El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

La resolución judicial echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, deberá cumplir la sentencia emitida por un juez federal contra la omisión de concluir el concurso para ocupar 18 plazas de juez de primera instancia y dos plazas de juez menor, y las vacantes que surjan durante el concurso. Así lo aseguró el abogado Jorge Luis López Flores, quien señaló que el día 3 de abril del presente año, el juez noveno de distrito en el estado le concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Aseguró que la resolución echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, acción que fue denunciada por diversos grupos de abogados de Morelos, tras considerar que no sólo no fueron sometidos a un concurso de oposición, sino que los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.
El litigante señaló la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, la cual está conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces, que marca tres etapas, de las cuales sólo se realizaron dos de ellas, destacando que en mayo del año 2017, el Consejo de la Judicatura declaró desierta la primera convocatoria, debido a que el 99% de los aspirantes a juez no alcanzó la calificación mínima requerida de 8 en el examen de conocimientos; por lo tanto, estaban impedidos para pasar a las siguientes etapas del concurso de oposición. En esta fallida convocatoria, el TSJ asegura haber invertido 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

El abogado López Flores, candidato a juez, señaló que deberá analizarse si dichos nombramientos están en el marco legal, o si se infringieron las bases del concurso, al citar -como ejemplo- el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.
El proyecto de sentencia otorgado por el juez noveno de distrito en el estado ordena al Tribunal Superior de Justicia reponer el proceso de designación de jueces al que convocó el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por lo que dicha comisión deberá publicar la lista de los aspirantes que aprobaron la segunda etapa del concurso y que acceden a las etapas finales del mismo, lo que abonará en beneficio y credibilidad del tribunal de justicia, que está muy desgastada -dijo- por la mala gestión y contubernios de Cuevas López con el exgobernador Graco Ramirez.

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

El dirigente del Nuevo Grupo Sindical es investigado por el incumplimiento en la ejecución de obra pública, que recibió como pago por sus acciones para desestabilizar al ahora gobernador

Acusan a Amado Orihuela Trejo de intentar la desaparición del sindicato con la afiliación de tres mil trabajadores.

“La ley en la materia es muy clara, para formar un sindicato basta contar con la adhesión de 25 trabajadores, y, en el caso del sindicato de cortadores de caña del Ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, son casi 80 los que lo integran, por eso se entregó la toma de nota, sin embargo, intentan sembrar un padrón de tres mil cortadores más para buscar revocarlo”, indicó Isauro Molina Nava, asesor de esa organización sindical.

El líder sindical Fructuoso acosta Pérez dijo: “Estuvimos al tanto de una visita que hace unos días hizo Amado Orihuela Trejo, quien sigue manejando al sector cañero en la región sur, a la Secretaría del Trabajo, para buscar desactivar al sindicato”.

Agregó que “por lo que pudimos saber, presentó un padrón de tres mil cortadores de caña, mismo que sin aval nuestro fue agregado al expediente y ahora nos exigen que nosotros probemos que todos ellos forman parte de nuestra organización, lo cual es una chicanada”.

Destacó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), el sindicato de cortadores es legal, porque se cumplieron todos los requisitos de ley solicitados, “por lo tanto, no necesitamos validar a esos tres mil agremiados y se combatirá por la vía legal todo intento de sabotaje”, indicó.

Recordó que el movimiento surgió como instrumento de defensa por derechos pisoteados a los cortadores en prestaciones laborales como el aguinaldo, prima vacacional, derecho al seguro social y salario digno.

“Los compañeros viven en la miseria, la insalubridad, y estamos hablando de familias con hijos pequeños, que están hacinadas en galeras, que –además- no han sido reparadas después de los daños sufridos por el terremoto del 2017”, abundó.

“Son muchos años de explotación que representan demasiados millones de pesos en reparación de daños y a eso le tienen miedo”, consideró Acosta Pérez, “y el principal beneficiado de todas esas injusticias ha sido Orihuela Trejo; a ello debe su fortuna”.

“El gobierno actual no tiene por qué protegerlo. Sólo hay que recordar que en las elecciones a gobernador del año pasado, operó electoralmente a favor de Rodrigo Gayosso Cepeda -hijastro del exgobernador Graco Ramírez-, quien aspiraba al cargo”. Pero además, insistió, no hay ningún elemento legal para que se revoque la entrega de la toma de nota y ya la defensa jurídica trabaja para evitarlo, advirtió el líder sindical.

La directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la carpeta de investigación iniciada en contra del exgobernador Graco Ramírez, por la contratación de un crédito por 600 mil pesos de manera ilegal, fue judicializada por la Fiscalía Especializada en el Combate contra Hechos de Corrupción (FECHC). 
La funcionaria estatal explicó que el instituto ha aportado los elementos suficientes para que la denuncia promovida avance, por tratarse de un delito y aun cuando el exmandatario ha hecho puntualmente sus pagos ante el ICTSGEM. 
De acuerdo con la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, por tratarse de un funcionario de primer nivel, Graco Ramírez no podía acceder a dicho crédito que utilizó para la compra de una camioneta en septiembre pasado. 
“Fuimos notificados que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó la carpeta de investigación. Como instituto ya proporcionamos todos los elementos para que la autoridad determine responsabilidades”, agregó. 
De igual forma, confirmó que a la fechaseis ex secretarios de despacho, del gobierno que encabezó Garrido Abreu, no han pagado las viviendas que adquirieron del fraccionamiento "Las Ventanas", pese a que en abril vence el plazo para que puedan ponerse al corriente o se iniciará el proceso judicial de cobranza y el requerimiento del retiro de los bienes inmuebles. 
“Tenemos todavía retrasos, son seis créditos que presentan retraso importante, si no acuden a regularizarse, se concluye el plazo en abril y se iniciara un requerimiento de cobranza judicial o extrajudicial”, añadió. 

Noé Sandoval Morales, exfuncionario de Graco Ramírez, está detrás de amenazas: SMyT.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, descartó movilizaciones de transportistas para este martes, así como la suspensión del servicio público en las regiones oriente y sur del estado. Además, se pronunció a favor de la creación de una "ley general de movilidad, tránsito y transporte" que pueda aplicarse por el gobierno del estado para evitar dificultades que actualmente se enfrentan con los municipios. 
Ante la supuesta advertencia de líderes transportistas de las regiones sur y oriente del estado de llevar a cabo bloqueos en todo el estado para presionar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para la regularización de unidades del servicio público, el secretario Mercado Salgado sostuvo que dichas movilizaciones están descartadas. 
Por medio de un comunicado que emitió desde el domingo pasado, la SMyT señaló directamente a Noé Sandoval Morales, exdirector general de Transporte, durante el gobierno de Graco Ramírez, como principal responsable de las amenazas, ya que pretende la regularización de taxis y “rutas” que circulan en todo el estado a causa de permisos que de manera irregular el mismo exfuncionario otorgó. 
Por otro lado, el secretario de Movilidad dijo estar a favor de una nueva ley de movilidad, tránsito y transporte del estado. 
Tras haber participado en el Sexto Foro para una Ley General de Seguridad Vial, el funcionario estatal dijo que es necesario contar con una nueva ley que atienda los problemas del transporte, tránsito y movilidad en el estado, y que son los mismos que existen en todo el país. 
Al respecto, habló sobre algunos problemas que deben atenderse de manera urgente, desde lo nacional hasta lo local, como es el servicio público del transporte que se presta por medio de los mototaxis y el que se contrata por medio de aplicaciones tecnológicas. 
Mercado Salgado se pronunció a favor de avanzar en una agenda que garantice seguridad vial para los usuarios, sin embargo, por la existencia de diversas normas a nivel municipal y estatal resulta más complicado. 

El director de esa dependencia en Morelos, Jorge Toledo Bustamante, informó que hay un investigación en curso por el presunto desvío de más de un millón de pesos.

Detectan la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017.

Trabajan a marchas forzadas para no perder recursos del 2018, que deben aplicarse antes del 31 de este mes.

Autoridades de la actual administración estatal identificaron la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017, durante la gestión pasada, por lo que se preparan las denuncias correspondientes. Mientras tanto, trabajan a marchas forzadas para no perder recursos correspondientes al 2018.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, dijo que se logró recuperar el recurso del 2018, que deberá ser aplicado antes del 31 de este mes.

El funcionario estatal añadió que desconocen el paradero de los recursos de dos años anteriores, cuyo monto también se ignora con detalle, pues se lleva a cabo la recopilación documental. “Estamos detectando algunas obras del 2016 y 2017 que se cobraron al cien por ciento y no se ejecutaron; una vez que estén identificadas y recabada la documentación, vamos a presentar las denuncias correspondientes”.

Adelantó que corresponden a un fondo educativo federal relacionado con infraestructura educativa como aulas, techumbres, entre otros conceptos. Dijo no conocer con detalle el monto que debió ser invertido en este concepto y que no fue aplicado correctamente, pero en su momento se dará a conocer.

El secretario indicó que la actual administración consiguió a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social recuperar los fondos del 2018, por un total de 59 millones de pesos.

Por lo tanto, la Secretaría de Obras tiene que realizar alrededor de 50 obras a marchas forzadas, porque se tienen que concluir a más tardar el 31 de marzo de este año. La mayoría de las obras son salones, entre ellas 11 aulas en distintas escuelas de Cuernavaca.

Recordó que se trata de un fondo dedicado a bajar los índices de alta marginación en algunas comunidades.

“No confiamos en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos esperando que se judicialicen las carpetas y no han podido hacerlo, las 17 denuncias que presentamos desde el 12 de noviembre pasado”, expresó, al insistir en que hasta ahora no observan actuaciones efectivas por parte de dicha instancia en torno a las denuncias por anomalías en el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

Consideró que la Fiscalía Anticorrupción no tiene voluntad, por lo que llamó a que al menos en diez de esos casos se declaren incompetentes y las envíen a la Fiscalía General de la República.   

Se investiga la operación del Fondo "Unidos por Morelos".

La presidenta de la Comisión Especial de la Reconstrucción del Congreso del estado, Keila Figueroa Evaristo, lamentó que a la fecha no haya avances en las investigaciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez por el presunto desvío de recursos etiquetados para la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Tras la firma del convenio entre autoridades del gobierno estatal y federal para la instalación de la coordinación estatal del Programa Nacional de Reconstrucción, la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que es necesario que se castigue a los responsables de que la reconstrucción de los inmuebles siniestrados esté detenida, a casi dos años del terremoto.
Sin embargo, sostuvo que la comisión que preside ha dado seguimiento a las denuncias que se promovieron desde el año pasado por el mal uso de los recursos públicos a través del Fondo "Unidos por Morelos", a fin de que haya castigo para los exfuncionarios responsables.
De acuerdo con la diputada, se presentaron al menos tres denuncias por el mal uso del presupuesto para la reconstrucción, sustentadas en irregularidades como la existencia de tres mil expedientes de beneficiarios "fantasma".
"Ha sido buscar una aguja en un pajar, no tenemos un monto específico del recurso robado, pero hay avances considerables y yo espero que pronto haya resultados", añadió.