Sin embargo, hace falta que se defina la fecha para el pago de la prestación a los jubilados y homologados.

La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, sostuvo que está asegurado el pago de aguinaldo por 90 días, pero falta que las autoridades locales fijen una fecha de entrega de esa prestación a los jubilados y homologados.

Por otra parte, confirmó que en Morelos ya no habrá foro presencial de consulta para la reforma educativa, convocada por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La lideresa junto con integrantes del comité seccional visitó las ofrendas colocadas en las oficinas de la organización sindical, como parte de las actividades de fomento a las tradiciones.

En entrevista, mencionó que ya hubo diálogo con autoridades educativas estatales, quienes se comprometieron a cumplir con el pago de los 50 días que le corresponden al gobierno local, para sumar un total de 90 días de aguinaldo a todos los sindicalizados.

Aseguró que dicha prestación será cubierta en los días habituales para los trabajadores en activo, pero reconoció que falta que se fije la fecha para la liberación de los recursos que corresponden al pago de aguinaldo para 12 mil 600 jubilados y   alrededor de cuatro mil 800 homologados, lo que significa aproximadamente un total de 400 millones de pesos.

Por otra parte, la lideresa confirmó que debido a la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se cambió la fecha y modalidad de los foros de consulta en educación, mismos que convocó el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que la máxima casa de estudios era la sede principal.

Ahora los morelenses deberán enviar sus propuestas a través de una plataforma digital y ya no habrá foros de manera presencial en Morelos (pues como ocurrió en Oaxaca y en la Ciudad de México “ya no les dio tiempo”).

Aseguró que la Sección 19 del SNTE sí participa con propuestas que registrará en la referida plataforma, de hecho, sostuvo que ya se tiene los archivos de todas las ponencias.

Comentó que entre los asuntos que se han planteado está la abrogación de la reforma educativa, que se eche abajo la evaluación con efectos negativos para los trabajadores; y otro de los puntos es la creación de los clubes que contempla el nuevo proyecto educativo que pone en conflicto el perfil de los maestros.

Dejó en claro que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será cancelada la reforma, “se desaparecerá el instituto de la evaluación y no habrá evaluaciones punitivas”.

 

 

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Se manifestaron en la SCJN para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para que emita los nuevos decretos pensionarios.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizó una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Con pancartas, los jubilados acudieron a la sede del máximo tribunal del país en la Ciudad de México, como medida de presión para que tanto la Corte como el Congreso, aceleren los procesos legales para que pronto puedan recibir su pensión.

Y es que parte del cúmulo de las controversias constitucionales promovidas por la representante del Poder Judicial de Morelos, Carmen Cuevas López, para reclamar presupuesto para pagar la nómina de nuevos jubilados, fueron resueltas por la Primera Sala de la SCJN que en sus resoluciones, determinó invalidar los decretos pensionarios y ordenó al Congreso local emitirlos de nuevo, con su respectiva partida presupuestal asignada.

De acuerdo con los afectados, el Congreso (cuya legislatura fue renovada apenas hace dos meses) no ha cumplido con su responsabilidad legal de emitir los nuevos decretos para que los trabajadores puedan recibir sus pensiones.

Elsa Gallardo Villagómez, con 26 años de carrera judicial y ex secretaria de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que la protesta tuvo como objetivo llamar la atención de los ministros y pedirle que la SCJN presione al Congreso con apercibimientos, para que emita los nuevos decretos, porque al menos 26 trabajadores tienen varios meses, o hasta más de un año, sin percibir su pensión, debido a que el Poder Judicial suspendió los pagos.

Los trabajadores también lanzaron un exhorto a la actual legislatura para que cumpla con los mandatados de la SCJN y se atienda adecuadamente el tema de los jubilados del Poder Judicial.

 

 

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Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

 

 

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El Ayuntamiento les debe tres.

Cuautla.- Luego de que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Cuautla que encabeza Raúl Tadeo Nava precisara que a pesar de que el municipio pasaba por una "crisis económica" el pago de las quincenas a trabajadores jubilados y pensionados estaba garantizado, la realidad es otra.

Alrededor de un centenar de jubilados y pensionados se dieron cita en la oficina de la pagaduría municipal, para exigir el pago de al menos tres quincenas que se les adeudan.

Ante dicho incumplimiento, los inconformes colocaron diversas pancartas afuera de dicha oficina, además de señalar que mantendrán una guardia constante para hacer presión y exigir a las autoridades el cumplimiento de los pagos que se les adeudan, por considerar esto un abuso.

Añadieron que es necesario que se les cumplan con dichos pagos, ya que en la mayoría de los casos solamente dependen de ese dinero para cubrir sus necesidades, situación por la que les es imposible mantenerse a la espera de ver cuándo se les puede cumplir con dicho pago.

Ante esta situación, los afectados refieren que las autoridades municipales "se han lavado las manos" argumentando que no existe el recurso económico suficiente para cubrir dichos adeudos, siendo que en días anteriores se había anunciado que los jubilados y pensionados no sufrirían con la precaria situación por la que atraviesa el Ayuntamiento y sus pagos saldrían en tiempo y forma.

 

 

 

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El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

 

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Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

 

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El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

 

Integran nueva asociación de jubilados 

 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

 

 

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Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

 

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La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

 

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Jueves, 13 Septiembre 2018 05:28

El Congreso, sin dinero para pagar su nómina

El Congreso del estado no cuenta con presupuesto para el pago de la nómina a trabajadores sindicalizados y jubilados, confirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Informó que solicitaron al Poder Ejecutivo siete millones de pesos para el pago de la primera quincena de septiembre.

Con dos semanas de retraso, ayer la exvicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, presentó toda la documentación del Congreso local en materia administrativa y financiera, como parte del proceso de entrega-recepción.

En dicho encuentro, que inició con dos horas de retraso a causa de la exdiputada perredista, Sotelo Martínez dijo que se les confirmó que sólo tendrán un presupuesto de 50 millones de pesos para ejercer de septiembre a diciembre. "Por eso hemos solicitado que de manera urgente se nos deposite para poder pagar a trabajadores", agregó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) explicó que ante la crisis financiera que enfrenta el Congreso del estado, se implementará un reajuste administrativo que contemplará una reducción en el número de trabajadores, pues aún laboran empleados de la pasada legislatura "que yo los veo todos los días paseando y caminando, y que no sé si son trabajadores, y que de alguna manera ya hemos establecido que puede ser gente que sólo acostumbraba a venir los 15 y los 30".

Sostuvo que revisarán la documentación recibida ayer y, si se confirma que no está completa, y no se cumplió con la ley, el Congreso del estado procederá legalmente en contra de los exlegisladores.

Mientras tanto, el diputado mencionó que aún revisan la legalidad de las jubilaciones y nombramientos aprobados por la LIII Legislatura, para anularlos si no se cumplió con los requisitos. "Necesitamos darle resultados a la gente de manera inmediata", agregó.

 

 

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