El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

 

Integran nueva asociación de jubilados 

 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

 

 

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La parálisis financiera de universidades públicas es un llamado de atención a los gobiernos para proveer las herramientas para mejorar el servicio educativo mexicano, señala el abogado general de la UAEM.

Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron reconocidas en la primera ley orgánica de la institución, por lo que de ser contractual se convirtió en una situación legal, explicó Ulises Flores Peña, abogado general de la máxima casa de estudios, quien señaló que “hoy no se puede hablar de una prestación que la universidad haya dado al margen de la ley”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que las jubilaciones y pensiones son un principio de solidaridad que deben ser respetadas por el Estado y son del orden nacional e internacional, tal como lo indica la Organización Internacional del Trabajo”.

Ante el contexto de crisis, Ulises Flores señaló que "es el momento más oportuno para replantear las políticas públicas relacionadas con la educación. Es un llamado de atención a las instancias gubernamentales federales y estatales, que deben garantizar y planear las decisiones que ayudarán a mejorar el servicio educativo mexicano".

El abogado general de la UAEM dijo que es una obligación del Estado, de acuerdo a la Constitución Política mexicana, garantizar el respeto a los derechos humanos y que, sucesivamente, no sólo se mantengan, sino que mejoren, “y uno de estos derechos, la educación pública, es fundamental. Necesitamos de los recursos necesarios para desarrollar la labor de docencia e investigación”.

Explicó que son diversas prestaciones contractuales que se ofrecen a los trabajadores universitarios, pero la jubilación se estableció desde el surgimiento de la Ley Orgánica, y se estableció que el Consejo Universitario era el encargado de resolver las solicitudes de jubilaciones. “Si por mandato de ley se reconoció la jubilación, eso implicó que dejó de ser contractual para ser legal”.

La Ley Orgánica enmarca la prestación social, dijo, por lo que hoy no se puede decir que sea una canonjía o algo que haya reconocido la UAEM al margen de la norma, “se siguió con esa lógica y ya no se pudo retraer esa prestación”.

“Ahora se propone crear fideicomiso para aminorar el pasivo que esperemos que no siga creciendo. Es un tema estructural, que se puede resolver y encontrar las articulaciones necesarias y encontrar una mejor garantía en el cumplimiento de la prestación”, dijo.

 

 

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Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

 

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El próximo lunes, el rector Gustavo Urquiza sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que será acompañado por los secretarios de Gobierno y Educación del estado.

La insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no es resultado de una mala administración, sino de un déficit presupuestal derivado de la falta de reconocimiento a diversas prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e incremento a la infraestructura y la matrícula estudiantil de los últimos años, aseveró Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios del estado de Morelos.

“El objetivo principal es que se levante la huelga lo más pronto posible, que los trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las aulas para que no pierdan el semestre. Además de regresar a las actividades cotidianas, para cumplir con nuestro compromiso social que es dar educación a los jóvenes universitarios”.

Álvarez Velasco informó que las gestiones continúan por parte del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien el próximo lunes sostendrá una reunión en la Secretaría de Gobernación. “El rector acudirá en compañía de los secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo del convenio que ya estaba programado, además, esperamos el avance de gestiones con los diputados y senadores”.

La secretaria general de la UAEM expresó que el llamado a los universitarios es a que estén atentos a las vías de comunicación oficiales para estar al tanto de los avances de las gestiones, al referir que la manifestación del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) en la Ciudad de México es una muestra de esta exigencia por resolver la situación financiera de la institución, que afecta a todos los trabajadores y a varios sectores del estado en la parte económica.

Álvarez Velasco dijo: “Estamos muy agradecidos por la solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universitarios, pero estamos conscientes que nuestra situación económica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de voluntades del gobierno estatal y federal, las cuales ya han expresado su voluntad política de apoyarnos. Este es un tema que la propia UAEM debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y federales. Lo que no queremos, es que se tome como una cuestión política”, dijo.

 

 

 

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Solicitudes de trabajadores jubilados son ignoradas por ese organismo, denuncian profesoras en retiro.

Maestras jubiladas protestaron este lunes dentro de las instalaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), al calificar como “injusto” el préstamo que se autorizó al gobernador actual Graco Ramírez por más de 600 mil pesos (735 mil, exactamente) para la compra de un automóvil de lujo, en tanto que muchos servidores públicos llevan décadas de servicio y no les han autorizado préstamos por montos mucho menores y para conceptos prioritarios.

Por más de tres horas, las profesoras estuvieron apostadas en las oficinas de la institución, pidiendo hablar con la directora, Paula Trade Hidalgo, quien permanecía “escondida sin dar la cara”. Exigieron una audiencia para conocer si las reglas de operación de los créditos cambiaron y demandar que se revisen y autoricen muchas de las solicitudes que han hecho profesores en retiro.

Y es que aseguraron que habitualmente el Instituto sólo otorga préstamos para vehículos con un tope máximo de 200 mil pesos, y se solicitan una serie de requisitos que implican largo tiempo.

Además, expusieron su inconformidad porque consideran que conforme a la ley, el gobernador “es patrón” y, por lo tanto, no tiene derecho a dicha prestación.

Cansadas de esperar, las más de cuarenta maestras jubiladas se colocaron en las puertas para evitar que la funcionaria estatal saliera del inmueble sin explicar si ese crédito otorgado a Graco Ramírez Garrido Abreu había sido aprobado con la modificación correspondiente, autorizada por el consejo del instituto.

Ante la falta de respuesta, irrumpieron en la sala de juntas y exigieron una audiencia. “Tenemos derecho, después de cotizar por más de treinta años, a que nos reciban, que nos atiendan y hagan la recepción formal de un documento que trajimos”.

Denunciaron que -por el contrario- “un chamaco” identificado como Salvador López Morales, presunto secretario particular de la directora del instituto, salió de una de las oficinas a “regañar” y “menospreciar” a las maestras, a las que señaló como “señoras groseras” y trató de sacarlas de las oficinas.

Por más de una hora intentaron evitar que la directora Paula Trade saliera, cubriendo la salida de vehículos “por el temor fundado de que sacaran a la directora Paula en la cajuela de un coche con tal de no dar la cara”.

Expresaron su rabia al sostener que no es justo que se autorice un crédito al titular del Ejecutivo en tan poco tiempo, y por tanto dinero, habiendo muchos trabajadores que no son beneficiarios por la gran cantidad de requisitos que les imponen.

Llamaron a las autoridades entrantes a aplicar auditorías sobre el manejo de recursos, pues consideran que podría haber otros créditos autorizados en circunstancias irregulares o injustas, como el caso ya referido.

 

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Los salarios asignados a nuevos sindicalizados del Congreso –familiares y amigos de exdiputados- son superiores a tabulador.

A una semana de que se llevó a cabo la entrega-recepción del Congreso local, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura por diversas irregularidades durante su representación.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) se negó a hablar sobre las irregularidades detectadas, para no prevenir a los exdiputados, aunque "hay muchas que son evidentes y están a la vista de todos", dijo. 
Señaló que en los próximos días se presentarán las denuncias correspondientes para que haya un deslinde de responsabilidades, ante los abusos que cometieron los exlegisladores.
"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. El litigio se tiene que dar bien en los juzgados, o bien, ante la Fiscalía, las denuncias correspondientes, más que en los medios de comunicación. Hacer una declaración irresponsable hoy ante los medios, a lo mejor hasta puede alertar a quienes ya no quieran estar en Morelos o quieran sustraerse de la justicia", asentó.
Además, comentó que ya se inició la revisión de las "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura, así como las plazas sindicales que se asignaron a sus familiares y amigos.
Reiteró que la posible revocación de decretos pensionarios se hará apegada a derecho y sin violentar los derechos de los trabajadores que fueron beneficiados, muchos de ellos actuales funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
Con respecto a las plazas sindicales, señaló que su revisión se dio con el acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que los salarios asignados a los trabajadores ahora de base, son superiores al tabulador del Congreso local, de acuerdo al cargo que desempeñan.

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La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

 

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Jueves, 13 Septiembre 2018 05:28

El Congreso, sin dinero para pagar su nómina

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

 

 

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Miércoles, 12 Septiembre 2018 05:23

El SAPAC, emplazado para pagar a jubilados: abogado

Juez federal da un plazo de 24 horas para que se acaten dos decretos jubilatorios.

El representante legal de los trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Juan Juárez Rivas, dio a conocer que un juez federal declaró procedente el incidente de incumplimiento y dio al Ayuntamiento un plazo de 24 horas para que pague a sus representados.

El abogado refirió que fue el juez quinto de distrito el que declaró procedente el incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva y ordenó que en un plazo de 24 horas, la titular del SAPAC, María Luisa López Sotelo, cumpla el decreto jubilatorio emitido por diputados de la LIII legislatura que ordena el pago a dos extrabajadores.

Juárez Rivas puntualizó que en caso de incumplimiento, estaría dando vista al Ministerio Público Federal y procedería la destitución de la titular del SAPAC.

“Ayer, el juez quinto declaró procedente nuestro incidente y ordena dar un plazo de 24 horas al SAPAC para que pague el salario del trabajador, so pena de darle vista al Ministerio Público si hay incumplimiento y, en ese caso, se procedería a la destitución de la directora”, dijo el representante legal.

Finalmente, manifestó que hay todavía dos amparos que fueron admitidos y están a la espera de que haya una resolución favorable para los trabajadores jubilados.

 

 

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En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

 

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