Detectan presuntas irregularidades en el manejo de recursos por cuando menos 300 millones de pesos de un supuesto fondo de pensiones.

Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

El exgobernador pagó con obras la complicidad del dirigente del Nuevo Grupo Sindical.

Bulmaro Hernández Juárez aprovechó con creces su amistad con el hijo del gobernador y ex presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso y con Ramírez Garrido Abreu, quien colocó a las huestes del Nuevo Grupo Sindical en las obras realizadas con recursos del estado y de la Federación, la mayor parte de las cuales fueron utilizados para sustraer de manera fraudulenta el presupuesto, como en el caso de la infuncional nueva sede del Congreso de Morelos, que fue asignada directamente a la empresa del sobrino del ex procurador general de la república, Murillo Karam,  “en la no menor suma de 378 millones de pesos”, señaló una de las personas implicadas en la operación.

Rodrigo Gayosso mantuvo mucha cercanía con Bulmaro Hernández, quien en el 2015, consolido su amistad al convertirse en el hombre más cercano de operadores políticos del ex líder del PRD estatal, lo que le permitió lograr la mayor cercanía con el ex secretario de Gobierno y ex candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillen, que pese al gasto exorbitante de recursos estatales no logro ganar la contienda electoral, pues fue barrido del escenario por el ídolo nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tres años después sepultó las aspiraciones completas de Gayosso y Hernández Juárez, a pesar de que este último fue el encargado de obstruir y bloquear la administración municipal del ex futbolista, bajo las órdenes de sus dos patrocinadores, el ex gobernador y su hijastro.

El líder del hoy agonizante NGS sumó su huella de corrupción en las grandes obras de infraestructura que anunciaba el anterior gobierno y que al final fueron un fiasco, ya que se pagaron y nunca se completaron o quedaron con graves defectos constructivos, pues en realidad solo se asignaron de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales o procedentes de créditos bancarios para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles a empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, que hizo normal entregar sumas de 400 millones de pesos, lo que tiene en graves problemas financieros a la entidad.

Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos del Fitur y del Fidecomp.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se revisará el destino que el gobierno que encabezó Graco Ramírez dio a los recursos financieros que pertenecían a los Fideicomisos para la Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) en el periodo de enero a septiembre del 2018.
Durante una reunión que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo con empresarios del estado, éstos le manifestaron su incertidumbre por los más de 150 millones de pesos que desaparecieron el año pasado, cuando la LIII Legislatura determinó desactivar los fideicomisos antes mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana presentará ante la Secretaría de Hacienda del estado un informe sobre los fondos de los fideicomisos y en qué se usaron, pues se trata de recursos que se obtuvieron del pago que realizan los empresarios de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje. 
Dentro de la solicitud, la legisladora dijo que también pedirá un informe a Hacienda del monto recaudado en lo que va de este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solicitarle información al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que informe cuánto se recaudó, cuánto se está recaudando en este primer bimestre, no solamente de las aportaciones de la parte empresarial, sino también nómina, de balnearios y hoteles... Queremos saber cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado. Creemos importante esta información y que se conozca en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado e informar a los grupos empresariales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con empresarios continuarán, a fin de trabajar en reformas de ley que requiera la iniciativa privada. Es que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, empresarios de la industria textil manifestaron su inquietud por la falta de apoyos financieros. 

Presumen que los recursos no fueron destinados a la FGE.

El gobierno estatal investiga en qué se aplicaron cerca de 80 millones de pesos que desaparecieron cuando la LIII Legislatura desactivó el Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), pues se presume que fueron desviados por la administración que encabezó Graco Ramírez. 

Luego que el Fidecomp fue reactivado, el director de dicho fideicomiso, Juan Diego Pons Díaz de León, informó que a petición de los empresarios del estado se inició dicha investigación, ante la presunción de que los fondos no se aplicaron para la Fiscalía General del Estado, como se dispuso en el decreto de reforma a la Ley General de Hacienda que aprobaron los integrantes de la LIII Legislatura en julio del año pasado. 

De acuerdo con Pons Díaz de León, los representantes de la iniciativa privada solicitaron dicha revisión, pues se trata de recursos que pagaron a través de la contribución que hacen a Hacienda del gobierno estatal del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). 

Refirió que el tema será revisado en la próxima reunión del Fidecomp, ya que lo que se ha solicitado al gobierno estatal es que se aclare sobre el ejercicio de los recursos financieros que suman aproximadamente 80 millones de pesos. 

"Se dejaron de apoyar a bastantes programas, por ejemplo, se puso en jaque a lo que es el Fifodepi, que es el fondo de los empresarios, el de jóvenes emprendedores, el de Orgullo Morelos, todos esos estaban tambaleando", explicó el director del Fidecomp. 

Con respecto del presupuesto que ejercerá este año el Fidecomp para el apoyo a nuevos empresarios y a quienes están establecidos, será de aproximadamente 150 millones de pesos. 

El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

La resolución judicial echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, deberá cumplir la sentencia emitida por un juez federal contra la omisión de concluir el concurso para ocupar 18 plazas de juez de primera instancia y dos plazas de juez menor, y las vacantes que surjan durante el concurso. Así lo aseguró el abogado Jorge Luis López Flores, quien señaló que el día 3 de abril del presente año, el juez noveno de distrito en el estado le concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Aseguró que la resolución echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, acción que fue denunciada por diversos grupos de abogados de Morelos, tras considerar que no sólo no fueron sometidos a un concurso de oposición, sino que los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.
El litigante señaló la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, la cual está conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces, que marca tres etapas, de las cuales sólo se realizaron dos de ellas, destacando que en mayo del año 2017, el Consejo de la Judicatura declaró desierta la primera convocatoria, debido a que el 99% de los aspirantes a juez no alcanzó la calificación mínima requerida de 8 en el examen de conocimientos; por lo tanto, estaban impedidos para pasar a las siguientes etapas del concurso de oposición. En esta fallida convocatoria, el TSJ asegura haber invertido 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

El abogado López Flores, candidato a juez, señaló que deberá analizarse si dichos nombramientos están en el marco legal, o si se infringieron las bases del concurso, al citar -como ejemplo- el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.
El proyecto de sentencia otorgado por el juez noveno de distrito en el estado ordena al Tribunal Superior de Justicia reponer el proceso de designación de jueces al que convocó el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por lo que dicha comisión deberá publicar la lista de los aspirantes que aprobaron la segunda etapa del concurso y que acceden a las etapas finales del mismo, lo que abonará en beneficio y credibilidad del tribunal de justicia, que está muy desgastada -dijo- por la mala gestión y contubernios de Cuevas López con el exgobernador Graco Ramirez.

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

El dirigente del Nuevo Grupo Sindical es investigado por el incumplimiento en la ejecución de obra pública, que recibió como pago por sus acciones para desestabilizar al ahora gobernador