Miércoles, 12 Junio 2019 05:00

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

 

 

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Un trabajo de coordinación es el que estableció el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), al sostener una reunión de acercamiento con la titular del organismo, Mireya Arteaga Dirzo.
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, expresó que existe el firme compromiso de cumplir con lo que marca el quinto eje rector del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno estatal, que es el de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el cual se busca tener una relación estrecha con la sociedad.
En la reunión, donde estuvieron los secretarios de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, y de Contraloría, César Santana Nava, Arteaga Dirzo destacó la apertura del gobierno del estado para realizar dicho encuentro, el cual es un punto de partida de lo que será el cumplimiento cotidiano del Poder Ejecutivo en temas de transparencia y garantiza el derecho de acceso a la información.

 

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Viernes, 24 Mayo 2019 05:14

No avanza Congreso en temas pendientes

Para la designación de ombudsman cada grupo parlamentario tiene su candidato; no hay consensos.

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Anularon los nombramientos que hizo la anterior legislatura, pero quieren que se ocupen ambos espacios.

La diputada Rosalina Mazari dice que no es necesario que haya cinco comisionados en dicho órgano.

El Congreso del estado emitirá una convocatoria para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), espacios que creó la LIII Legislatura -a unos días de concluir- para colocar a sus familiares en puestos públicos, así lo confirmó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza. 
Los diputados que integran la LIV Legislatura anularon el pasado 13 de septiembre los nombramientos de Roberto Yáñez Vázquez, padre del exdiputado del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, y de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien fue asesor del legislador expriista Mario Chávez Ortega, en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, dejaron vigente la reforma constitucional que permitió incrementar de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE. 
A pesar de que los comisionados designados por la pasada Legislatura se ampararon en busca de su restitución en el cargo, la legisladora Erika García confirmó que se busca ocupar dichos espacios y próximamente se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes, con previa autorización de la Junta Política y de Gobierno. 
Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín consideró que se debe analizar a fondo dicha determinación, toda vez que contar con cinco comisionados en lugar de tres en el IMIPE sólo significará una carga más para el erario público. 
Señaló que lo correcto sería abrogar la reforma constitucional y dejar la estructura del órgano de transparencia como hasta antes de agosto del 2018.

 

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En materia de transparencia y rendición de cuentas.

Jojutla.- Con el objetivo de cumplir con el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, por petición del presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, funcionarios del Ayuntamiento recibieron un curso de capacitación sobre “Las obligaciones de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia y el uso del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

La capacitación fue impartida por Regino García Lozano, de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Durante el curso se dieron a conocer los nuevos lineamientos técnicos generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, así como las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.

Al respecto, Antonio Iturbide Salgado, Responsable de la Unidad de Transparencia en el municipio, comentó que por instrucción del alcalde Juan Ángel Flores, se pretende fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a través del conocimiento y aplicación de la ley en mención.

Durante la capacitación estuvo presente Carlos Brito Ocampo, Regidor de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

 

 

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La capacitación tuvo el objetivo de dar a conocer las actualizaciones de la plataforma y el manejo de la información que se ingresa.

Jojutla.-  El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) impartió el taller de capacitación “Las obligaciones de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia y el uso del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”, dirigido a servidores públicos del gobierno municipal de este lugar.

Carlos Brito Ocampo, regidor de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, informó que este taller atendió el tema de actualización sobre el manejo, uso, edición y modificación de la información que se ingresa a la plataforma de transparencia, que cuenta con un nuevo formato.

La capacitación fue impartida por Regino García Lozano, de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del IMIPE, quien dio a conocer los nuevos lineamientos técnicos generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, así como las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.

Al respecto, Antonio Iturbide Salgado, responsable de la Unidad de Transparencia en el municipio, comentó que por instrucción del alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, se pretende fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a través del conocimiento y aplicación de la ley en mención.

Por su parte, el regidor Carlos Brito Ocampo comentó que son varios titulares de las unidades administrativas los que están obligados a subir información a la plataforma. “Por ello, esta capacitación se extendió a distintos funcionarios de la administración municipal, a fin de que conozcan la plataforma, los documentos, formatos que deben de utilizar, a fin de que conozcan el llenado de estos formatos”, añadió.

 

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El 11 de junio de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó a través de su secretario ejecutivo una denuncia en la Fiscalía General de Morelos por el probable delito de peculado, en el que 2.7 millones de pesos que fueron erogados de enero a diciembre de 2014 no tenían sustento ni comprobantes fiscales.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó al IMIPE copia de esa denuncia. Le informaron que la misma estaba clasificada como confidencial por contener datos personales “cuya difusión vulneraría el derecho a la intimidad, el honor, el crédito y el prestigio de una persona, así como generar desprestigio de las personas señaladas como indiciadas”.

Después de varios intentos, una copia de la denuncia fue entregada a los solicitantes aunque testándole los datos que ellos consideraban no debían ser públicos. 

Está resolución que permitía al IMIPE clasificar la información, fue impugnada por el organismo solicitante ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 3 de abril, el INAI por mayoría de sus comisionados resolvió que el IMIPE debe modificar su respuesta valorando conforme a la ley qué sí puede clasificar y qué no, además de que deberá proporcionar información sobre el estado de la investigación y denuncia.

“Valoramos que este caso de probable corrupción en 2014 no debe quedar impune, más aun tratándose de una institución que participará en el Sistema Anticorrupción y que es garante de la transparencia”, comentó Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la denuncia?

Está dirigida a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y la firma el licenciado Guillermo Arizmendi García en su calidad de apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

“Que vengo mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 227 párrafo primero, 228, 229, 231, 232 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, a formular denuncia y/o querella por hechos cometidos en perjuicio de mi representada, y que considero constitutivos del delito de Peculado y/o lo que resulte, en contra de (TESTADO) y/o quien resulte responsable, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en (TESTADO), Cuernavaca Morelos”.

En el documento señala que el IMIPE es un órgano constitucional autónomo, y que con fecha 16 de enero el Pleno del Consejo del IMIPE aprobó el presupuesto de Egresos para ese año.

“En sesión de fecha 4 de febrero de (TESTADO) mediante el acuerdo número 25, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobó por unanimidad de votos la contratación de la ciudadana (TESTADO) como auditora Externa, para realizar una auditoría externa detallada al área administrativa a efecto de determinar el resultado de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado los criterios señalados en el presupuesto aprobado conforme a las disposiciones aplicables, así como justificar el cumplimiento del programa operativo anual y sus objetivos en cada área por lo que respecta al soporte del ejercicio fiscal así como los documentos que contengan las cuentas públicas presentadas derivadas del ejercicio (TESTADO) a la fecha”.

El 16 de abril  (se entiende que de 2015 aunque el IMIPE se empeña en ocultar el año en que ocurrió el hecho), la contadora dio a conocer en sesión de Pleno las irregularidades detectadas en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de (TESTADO).

“Las irregularidades detectadas en la contabilidad del IMIPE, consisten en la expedición de diversos cheques de la cuenta 65501572567 del Banco Santander, cuyo titular es el IMIPE, así como transferencias bancarias en línea y depósitos realizados por el ciudadano (TESTADO) de la cuenta del IMIPE a su cuenta personal número (TESTADO) de la institución bancaria Santander; disposiciones por un monto total de 2,784,825.83 (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticinco 83/00) Con motivo de lo anterior, se hicieron constar diversos conceptos en las correspondientes pólizas de egresos, sin contar con la factura o comprobante correspondiente que justifique los pagos y depósitos realizados, es decir, el detrimento patrimonial deriva de diversos conceptos de gastos no comprobados”.

Aunque la denuncia está llena de rayas negras que cubren lo que según ellos no debe ser público, se deduce que es un varón y que ocupaba el cargo de coordinador, y si tenía a su cargo el manejo de los dineros se intuye que era un coordinador de administración o finanzas.

Y su jefe era el doctor Víctor Díaz Vázquez, presidente del IMIPE durante ese periodo. 

Los tres comisionados del IMIPE se lavan las manos al aprobar por unanimidad la propuesta de presentar una denuncia contra el funcionario, pero quedan muy mal parados al resistirse a sacar a la luz pública el nombre del responsable del mal uso de esos casi tres millones de pesos y las circunstancias específicas en que se dio el delito.

¿Cuánto representa 2.7 millones de pesos? Una  bicoca en comparación con el presupuesto del IMIPE o de todo el gobierno estatal.

Pero lo grave es que esto ocurra dentro de un organismo que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad.

Por otra parte, nadie se puede explicar por qué a casi cuatro años de distancia la Fiscalía General no ha judicializado la carpeta, si ya se tiene bien definido que el dinero que salía de la cuenta de la institución gubernamental, era canalizada a la cuenta personal del desleal empleado.

¿Qué más necesita saber o demostrar el fiscal Uriel Carmona para solicitar la orden de presentación correspondiente? ¿Están esperando a que prescriba el delito?

HASTA MAÑANA.

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Factores externos y circunstancias atípicas hicieron que en los últimos dos años en Morelos el “derecho a saber” haya atravesado por sus peores momentos, con instituciones gubernamentales que disfrutaron de la opacidad  propiciada por la transición normativa y con un órgano garante (el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística), entrampado y cuestionado, en manos de la persona que menos experiencia tiene en este rubro, la psicóloga Dora Ivonne Rosales Sotelo.

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"La UAEM busca que se respete la autonomía pero está en la mejor disposición, para que en el momento que sea necesario, transparentar todos sus procesos administrativos y financieros para brindar confianza y certeza a la sociedad a la que se debe", dijo José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante la firma de convenio entre la máxima casa de estudios y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

En el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el secretario académico dijo que "la UAEM es aliada tanto de la parte pública como de la empresarial y sociedad civil porque tiene la capacidad para dar soluciones a muchas problemáticas, por lo que este convenio es una aplicación inmediata para capacitar a los servidores públicos y ciudadanos, en las herramientas para ejercer derechos y obligaciones de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública de una sociedad más democrática”.

El convenio entre UAEM e IMIPE es para generar capacitación en temas del acceso a la información, mediante diplomados, servicio social para los estudiantes universitarios, capacitación a servidores públicos y ciudadanos en general.

Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dijo que el convenio busca formar agentes de cambio en el acceso a la información como una práctica del buen gobierno, adquirir habilidades y de manera pedagógica transmitir a toda la ciudadanía las herramientas para ejercer su derecho a la información pública de los sujetos obligados.

Como parte de este convenio, se impartirá de manera conjunta la segunda edición del diplomado de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", que tiene como propósito la capacitación mediante el estudio de los archivos gubernamentales para garantizar el ejercicio del derecho a la información pública de forma organizada y sistematizada, mediante una colaboración horizontal entre gobierno y ciudadanos.

 

 

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El IMIPE pone en marcha una campaña de protección de datos personales.

Tlaltizapán.- Los menores de edad están vulnerables a delitos como el secuestro y la extorsión debido a que no saben cómo manejar sus datos personales; por ello, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en coordinación con otras instituciones, ayer puso en marcha, en la Escuela Segundaria “Lázaro Cárdenas” de esta localidad, el programa “Juntos nos cuidamos” para sensibilizarlos sobre el tema.

El integrante del área de Comunicación Social del IMIPE Adolfo Torres Salazar señaló que se trata de una campaña de sensibilización para generar la cultura de protección de datos personales.

“Es una campaña que avanza hacia la sensibilización del cuidado, pero sobre todo, del manejo de las redes sociales en menores de edad. A partir de los 12 años en adelante, los menores tienen la autorización y permiso de sus padres para poder utilizar las redes sociales. Esto es un foco rojo porque muchas veces no saben de los riesgos que tienen, por los contenidos que están subiendo a las mismas redes”, explicó.

Agregó que durante esta campaña se estará dando un catálogo de diez recomendaciones a los menores, que incluyen no compartir su ubicación, no informar acerca de quiénes son sus familiares, no publicar fotografías íntimas y que los padres o tutores tengan vigilancia permanente sobre cómo utilizan sus redes sociales, entre otras.

Torres Salazar comentó que la campaña será permanente, junto con otras paralelas, para hacer conciencia entre los niños.

Aseguró que ya se han dado casos, incluida esta región, de intentos de secuestro o extorsión, debido a que los criminales obtienen información personal de sus cuentas en redes sociales.

“Son mayores que se hacen pasar por menores de edad para extraer información, incluso de contenido sexual. Tenemos indicios en donde menores han estado a punto de ser secuestrados, por falta de cultura y conocimiento de este tipo de temas”, mencionó.

Finalmente, señaló que de acuerdo con el INEGI, en nuestro país los niños usan redes desde los ocho años de edad y el 80 por ciento de la población infantil tiene un dispositivo móvil –tableta o computadora– con fines académicos, pero que utilizan para acceder a las redes sociales.

 

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