deben ser investigadas en un primer momento y ser sancionadas” y pidió que la fiscalía dé trámite inmediato a la denuncia

Expresó que al suplicio de la familia afectada se sumó la “pérdida” de la carpeta de investigación abierta por el supuesto deceso de Jonathan, por lo que esta circunstancia se sumó a la denuncia que ayer se inició contra los funcionarios de la FGE que resulten implicados en la cadena de irregularidades.

Señaló que la importancia de la carpeta es para revisar las “comparecencias” de los hermanos de Jonathan y las documentales integradas, y detectar todas las irregularidades.

Además, consideró indispensable que se revisen las videograbaciones de las cámaras de seguridad, porque así se podrá corroborar que la familia nunca tuvo a la vista el cuerpo y ahí inició la cadena de errores por parte de los funcionarios de la fiscalía.

“Dejémonos de dimes y diretes con la institución. Hay cámaras de video que en su momento se dejaron instaladas, que se abran, que se vean, que se analicen, si realmente tuvieron o no acceso al cuerpo, porque no se vale jugar con los sentimientos de una persona y no se vale revictimizar a una familia”, dijo.

Indicó que intentó comunicarse con el ex notario y actual ombudsman, Israel Hernández Cruz, pero no le ha recibido las llamadas y consideró que quizá se debe a la amistad con el también ex notario y fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara. Por ello, indicó que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las dudas que hay en torno a la imparcialidad del ombudsman estatal.

 

LA HISTORIA DEL MUERTO VIVO

Felicitas sigue en crisis. Hace apenas 18 días, la Fiscalía de la Región Oriente le entregó el cuerpo de su hijo en un ataúd sellado herméticamente. Nadie en la fiscalía le permitió ver los restos de Jonathan antes de ser confinados en el féretro. Lloró y lloró. Sepultó a su hijo y se despidió de él.

Sumida en pleno duelo, pasó lo inaudito. Jonathan, quien había desaparecido en octubre de 2019, no estaba muerto, sino recluido en un centro de rehabilitación para alcohólicos y la interrogante fue ¿quién era el hombre al que había sepultado?

En un acto de buena fe, la familia publicó en las redes sociales un mensaje (junto con una foto del hallazgo del cadáver) en el que narró lo ocurrido con la intención de que, si otra familia buscaba a un joven de alrededor de 30 años, podría ir a la fiscalía a reclamar la identificación.

Lo que pretendió ser un acto de humanidad, se convirtió en terror, pues supuestos familiares del difunto destruyeron la cruz colocada sobre la tumba del desconocido, en el panteón municipal “Ixtontlal” colonia 13 de septiembre de Yautepec.

Para colmo, Policías de Investigación Criminal (PIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio de Felicitas para “sugerirle” que olvidara lo ocurrido y no realizara acción alguna contra personal de la institución.

El caso rememoró los errores y tropelías en que incurrió la FGE, cuando aún bajo la denominación de Procuraduría de Justicia, sepultó ilegalmente 117 cuerpos de personas no identificadas en las fosas de Tetelcingo y 84 en Jojutla, donde está pendiente la extracción de más restos humanos para la toma de muestras biológicas para pruebas genéticas y otros indicios, en busca de su identificación.  

 

 

Miércoles, 05 Febrero 2020 05:13

Familiares reconocieron cadáver: FGE

Fiscalía omisa, revira abogado de víctimas; CDHEM inicia queja de oficio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) responsabilizó  a la familia Martínez Tijera del error de identificación y recepción de un cuerpo que no era el de Jonathan, joven desaparecido desde octubre de 2019 pero que en realidad estaba internado en un centro de rehabilitación. El abogado de la familia lamentó la revictimización y que la institución que dirige el fiscal Uriel Carmona Gándara haya omitido realizar una investigación sobre la actuación de su personal. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) ya inició una queja de oficio.

En un intento por sacudirse el escándalo, que rememoró las arbitrariedades en que incurrió la otrora Procuraduría de Justicia en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, la FGE emitió un comunicado para señalar como responsables del “error” a los hermanos de Jonathan, quienes supuestamente ingresaron al anfiteatro de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí “reconocieron sin temor de equivocarse” el cuerpo de joven.

“Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

“Los hombres que mediante reconocimiento físico, afirmaron que el cuerpo sin vida correspondía a su consanguíneo, presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de los declarantes para acreditar el parentesco, formalizando la solicitud de entrega del cuerpo que se mantenía bajo resguardo del representante social en la región oriente, entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley”.

De acuerdo con la FGE, las condiciones del cuerpo (cuya causa de muerte fue un infarto al miocardio) eran óptimas para el reconocimiento físico y no era necesaria una prueba genética, ya  que “dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”.

Expresó que la fiscalía hará las gestiones jurídicas para la recuperación del cuerpo que fue sepultado bajo el nombre de Jonathan Martínez Tijera en el panteón municipal “Ixtontlal”, en la colonia 13 de septiembre de Yautepec, para su posterior identificación y entrega a sus familiares.

 

 

 

Miércoles, 05 Febrero 2020 05:11

También el TEEM pedirá más presupuesto

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) consideró insuficiente el presupuesto que le fue asignado por el Congreso en la víspera del periodo preelectoral y adelantó que será necesario tramitar una ampliación presupuestal.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que el presupuesto de 28 millones no será suficiente para hacer frente al aumento de asuntos jurisdiccionales a partir del mes de septiembre, cuando arranca el periodo de precampañas para la elección de los candidatos a alcaldes, regidores y diputados.

Indicó que el tribunal requerirá la contratación de al menos 28 abogados para atender los procesos especiales sancionadores y demás asuntos jurisdiccionales que se deriven los procesos internos de los diversos institutos políticos para la elección de sus candidatos.

Agregó que el Pleno del TEEM valorará el impacto que tendrá el presupuesto asignado y no descartó que la vía para obtener recursos adicionales sea a través de una solicitud de ampliación presupuestal. 

La CDHEM, cuyas recomendaciones no son obligatorias, le conmina a disculparse con siete diputadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió la primera recomendación por violencia política, dentro de la cual pidió al diputado José Casas González ofrecer una disculpa a sus homólogas que fueron ofendidas con expresiones sexistas y discriminatorias, durante el debate legislativo de la sesión del 10 de octubre de 2019.

Las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz, Naida Josefina Díaz Roca,  Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, y Blanca Nieves Sánchez Arano promovieron tres quejas ante el organismo por considerar que Casas González, en alusión despectiva al género femenino, en la acalorada sesión afirmó que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” y que fueron usadas “por el tema de género porque sus maridos no pudieron ser diputados y la pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder”.

Además de otras expresiones como “a chillidos de marrano oídos de carnicero”, “¡al chile pelón!” y “les duele y les lastima ¡Lo siento compañeras! ¿pa’ que se meten en esto?”.

En su resolución, el organismo consideró que el diputado José Casas usó un lenguaje discriminatorio, misógino, sexista y no incluyente, y determinó emitir una recomendación dirigida al legislador y a la Mesa Directivo del Congreso local.

En su recomendación, la CDHEM pidió al diputado ofrecer en la próxima sesión una disculpa pública a sus homólogas en la tribuna parlamentaria, “en la que deberá manifestar que es en cumplimiento de la presente recomendación, reflejando su compromiso en lo futuro de utilizar un leguaje incluyente y no sexista que genere equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

También se le pidió inscribirse y cursar de manera aprobatoria el curso en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”.

A la Mesa Directiva del Congreso, la CDHEM pidió que en este periodo ordinario de sesiones  elabore y apruebe el Código de Ética Parlamentaria, que deberá incluir sanciones a manifestaciones de odio que promuevan la violencia de género, medidas de amonestación suficientes para garantizar que se privilegie el diálogo inclusivo y no discriminatorio, reconociendo la igualdad entre hombres y mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º Constitucional.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, José de Jesús Sotelo, que exhorte a las y los diputados de la LIV Legislatura para que en lo futuro se abstengan de utilizar cualquier tipo de leguaje misógino, discriminatorio o que promueva la  violencia y los discursos de odio marcando diferencias entre hombres y mujeres.

 

 

Reconvertiría el centro de arraigo de la Fiscalía General de la República.

El comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, insistirá en que las instalaciones que ocupa actualmente la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro se conviertan en un centro de reclusión para reos peligrosos y con ello despresurizar el penal de Atlacholoaya.

Recordó que las instalaciones que ocupa la fiscalía especializada fueron construidas como centro de arraigo de la otrora Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, con la finalidad de confinar ahí temporalmente a personas sospechosas o bajo investigación.

Consideró que esa infraestructura esta subutilizada, ya que en ese lugar existen celdas con una capacidad de mil 200 personas y cuenta con las condiciones de seguridad para poder mantener en reclusión a personas privadas de su libertad.

Detalló que se solicitará al gobierno federal (que cedió en comodato el edificio) que esa infraestructura pueda ser utilizada con fines de reinserción social y disminuir la sobrepoblación que existe en el penal de Atlacholoaya,  un factor que propició las riñas y los enfrentamientos entre reos, que el año pasado tuvo un saldo de nueve muertos y 14 lesionados.

 

 

Más temas:

El organismo exhorta a las autoridades educativas de todos los estados a abstenerse de implementar el programa, por ser una medida que violenta los derechos de los menores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades educativas de todas las entidades a abstenerse de implementar el llamado “Operativo Mochila”, por ser una medida que violenta los derechos de los menores, reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El organismo nacional expresó su rotunda oposición a esta medida,  porque existe el riesgo de generar excesos de aplicación, discriminación y estigmatización en las estrategias de revisión de mochilas pertenencias de los estudiantes.

“Como no existen protocolos homologados en la aplicación del operativo “Mochila Segura” se exponen todas las pertenencias del alumnado a la vista. Las revisiones las realiza personal de seguridad pública uniformado y en ocasiones armado, y se utilizan binomios caninos y detectores de metales. Lo cual genera temor e incertidumbre, y genera un clima amenazador entre los alumnos y alumnas.

“Asimismo, en ocasiones las revisiones han implicado tocar el cuerpo de las y los estudiantes o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad, además de que se excluye en este tipo de revisiones al personal docente y administrativo”, recalcó.

Llamó a las Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas a no implementar ese tipo de medidas, por considerarlas reactivas, carentes de eficacia y que pudieran propiciar violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Pidió a las autoridades a que cumplimenten y consideren las propuestas contenidas en la Recomendación 48/2019 y, en sustitución de los operativos de revisión de las pertenencias, sugirió optar por acciones preventivas y de apoyo a los menores, a sus familias y otros cuidadores, para emprender acciones que impulsen prácticas amorosas, positivas, sin violencia y que se propicien vínculos de confianza entre familias y sus hijas e hijos.

“La CNDH impulsará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, para la revisión de las acciones de prevención y protocolos para la atención de la violencia en los contextos escolares con que cuenta.

“Esto con el fin de contribuir a la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar que todas las medidas que se implementen con ese objetivo sean compatibles con la dignidad y derechos de las personas menores de edad”, concluyó.

 

 

Autoridades mantienen hermetismo sobre la posible extracción de cuerpos en la zona; diligencias iniciaron desde el martes.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno confirmaron que se realizan diligencias en el municipio de Amacuzac para la ubicación de fosas clandestinas y la posible extracción de cuerpos.

Ambas autoridades mantuvieron hermetismo sobre las actividades que comenzaron la mañana del martes y que , hasta el cierre de edición, continuaban en el municipio de la región sur que colinda con el estado de Guerrero,  donde el cártel de “Los Rojos” desde hace más de una década asentó su bastión.

Durante la inauguración de las nuevas oficinas del Ministerio Público en el municipio de Yautepec, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara confirmó a los medios de comunicación el despliegue policíaco y ministerial en aquella zona, pero rechazó dar detalles hasta que se concluyan los trabajos.

Sin embargo, se confirmó que personal de Servicios Periciales realizó diligencias en el estacionamiento del mercado municipal y el predio donde se realiza el tianguis ganadero  de Amacuzac, así como en un tercer punto no revelado.

Extraoficialmente trascendió la presunta ubicación de fosas de donde se habrían extraídos varios cuerpos, pero las autoridades rechazaron informar a los medios de comunicación sobre los avances de las diligencias ministeriales y si efectivamente fueron localizados restos humanos.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refirió que las actuaciones que realiza al respecto la FGE están relacionadas con una investigación estatal (presuntamente por secuestro y homicidio).

- Secretario ¿qué nos podría confirmar de un operativo que se realizó ayer en Amacuzac buscando unas fosas?,  se le preguntó.

- Sí, es información que no puedo dar detalle en este momento pero se realizaron operativos y cateos en esa zona.

- ¿Cuántos cuerpos han sido localizados? se habla desde tres hasta 17 cuerpos

- No tengo la libertad de dar esa información, pero tan pronto se tengan los resultados se darán a conocer.

- ¿Tampoco hay detenidos?

- No tengo el resultado, todavía están llevándose a cabo (las diligencias), el día de hoy incluso, y entonces cuando se tengan los resultados se darán a conocer.

-  Sabemos que no puede dar datos precisos por la investigación, pero cuando menos confírmenos cuántos puntos son los que se están revisando y si se trata de una investigación federal o local en esta zona, que sabemos es el refugio de “Los Rojos”.

-  Son tres puntos donde están haciendo estas revisiones.

- ¿Sería el mercado, el tianguis ganadero y cuál otro?- se le insistió.

- No puedo dar las ubicaciones especíicas- aseveró Ojeda Cárdenas.

Cuestionado también sobre si estas diligencias están vinculadas a personajes del cartel de “Los Rojos”, el funcionario confirmó que efectivamente forman parte de las investigaciones asociadas a figuras de la organización delictiva pero rechazó dar nombres.

Hasta el momento se ha especulado que las investigaciones giran en torno al clan del ex capo Santiago Mazari Hernández y su tío, el ex diputado y alcalde electo de Amacuzac.

En el caso del primero, se le atribuyen varios delitos federales y estales, como delincuencia organizada, secuestros y homicidios, y se encuentra preso y sujeto a proceso judicial.

En el caso del ex legislador, se encuentra detenido en el penal federal de Durango, acusado del presunto delito de secuestro de un ganadero de la región sur, y está en espera que se resuelva una apelación, que determinará si continúa o no bajo proceso penal.  

 

 

   

Los verificentros todavía están en proceso de actualización de sus sistemas informáticos.

Temporalmente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos no realizará operativos de inspección a los automovilistas hasta que estén en funcionamiento los verificentros, que todavía se encuentran en proceso de actualización de sus sistemas informáticos.

El 25 de enero entró en vigor el decreto de expedición del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos 2020, el cual fue actualizado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SEMARNAT-2017, que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuyas entidades integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Una de las particularidades de la norma es el establecimiento de nuevos métodos de prueba para la medición de emisiones, de requerimientos mínimos de la plataforma tecnológica para el manejo de la prueba del sistema de diagnóstico a bordo (SDB u OBD II) y de procedimientos de evaluación que requieren de la supervisión de la autoridad.

El nuevo Programa de Verificación Vehicular Obligatoria estableció que los Centros de Verificación Vehicular autorizados deberán adquirir la figura jurídica de Unidad de Verificación Vehicular, y concedió una ampliación del plazo para verificar hasta el 30 de marzo del 2020, a los propietarios y poseedores de vehículos automotores destinados al transporte particular, privado o público, de carga o de pasajeros, con o sin itinerario fijo, únicamente con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo.

Sin embargo, el gobierno de Morelos publicó este lunes una adenda al decreto en la que estableció que “para que los Centros de Verificación Vehicular autorizados en el Estado de Morelos, puedan prestar el servicio de verificación vehicular se requiere que así lo determine la Secretaría (de Desarrollo Sustentable), una vez que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en el ámbito de su respectiva competencia, verifique que los proveedores de sus equipos, programas de cómputo y servicios operen correctamente los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones establecidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, las Normas Oficiales Mexicanas en materia de verificación vehicular” y otros disposiciones.

Adicionalmente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, durante el periodo en que no se puedan prestar los servicios de verificación vehicular, no llevará a cabo operativos o acciones de inspección o vigilancia a los propietarios de vehículos automotores que circulan por el estado de Morelos, para no generar  infracciones ni la consecuente imposición de las multas.

 

 

Gerardo Rivera Ayala resultó lesionado en un presunto intento de asalto a su negocio.

Vecinos del municipio de Tepoztlán exigieron a la Fiscalía General del Estado esclarecer el ataque sufrido por el ayudante municipal de Huilotepec, Gerardo Rivera Ayala, quien resultó lesionado durante un presunto intento de asalto a su negocio.

De acuerdo con los vecinos del poblado, que realizaron una protesta frente a la ofrenda a las víctimas en Palacio de Gobierno, la mañana de este lunes el ayudante municipal fue herido en una pierna dentro de su negocio.

Y, aunque aparentemente se trató de un intento de asalto, para los vecinos la agresión puede estar relacionada directamente con las actividades que Rivera Ayala realiza como autoridad auxiliar, ya que en los últimos meses realizaba gestiones para que un predio de cuatro hectáreas, que anteriormente fue un centro de producción de la empresa Bachoco y que permanecía abandonado, fuese expropiado para realizar alguna obra en favor de la comunidad.

Pero existen particulares interesados en apropiarse de ese predio y esta es una línea de investigación que debe seguir la Fiscalía General del Estado para esclarecer el delito.

“Él está llevando un proceso para recuperar un predio en favor de la comunidad, para  el bien común, para que se pueda darse uso para un hospital, una escuela y demás, y parece que también por ello había recibido amenazas. Desconocemos si de ahí partió esta agresión, pero es un punto a contemplar, por lo que sí exigimos que sí se lleve una averiguación y que se realicen las investigaciones pertinentes”, dijo Karina Vara Rodríguez, habitante del poblado de Huilotepec.

Dijo que es estable el estado de salud del ayudante municipal, pero con  pronóstico delicado porque el balazo daño la arteria femoral.

Afirmó que la petición de los vecinos es que la fiscalía integre debidamente la carpeta de investigación, sin descartar la línea de investigación relacionada con las actividades en favor de la comunidad.

“Como lo marca el bando de policía y buen gobierno de nuestro municipio, el ayudante municipal de colonias y comunidades es una autoridad auxiliar del ayuntamiento municipal en turno, por lo que exigimos que como integrante de la actual administración, se agoten todos los recursos  con los que cuente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes que lleven a la detención y posterior castigo de los responsables de los hechos.

“De igual forma, solicitamos estrategias de seguridad tangibles que puedan garantizar la seguridad de todas las personas que aquí habitamos”, recalcó.

 

Miércoles, 29 Enero 2020 05:12

Sistema penitenciario sigue en crisis

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

 

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