Fue en octubre del 2014 cuando en este espacio dominical hicimos mención por primera vez de las labores que lleva a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), no únicamente en su país o en México, sino en diversas partes del mundo; con el título “Fosas, cadáveres... antropología forense”, dimos cuenta del trabajo de estos expertos, meses antes que fueran colocados en el reflector nacional derivado de su intervención en el caso Ayotzinapa.

Posteriormente y en el mes de febrero del 2015, comentamos sobre la conferencia de prensa ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la investigación desarrollada en torno al caso Ayotzinapa y a partir de la cual comenzó a presentarse una serie de documentos y entrevistas respecto a las controversias entre lo manifestado por las autoridades de la PGR y los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Señalábamos lo que en diferentes comunicados daban a conocer tanto la PGR como el EAAF:

Asentaba el documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan, de fecha 7 de febrero de 2015, emitido por el EAAF: “Desde el 4 de octubre del 2014, el EAAF actúa como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 a pedido de ellas y de los abogados e instituciones que representan y acompañan (…) El equipo de peritos trabajando para el EAAF en la investigación de Ayotzinapa y casos conexos suman a la fecha 30 profesionales que provienen de los siguientes países: México, Argentina, uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y España. Dichos profesionales cubren las siguientes especialidades: antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología forense”.

Mientras que el posicionamiento de la Procuraduría  General  de  la  República, de fecha 9 de febrero de 2015 apuntaba: “El  Equipo  Argentino  de  Antropología  Forense,  en  ningún  momento  ha  actuado  como  perito  independiente  de las  familias  de  los  43  jóvenes  normalistas  desaparecidos  en  los  hechos  de  Iguala  y  Cocula,  ya que desde el primer  momento,  se  les  incorporó  a  la  investigación  como  peritos  habilitados  de  esta  institución,  a  pesar  de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos…”.

El titular de la PGR en aquel tiempo, Jesús Murillo Karam, dejó el cargo el 27 de febrero del 2015, y será recordado por una frase que pronunció el 7 de noviembre de 2014 al dar por terminada una de las conferencias de prensa en la que informó sobre “indicios” de que los restos humanos calcinados hallados en Cocula, en el estado de Guerrero, podrían pertenecer a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala: "Ya me cansé", expresó quien era en aquel entonces el procurador general de la República.

En el 2015 también, al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se le describía en su sitio web como una “organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo”.

Como antecedente, el EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983); desde esa fecha han trabajado en más de 30 paises en América, África, Oceanía, Asia, Europa, el Oriente Medio y África del Norte, utilizando la antropología forense para fortalecer el trabajo en materia de derechos humanos.

Además, se mencionaba que los objetivos del Programa de Investigación del EAAF son establecer la identidad, la causa y el modo de muerte de las víctimas e identificar patrones de violaciones a los derechos humanos aplicando las ciencias forenses; restituir los restos de las víctimas a sus familiares y comunidades; por último, presentar los hallazgos y evidencia a las instancias judiciales y ámbitos de investigación correspondientes.

También resaltábamos que al inicio de su labor, hace veinte años, el EAAF -necesariamente- se distanció “de los sistemas médico-legales y otras instituciones gubernamentales que habían perdido credibilidad”; trabajaban fuera de esas organizaciones, mediante “nuevas herramientas científicas en las investigaciones de derechos humanos”.

Mercedes Doretti, miembro fundador del EAAF, en una entrevista para el diario español “El País” apuntó: “A veces no se trata de problemas técnicos en la identificación sino de credibilidad (…) los familiares son gente a la que le ha pasado lo peor: perder un marido, un hijo, una hija. Y obviamente uno quiere saber qué pasó, cómo murió, cómo lo han identificado. No basta solamente la palabra, que te entreguen un cajón cerrado y te digan acá está tu hijo"; añadió además que "las identificaciones forenses no son actos de fe".

Cabe agregar que en la semana que concluye, fue hallado en una fosa clandestina el hermano del ex gobernador panista de Morelos y diputado federal, Marco Antonio Adame Castillo: el cuerpo sin vida fue encontrado el pasado jueves, luego de que Humberto Adame Castillo fuera secuestrado el 8 de mayo y de que se pidieran 50 millones de pesos de rescate; los presuntos plagiarios señalaron el sitio en el que estaba enterrado.

Desde los primeros artículos compartidos con usted, amable lector, en este espacio, destacamos en diversos momentos que fortalecer el sistema forense debería de ser una prioridad en México; sin embargo, la realidad nos ha enfrentado con el hecho de que es un tema que se ha dejado de lado y es ahora en la semana que concluye cuando en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el primer informe oficial en México en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en éstas.

Entre datos diversos, Encinas Rodríguez también mencionó en su intervención que México atraviesa una "emergencia forense".

Dicho comentario derivado de la conclusión del Diagnóstico Nacional Forense, el cual y según indicó el funcionario federal se levantó en toda la República, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR, anteriormente PGR), las fiscalías de los estados y los servicios forenses de cada entidad e incluso en algunos municipios, "para conocer de manera fidedigna las capacidades, no solamente de infraestructura, equipamiento, sino también de recursos humanos para enfrentar esta emergencia forense por la que está atravesando el país".

El marco legal al que se atiende parte de manera fundamental de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas o Desaparición Cometidas por Particulares, misma que crea el Sistema Nacional de Búsqueda y que entró en vigor en enero del año pasado: obliga a la autoridad a llevar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que permita contar con información fidedigna y actualizada en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

Se informó que el diagnóstico referido se levantó en el mes de abril y próximamente se presentarían las conclusiones para iniciar un programa emergente y "enfrentar la crisis de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho a la identidad, a la identificación, a la entrega de sus familiares y que tengan un destino digno donde sean depositados estos cuerpos".

Además se indicó que con el apoyo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el EAAF y los colectivos de las víctimas, se está concluyendo el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, "que considera la creación de un sistema en el cual no solamente homologaremos los procesos y la información, sino daremos atención a las demandas de las víctimas".

Alejandro Encinas también apuntó que no existe ningún registro oficial y es el primero en su tipo que se presenta, mismo que comprende únicamente el periodo del primero de diciembre al 13 de mayo; "lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron", agregó el funcionario federal, al tiempo de anotar que es un proceso que por lo menos tiene que remitirse a 20 años atrás "para tener el registro plenamente desarrollado, entendiendo las limitaciones que existen en el acceso a la información".

En el periodo documentado se ubicaron 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, de los cuales se han registrado 222 fosas, con un total de 337 cuerpos encontrados; los lugares se ubican fundamentalmente en seis estados de la República: Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan casi el 72 por ciento; las fosas clandestinas destacan de manera particular en los estados de Sonora, Sinaloa, Guerrero y Veracruz, entidad donde se han encontrado 76 fosas, el número más alto.

Retomando otros datos que hemos incluido en "Panóptico Rojo" en años pasados, podemos recordar este domingo lo que comentamos en el 2014 y que al día de hoy, en el 2019, parece resaltar que la situación que prevalece en México no ha cambiado. Compartimos:

“En un reporte elaborado por Lizeth Díaz para Reuteurs y publicado el pasado mes de agosto (2014), mismo que incluye en su encabezado las palabras “Cadáveres sin nombre”, se menciona que dicha agencia solicitó a la Procuraduría General de la República las cifras sobre la cantidad de cadáveres no identificados respecto de las víctimas del crimen organizado desde el año 2006, pero no obtuvo respuesta. Derivado de dicha negativa, se buscaron otras fuentes de información y se encontró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calcula que más de la mitad de los 40 mil muertos en enfrentamientos armados, entre el 2006 y el 2011, están sin identificar".

Como forense, comparto el espíritu de investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense y su objetivo: lograr un efecto significativo “incorporando protocolos internacionales del trabajo en derechos humanos a los procedimientos criminales domésticos (…) cerrando el círculo”. Un círculo en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos, y de la justicia. No es el momento de "cansarse" sino de contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas, y que estos delitos no queden impunes.

En la semana que concluye, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la titular de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, hicieron referencia en un comunicado a la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio de la cual se confirmó que las personas que han sido desplazadas internamente son víctimas de acuerdo con la Ley General de Víctimas, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con la facultad de reconocerlas como tal.

De acuerdo con la sentencia a la que hacemos referencia este domingo, la CIDH y la relatora especial de la ONU instaron al gobierno mexicano a implementar lo resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para la protección de las personas desplazadas internas en el país y "a realizar acciones en materia de desplazamiento interno encaminadas a la prevención, protección y asistencia, así como a soluciones duraderas en condiciones de dignidad y seguridad".

Lo anterior, en virtud de que el 25 de octubre de 2018 se adoptó la sentencia de amparo de amparo indirecto en revisión 208/2018, mediante la cual el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió sobre la negativa de la CEAV de reconocer como víctimas de desplazamiento interno a una familia, originaria de Chihuahua, cuyos miembros alegaban ser víctimas de desplazamiento interno por violencia de la delincuencia organizada.

Dicho tribunal reconoció que el desplazamiento interno es una violación a derechos humanos y que las personas desplazadas suelen enfrentarse a diversos obstáculos como carecer de documentación, o problemas para ejercer sus derechos, incluyendo el acceso a recursos efectivos, debido a que pueden tener dificultades para comparecer en juicios que se desarrollan entidades federativas distintas a donde se han refugiado.

De igual modo, el tribunal reconoció que dichas personas tienen necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de trabajo social en todos los rubros, pues el desplazamiento normalmente implica la pérdida de empleo, vivienda y educación; además, decidió que la CEAV es una institución (entre otras) que puede otorgar la calidad de víctima a una persona que haya sido desplazada, así como garantizar que puedan acceder a medidas de ayuda, asistencia y atención inmediata.

Al respecto, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, anotó que "el hecho de que la CEAV tenga la facultad por sí misma para otorgar la condición de víctimas de desplazamiento interno es fundamental para garantizar el goce de los derechos humanos de las miles de personas desplazadas en México. En especial debido a los grandes vacíos que tiene el Estado mexicano en la materia; hasta el momento, a nivel federal, el Estado ha incluido formalmente a las personas desplazadas internas en su Ley de Víctimas, pero no ha desarrollado ni implementado una legislación específica o políticas públicas para abordarlo".

Por su parte, Jiménez-Damary apuntó que la decisión "es esencial para concientizar sobre la difícil situación de las personas desplazadas internas en México, que a menudo son altamente vulnerables y necesitan protección y asistencia, que es responsabilidad primordial del Estado mexicano proporcionar (...) esta sentencia demuestra una vez más el papel fundamental que pueden desempeñar las autoridades judiciales en la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas".

En un boletín de fecha 7 de marzo de este año, referente a la participación de la CEAV en la mesa de análisis en materia de desplazamiento forzado interno, organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el titular del organismo, Jaime Rochín del Rincón, indicó que el desplazamiento forzado interno es una realidad innegable en México, además de que la Ley General de Víctimas menciona y reconoce al “desplazamiento”, sin llamarlo “forzado interno” (artículo quinto y séptimo), como un elemento de especial atención y relevancia.

Rochín del Rincón destacó la urgencia de tipificarlo a fin de generar plenas condiciones de respeto institucional de protección y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento interno forzado ya que actualmente las víctimas no cuentan con una categoría legal como personas desplazadas, por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional, y al no existir un pleno reconocimiento del desplazamiento, no hay un marco jurídico de protección, "por ello consideramos que el Gobierno actual debe reconocer y crear el marco normativo que proteja a las víctimas de esta violación de derechos humanos".

El tema cobra aún mayor relevancia, en el marco de lo sucedido este viernes santo, cuando trece personas -cinco mujeres, siete hombres y un menor de edad- fueron asesinadas en un ataque que un grupo armado llevó a cabo en una fiesta privada en Minatitlán, Veracruz, y entre otras situaciones similares que han ocurrido recientemente en localidades de nuestro país.

En otra cuestión relacionada, cabe mencionar que de acuerdo con los resultados del vigésimo tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de marzo de 2019, durante ese mes 74.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

En la ENSU, la cual cuenta con una periodicidad trimestral, el INEGI incluye conceptos tales como sensación de inseguridad por temor al delito (percepción); expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción); atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento); cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias); percepción del desempeño de las policías preventiva municipal, estatal y federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina como autoridades de seguridad pública; conflictos y conductas antisociales (existencia); desempeño gubernamental (percepción) y fuentes de consulta de información sobre seguridad pública (experiencias)

Según datos del INEGI, en marzo de 2019 las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos, con 96, 95.2, 93.3, 92.8, 92.6 y 92 por ciento, respectivamente; en Cuernavaca, Morelos, la percepción social sobre inseguridad pública fue de 78.1 por ciento, mientras que en diciembre del 2018 fue del 77.7 por ciento y en marzo de tal año fue de 82.5 por ciento.

Cabe agregar que en datos contenidos en la ENSU, en marzo de 2019, 32.8 por ciento de la población de 18 años y más, residente en las ciudades de interés, consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal; por otra parte, 22.2 por ciento de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio de -14.1 y 3.2 puntos porcentuales respecto de marzo de 2018 y diciembre de 2018, respectivamente.

Tales cifras son tan sólo un pálido reflejo inicial de la situación que podría llegar a experimentar una gran parte de la población en cuanto al desplazamiento interno, como una medida reactiva o preventiva para evitar ser víctima de la violencia y riesgo que existe en diferentes entidades del país, ante el temor natural a que ésta incremente.

Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, estimaba que para finales de 2017, había 329 mil 917 personas víctimas de desplazamiento interno, con presencia o uso de violencia; la CIDH también ha señalado que pesar de esta situación, el desplazamiento interno únicamente ha sido reconocido a nivel federal en la Ley General de Víctimas, sin que se hayan adoptado e implementado medidas para abordar cabalmente el desplazamiento interno en el país.

Retomando el tema de este día en Panóptico Rojo, la CIDH y la relatora especial de la ONU reiteraron su preocupación por la situación de desplazamiento interno en México y enfatizaron que los Principios Rectores del Desplazamiento Interno de 1998, que constituyen el estándar internacional primordial sobre el tema y reafirman los derechos de las personas desplazadas internas consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, definen a las personas desplazadas internas como: “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Por ello y tras las recomendaciones hechas en sus informes "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México" (2014) y "Situación de derechos humanos en México" (2015), la CIDH y la relatora especial de la ONU exhortaron al gobierno mexicano "a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, a elaborar un diagnóstico y a recolectar datos sobre las diferentes tipologías que tiene esta problemática en México", además de instar "a desarrollar e implementar una ley específica y políticas públicas dirigidas a la prevención del desplazamiento interno arbitrario, así como a garantizar la protección, la asistencia y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas", conforme a las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos por el gobierno mexicano.

En la semana que termina se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión Especial para el Seguimiento al Cumplimiento de la Agenda 2030, en la sede del Poder Legislativo local, en la cual se destacó la importancia de que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos trabajen de manera coordinada en cada una de las acciones a favor del desarrollo sostenible de la entidad.

Además, se hizo un llamado a tomar conciencia de lo fundamental que es preservar los recursos naturales en beneficio no sólo de los residentes actuales, sino de las futuras generaciones.

De igual modo, esta semana se efectuó la primera sesión plenaria del Consejo Estatal de Población (Coespo), en la que acordó empatar el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptado en 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este espacio dominical hemos comentado al menos en un par de ocasiones, en los años 2016 y 2017, acerca de la Agenda 2030, al incluir temas como el del cambio climático y el del papel crucial que los océanos desempeñan en el sostenimiento de la vida.

Destacamos en su momento que en noviembre del 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, cuyo objetivo es una mayor y más rápida acción frente al cambio climático; cabe recordar que la 21a sesión de la Conferencia de las Partes (COP) y la undécima sesión de la Conferencia de la Partes, en calidad de reunión de las Partes al Protocolo de Kyoto (CMP), tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 en París, Francia.

La conferencia de la ONU sobre el cambio climático concluyó con la adopción de un acuerdo histórico para combatir el cambio climático, además de los objetivos de impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono.

El tema principal del acuerdo universal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los dos grados centígrados, además de impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, para con ello evitar puntos de inflexión climática ante los que ya no tendremos ningún control.

Y para lograrlo se necesita la participación de gobiernos, autoridades locales y regionales, empresas, inversionistas y actores, en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, en todos los países; sin embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y las temperaturas medias no hacen más que subir, lo que subraya la urgente tarea que hay por delante.

No hay que olvidar tampoco que a partir del 2009, la ONU designó el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos; el concepto fue propuesto por primera vez en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como una manera de crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos desempeñan en el sostenimiento de la vida y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos.

Del 5 al 9 de junio de 2017, en Nueva York se llevó a cabo la Conferencia de los Océanos, la primera de las Naciones Unidas sobre este asunto y que representó una oportunidad para que el mundo revierta el deterioro de la salud de los océanos y los mares con soluciones concretas; también se promovió el avance del objetivo 14, que es parte de la Agenda 2030 adoptada por los 193 estados miembros de la ONU en 2015, y que consiste en un llamamiento para conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.

En este espacio también señalamos en fecha pasada que en Marrakech tuvo lugar la primera reunión del órgano de gobierno del Acuerdo de París, conocido como CMA: una reunión que fue momento de celebración pero también de reflexión sobre la tarea pendiente, además de que representó una oportunidad para que los países desarrollados presentaran su hoja de ruta para movilizar los 100 mil millones de dólares anuales para 2020 de ayuda a los países en desarrollo.

Las jornadas temáticas del programa general de la conferencia sobre el cambio climático, en aquella ocasión, incluyeron los siguientes temas: Día de la Tierra, Día de los Agricultores, Día de los Jóvenes y las Generaciones Futuras, Día de las BINGO, Día de la Educación, Día de Género, Día de África y Día de la Justicia Climática.

“La humanidad recordará este 4 de noviembre de 2016 como el día en que los países levantaron una barrera ante los inevitables desastres del cambio climático, y como el día en que comenzaron con determinación a caminar hacia un futuro sostenible. Hoy entró en vigor el Acuerdo de París sobre el cambio climático, resultado de la negociación climática internacional más compleja, profunda y de mayor importancia realizada nunca”, señaló Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC, y Salaheddine Mezouar, presidente de la COP22 y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos, en un documento que hace referencia a dicha fecha.

Tristemente, la Organización Meteorológica Mundial confirmó en su momento que en 2016 se batió un nuevo récord en la concentración atmosférica de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, que en 2015 ya superó por primera vez concentraciones de 400 partes por millón; por supuesto, para resolver el problema también hacen falta grandes flujos de inversiones y -según ha estimado la ONU- para lograr un desarrollo sostenible se necesitan entre cinco y siete billones de dólares anuales, de los cuales una buena parte debe servir para financiar la transición a una economía mundial baja en carbono y resiliente.

La conferencia de la ONU sobre el cambio climático realizada en Marrakech fue un nuevo comienzo para la comunidad internacional y es imprescindible que en los próximos 15 años se lleven a cabo reducciones sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como esfuerzos para construir sociedades resilientes ante los efectos, cada vez mayores, del cambio climático; no olvidemos que este año, en el mes de septiembre, se celebrará la Cumbre sobre el Cambio Climático.

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, aseveró en algún momento que “lo que algunos llaman la crisis ecológica del planeta, es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana; ese es nuestro triunfo y también nuestra derrota”. Coincidimos.

En este espacio comentábamos en el 2014 que hablar de “nota roja” es, en los tiempos que vivimos, un término que ha sobrepasado al género periodístico que hace referencia al mismo. Dicho género, conocido en Colombia como “crónica roja” y que debe su nombre al periodista Felipe González Toledo, en otros idiomas tiene diferentes equivalencias: cronaca, en italiano; chronicle, en inglés yTagesneuigkeiten, en alemán; en países como Rusia se le conoce como proischetsvie y en Francia, faits divers, nociones que son difíciles de traducir sin conocer perfectamente el lenguaje y recurrir además, a la perífrasis.

Roland Barthes, semiólogo francés, ha tratado de definir a los faits divers como una “estructura cerrada”, que le da al lector “todo lo que es posible darle”; sin embargo, dichos fait divers pueden llegar a ser -como no- un fiel reflejo de la vida y la imagen de las sociedades.

En México, la década de los años cuarenta reúne sucesos en los que sus protagonistas fueron desde León Trotsky -en su “Casa Azul”- hasta los doce heroicos bomberos de Saavedra, fallecidos en el cumplimiento de su deber al combatir el incendio de la tlapalería “La Sirena”; los delitos cometidos por los integrantes de “La banda del automóvil gris” y los de uno de los homicidas con mayores menciones en la historia policiaca de México: Gregorio Cárdenas, siendo el “caso Goyo” uno de los más documentados y conocidos en los medios de comunicación, con sensacionalismo evidente.

Los asesinatos de Higinio Sobera de la Flor destacan en los cincuenta, tal como las actividades delictivas de “Jak, el mexicano” -como se conoció a Macario Alcalá Canchola- y de las “Las Poquiachis” -caso que produjo numerosas historietas, corridos e incluso una novela, “Las muertas”- en los años sesenta.

La década de los setenta no queda exenta de su dosis de sangre, con el “estrangulador de Coyoacán” y “la tamalera descuartizadora”; de igual modo, en los ochenta no se puede dejar de mencionar la tragedia de Elvira Luz Cruz y el asesinato del periodista Manuel Buendía.

De esta manera y registradas en las notas de secciones como “Seguridad”, “Justicia” o “Policiaca”, se plasma la realidad que en el pasado “salía de lo cotidiano”, al grado de que Félix Fulgencio Palavicini calificó a dichos apartados como “páginas de sociales de nuestro pueblo”.

En la actualidad se acuñó incluso un nuevo término en México: “periodismo infrarrealista”, que cuenta las historias sin rehuir -como lo refiere Diego E. Osorno- “las noches fatídicas, los días fatídicos, las horas fatídicas. No mira desde afuera. Se intoxica de lo que pasa. Recorre un túnel oscuro, siente la marea” .

El peligro de la narrativa de la violencia reside en el lirismo que puede apartar al periodista de la objetividad: un ejemplo muy claro es el uso indistinto de las palabras “crimen” y “delito”, que no son sinónimos y sin embargo se utilizan diariamente.

Mientras que en países como Bélgica, Suiza o Grecia, que cuentan con sistemas jurídicos de clasificación tripartita de conductas punibles, es factible hablar de “crímenes” como acciones u omisiones de mayor gravedad; “delitos”, como conductas que vulneran la convivencia humana de manera intensa, y “contravenciones” como infracciones administrativas, en México la clasificación es bipartita: “delitos” sancionados por leyes penales y “faltas” previstas en ordenamientos administrativos.

Retomando el trabajo de González Toledo, considerado como el padre de la crónica judicial desde los años 30 hasta 1975, cabe destacar que no era un receptor pasivo de la realidad y que además destacó la importancia del “cuidadoso rastreo de los hechos, la juiciosa confrontación de hipótesis y conclusiones coherentes” para escribir sus crónicas, en una época en que la realidad se impuso a cualquier fantasía. Todo ello, sin perder de vista la importancia incluso de las cuestiones literarias, sociológicas e históricas.

Es un reto al que se enfrentan actualmente quienes reseñan sucesos violentos o de los que buscan abrir caminos convenientes en el periodismo judicial; de igual modo, es un reto al que debemos enfrentarnos de manera responsable como sociedad cuando el acceso ilimitado a redes sociales las convierte en un moderno aparato inquisitorio, como lo fue con relación a las circunstancias del fallecimiento del músico Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez y quien tras ser mencionado en la lista de Me Too Músicos Mexicanos, publicó una carta suicida, en su cuenta de "Twitter", en la cual también se lee: "No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal"; posteriormente, fue encontrado sin vida.

El de Vega Gil fue un caso extremo, ocurrido en nuestro país en la semana que termina, relacionado con las denuncias anónimas que se difunden en el marco del movimiento feminista #MeToo que está a favor de escuchar la voz de miles de mujeres que presuntamente han sufrido acoso, hostigamiento y/o violencia sexual.

Y es que el peligro de la narrativa en redes sociales reside en el anonimato que nos aparta de la objetividad y del llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, en todos los casos, además de exigir que en cada investigación la autoridad actúe de manera diligente e imparcial, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

También aleja a las mujeres violentadas de que tengan confianza en la denuncia oficial, aparta a las víctimas de la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes para que su caso sea investigado y sancionado, que se repare el daño causado y no se vuelva a repetir, evitando con ello la impunidad y procesos de revictimización, al tiempo de que se promuevan políticas de “cero tolerancia” a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, y a fomentar la prevención.

En una entrevista radiofónica concedida a Grupo Fórmula el pasado jueves, la actriz Claudia Ramírez resaltó que “#MeToo no empezó a raíz del anonimato; al contrario, empezó con mujeres valientes que se atrevieron a acusar a personas muy poderosas” y aseveró que con el anonimato el movimiento pierde credibilidad, pues se está desvirtuando: “No se vale no tener derecho a la réplica... desde el anonimato ese derecho queda anulado”, destacó además, en un tuit en su cuenta de red social.

Tal como en su artículo “Asirse a la vida” describió la escritora Ángeles Mastretta: “Los mayores tendremos que volver a imaginar un futuro digno de la pasión que una vez pusimos en la búsqueda de un país menos lleno de injusticia (…) muchos de nosotros no sabíamos que no se cambia el mundo en medio día. Asirse a la vida en vez de al desencanto será su deber y es el nuestro. Otra vez, se hará necesario empujar el horizonte”.

En la semana que concluye se conmemoró el "Día internacional de solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo el 25 de marzo la fecha elegida por el aniversario del secuestro del señor Alec Collett, ex periodista que trabajaba para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en el Cercano Oriente cuando fue secuestrado por elementos armados en 1985; posteriormente, su cuerpo fue encontrado en el valle de Bekaa, en Líbano en 2009.

En el sitio web de la organización internacional se refiere que desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945, más de tres mil 500 de hombres y mujeres han dado su vida en actos de servicio, personal de las Naciones Unidas que ya sea en su país de origen o lejos de su familia y su hogar, trabaja incansablemente para ayudar a los más vulnerables del mundo.

De igual modo, se apunta que el número y la magnitud de las misiones de mantenimiento de paz crecieron durante la década de los noventa y que muchas más personas dedicadas a la peligrosa labor fallecieron en esos diez años que en los cuarenta anteriores: es decir, cuanto más activa fuera la ONU en el futuro, más ataques recibirían al trabajar al servicio de la causa por la paz.

La ONU ha señalado que en los últimos años dicho Día Internacional de Solidaridad "ha cobrado una importancia aún mayor con la intensificación de las agresiones contra las Naciones Unidas", ya que se trata de un día para "impulsar la adopción de medidas, exigir justicia y reforzar nuestra decisión de proteger a los funcionarios y al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como a nuestros colegas de la comunidad de organizaciones no gubernamentales y la prensa".

¿Cuál es la definición que se lee en el Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano acerca de la palabra “solidaridad”? “Inglés: solidarity; francés: solidarité; alemán: solidarität; italiano: solidarietá. Término de origen jurídico que en el lenguaje corriente, común y filosófico, significa: 1) relación recíproca o interdependencia; 2) asistencia recíproca entre los miembros de un mismo grupo”.

La Asamblea General de la ONU también ha proclamado un día del mes de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana, concepto destacado por el organismo internacional como crucial en la lucha contra la pobreza, la promoción del espíritu de compartir y la participación “de todos los interesados pertinentes”; la palabra clave en el texto de la ONU es “pertinente”, adjetivo definido por la Real Academia Española (RAE) como “perteneciente o correspondiente a algo”, “que viene a propósito”.

Por desgracia, una gran parte de la población global que debería compartir recursos y esfuerzos para combatir las desigualdades, la extrema pobreza, el desempleo, la exclusión social y la degradación del medio ambiente -características que siguen siendo distintivas de sociedades de todo el mundo- se ve guiada por el afán egoísta, el ansia de poder, la acumulación de recursos, la discriminación y el prejuicio, obstáculos importantes para estar en condición de construir sociedades inclusivas.

Y para muchos grupos sociales vulnerables, la situación empeora.

Señala además la ONU: “La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable”.

“Siempre hay hombres buenos en los peores momentos. Yo suelo referirme a la poca fe que tengo en el ser humano. Pero esta novela es muy optimista. Quería que el lector terminase sonriendo: que pensara que a pesar de todo son posibles el diálogo, la lealtad, la solidaridad entre gentes que no comparten la misma ideología, como ocurre con los dos protagonistas principales. Nuestro problema, e incluyo por supuesto a América latina, es que queremos al enemigo vencido, exterminado. ¡Al paredón! Ese afán por silenciar, por exterminar, por callar, por desterrar, porque desaparezca el diálogo con el contrario, es muy hispano”.

El párrafo que antecede es parte de una entrevista realizada por Martín Rodríguez Yebra al escritor Arturo Pérez-Reverte para el Diario La Nación, en este año y en referencia a su novela “Hombres buenos”. No se equivoca Pérez-Reverte al apuntar que la solidaridad se ve superada por ese afán de querer silenciar (la) en un tiempo, nuestra actualidad, en el que el egoísmo y el miedo superan “a los hombres buenos”.

Francisco Salinas Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en su artículo “Globalización, Solidaridad y Derechos Humanos”, anota que se debe abrir las puertas y designar un lugar para la utopía y la esperanza: “De esta forma podría ser realidad lo que se plantea como posible, aunque todavía no se haya realizado. Este debe ser el gran proyecto en tiempos de globalización: refundación de la política sobre nuevas bases y fundamentos con participación del tejido social, de la sociedad civil como sujetos activos; hacer compatible el mecanismo del mercado con las exigencias de la justicia, porque sin justicia no hay libertad real”.

Solidaridad, sí. Pero entendida en sentido positivo y sin olvidar que es un valor que no debe practicarse solamente un día, en fecha señalada o situación particular.

Por su parte, Zygmunt Bauman, sociólogo de origen polaco, señalaba en el 2004 que “la solidaridad se crea mediante una frontera: un interior donde estamos nosotros y un exterior donde están ellos. En el interior el paraíso de la seguridad y la felicidad, en el exterior el caos y la jungla”.

Añadía que “el sentimiento dominante hoy en día es lo que los alemanes llaman ‘Unsicherheit’. Uso el término alemán porque dada su enorme complejidad nos obliga a utilizar tres palabras para traducirlo: incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad. Si bien se podría traducir también como ‘precariedad’. Es el sentimiento de inestabilidad asociado a la desaparición de puntos fijos en los que situar la confianza. Desaparece la confianza en uno mismo, en los otros y en la comunidad”.

No es necesario esperar a experimentar una situación de vida o muerte, para comprender la importancia de tener una disposición permanente a la elaboración del bien común; esa “pizca milagrosa” de solidaridad y empatía que, tal vez en un instante único, cambie de manera decisiva y para bien la historia de una persona y, en consecuencia, de todos.

“Solidario por predestinación y por oficio. Solidario por atavismo, por convencionalismo. Solidario a perpetuidad. Solidario de los insolidarios y solidario de mi propia solidaridad”, señalaba el poeta argentino Oliverio Girondo. Coincidimos.

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio” – Cicerón.

Este domingo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas; un nombre en realidad corto, para todo el significado que conlleva entre palabras.

Los propósitos de conmemorar dicha fecha incluyen el promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia, además de rendir un homenaje a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos, y a quienes la han perdido en ese empeño.

Cabe agregar que la fecha la proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera reciente, en el año 2010, para reconocer la labor de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien se dedicó activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en El Salvador, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, además de ser un humanista que privilegió la protección de vidas humanas e hizo constantes llamamientos al diálogo y a la oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, lo que finalmente le costó la vida un 24 de marzo de 1980, en un ataque de fuerzas pro gubernamentales llamadas “escuadrones de la muerte”, mismo en el que fue asesinado por un francotirador.

En el 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos, y las infracciones graves de las normas de derechos humanos, es un derecho “autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación”.

En dicho estudio también se afirma que el derecho a la verdad implica tener “un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación”.

No podemos dejar de mencionar el informe “El derecho a la verdad” de la ACNUDH, en el que se apunta que “cuando un periodo caracterizado por abusos generalizados o sistemáticos de los derechos humanos llega a su fin, las personas que han sufrido bajo el régimen anterior se encuentran en condiciones de hacer valer sus derechos y de comenzar a superar su pasado”.

En virtud de lo anterior, “cuando hacen oír sus voces ahora libres”, se formularían cuatro tipos de peticiones al Estado de transición: la verdad, la justicia, reparaciones y reformas institucionales para prevenir la repetición de la violencia.

De manera muy especial, es indispensable la disponibilidad y preservación de archivos y otros documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos, fundamentales para asegurar que no se distorsionen los registros históricos y se preserve la memoria; cuestión que se complementa con la protección de los testigos.

El acceso a los expedientes es fundamental para luchar contra la impunidad, depurar a los funcionarios, descubrir la verdad y brindar reparaciones, por lo que se deberían formular políticas acerca de la importancia y las características de una buena legislación de acceso, además de que “los expedientes de una institución de justicia de transición se deben gestionar mientras la institución está en funcionamiento y se deben conservar en un archivo cuando la institución haya finalizado su labor”.

En cuanto a la protección de los testigos, sería necesario elaborar normas comunes y promover prácticas óptimas que sirvan como directrices para los Estados en cuanto a la protección de los testigos y otras personas interesadas en cooperar en los juicios por violaciones manifiestas de los derechos humanos; lo anterior requeriría fortalecer el apoyo financiero, técnico y político para impulsar programas mediante los que organismos de derechos humanos apoyen en la elaboración de mecanismos de protección de testigos en el plano nacional, que tengan “un carácter independiente, digno de confianza y sólido”.

En el contexto del Día Internacional del Derecho a la Verdad, no pasamos tampoco por alto la presentación, hace un año, del informe “Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos", en el que se hace mención de la lucha contra el narcotráfico en un periodo que abarca de diciembre de 2006 a marzo de 2017, elegido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), comisión que también seleccionó como uno de los casos representativos el de Jethro Ramsés Sánchez Santana -detenido por policías municipales en Morelos, torturado y ejecutado días después de su detención- para abordar el tema de la impunidad.

La CMPDH destaca que "la garantía del derecho a la verdad representa un derecho irreemplazable para lograr la reparación integral de los daños ante una violación de los derechos humanos, así como para el reconocimiento histórico de un fenómeno social. Al estar ligada con el derecho a la justicia en su variante judicial, no puede dejarse de lado el reto que constituye -además de la reconstrucción de la memoria histórica individual y comunitaria- determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de graves violaciones de los derechos humanos".

En aquel informe y año, 2018, la CMPDH también apuntó que las propuestas en las que se busca "extender la competencia de las fuerzas armadas a tareas propiamente ministeriales, confundiendo conceptos como seguridad nacional e interior -así como respecto de aquellos eventos que pueden considerarse amenazas o riesgos a la seguridad-, lo único que generan es mayor incertidumbre sobre el alcance de la acciones del brazo armado del Estado y propician un ambiente idóneo para la comisión de múltiples abusos y de violaciones de los derechos humanos por la autoridad. Por lo tanto, el cambio de la política de militarización es fundamental".

El historiador Tácito, en el capítulo 44 de "Los Anales", en su Libro 15, consideraba que los depositarios del poder son los protagonistas de la historia y daba gran importancia al retrato y a crear imágenes poderosas, por encima de los argumentos racionales: recordemos lo que se anota en el mencionado texto clásico sobre el incendio de Roma: “Nerón se inventó unos culpables (…) toda una ingente muchedumbre (multitudo ingens) quedaron convictos, no tanto del crimen de incendio, cuanto de odio al género humano. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos, cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros; otros, clavados en cruces eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas”.

Empero, el historiador romano también señalaba que “la verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre”. Coincidimos.

En relación al tema de redes sociales, una de las consecuencias cuando se cometen actos terroristas, en cualquier país del mundo, son los numerosos videos e imágenes de cadáveres y heridos que personas en el lugar de los hechos colocan en sus páginas web o envían en aplicaciones como Twitter; de igual modo, la rapidez con la que los usuarios de redes replican dicha información, no importando cuán gráfica ésta sea.

Herbert Marshall McLuhan fue el primer autor en hablar del mundo como una “aldea global”, luego de sus análisis sobre medios de comunicación, en los años sesenta del siglo pasado; McLuhan no conoció Internet, pero sus investigaciones vislumbraban el futuro: los medios de comunicación de masas han convertido al planeta en una aldea, en donde las redes de información se transforman en una especie de “sistema nervioso” de la humanidad (“la neocorteza cerebral”, según le ha llamado el mexicano Javier Esteinou, doctor en Sociología).

Esteinou ha señalado que la teoría de McLuhan se queda únicamente en lo cultural, sin explicar “los intereses históricos de la dinámica del poder” en los que se enmarca: las transformaciones tecnológico-sociales de los sistemas de información no son ni neutras ni gratuitas. En ello coincido plenamente.

Por su parte, el investigador e historiador español Roman Gubern -quien también ha sentenciado que McLuhan estaba equivocado- utiliza una de las frases del semiólogo italiano Umberto Eco: ‘La red es como una gran librería desordenada, es útil, pero su utilidad es limitada’, enmarcándola en lo que llamó "la pantallización" de la sociedad.

"Un empleado promedio puede llegar a pasar más de doce horas diarias frente a una pantalla (…) La sobreoferta de información, a su vez, supone un empobrecimiento de la comunicación y de la posibilidad real de estar en contacto con lo que ocurre a nuestro alrededor. En otras palabras: más oferta es igual a mayor desinformación e incomunicación", apunta Gubern.

Como ya se ha compartido en este espacio, “diversos académicos han señalado que, en la actualidad, el terrorismo puede entenderse más fácilmente si lo estudiamos desde una primera óptica relacionada con la comunicación, en lugar de referirlo a una óptica de violencia: el éxito relativo del terrorista se medirá entonces no por el número de bajas o el daño material que logre, sino por la atención mediática que reciba. (…) Cabría en este momento hacernos la pregunta: ¿Qué papel estamos jugando, entonces, como observadores de estas acciones violentas?” (en ‘Panóptico Rojo’, domingo 5 de octubre de 2014).

Precisamente en la semana que termina, una de las noticias relevantes y más indignantes fue la del atentado supremacista contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch: el peor ataque terrorista en la historia de Nueva Zelanda, en el que al menos cuarenta y nueve personas murieron y más de 40 resultaron heridas, según confirmó la primera ministra de dicho país, Jacinda Ardern.

El atacante, de 28 años de edad, entró armado en la mezquita Al Noor de Christchurch y disparó contra las personas reunidas en la oración del viernes, además de retransmitir la grabación por las redes sociales mediante una cámara adherida a su cuerpo; poco después del primer acto terrorista, otras siete personas fueron asesinadas a tiros en la mezquita de Linwood, ubicada a cinco kilómetros de Al Noor.

Numerosos usuarios de redes sociales compartieron el video de la masacre en mezquitas de Nueva Zelanda, transmisión en vivo que duró unos 17 minutos, según algunos informes, y el cual a pesar de la solicitud de la policía de Nueva Zelanda de que no fueran replicadas las imágenes "extremadamente angustiosas" de las matanzas de Christchurch y que en cambio se retiraran de las principales plataformas de internet -como YouTube, Facebook y Twitter, entre otras- continuó circulando y viralizando el violento contenido.

Hemos comentado sobre el tema del terrorismo en diversos momentos. Desde la ocasión en la que #JeSuisCharlie se convirtió en uno de los ‘hashtags’ más difundidos en la historia de Twitter, al ser replicado por personas en diversos países con acceso a la red social, en solidaridad con los periodistas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, cuando doce personas fueron asesinadas durante un ataque terrorista a la redacción de la revista, en Francia, pasando por el caso de los periodistas estadounidenses Jim Foley y Steven Sotloff, además de los colaboradores humanitarios de origen británico, David Haines y Alan Henning, cuyas ‘decapitaciones’ y muertes, llevadas a cabo por una ‘agrupación fundamentalista’ en un lapso poco mayor a un mes, fueron grabadas y colocadas en sitios de internet.

Tristemente, estos son únicamente dos ejemplos de una larga lista de atentados terroristas que han ocurrido en los últimos años; sin embargo, tal como lo ha destacado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su mensaje 2018 al respecto del tema, "el terrorismo es una de las cuestiones más complejas de nuestro tiempo y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. De Tayikistán al Reino Unido, de Bagdad a Barcelona, ataques despiadados nos han conmocionado a todos. Ningún país puede creerse inmune; casi todas las nacionalidades del mundo han sido víctimas de atentados terroristas".

Guterres también aseveró que, después de los atentados terroristas, rara vez se toca el tema de nuevo de los muertos o de los heridos: personas que se dedicaban a sus quehaceres cotidianos cuando sus vidas cambiaron para siempre, además de los familiares y amigos que les sobreviven y que deben aprender a vivir con la carga del terrorismo durante el resto de sus vidas.

Salustiano Del Campo, en “Terrorismo y sociedad democrática” afirma que “el terrorismo va dirigido contra la gente que mira, no contra las víctimas; su función es claramente comunicativa”. No hay que perder de vista que el terrorismo es, en esencia, un arma psicológica y un generador de efectos, entre los que podemos mencionar la destrucción de los valores comunitarios o el simple hecho de inhibir la responsabilidad ciudadana, como resultado secundario al temor generado.

Tras el ataque terrorista del viernes en Nueva Zelanda, tres personas fueron detenidas y el homicida que grabó su ataque compareció este sábado ante un tribunal: fue acusado de asesinato y el primer ministro australiano, Scott Morrison, lo describió como “terrorista extremista, de derechas y violento”; por su parte, la primera ministra neozolendesa aseguró que aparentemente las armas habían sido modificadas y anunció cambios en la ley respectiva: “Ha llegado la hora de cambiar nuestra legislación sobre la posesión de armas de fuego”, aseveró.

Ardern también afirmó que entre las víctimas podría haber refugiados y migrantes: “Se trata de uno de los días más oscuros de la historia neozelandesa. Está claro que esto sólo se puede describir como un ataque terrorista”, declaró.

En Panóptico Rojo anotamos que en una aldea global en la que gran parte de la población mundial es observadora de acciones violentas, actos terroristas y espirales de conducta racista y xenófoba, debemos tener en claro, entonces, que el odio es opcional. El escritor italiano Umberto Eco señalaba que “el fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo”. Coincidimos.

Ya lo señalaba Mahatma Gandhi, en su momento: “Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres”.

Tal frase la citamos en el primer artículo que dedicamos en este espacio dominical al Día Internacional de la Mujer, en el 2015. Este domingo, tras haberse llevado a cabo -en la semana que concluye- numerosas conmemoraciones, conversatorios y eventos alusivos al 8 de marzo, cabe resaltar hoy lo que a lo largo de cuatro años hemos observado: Nada ha cambiado en el panorama de los hechos en los que está implícita la violencia hacia la mujer, desgraciadamente.

En el 2015, compartimos un poco acerca de la historia en torno a la fecha que llevo a “conmemorar” el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Lo compartimos de nueva cuenta: 

- “Estados Unidos, 1908. La organización socialdemócrata celebró el 8 de marzo un acto denominado “Día de la Mujer”, en manifestación por la igualdad de derechos de hombres y mujeres; la fecha se eligió porque ese día, pero de 1857, las trabajadoras de la industria textil de Nueva York habían organizado la “marcha de las cacerolas vacías”, a manera de protesta contra las pésimas condiciones laborales y los bajísimos salarios.

Un año después, en 1909, en la ciudad de Nueva York, las mujeres del Partido Socialista conmemoraron el “Día Nacional de la Mujer”, como homenaje a las quince mil trabajadoras textiles que el año anterior habían sido protagonistas de la huelga en contra de las condiciones labores que les tocaba padecer, además de que reclamaban un sueldo digno, la reducción de la jornada de trabajo a diez horas y la prohibición de utilizar mano de obra infantil; dicha conmemoración siguió teniendo lugar hasta febrero de 1913.

Los hechos son entonces testigos que ya desde finales del siglo XIX, período de expansión y turbulencia en un mundo industrializado, se apoyó la idea del “empoderamiento” de la mujer.

Según el “Diccionario panhispánico de dudas” de la Real Academia Española, en su edición del 2005, el verbo ‘empoderar’ es un calco del inglés to empower, “que se emplea en textos de sociología política con el sentido de ‘conceder poder (a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente) para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida’. A su vez, el sustantivo correspondiente es ‘empoderamiento’ (empowerment).

Dinamarca, 1910. La Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, integrada por más de 100 mujeres procedentes de 17 países y reunidas en Copenhague, aprueba unánimemente que se proclame un “Día Internacional de la Mujer”, dando relevancia al papel de las mujeres en las reivindicaciones sociales y políticas. La propuesta fue de la alemana Clara Zetkin, líder del movimiento comunista alemán y activista por los derechos de las mujeres; el discurso y la praxis de Zetkin siempre fueron congruentes con la necesidad de alcanzar la igualdad y la complementariedad entre mujeres y hombres.

La primera celebración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” se llevó a cabo en 1911, con mítines en los que se exigieron el derecho al voto, el acceso de las mujeres a los cargos públicos, a la formación profesional y el fin de la discriminación laboral. Pero a los pocos días, la noche del 25 de marzo, un incendio en la fábrica de camisas “Triangle Shirtwaist” localizada en Nueva York y que carecía de las más elementales medidas de seguridad, provocó la muerte de 146 costureras, la mayor parte de ellas de entre 13 y 23 años de edad y muchas de ellas inmigrantes italianas y judías.

El hecho fue impactante y no dejará de recordarse en posteriores conmemoraciones del Día de la Mujer.

Se ha señalado que esa fecha fue uno de los días de la historia cuando los ojos del mundo se enfocan en un solo suceso, “deshilachado bajo el peso de los hechos”, cuando fue imposible ocultar las injusticias y se puso en tela de juicio la importancia debida a la seguridad y a la vida de los trabajadores, en este caso y en su mayoría, mujeres. Sin embargo, a los tres días del incendio, los dueños de la fábrica Triangle reiniciaron operaciones en el edificio de University Place; ocho meses más tarde fueron absueltos por los tribunales y en algunos medios de comunicación de la época se publicó que el incidente fue debido a una trabajadora que fumaba.

En la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española, podremos leer que el verbo ‘empoderar’, del inglés empower, significa “Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”. En suma: conquistar derechos para tomar sus propias decisiones. Es interesante también señalar que el verbo ‘empoderar’ ya existía en español, como variante desusada de ‘apoderar’.

Los datos que compartimos en la columna de este día, estimado lector, son en congruencia de que precisamente conmemoramos otro “Día Internacional de la Mujer”, fecha declarada oficial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975; en Estados Unidos, sin embargo, se ‘celebra’ a partir de 1994, pese a que en dicho país ocurrieron múltiples sucesos que marcaron la lucha femenina por sus derechos e igualdad. Por su ‘empoderamiento’.

El tema del Día Internacional de la Mujer en el 2015 es el llamado del organismo internacional a los gobiernos y activistas bajo el lema “Empoderando a las mujeres, Empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!”, con miras enfocadas “Por un Planeta 50-50 en 2030: démos el paso por la igualdad de género”. Con ello se busca mostrar los compromisos específicos que los gobiernos llevan a cabo para abordar las dificultades que impiden el progreso de mujeres y niñas.

Necesitaríamos realmente una imaginación muy poderosa para pensar en ese ‘empoderamiento 50-50’: aunque del 2015 al 2030 contemos con quince años más.

Otra cuestión que resalta en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 2015, es que la ONU pone de relieve la “Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”, “una hoja de ruta histórica” firmada por 189 gobiernos hace 20 años y en la cual se estableció la agenda para materializar los derechos de las mujeres. Como lo apunta el organismo internacional, “imagina un mundo en que todas las mujeres y niñas puedan ejercer sus opciones, como participar en la política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación”.

Sigamos imaginando entonces.

Pero mencionemos también que la Plataforma de Acción de Beijing abarca “doce esferas de especial preocupación que continúan siendo tan relevantes hoy en día como hace 20 años” –habría que apuntar que desde finales del siglo XIX. Y se enumeran las siguientes ‘esferas’: la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña.

Cada uno de estos temas merecería un apartado especial, pero en lo que a seguridad pública se refiere, transcribo lo que la “Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing” considera como “violencia contra la mujer”: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.

Como ya se apuntó en Panóptico Rojo del 23 de noviembre del 2014, en la columna titulada “Día Naranja”, “muchos países han incorporado leyes para prohibir, penalizar y prevenir la violencia contra las mujeres, pero su aplicación y cumplimiento no son adecuados: los índices de denuncia de casos de violencia siguen siendo bajos y la impunidad de los agresores, muy alta”.

Como ejemplos, podemos incluir algunas cifras extraídas de los documentos de la ONU: una de cada tres mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual, en mayor medida de un compañero sentimental, mientras que respecto al tema de ‘equidad’, solamente 143 de 195 países garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en sus respectivas constituciones, según datos del año 2014”. -

En la página web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, se muestran datos sobre feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género, siendo el último año disponible de información el de 2017, con números que corresponden a la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad y más, asesinadas por razones de género.

Tal información oficial es para 19 países de América Latina y el Caribe, que muestra un total de dos mil 559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en 2017; además, si a estos se suman los datos de otros cuatro países de la región que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a dos mil 795 mujeres muertas por feminicidio en ese año.

A lo largo de cuatro años también hemos hecho referencia en Panóptico Rojo a diversas estadísticas respecto a la violencia que padecen las mujeres, en nuestro país y a nivel mundial. No hay cambios positivos significativos y tampoco, tal como lo ha indicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), datos debidamente actualizados ya que sólo el 41 por ciento de los países produce regularmente información estadística sobre violencia contra las mujeres, mientras que únicamente el 13 por ciento destina un presupuesto específico para la recolección de datos estadísticos de género.

Tras lo expuesto, no cabe sólo mirar de manera pesimista este “mundo ideal” al amparo del lema “Empoderando a las mujeres, Empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!” propuesto por la ONU para el año 2015. Simplemente coincidamos en mayor medida con la propia Clara Zetkin, quien luego de haber tomado parte en las jornadas revolucionarias de enero de 1919 y que concluirían con el asesinato de sus mejores amigos -Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Leo Jogiches-, responde con una frase: “No lloraremos a nuestros muertos, hay que luchar”.

Hoy, en el Día de la Bandera, retomamos el comentario en este espacio dominical sobre lo ocurrido hace un año en el 197 aniversario de nuestro lábaro patrio, además de lo que ya hemos compartido en Panóptico Rojo acerca de este Símbolo Nacional, elemento fundamental de nuestra identidad:

— Ayer se conmemoró el 197 Día de la Bandera y durante la ceremonia llevada a cabo en ocasión de dicha fecha, la Bandera Nacional fue izada de cabeza en el Campo Marte, en la Ciudad de México; cabe recordar que en el 2017, también en la ceremonia de conmemoración, el lábaro patrio se rasgó al ser izado y enredarse durante el ascenso en una estructura de iluminación.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destaca, en su sitio web oficial, que “a lo largo de casi 200 años, la Bandera, en su belleza intrínseca, representa el espíritu de unidad, valor y patriotismo, que unió a los mexicanos en los momentos más difíciles, con lo que ha logrado alcanzar y consolidar sus ideas de independencia, libertad, soberanía, democracia, paz, unidad e identidad”.

Agrega que “la Bandera actual es, sin duda, la herencia histórica más importante que nos han legado nuestros antepasados; la mezcla del pueblo Mexica y del pueblo Español, con una carga de religiosidad importante; pero, sobre todo, de esperanza, reflejada en su Escudo y en aquella promesa del Dios de la Guerra Huitzilopochtli, de crear una Nación que, al paso del tiempo, forjó una identidad y se enraizó una pertenencia”.

“Así es cómo, a partir del 8 de febrero de 1984, se estipula que la Bandera es un rectángulo dividido en franjas verticales, de medidas idénticas, con los colores a partir del asta: el verde representa la Esperanza de la Nación (en el transcurso de la historia de la conformación de nuestra Nación: Unidad, Independencia, Libertad); el blanco representa la Pureza de la Nación, la Patria (en el transcurso de la historia de la conformación de nuestra Nación: Soberanía, Religión, Paz); y el rojo representa la Sangre de los Héroes en Batalla (en el transcurso de la historia de la conformación de nuestra Nación: Sacrificio, Valentía, Libertad)”.

Sobre los diversos incidentes ocurridos en las ceremonias del 2017 y 2018 para conmemorar el Día de la Bandera, cabe compartir algunos párrafos que hacen referencia a dos símbolos iconográficos, dos de las figuras más emblemáticas de la tradición militar mexica: las “caballerías” Águila y Jaguar, las cuales constituían verdaderas élites guerreras.

Dichos guerreros, águila y jaguar, se han plasmado en el escudo de la Gendarmería que se suma a las divisiones de Fuerzas Federales, Seguridad Regional, Investigación, Científica, Antidrogas e Inteligencia de la Policía Federal; mientras que el color oro del mismo representa “los valores que rigen la conducta ética” y el “sinónimo de valor y entrega”, la flama al centro simboliza el fuego que transforma, además de ser el gráfico que identifica a las principales gendarmerías del mundo.

Años atrás, en octubre del 2003, en una nota titulada “La nueva estructura policiaca. El rostro de la Agencia Federal de Investigación”, destacaba el siguiente párrafo: “De ahí que no sorprenda que la AFI haya elegido como escudo lo que a cualquiera que venga, como yo, del mundo militar pueda parecer de entrada una blasfemia: la conjunción del caballero águila y del caballero jaguar de nuestra mitología azteca, de nuestra raíz más profunda. Se trata, me explica tan accesible como serio García Luna, de comunicar hacia dentro el orgullo de ser guardián de la justicia”.

La investigadora Silvia Trejo enfatiza que los “guerreros águilas” y los “guerreros jaguares” acompañaban a los gobernantes mexicas en sus campañas y que “en el resto de Mesoamérica desde la época de los Olmecas, órdenes militares similares funcionaban de la misma manera”; entre los mexicas se sabe que “recibían el título, insignias, bienes, tierras y prestigio a causa de sus hazañas: capturaban a más de cuatro prisioneros”.

Y agrega: “Con un largo y difícil entrenamiento, pasando por pruebas iniciáticas, habiendo demostrado su valor, su coraje, el ardor y el furor místicos necesarios para el enfrentamiento bélico, estos guerreros hacían más poderosos a sus gobernantes y más fuerte a su grupo y con su muerte, contribuirán a fomentar y a aumentar las fuerzas generativas de las naturaleza con lo cual se asegura el orden del cosmos instaurado durante la creación del Quinto Sol”.

La AFI, con el tiempo y con las diversas reformas se transformó en una Policía Federal Ministerial; respecto a las nuevas insignias, desaparecieron formalmente las siglas de la AFI y la PFP, pero se conservaron las imágenes de un caballero águila y de un caballero tigre. Imágenes que se plasman en el escudo de la Gendarmería Nacional.

“Un guerrero águila debía de seguir los siguientes pasos para ser iniciado en las armas sagradas, una vez que los sacerdotes del templo le otorgaban la gracia de pertenecer a la Orden, tras haber visto sus atributos en alguna pelea o servicio a la misma Orden: 1. 'Mazewaliztli' (elección, merecimiento y preparación). 2. 'Tozoztli' (la agonía, vigilia). 3. 'Xochimiki' (muerte florida). 4. 'Tlakatia' (nacimiento) o Izkaltia (resurrección)”. —

Este domingo 24 de febrero conmemoramos el 198 aniversario del Día de la Bandera de México, ocasión que marca la fecha en la que se adoptó oficialmente la actual Enseña Nacional, tras de que el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide mandara a confeccionar el nuevo lábaro que simbolizara las garantías de los insurgentes; cada mes de febrero, celebramos así el surgimiento de la bandera como símbolo de la nación independiente.

Quien es considerado el poeta nacional escocés, Robert Burns, señalaba que “la historia es cuestión de supervivencia; si no tuviéramos pasado, estaríamos desprovistos de la impresión que define a nuestro ser”. No descuidemos entonces los pequeños detalles que expresan, en voz alta, nuestro presente.

En este mes de febrero se dio a conocer que México fue elegido como primer presidente pro-tempore del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), adoptado por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y nuestro país como la respuesta en la región al Pacto Mundial sobre Refugiados de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al respecto de dicho pacto mundial cabe agregar que se concertó en 2018, pero está basado en un sistema legal internacional existente desde 1951: el Estatuto de los Refugiados, los derechos humanos y el derecho humanitario.

A nivel regional, México se convirtió entonces en el primer país que preside el mecanismo conjunto de seis países de América Latina para fortalecer la protección de las personas refugiadas, desplazadas y retornadas, con el objetivo de promover acciones y coordinar esfuerzos conjuntos entre los países MIRPS y actores relevantes.

Lo anterior, con el compromiso del gobierno mexicano actual con los derechos humanos de los migrantes y refugiados y su determinación por atacar las raíces que dan lugar al desplazamiento forzado de las personas, lo que le exige jugar un papel protagónico en el desarrollo de esta importante empresa, según señaló Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Por su parte, Giovanni Bassu, representante regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para América Central y Cuba, indicó en relación al tema que “a través del mecanismo regional, América Central y México continúan demostrando la importancia de trabajar juntos para responder a las necesidades de protección y crear soluciones duraderas para aquellas personas que se ven forzadas a huir de sus hogares”.

Y es que el continente americano se ha enfrentado a nuevas dinámicas de movilidad humana que requieren respuestas integrales y de responsabilidad compartida; un ejemplo es el importante número de personas que han salido de los países del norte de Centroamérica por situaciones de violencia y persecución, el cual creció a más de 311 mil a mediados del 2018.

De igual modo y según datos del organismo internacional, en referencia únicamente al 2018, hubo 40 mil solicitantes de asilo de Venezuela y Nicaragua para buscar protección en países de Centroamérica.

En 2017, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá acordaron el MIRPS como un compromiso para adoptar e implementar capítulos nacionales y la intención de desarrollar mecanismos regionales de cooperación e intercambio de responsabilidades con la participación de todas las partes interesadas relevantes.

También se informó que México forma parte del MIRPS desde sus inicios y como todos los países, trabajó en el cumplimiento de sus compromisos nacionales durante 2018, el primer año de implementación; durante ese periodo, la Secretaría de Gobernación convocó a mesas de trabajo interinstitucionales.

Uno de los logros derivado de dichas mesas fue la creación de la Clave Única de Registro de Población provisional para solicitantes de asilo, para ayudar a que el número creciente de solicitantes (29 mil 600 en 2018), accedan a trabajo y a servicios y programas públicos, en vías de alcanzar una sólida política pública de integración.

No es la primera vez que comentamos la labor de ACNUR en este espacio y este domingo cabe hacer referencia al ejercicio de monitoreo de necesidades protección de los flujos de personas presentado entre Guatemala y México, efectuado entre el 21 y el 25 de enero de 2019 por parte de ACNUR México y el Programa Casa Refugiados (PCR).

Dicho ejercicio se llevó a cabo en el paso fronterizo del puente internacional en Ciudad Hidalgo, México, como un esfuerzo conjunto para la implementación de un piloto de la herramienta regional de monitoreo de protección de ACNUR, adaptado para el contexto de Norte de Centro América; en el mismo, el equipo conjunto de monitoreo realizó 409 entrevistas, representando 988 personas.

Además se refiere que, en general, el perfil demográfico de la muestra es consistente con los números oficiales del Instituto Nacional de Migración de México para esta población (sexo, nacionalidad, y proporción de niñez), en el que el 75 por ciento de las personas entrevistadas son de nacionalidad hondureña, el 13 por ciento guatemalteca, el nueve por ciento salvadoreña y el tres por ciento nicaragüense.

Se anota que el 49 por ciento de las personas entrevistadas viajó sola, el 17 por ciento en grupos familiares de dos personas, el 14 por ciento en grupos de tres personas y el 20 por ciento restante en grupos de cuatro o más personas.

De las personas entrevistadas, el 63 por ciento indicó que entre las razones que lo llevaron a dejar su país de origen se encontraba el haber sido víctima de la violencia, o bien, por el temor por la situación de la violencia; asimismo, el 70 por ciento manifestó que de regresar a su país, enfrentaría un riesgo contra su vida, integridad o libertad y/o que estaría en riesgo por la situación de violencia.

El siete por ciento de las personas entrevistadas (29 de 409) indicó haber solicitado asilo en México, mientras que para aquellos que no habían solicitado asilo, al preguntarles si tenían intención de hacerlo, el 32 por ciento indicó que sí lo pensaba hacer en México, el 18 por ciento en otro país, el 38 por ciento indicó no saberlo aún y el 12 por ciento que no tenía intención; el 97 por ciento de los que indicaron querer hacerlo en otro país reportaron que sería en Estados Unidos.

En cuanto a preferencias de residencia, el 46 por ciento de las personas indicó que preferían reubicarse dentro de México, el 30 por ciento que quisiera ir a otro país, el 13 por ciento quedarse en la ubicación actual (Chiapas) y el nueve por ciento no lo sabía aún; sólo el dos por ciento reportó querer regresar a su país.

Respecto a quienes señalaron querer reubicarse dentro de México, los estados más frecuentemente reportados fueron: Ciudad de México (27%), Baja California (19%) y Nuevo León (18%), además de Chiapas, Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas (cada uno, 3%).

Hemos citado ya en Panóptico Rojo al comentarista, columnista y escritor británico, Owen Jones: “El problema es que este debate no puede ser ganado con estadísticas (…) eso no cambiará la actitud de las personas. Hay que hacerlo a través de historias, humanizando a los refugiados sin rostro. Tenemos que mostrar sus nombres, sus caras, sus miedos, sus ambiciones, sus amores y de qué están huyendo. Si fracasamos, entonces más y más mujeres, hombres y niños pasarán sus últimas horas ahogándose en el mar o asfixiándose en camiones. Es tan frío como eso”. Coincidimos.