Cuestiona la conducta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La administración de Graco Ramírez dejó en libertad, en tan sólo nueve meses, a mil 20 personas que estaban recluidas en cárceles, denunció el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien manifestó que esa decisión tuvo como fin desestabilizar a su gobierno y sería un factor en la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Este lunes el mandatario reanudó su gira de agradecimiento y de trabajo por el estado, con visitas a los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec, donde dio especial énfasis al compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos y los diferentes niveles en el rubro de seguridad.

En entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que descubrieron que de enero a septiembre fueron liberados mil 20 internos de diferentes cárceles, lo cual no tiene precedente en Morelos ni en otra entidad.

Expuso que para la actual administración, esa decisión tiene relación con la inseguridad que se enfrenta hoy cada día en el estado. Dijo que se analizará cada expediente y, de identificar que hay irregularidades, buscarán echar atrás la preliberación o excarcelación de esas personas, porque entre ellas “hay algunos criminales… Vamos a investigar a fondo porque no se vale, si fueron jueces o magistrados vamos a actuar porque no se vale. Morelos necesita tranquilidad, paz, seguridad”.

Cuestionado sobre el papel de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas, dijo que se debe hacer una investigación a fondo. "Sé que es muy allegada al exgobernador, pues fue quien me inició el juicio político cuando estaba el anterior gobernador y primero Dios que se ponga a trabajar por Morelos. Como te digo, vamos a investigar y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias".

Blanco Bravo hizo notar que se cuenta con el apoyo de la zona militar y de la Policía Federal y se trabaja en una estrategia. Recordó que Morelos no cuenta con suficientes policías y ya se trabaja en contrataciones, pero explicó que por esa misma situación no ha sido posible dejar a los municipios solos y echar atrás el Mando Único, pues no hay suficientes recursos humanos.

Insistió en que se han hecho esfuerzos importantes para atraer el turismo y reactivar la economía, pero para atraer inversiones y a los visitantes se necesita atender el tema de la seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se deberá revisar expediente por expediente de cada una de las personas que fueron sacadas de la cárcel en tan poco tiempo. Explicó que este dato se obtuvo de un análisis que hizo la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Es una situación que tenemos que analizar junto con el Poder Judicial para determinar si esta gente cumplió con sus condenas o por qué las dejaron en libertad. Creo que es parte de una situación para desestabilizar el estado cuando entrara el gobernador Cuauhtémoc. Por si fuera poco, la situación financiera que nos dejaron, nos dejan un clima de inseguridad total en el estado; además, el archivo del gobierno del estado nos lo dejaron todo tirado, prácticamente no existe”, externó.

Informó que se va a estudiar a fondo por qué delito habían sido encarceladas, si forman o formaban parte de grupos delictivos, y si cumplieron con la norma de reinserción social.

Dejó en claro que no se puede “poner a la gente en la calle sin haber trabajado y cumplido con la reinserción con la sociedad y se les debería dar seguimiento, porque si se puso a esta gente libre antes de lo debido, vamos a buscar que se rindan cuentas claras… Llama mucho la atención que haya sido justo nueve meses antes de que acabara el gobierno y que sean tantas personas”.

Apuntó que resulta sospechoso este acto porque han recibido cartas y peticiones de madres y familiares de algunos presos que piden libertad anticipada por delitos menores y no se les otorgó en su momento.

Sanz Rivera también aseguró que desde la noche de ayer se reuniría con integrantes del gabinete de seguridad, con mandos del Ejército y de la Policía Federal para tomar decisiones y plantear una reacción inmediata ante la violencia que se ha observado recientemente.

"No me va a temblar la mano", indicó el gobernador, al anunciar que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del exgobernador Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el gobernador estuvo acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.

En amañada licitación, fueron favorecidas empresas foráneas con malos antecedentes

En cambio, las locales fueron eliminadas por no tener un buzón de quejas o escribir con abreviaturas.

A finales del sexenio anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte repartió más de cinco mil permisos con fines electorales, afirma el líder de taxistas.

La venta indiscriminada de permisos durante el sexenio agudizó la sobresaturación del servicio y el pirataje, señala.

“Los niveles de corrupción con los que se manejaron extitulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el sexenio anterior hacen que todavía en la mayoría de los rincones de esa dependencia apeste”, señaló Víctor Mata Alarcón, miembro de la Coalición de Representantes de Transportistas de Morelos.

Para comenzar, abundó, son más de cinco mil los permisos o supuestas concesiones que a finales del sexenio se comprometieron con algunas agrupaciones, a fin de sacar ventajas electorales, pero que jamás fueron regularizados y se dejaron como herencia.

Al respecto, aclaró: “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en el sentido de que la SMyT intensifique los operativos para ubicar a todas esas unidades irregulares y, conforme a los antecedentes, sacarlas de circulación o llegar a alguna definición, pero a decir verdad, ya se le tiene que dar vuelta a esa hoja”.

Reconoció que esos autos suelen ser utilizados por maleantes para delinquir y dijo que “pudimos darnos cuenta con un supuesto taxi en el que viajaban ladrones que despojaron a unas mujeres de sus bolsos por el rumbo de Acatlipa, en Temixco, y, como ese, se han dado un sinnúmero de casos”.

“Insistimos, hay muchos olores nauseabundos en torno a la dependencia y esperamos que el secretario en turno, Víctor Mercado Salgado, quien tiene mucha experiencia en el ramo, logre desarrollar un trabajo distinto y así regresarle la legalidad al sistema estatal del transporte en todo el estado, porque la anarquía alcanza todos los rumbos de la entidad”.

Mata Alarcón agregó que en el servicio de transporte sin itinerario fijo hay una sobreoferta, consecuencia de la venta indiscriminada de concesiones y del uso faccioso de facultades para hacer negocio por parte de quienes han pasado por la secretaría en referencia.

Desde la administración de Antonio Riva Palacio, destacó, se hizo del tema un negocio, “pero con el exgobernador Graco Ramírez esto llegó a su máxima perversión, porque fue literalmente, no la caja chica, sino la caja grande, desde donde se obtuvo mucho dinero, sobre todo para asuntos político-electorales, aunque al final miles de interesados fueron engañados porque las promesas no se cumplieron”.

Pero consideró que se trata de decisiones institucionales, no personales, por eso se deberán aplicar las acciones que correspondan para poder combatir los vicios e irregularidades que son causa de conflicto al interior de las organizaciones del ramo.

La presidenta del Congreso dice que es complicado verificar los expedientes.

El Congreso del estado aún no tiene avances de la investigación que inició para anular las "pensiones doradas" aprobadas a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y que autorizaron los exdiputados de la LIII Legislatura, afirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mientras los ex funcionarios beneficiados intentan ampararse ante la justicia para no perder sus pensiones onerosas, cuya legalidad ha sido cuestionada por presuntamente haber entregar documentos falsos para cumplir con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que se solicitó apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para revisar los expedientes.

Afirmó que el caso no se ha olvidado por parte de la LIV Legislatura pero sostuvo que la revisión de cerca de 10 expedientes que se encuentran dentro de la investigación es complicada. 

"Estamos trabajando para dar una solución rápida y general sobre el tema de las jubilaciones... no es fácil, checas expedientes, checas constancias, tienes que ir a los municipios, no es fácil", reiteró.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) manifestó que el amparo que promovió el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna contra actos del Congreso del estado no afectará en las investigaciones que inició el Poder Legislativo con apoyo del gobierno estatal.

Rodríguez Ruiz garantizó que ningún ex funcionario de la administración de Graco Ramírez ha cobrado su "Pensión dorada", pues se encuentran congeladas en tanto concluye la citada investigación.

Además del ex secretario de Finanzas, otros funcionarios que se beneficiaron con su pensión son:  Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; y Stephanie Guzón André. 

Evitaría el paso por Cuernavaca; la SCT se encargará de retirar las barreras del Paso Exprés.

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del gobierno del estado acordaron que el próximo lunes estará listo el dictamen técnico del proyecto que contempla el retiro de las barreras en el llamado "paso exprés". Además, se busca reactivar el plan de construcción del libramiento norponiente.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdés, quien apuntó que en la reciente reunión con funcionarios de la SCT también se abordó el tema de transferencia de operación del tramo ya citado a la entidad.

Al respecto, apuntó que durante el encuentro celebrado el pasado martes, las autoridades también se comprometieron a que será la propia SCT la que retire los llamados muros laterales en carriles confinados y en las zonas donde se proyecta abrir vías de incorporación, tal y como lo contempla el plan estatal.

El secretario de Obras Públicas indicó que para el retiro de vallas no hay fecha de inicio porque se tiene que cubrir el requisito del estudio técnico, pero comentó que ya es prácticamente un hecho.

Reiteró que cuando se logre la transferencia de ese tramo al gobierno del estado por parte de Caminos y Puentes Federales y por Banobras, se trabajará en el plan de creación de un bulevar. Dijo que en esa reunión se enteró de que el objetivo del gobierno pasado de construir las barreras era poner en marcha un proyecto de interés económico relacionado con transporte, y no agilizar la circulación como se dijo en su momento.

Giménez Valdés anotó que de igual manera, se dialogó sobre la reactivación del libramiento norponiente, "que fue enlatado por un capricho del ex gobernador Graco Ramírez".

Mencionó que se trata de una mega obra de 42 kilómetros de longitud y que tiene como fin desahogar el tránsito de largo itinerario que viene desde la Ciudad de México y que va hacia Guerrero y al sur de Morelos, sin tener que pasar por Cuernavaca.

Apuntó que ese proyecto ya está terminado, tiene el cien por ciento de realización del proyecto y el 80% de liberación de los derechos de vía.

El libramiento podría estar sujeto a concesión por el monto elevado de inversión; además, destacó que ese libramiento podría ser un ramal hacia el aeropuerto Mariano Matamoros que se ha convertido en una alternativa real al de la Ciudad de México y al de Toluca.

Comentó que el costo de una vía de comunicación de cuatro carriles como la que se proyectó es de alrededor de 100 millones de pesos por kilómetro, es decir que el monto aproximado sería de 4 mil 300 millones de pesos e incluye dos obras importantes que son túneles, en el área cercana al campus Chamilpa de la universidad del estado para no impactar la zona estatal ambiental que tiene bosque.

En la zona de Cuentepec, Tetlama hacia Xochicalco, el derecho de vía ya está liberado.

“Es una obra que va a detonar la economía, va a generar empleos directos e indirectos y a futuro va a generar acceso rápido al aeropuerto, a la autopista del Sol y destinos como Xochicalco”, expresó al apuntar que el libramiento –en el proyecto-, comienza en el poblado de Chamilpa a la altura de la universidad, antes de la curva donde existen anuncios espectaculares; pasa por Santa María, por Tetela del Monte, Tetlama, Cuentepec y Xochicalco hasta el aeropuerto.

Afirmó que el proyecto estaba en cartera desde hace diez años y el objetivo es reactivarlo y concretarlo, con la idea de lanzarlo inicialmente en el año 2019.

El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

El exgobernador y su comisionado de seguridad afirmaban que eran miles los uniformados en funciones; investiga la CES la existencia de cada elemento reportado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, informó que se lleva a cabo un proceso de cotejo de la nómina para identificar a cada elemento, puesto que el número de policías en realidad es mucho menor al que reportó el gobierno anterior.
Mencionó que el “estado de fuerza” (la totalidad de los elementos) que se tiene actualmente es de alrededor de mil 600 efectivos y no los más de cinco mil que en su momento declararon el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y las autoridades de seguridad pasadas.
Explicó que se ha mandado llamar a los policías de cada municipio desde esta semana, para que cada uno de ellos se identifique con su credencial de elector; de hecho, los uniformados de Zacatepec fueron convocados en las instalaciones del Centro de Control conocido como C5 desde ayer martes.

El comisionado indicó que la cifra que reportó la pasada gestión es falsa y consideró que quizá se incluyó a personal de urgencias médicas, de tránsito, de protección civil y otras áreas, pero el estado de fuerza es de apenas mil 600 efectivos.

Anunció que abrirán un proceso de contratación de policías; por el momento se tienen 60 espacios para la Policía del estado y 80 para la bancaria.

Adelantó que para mediados de noviembre se espera la llegada de integrantes de las fuerzas federales, aunque no precisó la cantidad, y se analiza bajo qué esquema estarán apoyando los trabajos de seguridad.

Recordó que desde el primer día de la administración se cuenta con la coordinación y apoyo del gobierno federal.

De igual manera Ortiz Guarneros informó en entrevista en el palacio de gobierno ayer martes, que se pondrá en práctica una estrategia de rotación de mandos en todos los municipios.

Además, se redistribuirá a los policías para cubrir las zonas donde había menor presencia, como en el caso del municipio de Huitzilac.

El comisionado rechazó que se trate de un pretexto, puesto que han comenzado a dar algunos resultados y el propósito es revisar detalladamente las condiciones en las que se encuentra la entidad, para diseñar y poner en práctica las estrategias que el estado requiere en este rubro.

No es posible que Morelos tenga problemas tan grandes, afirma.

Cuautla.- Luego de precisar que el gobierno anterior que encabezó Graco Ramírez dejó varias lagunas en todos los sectores de la población, Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, señaló que hablar del mal trabajo de la anterior administración no tiene mucho caso, pero sí lo tiene observar los errores cometidos para buscar la manera de salir adelante en beneficio de los morelenses. 
Además refirió que es fundamental cambiar las mentalidades a través del trabajo y acciones que se comienzan a implementar desde la actual administración, pues señaló que "no es posible que Morelos siendo un estado tan pequeño, tenga problemas tan grandes", por lo que subrayó que se estará trabajando en todos los ámbitos para mejorar los servicios y condiciones de vida de los morelenses. 
Asimismo, dijo que visitará cada uno de los municipios con el propósito de conocer las necesidades de los morelenses a fin de comunicárselas al gobernador, para que de manera inmediata sean atendidas.

Señaló que el respeto e inclusión de toda la ciudadanía es fundamental, por lo que el fomento de los valores es uno de los principales ejes rectores de este nuevo gobierno.
Finalmente, dijo que en torno al posible paso de la caravana de migrantes centroamericanos por el estado de Morelos, se están analizando las posibilidades de apoyarlos durante su trayecto hacia la frontera norte del país.

La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.

Desde agosto no aportó la parte que le correspondía al estado en programas bipartitas para el desarrollo de proyectos.

Ante el riesgo de que se perdieran fondos federales porque la administración pasada no aportó la parte que le correspondía, la actual administración decidió destinar alrededor de diez millones de pesos para el campo, con lo que se recuperarán más de 40 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Guillermo López Ruvalcaba, comentó que hasta ahora muchos de los programas para este sector operan de manera bipartita, pero el exgobernador no entregó los recursos que le correspondían en varios de ellos y se perderían si no son rescatados en este mismo mes.

Explicó que en este momento se busca recuperar los recursos de Apoyos para Concurrencia, que son usados para apoyar proyectos tales como construcciones de pequeños invernaderos, para infraestructura en ganadería, mejoramiento de establos, apoyar a viveristas con equipamiento como bombeo, entre otros.

“De hecho, Graco Ramírez anunció en agosto pasado que se retiraba y retiraba los recursos. Nosotros, por instrucción del gobernador, Cuauhtémoc (Blanco), estamos haciendo todo lo necesario para rescatar ese recurso disponible”, expresó al destacar que el Ejecutivo local actual decidió destinar los diez millones de pesos que se requieren para obtener aproximadamente 43 millones de pesos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Dijo que hay cerca de dos mil solicitudes de diversos productores –tanto ganaderos, como viveristas, agricultores de aguacate, entre otros– que se van a revisar en estos meses, una vez que se logre desahogar el proceso administrativo.

Explicó que el dinero entraría en un fideicomiso entre enero y marzo y se tiene que recuperar en este mes, aunque sería factible ejecutarlos y justificar su aplicación ante la Federación en los primeros meses de 2019.