El gobierno estatal iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada.

El gobierno estatal actual iniciará más denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada. Ahora se trata de recursos que estaban destinados al Morebús, por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que sigue la conformación de expedientes y se estructuran las denuncias, que serán formuladas ante las instancias competentes hoy y en los próximos días.

Apuntó que entre ellas se encuentran algunas derivadas de la revisión que ha hecho la Secretaría de Movilidad y Transportes, “en algunos temas relacionados con el otorgamiento de algunas concesiones” de forma irregular.

Otra de éstas está vinculada al proyecto Morebús, cuyo programa quedó a medias, “porque se invirtieron algunas cantidades de dinero y por motivo del sismo se tuvo que suspender ese proyecto, pero se está revisando porque se advierten algunas anomalías con relación a la aplicación de recursos”. Justamente, el proceso legal tendría como fin establecer a qué se destinaron algunos de esos fondos por alrededor de 20 millones de pesos.

Explicó que algunas de las denuncias se entregaron ante la Secretaría de la Contraloría, pero eso no implica que no se continuará el procedimiento por la vía de la fiscalía anticorrupción y, en un momento dado, se podría convertir en asunto penal. Entre ellas, las que inició el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado por la asignación de un crédito para la compra de un vehículo por 600 mil pesos, al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Se ha trabajado en los dos aspectos, administrativo y en el área penal; hay dos denuncias, una en la contraloría y otra en la fiscalía”, expresó al exponer que la instrucción del gobernador es que se aplique la ley.

Por otra parte, el consejero dijo que no han sido notificados de la decisión del Congreso local respecto a la solicitud que entregó el Poder Ejecutivo para la remoción de los fiscales anticorrupción y general del estado. Comentó que hasta donde se ha enterado, los legisladores han expuesto que hay una suspensión de un juzgado federal que les impide sesionar para deliberar sobre el asunto.

“Pero eso está en manos del Congreso del estado. El gobernador cumplió con su responsabilidad de proceder, al tener conocimiento de una conducta grave, tal y como lo señala la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y haber designado a funcionarios que no cumplían con los requisitos para ocupar un  cargo de esa naturaleza por no contar con los exámenes de control y confianza”, argumentó, al insistir en que esperarán a conocer la respuesta del Legislativo para definir lo conducente.

 

 

 

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El Instituto de Crédito inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos a exfuncionarios, entre ellos el exgobernador.

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos para exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien le asignaron 600 mil pesos para la compra de una camioneta de lujo.

Como se había adelantado, la titular del organismo, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, confirmó ayer miércoles el inicio formal del proceso legal administrativo contra quienes resulten responsables de las anomalías detectadas y que, en su momento, se hicieron de dominio público.

La funcionaria detalló que la primera fue presentada ante la Secretaría de la Contraloría, “derivado de las irregularidades detectadas en el otorgamiento del denominado ‘Crédito 02’ para la adquisición de vehículo del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu”.

Apuntó que el 21 de septiembre pasado, a unos cuantos días que terminara la administración pasada, “se autorizó un crédito al entonces gobernador Graco Ramírez para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado”.

La denuncia incluye a varios ex servidores públicos y contra quien resulte responsable una vez que se deslinden responsabilidades, porque a decir de la funcionaria estatal, “quien se desempeñaba como secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, autorizó el préstamo y firmó como aval para el otorgamiento del crédito en mención, contrario a las disposiciones que rigen al organismo”.

Dicha acción podría configurarse como una falta a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, añadió.
De acuerdo con la versión oficial, se inicia un proceso administrativo ante la Contraloría, institución que deberá analizar el caso y, de encontrar que hubo otro tipo de responsabilidades, deberá dar parte a las instancias legales, que podrían ser en un momento dado de tipo penal, como detrimento patrimonial de la institución pública, por ejemplo.

 

 

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Se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó; también hay procesos por irregularidades en el Instituto de Crédito y en la Sedagro.

La actual administración detectó que en el gobierno pasado se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó, por lo que iniciará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al tratarse de fondos federales. Por otra parte, iniciarán los procesos correspondientes por anomalías en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que suman alrededor de 30 las denuncias que ya fueron iniciadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y hay varios expedientes en proceso de integración, además de la denuncia que se presentará ante la PGR.

En entrevista, la mañana de ayer miércoles, informó que ayer mismo se iniciarían entre tres y cuatro por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, por disposiciones indebidas de recursos económicos. Cuestionado al respecto, no descartó que entre ellas se encuentre la que corresponde al préstamo que se le otorgó al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a unos cuantos días de su salida. “No puedo dar nombres ni detalles… sí podría ser”, respondió ante la pregunta expresa.

El funcionario habló también sobre la postura del fiscal anticorrupción, quien sostiene que no ha emprendido acciones porque el actual gobierno no le ha aportado pruebas de los supuestos delitos cometidos por funcionarios de la administración graquista.

“Todo lleva su proceso, hay alguna diferencia en puntos de vista con el fiscal, pero creo que debe quedar claro que la investigación y persecución de los delitos corre a cargo de la institución del ministerio público y no de los particulares”, expresó, al exponer que el gobierno del estado pidió constituirse como coadyuvante y poder robustecer la investigación con algunos elementos, pero insistió en que todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía y habrá de esperar si decide la judicialización de las carpetas.

Reiteró que será la Fiscalía la que determine el monto del daño patrimonial, en caso de que lo hubiera.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Ortiz Guarneros, informó que se detectó que se erogaron 27 millones de pesos para la capacitación de 400 elementos policíacos, pero que no se realizó. Los recursos que se destinaron para esa supuesta capacitación corresponden a fondos federales y, por ende, la denuncia será presentada ante la PGR.

 

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El avance de la reconstrucción en Morelos es mínimo, establecen diputados.

Los diputados locales acordaron solicitar información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de los resultados de las revisiones aplicadas a los ejercicios fiscales del 2017 y 2018 sobre los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) destinados al gobierno de Morelos para la reconstrucción del estado, a causa del sismo del 19 de septiembre del año pasado. 
En sesión ordinaria, los legisladores locales señalaron que la información que se requerirá a la ASF es para conocer las irregularidades detectadas en la aplicación de las auditorías a los recursos asignados al gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, ya que el avance en reconstrucción es mínimo.
De acuerdo a la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, la Federación asignó para Morelos del Fonden más de cinco mil millones de pesos, recursos que a la fecha se desconoce en qué se aplicaron. 
"A más de un año del sismo no es posible identificar el panorama de la reconstrucción en Morelos con la información publicada", explicó la diputada, al referirse también al fondo "Unidos por Morelos".
Figuera Evaristo señaló que es importante que se conozcan los resultados de las auditorías aplicadas para sustentar la investigación que lleva a cabo la Comisión Especial para la Reconstrucción del Estado, creada por la LIV Legislatura, e iniciar de manera inmediata un proceso en contra de las exautoridades responsables de que afectados por el sismo del 2017 hayan sido presuntamente defraudados.
De igual forma, la legisladora de Morena dijo que se investiga qué hizo el gobierno de Graco Ramírez con los apoyos destinados en despensas, cobertores y, en general, la ayuda que llegó a Morelos tras los daños que causó el terremoto del 19 de septiembre.

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Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.  

 

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Los funcionarios de la administración que encabezó Graco Ramírez desaparecieron todos los expedientes y borraron la información del sistema de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Así lo informó el secretario Víctor mercado salgado, quien anunció que la dependencia volverá a utilizar las instalaciones de la antigua Base Zapata, para dar servicio al público.
El funcionario dijo que allí se abrirá una dirección de placas, donde anteriormente se encontraban las oficinas de la Dirección General de Transportes.
El funcionario realizó un recorrido por las viejas oficinas que se encuentran totalmente desmanteladas, ya que días antes de que concluyera la administración de Graco Ramírez, los ex funcionarios se llevaron equipo de cómputo, muebles y hasta ventanas y tazas de baño.
El secretario de Movilidad y Transporte reveló la pérdida de documentación y de placas, a causa del desorden que se dejó en dichas instalaciones.
La jefa del archivo, Patricia Yáñez Santiago, mostró el desorden en las oficinas y cómo dejaron expuestos paneles y placas a las que pudieran dar un mal uso.
Ante dichas irregularidades, Mercado Salgado informó que procederá legalmente en contra de los ex funcionarios responsables.

Por otro lado, dijo que a partir de febrero del 2019, cerca de 700 mil automovilistas de Morelos estarán obligados a renovar las placas de sus vehículos, en un trámite cuyo costo no rebasará los mil pesos.

De acuerdo al funcionario estatal, el padrón de vehículos es de 700 mil en todo el estado y el 20 por ciento es de la Ciudad de México.

 

 

 

 

 

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Renuncia fiscal especializado en delitos electorales.

El Congreso del estado iniciaría juicio político al exgobernador Graco Ramírez por encubrimiento y omisión, al haber permitido que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fuera designado y permaneciera en el cargo, a pesar de no haber cumplido con los requisitos de ley.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el diputado José Casas González, expuso que tienen elementos suficientes para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del exmandatario e, incluso, en contra de exlegisladores de la LIII Legislatura.
"El hecho de que Graco Ramírez haya nombrado a un fiscal sin tener esos requisitos también lo hace omiso y lo hace candidato a un juicio político a él, los legisladores que aprobaron esos nombramientos, y el mismo fiscal, y de ahí se desprende que el fiscal anticorrupción y electoral están en la misma hipótesis", manifestó el diputado.
Refirió que –además- el Congreso del estado solicitó el apoyo del gobierno federal y el Congreso de la Unión para hacerse de elementos para proceder en contra del exmandatario por otras causales.
Confirmó que la solicitud de juicio político que presentaron ciudadanos encabezados por el abogado Enrique Paredes Sotelo, se desechó por falta de elementos que no sustentaron los mismos promoventes.

 

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales

Por supuestos motivos personales, Jesús Meza Tello presentó al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos.

El documento, con fecha 6 de diciembre del año en curso, fue presentado no sólo ante la Fiscalía General del Estado, sino que fue entregada una copia a diversos diputados de la LIV Legislatura, en el que el abogado anunció su “renuncia irrevocable”.

El ahora exfuncionario sólo acotó que, por convenir así a sus intereses personales y profesionales, tomó la decisión de dimitir al cargo.

El 24 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado creó de manera permanente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de investigar y perseguir los ilícitos en esta materia, independientemente de que sea o no época de comicios. Dos días después, Meza Tello fue designado el primer titular de esta fiscalía. 

 

 

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Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

 

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

 

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El titular de la Comisión Estatal de Seguridad hace un recuento de los daños recibidos del gobierno graquista y la necesidad de incrementar el presupuesto para superarlos.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, justificó la propuesta de incremento presupuestal a la CES por más de dos mil millones de pesos para el próximo año, ante la necesidad de renovar patrullas, contratar más personal, adquirir equipo para labores de inteligencia y enfrentar los adeudos y pasivos heredados por la anterior administración.

Indicó que la CES tuvo este año un presupuesto aproximado de 700 millones de pesos, y la propuesta es que la entidad aporte la misma cantidad para el 2019 pero sólo para solventar el gasto corriente y el resto sea aportado por la Federación.

“Nosotros tenemos asignado poco más de 700 millones de pesos para gasto corriente de la Comisión Estatal de Seguridad, sin embargo, en el estudio que hemos elevado y que hemos propuesto de un incremento, es para fortalecer el C-5, mejorar las patrullas y dar de baja las que tienen más de 500 mil kilómetros y que ya no es costeable su reparación”.

“Pero además de eso, lo que es la inteligencia, (comprar) equipos de inteligencia, contratación de personal para reforzar el órgano que tenemos de control y confianza. Reforzar a los que se dedican a la prevención del delito, tenemos únicamente nueve gentes que andan por todo el estado”.

“Entonces, necesitamos más vehículos, más personal y todo eso ya se planteó. Está ahorita en manos de la autoridad correspondiente, lo que es elevarle la petición a la Federación, porque el estado nos va a dar nada más gasto corriente, que son poco más de 700 millones de pesos”, explicó.

Precisó que la meta para el próximo año es lograr la instalación y funcionamiento de dos mil cámaras de videovigilancia, ya que de las mil 700 que dijo la administración anterior que se tenían, únicamente hay mil dos, y de éstas, sólo 948 están en funcionamiento, porque el resto están en reparación o inservibles.

De las 457 patrullas de la CES, por lo menos el 50% amerita reparación y hasta reemplazo, pero mientras, las unidades son sometidas a revisión mecánica para determinar cuáles son susceptibles de arreglo y cuántas deben ser sustituidas por nuevas.

A esto se suman, comentó Ortiz Guarneros, los pasivos y adeudos que dejó su antecesor Alberto Capella Ibarra, por más de 60 millones de pesos.

De acuerdo con el comisionado, la CES adeuda aproximadamente 50 millones de pesos a la empresa que suministra el servicio de señal y datos a las cámaras de videovigilancia; debe más de 10 millones de pesos a policías estatales por concepto de vacaciones no tomadas y otros cinco millones por el mismo concepto a elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIBA).

Adicionalmente, la empresa proveedora de las torres móviles, conocidas como “nido de águila”, reclamó recientemente a la CES un adeudo de entre tres millones y cinco millones de pesos, pese a que no se concluyó la entrega de los aparatos.

Sin embargo, dijo, que se llegó a un acuerdo de cubrir la cantidad pendiente a cambio de entregar las torres armadas y en funcionamiento, pero insistió en que para enfrentar todos estos gastos es necesario triplicar el presupuesto de la CES.

Adelantó que en breve, la CES también promoverá sendas denuncias por las irregularidades administrativas heredadas por la anterior administración, pues se desconoce por qué quedaron pendientes tantos adeudos y si hubo presupuesto para cubrirlos. 

 

 

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Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

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