Ayer volvieron a cerrar la avenida Morelos en reclamo del pago de pensiones.

Jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon de nueva cuenta -este lunes- la avenida Morelos, afuera de las instalaciones del organismo operador, para exigir el pago de sus pensiones, las cuales les adeudan desde abril pasado.

Alrededor de las 11 de la mañana, los trabajadores del SAPAC colocaron sus pancartas bloqueando la avenida Morelos para exigir ser atendidos por las autoridades municipales, a pesar de que Juan Juárez Rivas, representante jurídico, había acordado con José Manuel Sanz Rivera que tendrían una reunión este martes.

Los trabajadores argumentaron que es necesario que las autoridades respondan a sus peticiones pues de sus ingresos dependen sus familias, además de que la mayor parte de los trabajadores jubilados son personas de la tercera edad, quienes requieren el recurso no sólo para su sustento, sino también para atender padecimientos físicos.

Entrevistados sobre las movilizaciones, coincidieron en reconocer que son acciones muy desgastantes y que, además, les generan gastos, sin embargo, ven en la protesta la única forma de ser escuchados por las autoridades.

Confiaron en que el presidente municipal y gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo escuchará sus peticiones y analizará su situación, considerando que son personas humildes que trabajaron muchos años para el SAPAC y lo único que exigen es que se les retribuya a través de un pago.

 

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El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

 

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Ofrecen trabajo coordinado con los legisladores electos para echar atrás reformas y jubilaciones “doradas”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, informó que como iniciativa privada y con los diputados electos, buscarán revertir las reformas y jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura antes de concluir su último periodo ordinario de sesiones.

Explicó que desde la semana pasada han entablado reuniones con los legisladores electos para que se tomen decisiones respecto a las acciones legales que promoverán y evitar que se cause más daño al estado con reformas como la hacendaria, con la que los diputados desaparecieron el Fondo de Turismo y el de Competitividad.

"Durante 34 años hemos estado vigilando todas las legislaturas y para nuestro punto de vista ha sido la peor y, luego, con este problema que dejaron para el estado de Morelos, quitar los fideicomisos, quitar los fondos para turismo y otras cosas más, qué lamentable. Ya estamos en pláticas para resolver esto con los diputados electos", subrayó. 

Aseveró que la próxima legislatura tiene que tomar medidas urgentes respecto a los asuntos aprobados en los últimos días del periodo ordinario, pues depende de ello el desarrollo económico del estado.

Por otro lado, dijo que también se trabajará con la próxima legislatura en la revisión de las leyes de ingresos municipales, para evitar excesos en el cobro de derechos y servicios municipales por las próximas autoridades, que presentarán sus iniciativas a más tardar en el mes de febrero del 2018.

 

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Hay controversia constitucional ante la SCJN por invasión de competencias y violación a la autonomía municipal.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que no pueden pagar las jubilaciones a trabajadores de este organismo porque fueron los diputados del Congreso del estado quienes violaron la autonomía municipal al aprobarlas.

La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es el municipio el que determina quiénes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes. 

Manifestó el SAPAC que los diputados saben que invaden atribuciones, pues –incluso- otras instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.

El SAPAC aclaró que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la Constitución, y que el recurso presentado sólo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el municipio.

 

 

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Cerraron la avenida Morelos al menos dos horas, pero sus reclamos no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizaron la mañana de ayer un bloqueo en la avenida Morelos, a la altura del organismo operador de agua.

El cierre motivó severos congestionamientos viales en las calles aledañas a la zona de la protesta, no obstante, los manifestantes explicaron que tuvieron que realizar esa medida para obligar a las autoridades municipales a recibirlos.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, explicó que la semana pasada estuvieron en plantón permanente en la Plaza de Armas de Cuernavaca, incluso, algunos trabajadores decidieron ponerse en huelga de hambre, pero físicamente (por su edad) estaban impedidos para realizar esas acciones y ahora realizan bloqueos. Pese a todas esas acciones y de tener la razón legal para exigir el pago de sus pensiones y jubilaciones, las autoridades municipales no han respondido.

Se mantuvieron en bloqueo por al menos dos horas y pese haber provocado problemas viales, no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo que aseguraron que seguirán en lucha hasta tener una respuesta positiva, pues a pesar de ser, en su mayoría, personas de la tercera edad, tienen familia que aún depende de sus salarios.

 

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El edil electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición.

Los alcaldes electos de Jiutepec y Cuernavaca Rafael Reyes Reyes y Francisco Antonio Villalobos Adán, respectivamente, demandaron este jueves a las administraciones en turno, se agilicen los procesos de entrega recepción para lograr una transición estable, conforme a derecho.

Personalmente Rafael Reyes se presentó la mañana de este jueves en la alcaldía de Jiutepec, donde entregó formalmente un oficio dirigido al edil en funciones Manuel Agüero Tovar, en el que expone que tras la jornada electoral en la que fue electo como presidente municipal con rotunda mayoría, ha observado junto con la sociedad una “suerte de vendeta producida por la derrota”.

“Tal pareciera que el juego democrático y la decisión de los jiutepequenses, lo único que provocó fue una serie de acciones en contra del municipio y de los recursos públicos que deben ser utilizados para el bien de la población”, expresa el documento, al sostener que esas acciones no lastiman a Reyes Reyes, pues Agüero es el responsable de lo que ocurra en la administración municipal hasta el 31 de diciembre de este año.

Le recuerda que el cobro de la basura fue un compromiso que el actual presidente municipal hizo con la población y el escudarse en una aprobación del cabildo, implica “una excusa falaz para aventar la piedra y esconder la mano. Desafortunadamente para usted fue la presión social quien le obligó a devolver a la sociedad un derecho ganado y no una generosidad que posteriormente quiso mostrar”.

Por otro lado, dijo que ya advierte que pretenden llevar a cabo diversas acciones en las próximas semanas con el fin de afectar a la comunidad, como la creación de otro sindicato que encabezará uno de los “incondicionales” trabajadores de confianza del alcalde en turno.

“Espero que tenga la capacidad de entender que seguir generando la obesidad burocrática, lo único que provoca es que los recursos públicos que debieran destinarse a obras y acciones sociales, se queden en un pequeño grupo que es el que a final de cuentas ha gobernado el trienio que usted encabeza”, sostiene el oficio dirigido al aspirante perdedor.

Además, Rafael Reyes hizo directa la acusación en el sentido de que está presionando a trabajadores a jubilarse sin cumplir con lo que establece la ley e incluso “se presume con documentos apócrifos”, lo que afectaría las finanzas de la demarcación.

Reyes Reyes, alcalde electo por la coalición Juntos Haremos Historia, asevera en el citado escrito que de forma “irresponsable y dolosa” Agüero Tovar encabezó una serie de despidos, con lo que pretende dejar una enorme cantidad de laudos y convenios de pago de elevadas cifras, lo que de nueva cuenta lastimará las arcas municipales.

Les señala por sostener una “actitud irresponsable” y le advierte que habrá de iniciar las acciones legales pertinentes. Y le advierte, que al igual que en el tema de la basura, él debió haber previsto y proyectado el gasto de la adquisición de útiles escolares para ser entregados como un apoyo a los padres de familia este año.

El futuro alcalde de Jiutepec denunció e hizo notar en el multicitado escrito que, con la misma actitud de escudarse detrás del cabildo, que no le ha puesto un alto en los excesos, decidió cancelar ese apoyo para la población, a pesar de que lo prometió a cambio del voto en el proceso electoral del 2015 y que refrendó en las pasadas campañas.

Otro de los puntos que toca Reyes Reyes, es el de los centros de salud. Aseveró que es lamentable que por “coraje y cerrazón” de Agüero Tovar, tras haber sido castigado por el voto ciudadano, haya mandado cerrar las unidades de atención médica con el pretexto de que el mobiliario era prestado y de su propiedad, “lo cual lo hace una historia increíble no sólo ante mis ojos sino ante los ojos de miles de ciudadanos que habitan este municipio”.

El próximo presidente municipal expuso a la luz pública que desde el pasado 5 de julio pidió a la actual administración (anexando una constancia de mayoría que le acredita como alcalde electo), la conformación de comisiones para iniciar el proceso formal de transición, pero este jueves recibió la respuesta, negándose a tal proceso legal. Dijo que el único argumento que dio Agüero Tovar es que “aún no son fechas”. “Sólo le digo que tome en cuenta que este tipo de acciones de cara a la sociedad, lo único que refleja es un fuerte temor por mostrar lo que las entrañas de un gobierno se está llevando y se ha llevado a cabo. Ante la transparencia y la claridad no hay argumento válido para no mostrar lo que en estricto sentido de razón debiera ser del dominio público”.

Expuso en la carta –hecha pública por el propio edil electo- que tanto el síndico, como el hasta ahora alcalde, deberán rendir cuentas: por “…escondidos que estén los malos manejos, siempre serán localizados y posterior al primero de enero habremos de dar cuenta del porqué de una actitud de negación para ver las entrañas de la administración pública municipal”.

 

Alcalde electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición

Francisco Antonio Villalobos Adán, quien recibió la constancia como alcalde electo de Cuernavaca, informó este jueves que ya solicitó de manera formal a la actual administración se nombre la comisión de entrega-recepción.

Dijo que confía en que este proceso se lleve a cabo con cordialidad y respeto, pues la norma así lo contempla: “El día de ayer nosotros presentamos el documento, en donde le pedimos con tranquilidad y mesura que nos informe quién será el representante del ayuntamiento actual, que sea el titular de la transición, de la entrega recepción”.

Dijo que su postura es de cordialidad y comentó que comprenden que el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo del estado, “está cargado de trabajo” y habrá de llevar a cabo los dos procesos: “lo entendemos y comprendemos y lo que queremos es trabajar bien en Cuernavaca y para eso necesitamos la conciliación y las voluntades entre ambas partes”.

 

 

 

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Nacida en 1976, la exfuncionaria supuestamente acreditó 24 años y cuatro meses de servicio en la burocracia, básicamente en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la pensión por jubilación de la Secretaria de Administración del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, y se publicó el nombramiento de su relevo.

De acuerdo con el decreto pensionario, la ahora exfuncionaria legislativa acreditó 24 años, cuatro meses y días de servicio ininterrumpido en la administración pública local, al desempeñar varios cargos en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Según datos tomados de su Clave Única de Registro de Población (CURP) que están disponibles en la página de la Secretaría de Educación Pública, bajo el rubro “Personal con licencia”, la ahora jubilada nació el 22 de enero de 1976, por lo que tiene 42 años de edad, lo que significa que comenzó su carrera en la burocracia a los 18 años.

El último salario de Bandera Flores fue de 68 mil 555 pesos con 36 centavos y la pensión fue fijada al 80% del tope de 600 salarios mínimos, es decir, en 42 mil 412 pesos, incrementándose la cuantía de acuerdo con el incremento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Al entrar en vigor el decreto pensionario, se publicó simultáneamente el acuerdo legislativo por el cual se designó como sustituta de Bandera Flores a Aleyda Castro Díaz, quien tiene experiencia como auditora de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hasta hace unas horas era la responsable de la dirección de Contabilidad del Congreso.

Esta es una de varias jubilaciones aprobadas por el Congreso en el ocaso de la LIII Legislatura, severamente criticada por conceder pensiones doradas a secretarios de despacho y familiares de funcionarios de alto nivel del gobierno de Morelos.

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Elaboran agenda legislativa y planes de gobierno en coordinación con instancias nacionales.

La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició este lunes la capacitación de legisladores locales y federales electos, y acordará temas que serán considerados en la agenda legislativa en coordinación con el gobierno estatal y el federal. Además, sus abogados comenzaron el análisis jurídico para revertir algunos de los asuntos aprobados por la actual Legislatura local, los que, consideran, dañan los intereses de la entidad.

El presidente del comité directivo estatal de Morena, Gerardo Albarrán Cruz, dio a conocer -en entrevista- que el equipo legal de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por su partido, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), ya trabaja en la revisión de los acuerdos que de último minuto aprobaron los diputados en funciones, tales como la venta de predios del gobierno del estado, la aprobación de algunas jubilaciones, reformas que otorgan amplios privilegios y funciones al titular de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Hizo notar que contarán con la mayoría en el Congreso del estado y, por lo tanto, tienen plena confianza en que será factible hacer frente legal a varios de los actos cometidos por los diputados actuales, “quienes han actuado de manera facciosa … y no son los tiempos. Los legisladores de la coalición están analizando qué procedimientos se van a seguir para echar abajo esos puntos. Cuando se renueven instancias como la auditoría, seguramente van a realizar los procesos correspondientes para poder resarcir los daños. Pero, evidentemente, las responsabilidades ahí están”.

Este lunes, Morena inició el proceso de capacitación a los diputados locales y federales, así como senadores electos, para dotarles de herramientas generales sobre aspectos jurídicos en temas que serán abordados en el corto plazo, entre ellos legislación en materia de entrega-recepción, elaboración de presupuestos, entre otros.

A la par, explicó el presidente de Morena, como grupo emanado de la coalición se avanza en la conformación de una agenda legislativa y la elaboración de plan de gobierno tanto con autoridades federales como locales.

Mencionó que a través de equipos de trabajo ya se realizan diagnósticos sobre rubros financieros, el análisis de los presupuestos de ingresos y egresos del año en curso, así como el análisis legal de laudos.

A partir de ese diagnóstico se tendrá una visión más clara de los temas que se propondrán como prioridad en la Legislatura. “En la dinámica de la coalición Juntos Haremos Historia estamos trabajando para generar aportación, opiniones y sugerencias para la elaboración del proyecto de gobierno del estado, en el que se incluye el presupuesto. Para ello estamos desahogando agendas internas de los partidos, como el tema de capacitación y, en breve, se dará la calendarización de las actividades conjuntas”, abundó el líder partidista.

Albarrán Cruz confirmó que Morena ya inició los recursos legales para pelear 24 regidurías (con propietarios y suplentes), pues no están de acuerdo en la aplicación de una fórmula que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en diez municipios, donde la coalición ganó y no se le han asignado las posiciones de representación proporcional que le corresponden, de acuerdo con la mayoría que obtuvo en la elección del pasado primero de julio. Recordó que resulta importante contar con mayoría en los cuerpos edilicios, para que también en los municipios se concrete el proyecto de cambio que se propuso en los comicios y por el cual la población votó.


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Los campesinos exigen la entrega de abono y los jubilados el pago a 16 agremiados de una mensualidad.

Puente de Ixtla.- Ayer un grupo de ejidatarios de este lugar tomó las instalaciones de la presidencia municipal en demanda de la entrega de fertilizante para los cultivos de sorgo y maíz. A la par jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron en la comuna por el adeudo a 16 agremiados del pago correspondiente al mes de junio.
En el primer caso, los ejidatarios encabezados por Raúl Ciriaco Villanueva, presidente del Comisariado Ejidal de la cabecera de Puente de Ixtla, procedieron a cerrar la presidencia municipal alrededor de las 10 de la mañana para exigir la entrega de fertilizante para poco más de 60 campesinos que aún están en espera de este apoyo, para iniciar la siembra de sorgo y maíz.
"Junto con los ejidatarios decidimos tomar las instalaciones de la presidencia por la falta de entrega del apoyo del fertilizante. Faltan entre 50 y 60 productores de este ejido por recibir este insumo indispensable para la siembra; ya estamos a 11 de julio y no hemos podido iniciar, esto nos podría causar pérdidas considerables. Además de que los productores tenemos que poner el 50 por ciento del apoyo y los ejidatarios lo entregaron desde hace dos meses, pero no hemos tenido respuesta", dijo Raúl Ciriaco.
Agregó que ayer no tuvieron respuesta por parte de ninguna autoridad; por ello, advirtió que este jueves volverán a tomar el Ayuntamiento desde las ocho de la mañana hasta que reciban el apoyo ya pagado por los beneficiarios.
"Se ha insistido con las autoridades que se está pasando el tiempo de la siembra pero no dan solución. Hacemos responsable a la regidora de Desarrollo Agropecuario, Yemina Sánchez Mata, que no supo organizar el apoyo a los campesinos, que goza de un salario y no realiza su trabajo", enfatizó.
De forma paralela, el grupo de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla pretendía tomar la presidencia por la falta del pago de la mensualidad de 16 agremiados del área administrativa; sin embargo, al llegar al lugar, se sumaron a la manifestación de los ejidatarios que ya habían ocupado la alcaldía.

Jesús Urbina Pichardo, delegado de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, dio a conocer que determinaron tomar la presidencia porque no se ha pagado la mensualidad correspondiente al mes de junio a 16 jubilados administrativos.
Agregó que mantendrán las manifestaciones hasta que se cumpla con el depósito que suma alrededor de 150 mil pesos. "Ya no les creemos. Nos estaremos manifestando hasta que se haga el pago correspondiente. Sin embargo, cuando llegamos a tomar la presidencia, ya los ejidatarios la habían tomado, así que nos quedamos aquí, pero sin causas separadas", acotó.

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El lunes 16 se cubrirá ese concepto, anuncia el IEBEM.

Maestros jubilados protestaron este viernes en las oficinas de pagos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para exigir que se cubra el concepto de prima de antigüedad, que se debió entregar el 30 de junio pasado. Después de la manifestación el organismo emitió un comunicado, en el que se compromete a pagar el lunes 16 de julio.

Por la mañana, los docentes en retiro se presentaron en las oficinas principales del IEBEM y exigieron que se les entregaran los recursos correspondientes.

Agregaron que las autoridades les habían dado una fecha para el depósito, que sería el 30 de junio y esto no se ha cumplido, a pesar de existir una minuta donde se asentó tal promesa.

De igual modo, los inconformes -señalaron los afectados- son todos los profesores que se jubilaron en el 2017, lo que representa aproximadamente 15 millones de pesos por la prima de antigüedad y otros conceptos.

Los inconformes dijeron temer que la actual administración se vaya sin cumplir con el pago o que el recurso se hubiera gastado en otros rubros, “como campañas electorales”.

Luego de una mesa de trabajo entre una comitiva de jubilados y autoridades, el IEBEM acordó con los jubilados que se cumplirá con dicho pago el próximo 16 de julio y se acordó que se cubrirá dicho monto a quienes aparecen en la relación de docentes jubilados en el año ya referido, en el listado que ya fue revisado por el propio organismo.

 

 

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