No hacen pública información en plataformas digitales, o lo hacen a medias.

Al menos 25 ayuntamientos del estado no cumplen -o lo hacen de manera parcial- con la ley de transparencia, ya que no hacen pública la información que están obligados a subir en las plataformas digitales cada mes.
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", sólo ocho de los 33 municipios actualmente obligados a subir información a la Plataforma de Transparencia han cumplido en rubros como contratos de obras públicas, gasto, ingresos, declaraciones patrimoniales, bienes y servicios, sueldos y jubilaciones y pensiones.
Los ayuntamientos que cumplen, aunque no en su totalidad, son Cuernavaca, Atlatlahucan, (aunque no ha publicado sobre jubilados y pensionados); Ocuituco, del que se desconocen los contratos de obras, bienes y servicios; Tlayacapan, que también omitió información de contratos, bienes y servicios y de su gasto; Temixco, que no publicó sobre su gasto e ingresos; Yautepec, que tampoco informó de su gasto e ingresos; Puente de Ixtla, que sólo presentó declaraciones patrimoniales y gasto; y Xochitepec, que sólo emitió información de jubilados y pensionados y de los sueldos.
El resto de los ayuntamientos presentaron poca o nula información, pese a que la Ley de Transparencia establece sanciones por no cumplir con dicha obligación.
Roberto Salinas Ramírez, codirector de "Morelos Rinde Cuentas", refirió al respecto que se demuestra poco interés de las autoridades municipales sobre el tema de transparencia.
"Nos da una muestra que en su administración haya casos de corrupción, en cuanto a que no está comprometida en cómo están ejerciendo los recursos, es la primer señal de que algo está mal en la administración", declaró Salinas Ramírez. 

 

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Encabeza Natália Rezende entrega de mobiliario para la instalación de módulos de solución pacífica de conflictos en 11 municipios.

Una institución cercana, con el compromiso de atender las necesidades de las familias morelenses a través de programas que fomenten su bienestar, es el compromiso del DIF Morelos, señaló la presidenta del organismo, Natália Rezende Moreira, al encabezar la entrega simbólica de mobiliario a 11 Sistemas municipales.

Esta acción forma parte de la Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (SPCF), que permite impulsar la disminución de la violencia en el hogar y contribuir al fortalecimiento de los vínculos familiares, mediante la atención brindada en los DIF municipales.

“Es una manera de promover nuevas formas de convivencia, otorgando herramientas que permitan resolver desencuentros a través del diálogo y respeto. Estoy segura que este apoyo brindará mayor comodidad a la ciudadanía atendida”, expresó Natália Rezende.

Detalló que los municipios de Atlatlahucan, Ayala, Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del Río, Miacatlán, Tetecala, Zacatepec, Totolapan, Tlaltizapán y Tlayacapan recibieron equipo de cómputo, escritorios, multifuncional, proyector, sillas, entre otros, para la operación de este programa.

Ante esto, las presidentas y directores de los Sistemas DIF agradecieron la apertura y disposición de esta administración para apoyar las necesidades de la población morelense.

Por su parte, Ignacio Flores, facilitador capacitado del municipio de Coatlán del Río, destacó la sensibilidad de la presidenta del DIF Morelos y el apoyo recibido a través de esta entrega que mejorará el desempeño de su labor.

“En febrero de este año iniciamos la capacitación de formación para facilitadores para nuestros municipios; muchos de nosotros no teníamos ni la menor idea de qué se trataba, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las herramientas que nos proporcionó el DIF, no sólo han tenido un buen impacto en nosotros, en nuestra función, sino también en la sociedad que atendemos diariamente”, agregó.

Finalmente, la presidenta del DIF estatal indicó que se continuará impulsando actividades que fomenten una nueva cultura de respeto y diálogo para disminuir los índices de violencia familiar y fortalecer el tejido social.

 

 

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El subsecretario de Gobierno José de Jesús Guízar Nájera, informó que siguen las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Cuernavaca, Tepalcingo y Ocuituco para concretar la firma del convenio de Mando Coordinado, Policía Morelos.
En entrevista, confirmó que no existe fecha para que los presidentes municipales  Antonio Villalobos Adán  (Cuernavaca), Alfredo Sánchez Vélez (Tepalcingo) y Juan Jesús Anzúres García (Ocuituco) firmen el convenio para ceder el mando de sus policías preventivas y de tránsito al gobierno estatal.
Apuntó que en el caso Cuernavaca “es importante que ya se destrabe esto para la operación de la seguridad en la ciudad, el edil ha hecho modificaciones a la propuesta que nosotros (el Poder Ejecutivo) ha enviado (cambios) que tienen que ver con la designación de mandos y cuestiones administrativas, pero que consideró que no son sustantivas para detener el avance del convenio”,  mencionó.
Manifestó que no se trata de ceder o ganar el control de las policías sino de llegar a un acuerdo con los alcaldes para garantizar la seguridad en el estado de manera coordinada estado-municipio.
Desde el pasado 13 de marzo,  33 de los 36 municipios se sumaron al nuevo esquema policiaco.
El convenio de Mando Coordinado permite al gobierno del estado hacerse cargo de la operación, mando, capacitación y contratación de policías, mientras que el pago de nómina la absorben los municipios, pero se estableció que una vez que se homologuen -de manera paulatina- los salarios de los uniformados municipales los absorberá el gobierno estatal.
En cuanto a lo recaudado por las infracciones de tránsito, los ingresos seguirán siendo de los ayuntamientos.

 

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Catorce ayuntamientos arrastran juicios heredados por las administraciones anteriores.

La deuda que enfrentan 14 municipios del estado por laudos heredados por las administraciones anteriores asciende a 580 millones de pesos, informó el director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia.
De acuerdo con el funcionario estatal, el instituto, junto con las autoridades municipales, trabajan en un proyecto de rescate financiero a favor de los ayuntamientos y en el que intervendría la Federación. 
Refirió que es poco probable que el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal vuelva a activarse, ya que sólo generó más deudas a las administraciones municipales. 
Al respecto, señaló que para evitar más endeudamiento con el gobierno estatal, se determinó solicitar apoyo al gobierno federal. 
"El fondo para erradicar el tema de los laudos no tiene que ser un préstamo, tenemos que ver la manera de bajar un recurso que no endeude más a los municipios, como fue propuesto en la administración pasada. Sin embargo, sabemos que tenemos un déficit de 580 millones de pesos en los municipios que tienen complicaciones con los laudos”, declaró. 
El director del Idefomm explicó que la situación financiera de los municipios es tan grave que algunos alcaldes están en riesgo de destitución, como es el caso de los presidentes de Jojutla, Xochitepec y Jojutla. 
Añadió que hasta el momento, los presidentes municipales que enfrentan riesgo de destitución son Xochitepec, Puente de Ixtla y Jojutla.
En el 2017 se creó el fondo de 165 millones de pesos para el pago de laudos, para que los alcaldes atendieran el problema de laudos y evitar ser destituidos, sin embargo, se especuló sobre la aplicación de dichos recursos, ya que el fondo no cumplió con la finalidad de abatir el problema de los municipios por demandas laborales. 

 

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Sólo cuatro ayuntamientos aportan el recurso a la UAEM.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, hizo un llamado a los alcaldes a cumplir con la aportación correspondiente a la recaudación del Impuesto Pro-Universidad, a fin de ayudar a resolver el rezago financiero que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
De acuerdo con la diputada, sólo cuatro ayuntamientos entregan dicho apoyo a la Máxima Casa de Estudios, mientras que todos cobran el cinco por ciento del citado impuesto, que está normado en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 
Figueroa Evaristo refirió que tras una reunión que tuvieron con el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, les confirmó que son pocos los gobiernos municipales que apoyan a la institución educativa, pese a la crisis financiera que enfrenta. 
La legisladora morenista admitió que no se trata de una obligación legal de los ayuntamientos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia en ese sentido, al considerar que se invade la autonomía municipal.
Sin embargo, insistió en que si los gobiernos municipales perciben dicho ingreso por el Impuesto Pro-Universidad, las autoridades podrían destinar parte de ese recurso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
"Darle a la universidad el mayor beneficio, pero también sin descuidar a nuestros municipios. Es muy importante conocer la realidad de la universidad, expresarla, para que podamos encontrar un punto medio y que los municipios no se vean afectados con esta recaudación, ni tampoco a los ciudadanos, que esa recaudación se entregue como debe de ser", apuntó. 
La coordinadora de la bancada de Morena adelantó que buscarán reunirse en los próximos días con los 36 alcaldes para plantear el tema. 

 

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El programa y la denominación no desaparecerán, pero para desarrollar proyectos deberán buscar apoyos ante los gobiernos estatal y federal.

Tlayacapan.- A pesar de que, por decreto presidencial, el recurso económico destinado a los pueblos mágicos fue desaparecido, Simón Olivares Velasco, presidente del Comité de Pueblos Mágicos de este municipio, señaló que el programa y la denominación de Pueblos Mágicos no desaparecerá, pero sí el recurso económico al que se tenía derecho. Por lo que ahora, para obtener recursos para proyectos, deberán buscar apoyos estatales y en algunas ocasiones federales.

Ante esto, lamentó que por decisión del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el recurso económico que era destinado para el fomento y la difusión de la cultura y atractivos turísticos del municipio haya sido eliminado por completo y únicamente quedara el nombramiento de Pueblo Mágico.

“El programa no desaparece; lo que desaparece es una ventanilla del sector federal que se llamaba ‘Poder Mágico’, que era donde se ingresaban los proyectos ejecutivos del comité y de los ayuntamientos para poder financiar o bajar recursos para los mismos”, explicó.

Añadió que al momento no hay lugar, ventanilla u oficina a la que se pueda acudir para tratar asuntos relacionados con los Pueblos Mágicos ni para gestionar recursos económicos, por lo que de momento, las actividades de este programa continúan prestándose a pesar de que hay nulo apoyo de las autoridades competentes.

En este sentido, señaló que de manera coordinada con el Ayuntamiento, que encabeza Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, se contaba con alrededor de siete proyectos que se pretendían ingresar a la ventanilla de “Poder Mágico”, pero con el cierre de la misma no podrán realizar.

“De algún modo, con esta decisión, a los comités nos atan de manos porque era del gobierno federal de donde se conseguían los recursos económicos para los proyectos en beneficio del Pueblo Mágico de Tlayacapan”, refirió.

Finalmente, Olivares Velasco señaló que a pesar de que se han cancelado los apoyos económicos, la alcaldesa realiza gestiones ante diversas instancias gubernamentales para ingresar algunos proyectos y con esto realizar obras que permitan contar con más y mejores atractivos turísticos en el municipio.

 

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Implementa estrategias para fomentar la cultura de la denuncia.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) llevó a cabo diversas acciones de prevención en los municipios de Emiliano Zapata, Ocuituco y Atlatlahucan, con la finalidad de atender las demandas ciudadanas.
A través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, dio seguimiento a los programas que se desarrollaron en semanas anteriores en beneficio de estudiantes y propuso la aplicación de otros para fomentar la cultura de la denuncia.
La titular del área, Anabel Banda Ruiz, se reunió con el jefe de la comandancia de Emiliano Zapata, comandante Luis Alberto Sánchez Santiago, y con su homóloga de esta demarcación, Rosalinda Campos Martínez, con el objetivo de establecer acciones coordinadas para la atención y seguimiento de los 130 Comités de Vigilancia Vecinal.
Posteriormente, junto con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Contra-almirante José Manuel Rodríguez Morales, sostuvo un encuentro con autoridades municipales de Ocuituco para coordinar, asesorar e implementar estrategias de integración de los diversos sectores sociales a las acciones de prevención del delito.
Finalmente, derivado de la coordinación interinstitucional entre la CES y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los elementos de la Unidad Cibernética llevaron pláticas sobre el uso responsables de las redes sociales a la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan, para alertar a los estudiantes de los delitos más comunes con el uso de las plataformas digitales y fomentar la cultura de la denuncia.

 

 

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Recrearán la reunión en la que se decidió hacer el trámite.

Jojutla.- Con una ceremonia, recreación del momento en el que ciudadanos decidieron crear un territorio independiente, jornada de limpieza y verbena popular, el Ayuntamiento de este lugar celebrará 172 años de vida municipal, este 29 de marzo.

En conferencia de prensa, autoridades dieron a conocer que se hará un acto cívico dentro de la Escuela “Juan Jacobo Rousseau”, a las dos de la tarde; después será la representación de lo que fue la reunión que se llevó a cabo por los padres de la municipalidad, como Ricardo Sánchez, el 29 de junio de 1846, en lo que ahora es la casa que está en la esquina de las calles Ricardo Sánchez e Himno Nacional.

“Ahí redactaron el documento que posteriormente llevaron a Toluca (Estado de México) a hacer la petición para que Jojutla fuera municipio, lo cual se concedió mediante decreto, el 29 de marzo de 1847, 22 años antes de que Morelos se convirtiera en estado, hecho que ocurrió el 17 de abril de 1869”, señaló Yazmín Pastrana Sánchez, directora de Cultura.

“El mismo día –prosiguió– invitamos a la ciudadanía a limpiar los principales accesos de Jojutla. A partir de las cinco de la tarde vamos a salir de diferentes puntos de las entradas de Jojutla, todo el personal del Ayuntamiento con la ciudadanía, para barrer y limpiar los accesos principales. Vamos a terminar a las ocho de la noche en el zócalo, con una verbena popular, partiremos pastel y habrá chinelos”, detalló.

La funcionaria apuntó que realizarán la representación porque es más didáctico para los niños.

Exhortó a la población a sumarse a la jornada de limpieza intensiva, pues “el éxito de que el municipio resurja va de la mano de los ciudadanos”.

Finalmente, Pastrana Sánchez señaló que la casa donde ocurrió el hecho histórico no fue afectada por el sismo y en su fachada luce una placa que recuerda el hecho.

 

 

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Diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en dicha cuenca y barrancas aledañas.

Denuncian ciudadanos que diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en el río Apatlaco y barrancas aledañas. Los ediles podrían ser sancionados hasta con multas por no acatar el fallo de un juzgado de distrito.

Dicho cauce es de los más importantes del estado y actualmente recibe miles de descargas de aguas negras irregulares de casas habitación y hasta de algún rastro. En algunos tramos, la gente arroja basura, como colchones, llantas, cascajo y animales muertos.

Así lo expusieron este martes -en conferencia de prensa- miembros de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y ambientalistas, quienes alertaron sobre dicho problema y advirtieron del alcance de la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca.

Lamentaron que los diez municipios por los que pasa el afluente, y que son objeto de la demanda, no hayan actuado de inmediato en acato de la resolución.

Se trata de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Zacatepec, Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Jojutla y Tlaltizapán, a quienes se les ordenó ejecutar medidas cautelares.

Cabe recordar que en virtud de que los organismos operadores de agua de la decena de municipios no respondieron en el proceso judicial, el citado juzgado federal estableció las siguientes medidas: identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises no tratadas que desembocan en el río Apatlaco o sus afluentes; además de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje.

El juzgado dio un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para identificar las descargas que desemboquen en el río Apatlaco, elaborando planos que deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional. 
Se da un plazo de 30 días más para clausurar las descargas y proporcionar el drenaje o alcantarillado a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas.
En caso de no cumplir con estos plazos, los presidentes municipales y los titulares de los sistemas operadores de agua deberán cubrir una multa de 30 mil unidades de medida y actualización por cada día que transcurra y no hayan cumplido con las acciones en el tiempo ya referido.
Los ambientalistas señalaron que el tiempo corre y, a la fecha, los gobiernos municipales no han dado cuenta de cumplir con la orden judicial.

Como se dio a conocer oportunamente, un grupo de ciudadanos, con la asesoría jurídica de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos, FACEM. A.C., a través de la firma legal Mexican Consulting & Development S.C., presentaron el 2 de mayo de 2016 una “Acción Colectiva difusa” ante juzgados federales, la cual quedó radicada con el número 17/2016 en el juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, contra las autoridades locales directamente responsables, con el propósito de frenar la contaminación, resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean.

En dicha conferencia, explicaron que su objetivo con este proceso judicial es, entre otros, que se declare el grado de responsabilidad que tienen las personas morales y los organismos operadores de agua y saneamiento demandados en la contaminación del río Apatlaco.
También buscan que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas que lo rodean a causa de las personas morales y autoridades demandadas, y que éstas reparen el daño causado, implementando las acciones necesarias para ello.

 

 

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Esa organización logró que se aplicara en ocho municipios en el sexenio anterior.

Integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) informaron que solicitarán la ampliación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para los 36 municipios del estado.
José Martínez Cruz, presidente del organismo, refirió que el pasado 21 de marzo se reunieron con la titular de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, a fin de analizar la situación que atraviesa el estado en materia de violencia de género y tomar acuerdos sobre el trabajo que se va a desarrollar durante los próximos seis años para atender la problemática que, dijo, se vive en todo el país.
Refirió que a raíz del análisis que se ha hecho de la situación que atraviesan los ochos municipios donde se emitió la AVG, la CIDH determinó solicitar a la Secretaría de Gobierno que esa alerta se extienda a toda la entidad.
"No hay municipio alguno donde no haya un caso al menos de violencia feminicida, por eso decimos que sí es necesario. Aunque la violencia esté en todos los municipio si no hay alerta cómo se les evalúa, si no hay presupuesto, si no hay personal", señaló Martínez Cruz.
El presidente de la CIDH dijo que con la Conavim se acordó actualizar los reglamentos de operación, los indicadores de cumplimiento, de tal forma que se garantice un impacto real en el combate a la violencia feminicida.
De igual forma, refirió que solicitará al gobierno estatal se concrete una reunión con los alcaldes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla, que a la fecha no han prestado interés en el problema. 

 

 

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